El Gobierno se financia con más de $ 1.200 millones de las jubilaciones
Colocó nueva deuda a tasa baja en el Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la ANSeS. Son dos títulos a tres meses por más de 1.200 millones de pesos.
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Asociación
Mayores Olvidados
29/10/2003 - 21/02/2009
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6 años al servicio de todos los adultos mayores
Impulsor de la P.A.D. (Ley 25994).
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Recuerde:
La Asociación Mayores Olvidados orienta y asesora dentro de sus posibilidades a todos los interesados en forma gratuita, estamos cansados de tantas estafas a los pobres jubilados.
No hacemos tramites, solo orientamos y asesoramos.
También puede denunciar los problemas que Ud. ve a diario en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, NO SE QUEJE; SI NO SE QUEJA, envíe fotos o notas y las publicaremos, este reclamo solo pretende ayudar para hacer de Buenos Aires una ciudad mejor, ayudando a las autoridades a lograr lo que prometieron.
Para ingresar.
CONSULTAS Y ENVIO DE RECLAMOS Y FOTOS
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MOVILIDAD JUBILATORIA
AÑO 2009
MARZO 11,67% SETIEMBRE 7,39% , HABER MÍNIMO = $ 826
MÍNIMO VITAL Y MÓVIL $ 1.500

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ANSES advierte sobre falsos gestores
ANSES alerta sobre
la presencia en diferentes ciudades del país, de personas que prometen
gestionar trámites para acceder a una jubilación sin los requisitos
correspondientes, solicitando una suma de dinero previa a la gestión del
beneficio.
Estos falsos gestores prometen el acceso a una jubilación a mujeres de 55 años y hombres de 60 años. ANSES recuerda que para acceder al beneficio jubilatorio, ya sea para la jubilación ordinaria como para la jubilación por moratoria vigente, es necesario el requisito de edad (60 años las mujeres y 65 años los hombres), excepto aquellas personas que hayan prestado servicios insalubres o dentro de regímenes especiales que reduzcan los límites exigidos por la ley para la edad y/o los servicios.
Todos los trámites ante ANSES son gratuitos, no se debe pagar por ninguna prestación o servicio. Tampoco es necesario contratar gestores ni intermediarios.
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Lo anunció la Presidenta por cadena nacional. El aumento de las asignaciones familiares es del 22,22%. Y el de las jubilaciones, que regirá desde septiembre, del 16,9%. El incremento para la clase pasiva es el que ya está previsto en la ley de movilidad.
Nos parece un gran esfuerzo el aumento dado por el Ejecutivo que hay que valorar, pese a los detractores por naturaleza, que sabemos existen y que van a salir a confundir a los jubilados, esta es nuestra posición con los pies sobre la tierra, lo único que pediríamos es que nos digan como funciono la formula para este resultado.
Por ahora gracias Sra. Presidenta.
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22/07/2010
El Congreso se prepara para un
semestre caliente
Cuáles son los temas que concitarán la atención
inmediatamente después del receso invernal. Se esperan batallas muy
calientes entre el oficialismo y la oposición en ambas cámaras.
Cuando poco después de las 4 de la madrugada del jueves 15 se aprobó
en el Senado la nueva Ley de Matrimonio Civil, el festejo kirchnerista
llegó hasta la China. Y no literalmente, sino que en el Lejano
Oriente, donde la comitiva presidencial se aprestaba a emprender el
regreso a Buenos Aires, el desarrollo del debate fue seguido en vivo y
en directo a través de los celulares. Si bien información de primera
mano les aseguraba la aprobación del proyecto tal cual había llegado
desde la Cámara baja, la lógica tensión se mantuvo durante el
desarrollo de los tramos finales que, por la diferencia horaria,
contemplaron durante una prolongada sobremesa.
En el Congreso, los popes legislativos de ambas cámaras del
oficialismo celebraron con alivio el resultado que certificaba lo que
probablemente haya sido el último gran triunfo que podrán exponer en
los próximos meses. Por el contrario, el segundo semestre que se
iniciará pasado el receso invernal no se avizora halagüeño para las
expectativas oficialistas.
Un año que arrancó signado por la farragosa disputa por los DNU del
uso de las reservas, cuyo desenlace quedó en la nada, producto de una
judicialización que terminó dejando en abstracto cualquier resolución
que ya pudiera adoptar el Congreso, y que recién sobre el inicio del
Mundial comenzó a enderezarse en función de las expectativas de la
oposición.
En efecto, promediando el primer semestre, la oposición -que presenta
una mayoría nada uniforme en Diputados y es un conjunto difuso y
fluctuante en el Senado- consiguió finalmente tomarle el pulso a la
nueva realidad legislativa y hacerle sentir al kirchnerismo la
eficacia de un poder de fuego que hasta entonces había asemejado a
balas de salva.
Obtenidos esos primeros resultados, el panorama que se avecina para
los próximos meses no es nada alentador para el Poder Ejecutivo, que
deberá sin dudas echar mano en última instancia a una herramienta
constitucional lícita, pero costosa en términos políticos: el veto.
El tema más irritante para el oficialismo es sin dudas el del 82 por
ciento móvil, precisamente porque su aprobación se descuenta en ambas
cámaras y el consiguiente veto acarrea una cuota de desgaste que un
gobierno de las características del actual se ha resistido a pagar en
sus siete años de gestión. El proyecto en realidad son dos, y avanza
en ambas cámaras como una suerte de tenazas que tiene al oficialismo
en el medio.
En el Senado, tras el paso del ministro Amado Boudou y el titular de
la ANSeS, Diego Bossio, la oposición consiguió dictamen de mayoría en
la Comisión de Presupuesto y Hacienda, con lo cual el proyecto del
socialista Rubén Giustiniani quedó habilitado para llegar al recinto.
Consumado ese formulismo, la iniciativa quedó en posición de ser
tratada en los siete días venideros, pero el receso invernal servirá
para alargar el suspenso hasta el 4 de agosto, fecha en la que
finalmente será abordado en el Senado para su media sanción.
Paralelamente la misma iniciativa será abordada ese mismo día en la
Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados. En una u
otra cámara, el proyecto sería aprobado antes de llegar la primavera.
Mientras el oficialismo se disponía a celebrar la aprobación del
matrimonio gay, en la Cámara baja se le asestaba otra derrota, sólo
opacada por la trascendencia mediática del otro tema y porque en plena
madrugada el tratamiento en particular debió suspenderse por falta de
quórum. Hablamos de la ley de Protección de los Glaciares, que será
coronada en la próxima sesión de la Cámara baja para volver al Senado,
donde será finalmente convertida en ley. La norma tiene el mismo
espíritu de la que fue vetada en su momento por la Presidenta, que en
esta oportunidad insistirá con esa herramienta, según aseguró el
titular del bloque oficialista de Diputados, Agustín Rossi.
Asimismo el miércoles 14 la Cámara baja le asestó un duro golpe al
oficialismo. No tan sonoro, pero sí contundente. Fue al inicio de la
sesión, cuando debatió durante dos horas sobre cuestiones
reglamentarias por la falta de reuniones en las comisiones claves para
aprobar proyectos de ley opositores. Al cabo de la discusión,
interpretando el artículo 106 del reglamento interno de la Cámara
baja, la oposición le torció el brazo al oficialismo y fijó un
calendario para las comisiones de Presupuesto y Hacienda, Comercio, y
Peticiones, Poderes y Reglamentos. Las tres son presididas por el
kirchnerismo, que viene omitiendo convocar a reunirse para demorar la
emisión de dictámenes promovidos por la oposición.
Esta medida administrativa tiene por objeto motorizar dictámenes sobre
temas como el INDEC y la ONCCA, organismos sobre los cuales la
oposicíon pretende avanzar.
Otra disputa de los próximos meses será seguramente la que se dará en
torno al Consejo de la Magistratura, cuya modificación ya fue aprobada
en la Cámara de Diputados y que ahora será discutida en el Senado.
Para beneplácito K, allí no está dicha la última palabra y bien podría
conseguir el oficialismo los votos necesarios para frenar en la Cámara
alta.
Pero hay otro tema que desvela al oficialismo: las facultades
delegadas que vencen el próximo 24 de agosto. Según anticipó la
oposición, las mayores posibilidades indican que ninguna sea
prorrogada, y entre esas normas está la de fijar retenciones al agro.
“Esta facultad no va a ser prorrogada y se va a proponer un nuevo mapa
de retenciones en el país y que esperamos concensuar con el Gobierno”,
aseguró días pasados el titular del bloque radical de Diputados,
anticipando así las intenciones de eliminar el canon para la
exportación de maíz, trigo y girasol, y fijar el de la soja.
Aún hay más. Un proyecto firmado por los jefes la UCR, el Peronismo
Federal, la Coalición Cívica y Gabriela Michetti del PRO, apunta a
derogar la vigencia de la Ley de Emergencia Económica que faculta a la
Presidenta de la Nación a seguir fijando tarifas, renegociando los
contratos de los servicios públicos privatizados, regulando precios de
la canasta básica, y reordenando el sistema financiero. La norma rige
hasta diciembre de 2011, pero la oposición argumenta que puede ser
derogada por resultar contraria al mandato constitucional, en virtud
del artículo 76 de la Constitución Nacional que prohíbe la delegación
legislativa en el Poder Ejecutivo.
Todas esas batallas están programadas en la agenda que los jefes de la
oposición en ambas cámaras han trazado las últimas semanas. A esos
pasos habrá que sumar la actuación de la Comisión de Relaciones
Exteriores que seguirá indagando en torno a las denuncias del ex
embajador Eduardo Sadous, y los cada vez más reiterados pedidos de
interpelaciones que buscan llevar a funcionarios del Ejecutivo a los
recintos o las comisiones. En las últimas semanas se presentaron
iniciativas en ese sentido reclamando las presencias de Aníbal
Fernández, Amado Boudou, Julio De Vido, Guillermo Moreno y hasta
Julián Domínguez.
Y sobre todo, para el mes de octubre, se espera la discusión del
Presupuesto 2011, que promete tener el debate que desde hace años no
registra.
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19/07/2010
Hay 5,9 millones de jubilados
en la Argentina Parte de la propaganda oficial
Las prestaciones quedaron desactualizadas y la
más baja (de $ 890) no alcanza. El 82% del actual salario mínimo de
1.500. Empeoraría la relación de casi 1,4 activos por pasivo si
siguieran sin pagar tantos trabajadores informales y cuentapropistas.
El Sistema Previsional Argentino (Sipa) tiene 8,5 millones de aportantes -eran alrededor de 5 millones en el 2003- y casi 5,9 millones de beneficiarios (3,5 millones contributivos y 2,4 millones por moratorias). Esto significa una relación de casi 1,4 activos por pasivo. Esta situación también fue analizada por la consultora M&S, que preside el economista Carlos Melconian, donde calcularon que para pagar el 82% de los salarios en actividad se necesitarían tres aportantes más por cada jubilado. En junio pasado, el haber promedio de la mal llamada clase pasiva rondaba los 1.150 pesos mensuales, pero de aquellos 5,9 millones el 76,5% -unos 4,2 millones- percibía el mínimo de 895 -o tal vez menos- y 780 más de 900.000 con pensiones no contributivas.
El bajo haber medio se atribuyó a la incidencia de los autónomos, los monotributistas y de quienes habían adherido a la "universalización", una moratoria que facilitó el retiro de aquellas personas que tenían edad para hacerlo pero no los años de aportes exigidos o que nunca los habían hecho y los que se habían desempeñado "en negro".
En un primer momento hubo funcionarios que pensaron en que la "universalización" comprendería a 2,2 millones de mujeres y hombres, quienes cobrarían la mínima. Lo cierto es que, además, permitió que pensionadas tramitaran jubilaciones y que unas 550.000 personas estuvieran en condiciones de acceder a pensiones por sus cónyuges fallecidos, aunque ellos nunca hubieran aportado.
La presidenta Cristina Fernández de Kirchner ponderó, a mediados de junio pasado, la disminución al 34,6% del trabajo no registrado, que puntualizó era "el nivel más bajo de los últimos 25 años".
Las prestaciones quedaron desactualizadas y no se ajustaron a la evolución de los salarios, como habían establecido fallos de la Corte Suprema de Justicia (CSJ). En los autos "Badaro Valentín c/Administración Nacional de Seguridad Social" (Anses), por ejemplo, la CSJ ordenó al Poder Ejecutivo Nacional (PEN), en el 2006, que impulsara una ley con pautas de movilidad para los haberes previsionales, vinculadas con los de los trabajadores en actividad.
En el 2007, al no cumplirse lo resuelto, ordenó a la Anses una corrección, que de enero del 2002 a diciembre del 2006 fue del 88,6%, cuando en idéntico lapso los aumentos generales oscilaron entre el 10% y el 22%. Por eso parte de las jubilaciones quedó retrasada y muchos "beneficiarios" pasaron a recibir 895 pesos.
Los haberes se actualizan cada seis meses mediante la aplicación de una intrincada fórmula de movilidad que combina datos de la evolución de los salarios y las variaciones en los recursos tributarios destinados al Sipa. Como casi siempre se aplica el valor más bajo, las prestaciones se licuan y "achata" la pirámide previsional.
Por los atrasos en los ajustes frente a la inflación real, disminuyó la prestación básica universal (PBU), que en un momento dado representó el 27,5% del sueldo promedio -últimamente, menos del 15%-, proporción a la que debía sumarse para determinar el haber inicial el 45% de la remuneración ajustada de los últimos diez años en actividad de quienes demostraran 30 de aportes. Para un sueldo medio, entonces, el inicial debería representar el 72,5% (27,5 más 45%). No obstante, las personas que se retiraron con tres décadas de antigüedad rondan el 36%.
Ante semejante realidad se entablaron cada vez más juicios contra la Anses por liquidaciones mal efectuadas entre el 2002 y el 2006, que se agregaron a los acumulados de la década del 90.
Los jubilados "viven en una situación de desesperación" y con sus ingresos "no pueden cubrir lo elemental de su canasta básica", afirmó Eugenio Semino, defensor de la Tercera Edad de la ciudad de Buenos Aires. En el organismo calcularon un valor para la canasta básica de 2.063,45 pesos, cuando el 76,5% de ellos percibe el mínimo de 895. Semino recomendó "tomar en consideración el fondo de garantía de sustentabilidad (FGS) que tiene la Anses y ver cómo se redistribuye", así como "un cambio estructural de la legislación".
El FGS, integrado por los aportes de los afiliados a las otrora administradoras de fondos de jubilaciones y pensiones (AFJP), ascendía a 149.286 millones en abril último y estaba compuesto mayormente por bonos públicos, acciones, letras, inversiones y demás activos "heredados" de las AFJP.
En la Anses reconocieron que esas inversiones resultaban "prácticamente imposibles de liquidar en el mercado en el corto plazo sin asumir una pérdida de capital o provocar un colapso financiero local, excepto con los 11.500 millones en plazos fijos que sí podrían cancelarse teniendo en cuenta la liquidez de los bancos".
De cualquier manera, y como si se tratara de una "caja política", el PEN prosigue manejando los recursos con discrecionalidad y escasa transparencia -al igual que los de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), el Banco Central y hasta Lotería Nacional-, aunque pertenecen a los aportantes. Amado Boudou, ministro de Economía y Finanzas Públicas, y Diego Bossio, titular de la Anses, tampoco explicaron cómo recapitalizarán al organismo que destina parte de sus ganancias al programa de asignación universal por hijo (AUH), que debería cubrirse con ingresos fiscales generales. En el 2010, la Anses ostentaría un superávit de casi 15.000 millones computando la renta del FGS, de los cuales unos 8.500 millones se derivarían precisamente a la AUH y 6.500 a títulos públicos para cubrir necesidades del Tesoro.
Organizaciones de Jubilados y Pensionados de la República Argentina, integrantes de la Central de Trabajadores Argentinos (CTA), advirtieron que "la inclusión social no se logra con el 92% de los pasivos con ingresos por debajo de la línea de pobreza ni tampoco con aquellos que peregrinan hasta la muerte litigando por su ajuste, para que sea el sustituto del salario, como establece la Constitución nacional en su artículo 14 bis, ratificado por la CSJ". Al mismo tiempo, peticionaron la intangibilidad de los fondos de la Anses y del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI), la resolución de todos los juicios, la asistencia con nivel de excelencia de la salud para el sector y más efectores y recursos humanos, sin olvidarse de citar que estuvieron 14 años sin recibir aumentos (leyes 24241 y 24463 durante la presidencia de Carlos Menem y con Domingo Cavallo como ministro de Economía y Obras y Servicios Públicos), criterio que se mantuvo en las de Fernando de la Rúa y Eduardo Duhalde. Por todo eso exigieron "una nueva ley de jubilaciones, equitativa y perdurable en el tiempo, que restituya el 82%".
Proyectos de Rubén Giustiniani, senador nacional socialista e integrante del Frente Progresista de Santa Fe, y Claudio Lozano, diputado nacional por el Proyecto Sur, fueron consensuados por bloques de la oposición en las comisiones de Presupuesto de las cámaras alta y baja de la Nación con la intención de elevar el haber mínimo al 82% del salario mínimo, vital y móvil (SMVM), actualmente de 1.500 pesos.
Ambas propuestas parlamentarias fueron consideradas "irresponsables" por Boudou, quien intentó convencer de que el gobierno no tiene recursos para el alza de la mínima ni para ajustar lo que se liquidó mal. En su cartera calcularon que ambas medidas demandarían 30.000 millones anuales y causarían un desequilibrio equivalente al 2,5% del PBI.
Bossio interpretó que elevar el mínimo a 1.230 pesos (el 82% del SMVM de 1.500) contribuiría "al déficit fiscal, al endeudamiento y, en definitiva, a la pérdida de empleos" y generaría "un desequilibrio anual terrible para la Anses, liquidando parcial o totalmente los recursos del FGS y poniendo en serio riesgo el pago de las jubilaciones actuales y futuras".
El bloque de diputados nacionales de Nuevo Encuentro Popular y Solidario (Martín Sabbatella, Carlos Heller, Ariel Basteiro, Vilma Ibarra y Jorge Rivas) consideró importante que desde el Congreso se abra "una discusión responsable, orientada a establecer el histórico porcentaje del 82% móvil en las jubilaciones mínimas", e impulsó "la restitución de las alícuotas de los aportes patronales a los niveles previos a 1993".
"Progresivamente deberíamos llegar al 82% móvil -dijo Hugo Moyano, secretario general de la CGT-. Pero tienen que estar los recursos".
"La caja de la Anses no cierra ni por casualidad para financiar los aumentos de los haberes provisionales, pero aumentar las cargas patronales a los niveles de 1993 es inconcebible", advirtió Héctor Méndez, titular de la Unión Industrial Argentina (UIA). El comité ejecutivo de la central fabril insistió en que mayores cargas patronales alentarían aún más la informalidad y la suba de precios y propuso incrementar la tasa del Impuesto al Valor Agregado (IVA).
Las propuestas de la oposición fueron defendidas por Julio Cleto Cobos, vicepresidente de la Nación, quien aseguró que cuando gobernó Mendoza aplicó una medida similar. Bossio le contestó que fueron beneficios de la caja provincial, "altamente desiguales y diferenciales", y que sólo "restituyeron la diferencia para llegar al 82% móvil al 3,5% del total de los jubilados mendocinos".
La devolución del 82% se debatió en las provincias, especialmente en aquellas que no transfirieron sus cajas previsionales al gobierno nacional. "Aplicamos el 82% en Santa Fe, que va modificándose con los salarios", reveló Hermes Binner, su gobernador. Otros mandatarios anticiparon que si las legislaturas locales avanzaran en idéntico sentido, vetarían las normas para evitar el desfinanciamiento de sus cajas.
"Inclusión y previsión social en una Argentina responsable" es el título de un documento del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas y la Administración Nacional de Seguridad Social (Anses) presentado en junio del corriente para contrarrestar los intentos de los partidos de la oposición por modificar la política provisional.
El trabajo reseñó lo que se hizo desde la inclusión social y qué hicieron otros gobiernos, pero únicamente desde mediados de los 60 del siglo pasado. Algunos de los señalamientos fueron:
*La inversión social aumentó en proporción del Producto Bruto Interno (PBI) del 5,6% en el 2004 al 10,2% proyectado para este año.
*La Argentina es el país de la región que más gasta en seguridad social: alrededor de 1.000 dólares anuales.
* La cobertura previsional pasó del 57% en el 2003 al 90% en este año y la cantidad de beneficiarios aumentó de 3,185 millones en el 2003 a 5,585 millones en el 2010.
* Desde la sanción de la ley 26417 de movilidad de las prestaciones del régimen previsional público, promulgada el 15 de octubre de 2008, la jubilación se incrementa dos veces por año.
*"La asignación universal por hijo (AUH) es el programa de transferencia de ingresos más importante de la historia argentina y de la región". Incluye a 3,7 millones de niños y adolescentes en estado de vulnerabilidad.
*La relación entre el haber mínimo y el haber medio demuestra el funcionamiento del sistema previsional como "herramienta de distribución de ingresos e igualdad".
*El Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la Anses gestiona activos por 149.286 millones de pesos.
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Es porque primero quiere ver qué pasará con la ley del 82% para las jubilaciones.
La convocatoria al Consejo del Salario Mínimo está en una encrucijada . Por un lado, la CGT pone presión para que se cumpla la rutina de todos los años: que se reúna a fin de julio y fije un nuevo valor a partir de agosto. Sin embargo, el Gobierno no está convencido de hacerlo, ya que reajustar ahora el sueldo mínimo podría representarle un costo extra de $ 1.696 millones en caso de que prospere el proyecto de la oposición para llevar la jubilación mínima al 82% del salario mínimo.
La CGT descuenta que en cuestión de días se convocará al Consejo del Salario Mínimo -que preside el Ministro de Trabajo, Carlos Tomada y que integran también entidades empresarias y la CTA- el año pasado fue citado el 22 de julio, se reunió el 28 de julio y fijó un nuevo valor al Salario Mínimo a partir de agosto.
Se estima que, como el año pasado, el Consejo podría aprobar una suba del salario mínimo en varios tramos, que rondaría punta a punta entre un 25 y 30% , acompañando los incrementos de la mayoría de los convenios, con una primera cuota en torno del 15%. Eso llevaría el actual salario mínimo de $ 1.500 desde agosto a unos $ 1.700 aproximadamente .
“Se equivocan los opositores que hacen los cálculos del 82% del sueldo mínimo para la jubilación mínima sobre $ 1.500. Hay que hacerlos a partir del nuevo salario mínimo que, sin dudas, regirá a partir de agosto” , le dijo a Clarín el jefe de asesores de la CGT y diputado nacional, Héctor Recalde.
El haber mínimo actual $ 895 pasaría a $ 1.240 si se eleva al 82% móvil. Y eso representaría un costo anual de $ 19.597 millones para la ANSeS. Pero si se acordara que el sueldo mínimo suba, por ejemplo, a $ 1.700 a partir de agosto, eso supondría un haber mínimo de $ 1.400. Y entonces, el costo anual de la medida se iría a 21.294 millones, que representan una diferencia de $ 1.696 millones contra el cálculo original .
A partir de estos números, algunos funcionarios plantean demorar la convocatoria al Consejo para ver qué pasa con los proyectos que se discuten en el Congreso.
Además, en los primeros días de agosto, por la fórmula de movilidad, la ANSeS debe anunciar el aumento general de las jubilaciones que regirá desde septiembre. Eso achicaría la diferencia entre los $ 1.230 y los más de $ 1.000 que resultará la nueva mínima.
En función de eso, lo que primaría sería una decisión política: mantener la ruta salarial y previsional o frenar los cambios para ver qué pasa con la ley de la oposición. La semana pasada, desde China, Cristina Kirchner dio a entender que no se alterará el calendario al menos en cuanto a subas extras en las jubilaciones.
Horacio Seguirá del Observatorio Jurídico de la CTA sostiene que “el salario mínimo debe calcularse en relación con la canasta básica que en la actualidad asciende a $ 4.600 mensuales”. Plantea que “debe fijarse con anterioridad a las principales negociaciones salariales, para que tenga efectos reales sobre los básicos de convenio, utilizarse como indicador para la jubilación mínima y también en una proporción para la asignación universal por hijo, evitando que su valor quede a la decisión discrecional del Poder Ejecutivo, y lo mismo para otros beneficios”.
Junto con la realidad consignada ayer por este diario sobre el informe recibido por el presidente de la Corte Suprema de Justicia sobre las "maniobras" e "irregularidades" producidas en perjuicio de la Anses (y por lo cual se produjo el desplazamiento inmediato de dos secretarios de juzgado), hay otra realidad paralela: la postergación que desde hace décadas sufren muchos jubilados en la Argentina y que se ha acentuado hasta llegar a extremos de lisa y llana crueldad.
Ya nos referimos en esta página al rechazo del gobierno nacional al proyecto legislativo de la oposición para elevar la jubilación más baja al 82 por ciento del salario mínimo, vital y móvil, y para ajustar los haberes mal liquidados durante años, pese a que el Gobierno dilapida los fondos de la Administración Nacional de Seguridad Social (Anses) para financiar proyectos de nula rentabilidad, como el de Fútbol para Todos; otorgar préstamos a empresas en problemas, o enfrentar las necesidades fiscales del Estado.
Pero, enmarcado en este contexto, existen numerosos casos de aberraciones que sufren los jubilados debido a inexcusables fallas de la Anses. Casi a diario, LA NACION refleja alguno de ellos en su sección de Cartas de lectores. Por ejemplo, Susana Botella narró que su esposo ganó un juicio para que la Anses le pagara lo que le correspondía, pero al iniciar por segunda vez el trámite para lograrlo, el organismo le informó que era imposible porque al expediente "lo habían pasado a archivo definitivo".
En idéntica situación se encuentra Raúl Alberto Gallino. Próximo a cumplir 86 años, relata que ni en sus pesadillas más espantosas se le representó jamás la última excusa que recibió de la Anses para no pagarle lo que le debe, con sentencia firme desde hace dos años. La respuesta fue que su expediente había sido enviado a archivo por error y que por lo tanto, no podían pagarle la deuda ni actualizar sus haberes.
Tras un juicio que se prolongó nada menos que durante 14 años y que llegó a sentencia en 2005, el marido de Martha Alvarez logró que aceptaran abonarle los retroactivos. Pero al efectuarse el depósito, el 4 de junio de 2008, su esposo no pudo cobrar porque había fallecido cuatro días antes. Martha lleva ya dos años de reclamos.
Siete años atrás, una sentencia por reajuste dio la razón a Luciano Valgiusti. Dos años más tarde, la Cámara de Apelaciones confirmó el fallo y ordenó a la Anses abonar la suma en cinco días. "No se ha cumplido el pago -escribió Valgiusti-. Cumpliré 80 años y, lamentablemente, el tiempo para un jubilado corre más rápido que para otros."
Es cierto. Pero el tiempo que para un jubilado corre más rápido parece congelarse en la Anses. Los casos que extractamos son una ínfima parte de los publicados, y estos, en su conjunto, seguramente suman una muy pequeña porción de casos idénticos que no trascienden, pero sufren muchos jubilados mientras sus expedientes de reclamos discurren lentamente o son arbitrariamente archivados. A la injusticia de no cobrar lo que les corresponde se agrega la tortura de realizar los reclamos, con el consiguiente gasto de tiempo, traslados o dinero para un gestor por parte de quienes cobran menos de lo que les corresponde y suelen padecer enfermedades.
Es inadmisible que la Anses abuse de aquellos a quienes debe servir y les niegue o retacee lo que les corresponde. ¿O habrá que pensar que no se trata de aberraciones burocráticas sino, más bien, que ese organismo especula perversamente con el lógico debilitamiento de sus víctimas y, también, con sus fallecimientos?
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En medio del debate entre el oficialismo y la oposición, el ex ministro de Economía Roberto Lavagna afirmó hoy que "es perfectamente posible" pagar a los jubilados el 82 por ciento del salario mínimo, y evaluó que para ello "se pueden reducir 20 mil millones de pesos de los subsidios estatales" que se otorgan a las empresas de servicios públicos.
Lavagna remarcó que "las jubilaciones y el aporte a los chicos en situación de pobreza son prioridades absolutas", porque indicó que "es ahí donde la inflación pegó más".
El ex ministro señaló a radio América que "las cuentas públicas están en un desorden total", pero estimó que "haciendo los cambios que hay que hacer, pagar jubilaciones equivalentes al 82 por ciento del salario mínimo es perfectamente posible".
Para ello, consideró que se debe "reducir buena parte de los subsidios (estatales), como el que se da para el sistema eléctrico que llega a muchos sectores que no lo necesitan".
El ex titular de la cartera económica precisó que "los subsidios alcanzan los 45 mil millones de pesos, de los cuales con toda seguridad se pueden reducir en el orden de los 20 mil millones".
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El ministro de Economía afirmó que esa medida "podría llevar al default previsional". La propuesta de la oposición, dijo, "es una maniobra de desesperación electoral"
"Es una maniobra de desesperación electoral", consideró el ministro al referirse a la iniciativa que, también en el Congreso, promueven todas las bancadas opositoras para que equiparen los haberes jubilatorios al 82% que cobran los trabajadores en actividad por cada sector o para que, al menos, se equiparen las jubilaciones mínimas al salario mínimo vital y móvil.
En una conferencia que dio Boudou en la ciudad costera y que su equipo de prensa repitió en simultáneo en la sala de periodistas del Palacio de Hacienda, el funcionario insistió en que el gobierno no tiene recursos para afrontar el pago del 83% móvil. Una posición que, como ya había señalado en su exposición el martes 13 en las comisiones de Previsión y Presupuesto del Senado, "podría llevar al default previsional y luego a todo el país".
Ayer desde la Feliz, el titular del Ansses también se subió al tono político que le imprimió el titular del Palacio de Hacienda a esta discusión. Diego Bossio consideró que "este tema (el del 82% móvil) es meramente electoral, sin rigurosidad" y disparó contra el radicalismo, sin nombrarlo. Dijo que "los mismos que rebajaron el 13% a las jubilaciones son los que ahora piden esta medida irracional".
Finalmente, el ministro enumeró una lista de "muchas cosas que cambiaron con este Gobierno", entre ellas "la ley del matrimonio igualitario" que en su opinión fortaleció la democracia porque "aporta a que todas las voces puedan ser escuchadas".
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03/07/2010
El debate de las jubilaciones se instaló en la carrera para 2011. Es
un tema complejo que condicionará a las próximas administraciones.
Gobierno y oposición deberían abordarlo como política de Estado al
margen de las disputas políticas de la coyuntura. Repasemos algunos
aspectos.
Desde 2003, la política previsional de la administración K tuvo dos
capítulos sobresalientes:
1) Por un lado, priorizó una redistribución al interior del sistema
jubilatorio. Durante los primeros cuatro años de la gestión de Néstor
Kirchner, se optó por recomponer las jubilaciones mínimas, financiando
esos aumentos con el congelamiento de los haberes más altos, en
particular los superiores a 1000 pesos.
En términos reales -descontado el efecto de la inflación, según el
índice de precios de Buenos Aires City- durante el período 2003-2009,
la jubilación mínima fue en promedio un 48% más alta en comparación
con el promedio de la convertibilidad. Pero el haber medio del sistema
fue 0,2% inferior, siempre en términos reales. Los haberes más altos
fueron licuados por la inflación, y todavía hoy no recuperaron
siquiera el poder de compra previo a la devaluación.
Se "acható la pirámide" de prestaciones, emparejando los haberes sin
importar lo aportado durante los 30 años que marca la ley, lo cual se
refleja en que hoy siete de cada diez jubilados cobran la mínima.
Esta situación disparó una catarata de juicios contra la
Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) por
liquidaciones efectuadas entre 2002 y 2006, que se agregaron a los
acumulados desde principios de los noventa. En el famoso caso Badaro,
la Corte Suprema dictaminó en favor de un jubilado que percibía poco
más de 1000 pesos y ordenó a la Anses una suba en su haber del 88,6%,
al tomar como referencia la evolución salarial durante el período.
Ola de reclamos
Más de 350.000 juicios están en curso contra la Anses solicitando un
reajuste. Pero habría más de un millón de personas en condiciones de
iniciar reclamos similares. La estrategia oficial fue hasta ahora el
pago individual ante cada fallo judicial.
2) El segundo capítulo de la política previsional fue la
"universalización". Mediante la llamada moratoria previsional, se
facilitó el acceso a una jubilación a los trabajadores en edad de
retiro que no sumaban los años de aportes requeridos por ley. Aunque
sea urticante para quienes dentro del sistema contributivo perdieron
poder adquisitivo durante estos años, fue una decisión política
razonable en un país en el que desde hace ya dos décadas uno de cada
tres asalariados está en negro, sin obra social ni aportes
previsionales.
La Anses abona hoy 5,9 millones de jubilaciones: 3,5 millones
correspondientes al sistema contributivo; y 2,4 millones de beneficios
por moratoria.
A la vez, enfrenta demandas que involucran grandes sumas de dinero.
Dos son las principales:
* La advertencia de la Corte Suprema para que se busque una solución
colectiva a aquellos jubilados encuadrados en la doctrina Badaro,
ajuste contemplado también en proyectos legislativos. Según una
estimación del Instituto de Estudios y Formación de la CTA, que
dirigen Claudio Lozano y Tomás Raffo, esta actualización supondría un
costo anual para la Anses de $ 9300 millones. Sin contar el pago de
retroactivos, que deberían consolidarse con bonos.
* El proyecto consensuado por bloques de la oposición para elevar la
jubilación mínima al 82% del salario mínimo: de $ 895 a 1230. Esto
representaría otros $ 22.000 millones, incluidos los jubilados por
moratoria.
Los dos dictámenes que avanzan en sendas comisiones del Senado y
Diputados proponen tanto el 82% de la jubilación mínima como
generalizar el ajuste Badaro. Así, en un planteo de máxima, el costo
global rondaría $ 31.000 millones anuales, cálculo en el que coinciden
el ministro Boudou y el diputado Lozano.
El Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) -integrado por los
fondos de los afiliados a las ex AFJP- que hoy administra la Anses
asciende a $ 149.286 millones (último dato: abril 2010). Pero el 61%
está colocado en títulos públicos; el 12%, en acciones, y casi el 8%,
en créditos a proyectos productivos y obras de infraestructura, entre
otros activos.
Todas inversiones imposibles de liquidar en el mercado, en el corto
plazo, sin asumir una enorme pérdida de capital o provocar un
terremoto financiero local. Tal vez parte de los $ 11.500 millones en
plazos fijos podrían cancelarse sin dificultades -los bancos gozan de
una gran liquidez- para pagar una "suma fija" por única vez, aunque no
alcanzarían para costear un aumento permanente de haberes.
En 2010, la Anses mostraría un superávit de casi $ 15.000 millones,
computando la renta del Fondo de Garantía. Pero la mayor parte del
excedente (un piso de $ 8500 millones) se destinará a solventar la
asignación universal por hijo. Y el resto se colocará en títulos
públicos para cubrir necesidades de financiamiento del Tesoro.
Reformulación
Es evidente que cualquier proyecto para mejorar, en mayor o en menor
medida, los ingresos del sector pasivo sólo sería viable con una
reformulación de recaudación y gastos en el Presupuesto. Entre las
alternativas se cuenta una reforma impositiva (como ser, eliminando
exenciones al impuesto a las ganancias); reestructurar el gasto
público (por caso, $ 14.000 millones de subsidios en energía y
transporte se destinan a abaratar consumos de los sectores
medios/altos), o restituir parcialmente aportes patronales, cuya
rebaja desfinanció el sistema previsional en los noventa.
El Sistema Previsional Argentino (SIPA) hoy cuenta con 8,5 millones de
aportantes y paga 5,8 millones de beneficios; una relación inferior a
1,5 activos por cada jubilado. Mientras que siete millones de
trabajadores (asalariados y cuentapropistas) no realizan aporte
alguno.
De persistir semejantes niveles de empleo en negro la relación
empeorará. Es probable que el próximo Gobierno se vea obligado a
reabrir la moratoria para brindar una prestación mínima a una nueva y
nutrida camada de trabajadores informales en edad de retiro.
Sólo una drástica reducción del trabajo informal, en un contexto de
crecimiento del empleo, garantizará en el futuro la sustentabilidad
del sistema previsional.
Sacaron Dictamen en Diputados, sacaron Dictamen en Senadores, ahora el Ejecutivo va a sacar un D.N.U. donde establecerá un aumento del orden del 15% para todos los jubilados Argentinos, porque todos necesitan el aumento, la mínima rondara los $ 1030 a $1050.
Por lo menos es lo que presiento, Cristina sabe que no puede seguir achatando la pirámide de haberes. Las maniobras de la oposición me dan la sensación que son para obtener réditos políticos y ojo que nosotros somos apolíticos.
Por Hugo de la Sota
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30/06/2010
Primer paso en el debate por el 82 %
para la jubilación mínima
Según el proyecto, la movilidad de los haberes se
regirá por el índice salarial.
Por Ismael Bermúdez
Polémica por las jubilaciones, jubilación mínima, 82% La Comisión de
Trabajo y Previsión Social de Diputados, por mayoría, aprobó ayer un
dictamen que fija la jubilación mínima en el 82% del sueldo mínimo,
vital y mínimo. Eso implica llevar el actual haber mínimo de $ 895 a $
1.230 mensuales.
El dictamen también establece que las jubilaciones deben ser
reajustadas de acuerdo a los fallos de la Corte Suprema en los casos
Sánchez (que comprende el período 1991 a 1995) y Badaro (de 2002 a
2006). Y que en el futuro los haberes serán móviles y se ajustarán dos
veces por año de acuerdo a la variación de los salarios, según el
INDEC, o el RIPTE, que elabora la Secretaría de Seguridad Social, de
ambos el que arroje el mayor porcentaje.
De ser aprobada por ley, entre la recomposición de haberes y el cambio
en la movilidad, mejorarían los haberes de unos 6 millones de
jubilados y pensionados.Este dictamen tuvo el apoyo de la Coalición
Cívica, del Radicalismo, del Pro y del Peronismo Federal.
Por su parte, el socialismo, GEN y Proyecto Sur firmaron un dictamen
propio que coincide con esos tres puntos, pero que agregan las fuentes
de financiamiento.
Así, se establece que el pago del haber mínimo garantizado y la
recomposición de los haberes serán financiados con el superávit
financiero de la ANSeS, la restitución de las contribuciones
patronales— exceptuando a las Pymes—y restableciendo el tope que tenía
el Fondo de Garantía de la ANSeS, cuyo valor no puede superar el
equivalente al pago de un año de jubilaciones y pensiones.
“Esto supone liberar unos 50.000 millones de pesos ya que el Fondo
acumula hoy casi $ 150.000 millones y las prestaciones del sistema
rondan los 100.000 millones de pesos anuales”, le dijo a Clarín el
diputado Claudio Lozano, de Proyecto Sur.
Por su parte, Fernanda Reyes, de la Coalición Cívica, sostuvo que ayer
fue un “día histórico” para los jubilados. Agregó que en el dictamen
de mayoría “no se incluyó el tema del financiamiento porque no había
sido previamente discutido, aunque en términos generales estoy de
acuerdo”. Y que esperaban discutirlo en la Comisión de Presupuesto,
presidida por el kirchnerista Gustavo Marconato, que se negó a
convocarla. Es el paso que falta para que el proyecto pueda ser
enviado al recinto.
En tanto para el diputado Adrián Pérez (CC), “el argumento del
Gobierno de que no hay plata no es cierto. Con el ingreso a la niñez
decían lo mismo hasta que la oposición avanzó, encontraron los fondos
y lo sacaron por decreto”.
El bloque del Frente para la Victoria se negó a reunir a la Comisión
de Presupuesto junto a la de Previsión para emitir un dictamen
conjunto por su desacuerdo con las iniciativas opositoras.
De todas maneras, la oposición descuenta que el dictamen de Previsión
aunque la Comisión de Presupuesto no se expida, según el reglamento,
en 30 días lo aprobado ayer quedará firme y podrá ingresar al recinto
para su tratamiento por Diputados, donde aseguran contar con los votos
para su aprobación
De todas maneras, luego deberá pasar por el Senado, donde la relación
de fuerzas entre oficialismo y oposición es de una inestable paridad.
Si pasa la prueba en la Cámara alta, sin embargo, es probable que se
llegue al veto de la Presidenta. El ex presidente Néstor Kirchner dijo
días atrás que no hay plata para financiar esos aumentos. A los jefes
opositores no les preocupa el veto, tanto como demostrar que a un año
de las elecciones legislativas dieron un paso para cumplir sus
promesas.
Gustavo Ybarra
LA NACION
La oposición avanzó ayer un casillero en su pulseada por obligar al
Poder Ejecutivo a reconocer el 82% móvil para las jubilaciones, lo que
elevaría el haber mínimo de los 895 pesos actuales a 1235 pesos, al
emitir dictamen en la Comisión de Trabajo y Previsión del Senado a un
proyecto que consagra ese derecho y que es resistido por el
oficialismo.
Casi a la misma hora, la oposición en la Cámara baja acordó un
borrador de dictamen de un proyecto similar, aunque deberá esperar que
la Comisión de Presupuesto y Hacienda fije fecha para tratar el texto
(como se informa por separado).
El dictamen firmado ayer en la Cámara alta deberá ser discutido ahora
por la Comisión de Presupuesto y Hacienda. A pedido del kirchnerismo,
el 13 de julio concurrirán al Senado el ministro de Economía, Amado
Boudou, y el director de la Anses, Diego Bossio, para tratar de
desalentar, con cifras de las cuentas públicas de ambos organismos, la
ofensiva opositora.
En realidad, el recurso de convocar a los funcionarios no tiene más
objeto que tratar de demorar el avance del proyecto. Con esa
intención, el kirchnerismo pidió ayer a la Comisión de Trabajo que
postergara el debate hasta que concurrieran Boudou y Bossio. El
reclamo fue rechazado por la oposición, que decidió así dar un paso
adelante con la iniciativa redactada por el socialista Rubén
Giustiniani (Santa Fe).
Esto llevó al jefe del bloque oficialista, Miguel Pichetto (Río
Negro), a acusar a sus rivales de estar haciendo una jugada mediática.
"Lo que quieren es una victoria para los medios", les espetó a los
senadores de la oposición cuando la firma del dictamen era inevitable.
Sin embargo, desde el arco no oficialista se les recordó a los
kirchneristas que Bossio ya había comentado el estado de cuentas de la
Anses. Así se lo recordó Giustiniani, que citó las cifras que Bossio
ofreció en su última visita a la Comisión de Presupuesto y Hacienda,
el 31 de mayo.
Según el legislador socialista, el director de la Anses aseguró ese
día que el organismo tiene un superávit de 52.000 millones de pesos,
otros 160.000 millones en el Fondo de Sustentabilidad y que pagar el
82% móvil de las jubilaciones implicaría un gasto de 22.500 millones
de pesos.
"Es factible"
En la misma línea, el jefe del bloque radical, Gerardo Morales, se
quejó: "No puede ser que la Anses esté gastando 10.000 millones de
pesos en programas de computadoras y obras públicas y se niegue a
reconocer lo que la Corte Suprema ya ha consagrado en varios fallos".
Y añadió: "Es posible, es factible [pagar el 82% móvil], no es una
irresponsabilidad", le replicó Morales al kirchnerista Eric Calcagno
(Buenos Aires), que había intentado desmerecer el proyecto porque no
cuenta entre sus artículos con la especificación de la fuente de
financiamiento para la mejora que se pretende dar a los haberes del
sector pasivo.
También se manifestó en duros términos Eugenio Artaza (UCR-Corrientes),
que le reclamó al kirchnerismo "establecer prioridades", porque "a
nadie pueden tomar por sorpresa los problemas de los jubilados", dijo.
En ese sentido, cuestionó al Poder Ejecutivo por avanzar con la
cancelación de la deuda y olvidar al sector pasivo. "A la hora de
pagar les dimos prioridad a los bancos y al FMI, y los jubilados
siguen esperando", sentenció el humorista y empresario teatral. "No
podemos tener una Anses millonaria y jubilados pobres", enfatizó.
Perdido ante la inminencia del dictamen, el oficialismo buscó acusar a
la oposición de irresponsable.
"No hay que obrar con demagogia con los ancianos", disparó la
kirchnerista tucumana Beatriz Rojkés de Alperovich. "No los engañemos,
el país no puede pagar [el 82% móvil], tenemos todavía una situación
de fragilidad", agregó a contramano del discurso oficial.
Ya sin esperanzas de detener el embate opositor, Pichetto afirmó que
"el 82 por ciento móvil es inviable" y les advirtió a los legisladores
de la oposición que con este proyecto "están sembrando el proceso de
la crisis fiscal de 2014 y 2015".
El dictamen finalmente fue firmado por los ocho miembros de la
oposición. Además de Giustiniani, Morales y Artaza, estamparon su
rúbrica los peronistas disidentes Graciela Di Perna (Chubut) y Adolfo
Rodríguez Saá (San Luis), la oficialista Adriana Bortolozzi (Formosa),
María Eugenia Estenssoro (Coalición Cívica-Capital) y el radical y
presidente de la Comisión de Trabajo, Alfredo Martínez (Santa Cruz).
Un buen día para los jubilados en el
Congreso
En ambas cámaras parlamentarias avanzan proyectos de ley para reformar
la Ley de Movilidad Jubilatoria. La iniciativa de la oposición es
aumentar los haberes jubilatorios y cumplir con el 82% móvil del
salario de los trabajadores. Aunque todavía queda un largo camino por
recorrer.
Desde el Congreso surgieron dos buenas noticias esperanzadoras para
los jubilados y pensionados, ya que tuvieron dictamen favorable los
proyectos de ley que apuntan a establecer la movilidad jubilatoria del
82 por ciento móvil respecto al salario de los trabajadores.
A poco menos de un año se sancionarse la ley de Movilidad Jubilatoria,
la oposición –con mayoría ahora en ambas cámaras- dio el primer paso
para modificar aquella norma que fijó una fórmula para aumentar los
haberes a los jubilados y pensionados basándose en un fallo de la
Corte Suprema de Justicia. Aunque la ley no llega a los 82%
establecido por el fallo Badaro.
Por eso, la oposición quiere discutir en el recinto reformas a la
norma para cumplir con lo dictaminado por la Corte sobre los haberes
de los jubilados.
Con este objetivo en el corto plazo, dieron el primer paso los
proyectos en ambas cámaras. Aunque todavía queda un largo camino por
recorrer y el oficialismo traba el tema en la Comisión de Presupuesto.
Diputados
La Comisión de Previsión y Seguridad Social de la Cámara baja,
presidida por el diputado Mauricio Ibarra (Peronismo Federal), emitió
dictamen de mayoría a un proyecto opositor unificado que prevé un
aumento en las jubilaciones al reajustar los haberes al 82 por ciento
móvil del salario de los trabajadores.
La diputada nacional del bloque SI por la Unidad Popular, Graciela
Iturraspe, integrante de la Comisión de Previsión, presentó el
dictamen que prevé la recomposición de haberes y el posterior aumento
del haber mínimo al 82% del salario mínimo vital y móvil, financiado a
través de la restitución de las contribuciones patronales a valores
históricos, según consta en el artículo 11.
El dictamen está acompañado por la diputada Liliana Parada del bloque
Proyecto Sur, y los bloques del Socialismo y el Gen. En la elaboración
del mismo participó además la ex diputada nacional y actual
legisladora porteña María América González, y el diputado nacional
Claudio Lozano, integrante de la Comisión de Presupuesto.
El expediente firmado en Previsión consta de 17 artículos.
* La recomposición de haberes se realiza a través de lo dispuesto por
los fallos Sánchez y Badaro, e índices de salarios según la ley que
corresponda.
* Reemplaza la fórmula de movilidad por la aplicación del índice de
salarios o del índice RIPTE (Remuneraciones Imponibles Promedio de los
Trabajadores Estables), según el que resulte más conveniente para el
beneficiario.
* Propone además que la recomposición y las diferencias de los nuevos
haberes previsionales sean abonados dentro de los 120 días corridos de
promulgada la ley.
* El pago del haber mínimo garantizado y la recomposición de los
haberes será financiado por los recursos totales de la ANSeS, el Fondo
de Garantía, y la restitución de las contribuciones patronales.
En el debate en la Comisión, la diputada de la Coalición Cívica
Fernanda Reyes aseguró que “no podemos centrar el debate sobre
jubilaciones en el financiamiento, como quiere el Gobierno, mientras
nuestros jubilados están bajo la línea de pobreza”.
Sobre la explicación de la Casa Rosada respecto de la imposibilidad de
alcanzar el 82% móvil, Reyes afirmó que “es mentira que no hay fondos
para recomponer las jubilaciones, el problema es que el Gobierno usa
los fondos de la ANSeS para hacer negocios corruptos”.
En el mismo sentido, la legisladora radical Silvana Giudici sostuvo
que “el dinero del ANSES sí alcanza para dar un aumento a los
jubilados como lo manda el fallo de la Corte”.
Por su parte, la diputada socialista Alicia Ciciliani afirmó que “el
objetivo es solucionar la situación de emergencia que atraviesa la
gran mayoría de los jubilados que cobran la mínima y se encuentran por
debajo de la línea de pobreza. Para ellos queremos llevar el haber
mínimo al 82% del salario mínimo vital y móvil. Es decir, pasar de
895,15 pesos a 1340 pesos”. “Con los recursos que hoy cuenta la Anses
se puede dar respuesta a esta dramática situación”, aseguró la
legisladora.
El presidente de la Comisión de Previsión, el peronista disidente
Marcelo Ibarra, aclaró que “el objetivo es que ningún pasivo cobre
menos del 82 por ciento del salario mínimo vital y móvil”, es decir,
“atada al salario del trabajador activo”.
“Se busca universalizar el caso Badaro para evitar el caudal de
juicios que ese fallo generó”, expresó el legislador sanjuanino, que
reconoció que se trata de “un tema difícil y escabroso en la política
y el Parlamento. Todavía no se terminaron los acuerdos necesarios”.
Ibarra aclaró que aplicar el 82% móvil “significa dieciséis mil
millones de pesos que fácilmente pueden salir de los ahorros del Poder
Ejecutivo. No hay que poner mala onda, como hacen el jefe de Gabinete
y el ex presidente –Néstor- Kirchner”.
Desde la otra vereda, el diputado kirchnerista formoseño Juan Carlos
Díaz Roig cuestionó duramente la aplicación del 82 por ciento móvil
para el sector pasivo que impulsa la oposición, asegurando que de la
manera como se ha trabajado se está violando la tradición
parlamentaria.
Según Díaz Roig –vicepresidente de la Comisión de Previsión-, “la
oposición piensa así: pedimos todo, el Frente para la Victoria se
opone, los jubilados nos votan a nosotros”. Amén de ese razonamiento,
advirtió que “los jubilados saben muy bien cuál es la cuestión”.
Díaz Roig se quejó porque se llega a un plenario de comisiones entre
Previsión y Seguridad Social y Presupuesto y Hacienda “sin que
discutieran los asesores y sin convocar a los técnicos del ANSeS”, con
lo cual, dijo se “viola la costumbre parlamentario de un siglo”.
En respuestas a los duros discursos de los opositores, la
vicepresidenta segunda de la Cámara de Diputados, Patricia Fadel,
disparó: “No se puede usar la plata para hacer demagogia política y
hacer lo que se quiere porque solamente la oposición ahora tiene el
número”.
Además de los fuertes cruces, se desató una polémica por el
funcionamiento de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara
baja, presidida por el oficialista Gustavo Marconato. Según la
oposición, si en 30 días Presupuesto no trata este tema, el dictamen
llegaría igualmente al recinto. Además, adelantaron que en la sesión
de este miércoles presentarán una cuestión de privilegio contra
Marconato por no convocar a la reunión conjunta con Previsión.
En conclusión, para que la alegría sea totalmente feliz para los
jubilados falta la aprobación de la Comisión de Presupuesto.
Senado
Con el apoyo de la oficialista Adriana Bortolozzi, los senadores
opositores que forman parte de la Comisión de Trabajo y Previsión
Social de la Cámara alta firmaron este martes un dictamen de mayoría
en relación con la iniciativa de ley que fija los haberes
provisionales en el 82 por ciento del salario mínimo, vital y móvil.
Vale destacar que el proyecto, cuyo autor es el senador y presidente
del Partido Socialista, Rubén Giustiniani, seguirá siendo debatido en
la comisión que lidera el legislador radical Alfredo Martínez. Por
pedido del bloque oficialista, se invitará al ministro de Economía,
Amado Boudou, y al titular de ANSeS, Diego Bossio. Los funcionarios
deberán presentarse en la próxima reunión de la comisión, que se
realizará el martes 13 de julio.
El dictamen de mayoría fue firmado por los radicales Martínez, Gerardo
Morales, Eugenio Artaza y Laura Montero; el peronista disidente Adolfo
Rodríguez Saá; María Eugenia Estenssoro, de la Coalición Cívica; la
justicialista Graciela Di Perna; Bortolozzi y Giustiniani.
Los senadores que se opusieron al proyecto fueron los kirchneristas
Miguel Ángel Pichetto, Blanca Osuna, Eric Calcagno, Eduardo Torres y
Beatriz Rojkes de Alperovich.
Pichetto advirtió que antes de suscribir cualquier dictamen, los
legisladores debían escuchar las explicaciones de Boudou y de Bossio
respecto de los costos del aumento de las jubilaciones y las
consecuencias para la macroeconomía nacional.
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29/06/2010
Colocó nueva deuda a tasa baja en el Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la ANSeS. Son dos títulos a tres meses por más de 1.200 millones de pesos.
La financiación se da a través de la colocación de dos letras de la Tesorería General. Una en pesos, por 730 millones. Y la otra en dólares, por 125 millones (que representan, al cambio actual, 493 millones de pesos).
La letra en pesos vence el 15 de septiembre y tiene un interés anual del 11,02%. Y la letra en dólares vence una semana después, con un interés del 4,5% anual. Si la Argentina tuviera que conseguir financiación en los mercados voluntarios de deuda, hoy no podría ofrecer una tasa por debajo de los dos dígitos.
La colocación se sustenta en que la Ley de Administración Financiera faculta a la Tesorería a emitir Letras para cubrir "deficiencias estacionales de caja". Y en que "ante la propuesta de las autoridades del Ministerio de Economía", el Fondo de Garantía de la ANSeS "ha aceptado suscribir Letras del Tesoro en pesos y dólares estadounidenses a corto plazo".
La Comisión de Trabajo y Previsión del Senado debatirá hoy una serie de proyectos de mejoras de los ingresos de los jubilados, algunos de los cuales buscan fijar el haber previsional mínimo en el 82 por ciento del salario mínimo, vital y móvil.
Durante un encuentro, que se iniciará a las 16, en el Salón Arturo Frondizi, del quinto piso del edificio anexo, los legisladores debatirán iniciativas del socialista Rubén Giustiniani y el renovador salteño Agustín Pérez Alsina, que propone con variantes menores el 82 por ciento como pauta de ingreso permanente para los retirados.
El socialista santafecino Rubén Giustiniani lamentó ayer que el país tuviera "una Anses rica y jubilados pobres" y explicó que el superávit de la administración "supera los 54.000 millones", e insistió en un pronto tratamiento de los proyectos que "elevan a 1350 pesos la jubilación mínima y equilibran los haberes previsionales de todos los jubilados con los salarios".
El socialista dijo que existen hoy "todas las posibilidades" de aprobar los dictámenes de mayoría en los proyectos de su autoría, y la iniciativa que propone la recomposición de los haberes previsionales retrasados respecto de la evolución salarial, con lo que se busca dar cumplimiento al fallo de la Corte Suprema de Justicia en el caso Badaro.
El legislador santafecino afirmó que las iniciativas de levantar el mínimo y adecuar la escala le costarían a la Anses unos 33.000 millones de pesos anuales, y si el superávit anual es de 54.000 millones, sería "un acto de justicia que se lleven adelante estos incrementos".
Giustiniani describió que su proyecto contempla "subir la jubilación mínima a 1350 pesos" desde el piso actual de 895 pesos, y luego aplicar una mejora de todos los jubilados, con lo que se cumpliría con el artículo 14 Bis de la Constitución nacional.
El senador de Santa Fe se pronunció a favor de "terminar con esta situación perversa, que por cada juicio que se paga a los jubilados, entran centenares de juicios más por semana a la Anses, porque -dijo- los jubilados perciben que el desfase, entre sus haberes cuando estaban en actividad y lo que reciben ahora, es cada vez mayor. Por eso, recurren a la Justicia reclamando por la pérdida de su poder adquisitivo".
La situación de los juicios contra la Anses ya había sido advertida la semana pasada por la jueza de la Corte Suprema Carmen Argibay Molina.
La ANSeS cuenta hoy con recursos más que suficientes para recomponer los haberes y darles de una vez y para siempre lo que les corresponde a los jubilados y pensionados. El Congreso tiene tareas urgentes para garantizar la seguridad social.
PorMaría
América González - ABOGADA PREVISIONALISTA, LEGISLADORA PORTEÑA SI EN
PROYECTO SUR
Al debatir la movilidad de los beneficios jubilatorios señalamos que primero debían reestructurarse los haberes , según lo indicado por el fallo Badaro (CSJN), que equivalía a recomponer la pirámide de haberes a finales de 2002, y después aplicar la movilidad . Ello suponía sacar a muchos trabajadores pasivos del haber mínimo, que hoy equivale al 75% de los beneficios; e implicaba la utilización de unos $20 mil millones, mientras ANSeS tenía un excedente equivalente a los $30 mil millones. Hoy el excedente alcanza los $160 mil millones .
Sin embargo, dada la decisión política de no recomponer los haberes, por parte del Poder Ejecutivo Nacional y del oficialismo en el Poder Legislativo, aumentó la cantidad de juicios de los jubilados; y entre los ya liquidados, los que se encuentran en curso de liquidación y los que están en sede judicial, los expedientes llegan a los 360 mil.
Suponiendo que cada caso judicial demande un promedio de $60 mil, el Estado Nacional erogaría unos $22 mil millones. Es decir, podía haberse realizado una genuina recomposición de haberes, sin llegar a tal grado de conflicto judicial, y sin privatizar implícitamente el sistema , teniendo el jubilado que buscar un profesional para que se le pague lo que le corresponde en justo derecho.
La ANSeS tiene hoy recursos más que suficientes para recomponer los haberes , y darles de una vez y para siempre lo que les corresponde a los jubilados y pensionados.
He presentado junto a otros diputados nacionales propuestas legislativas que se ajustan a derecho. De haberse implementado la recomposición que defendimos en Diputados, para luego aplicar los aumentos que otorga la actual fórmula de movilidad (con la que no estoy de acuerdo), el haber mínimo alcanzaría hoy los $1328, esto es, el 88% del haber mínimo vital y móvil . Por supuesto que aún sería insuficiente, pero muchos jubilados y pensionados no cobrarían el haber mínimo, y a la vez el haber medio podría haber crecido a $1.700 aproximadamente .
Por lo tanto, hay cuatro tareas urgentes fundamentales: 1. La recomposición de los haberes y el aumento del haber mínimo al 82% del salario mínimo, vital y móvil. Proyecto de ley presentado en el año 2005.
2. La elaboración de una Nueva Ley del Sistema Previsional que se adecue a los criterios sentados por la Corte Suprema de Justicia, hecho que implica la derogación del régimen actual. Proyecto presentado en 2002.
3. La reorganización del organismo de gestión. Propuesta presentada desde el siglo pasado, año 1999.
4. La modificación del procedimiento judicial y la mediación de los juicios, a fin de dar respuesta rápida y eficaz a jubilados y pensionados, evitando décadas de tramitación, y eliminando la generación de nuevos juicios. Proyecto que data de 1999.
Todos estos proyectos de ley se encuentran vigentes y a la espera de su pronto e ineludible tratamiento . El no hacerlo es una decisión política y económica que va en detrimento del derecho a la Seguridad Social que tienen todos los trabajadores.
La previsión social arrastra, en nuestro país, innumerables deudas pendientes. Desde la disolución de todos los organismos de seguridad social en 1991, hemos caído en un pozo que recién comienza a revertirse precariamente con la estatización del sistema. Por eso, debemos hablar de distribución del ingreso, pero de veras, y no como mero discurso.
Es necesario discutir un sistema de jubilaciones y pensiones totalmente nuevo, sobre variables ya conocidas (salario y trabajo, por ejemplo) e incorporar otras nuevas, que garanticen una base universal, una diferenciación por el esfuerzo personal en el mercado laboral y un ahorro personal.
Se dio un primer paso, pero es necesario comenzar a caminar. Aún nos queda todo el camino por recorrer. Hagámoslo sobre la base de un gran consenso en beneficio de todos los trabajadores, tanto activos como pasivos.
Diputados debate aumento de jubilaciones
“Hay que dar a los jubilados la prioridad que el Gobierno no les quiere dar”,
afirmó la diputada de la Coalición Cívica Fernando Reyes. Este martes a las 17
debatirá proyectos de ley que reformar la ley de Movilidad Jubilatoria.
En un plenario de las comisiones de Previsión y Seguridad Social y de
Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados, este martes a las 17 se
tratarán varios proyectos de ley que apuntan a establecer la movilidad
jubilatoria del 82 por ciento móvil respecto al salario de los trabajadores.
A poco menos de un año se sancionarse la ley de Movilidad Jubilatoria, la
oposición –con mayoría ahora en ambas cámaras- propone modificar aquella norma
que fijó una fórmula para aumentar los haberes a los jubilados y pensionados
basándose en un fallo de la Corte Suprema de Justicia.
Aunque la ley no llega a los 82% establecido por el fallo Badaro. Por eso, la
oposición quiere discutir reformas a la norma para cumplir con lo dictaminado
por la Corte sobre los haberes de los jubilados.
Con este objetivo en el corto plazo, la diputada de la Coalición Cívica Fernanda
Reyes adelantó que este martes van a emitir “dictamen para aumentar y recomponer
las jubilaciones y poder tratar el proyecto en el recinto. No podemos centrar el
debate sobre jubilaciones en el financiamiento, como quiere el Gobierno,
mientras nuestros jubilados están bajo la línea de pobreza”.
Sobre la explicación de la Casa Rosada sobre la imposibilidad de alcanzar el 82%
móvil, Reyes dijo que “es mentira que no hay fondos para recomponer las
jubilaciones, el problema es que el Gobierno usa los fondos de la ANSeS para
hacer negocios corruptos”.
“Debemos dar un salto como sociedad a la hora de establecer prioridades. La
jubilación digna es un derecho constitucional que debe estar garantizado por el
Estado y los fondos de la ANSeS deben estar destinados a hacer efectivo ese
derecho, como lo establece la ley. Ese debe ser el eje del debate. Hay que dar a
los jubilados la prioridad que el gobierno no les quiere dar”, agregó Reyes,
anticipando el debate que se dará este martes a partir de las 17 en una reunión
conjunta de las comisiones de Previsión y Presupuesto y Hacienda de la Cámara
Baja.
Reyes es autora del proyecto que propone elevar la jubilación mínima a 1.500
pesos, para que quede equiparada al salario mínimo, vital y móvil, y recomponer
todos los haberes, según lo establecido por el fallo de la Corte Suprema en el
caso Badaro. La iniciativa también plantea una movilidad sujeta al índice de
salarios o a la Regulación Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE),
de acuerdo al índice que resulte más beneficioso al momento de ser aplicado.
Por su parte, la diputada socialista Alicia Ciciliani –quien participará este
martes de la reunión de las comisiones de Presupuesto y Previsión- señaló que la
reunión conjunta “es el primer paso para saldar una vieja deuda del Estado con
el sector pasivo”.
En este sentido, la legisladora santafesina indicó que “iremos a la reunión con
el objetivo solucionar la situación de emergencia que atraviesa la gran mayoría
de los jubilados que cobran la mínima y se encuentran por debajo de la línea de
pobreza. Para ellos queremos llevar el haber mínimo al 82% del salario mínimo
vital y móvil. Es decir, pasar de 895,15 pesos a 1340 pesos”.
Ciciliani recordó que los diputados del Frente Progresista de Santa Fe
presentaron en conjunto una iniciativa en la Cámara Baja en ese sentido, al
igual que lo hizo el senador Rubén Giustiniani en el Senado, y negó que el
proyecto provoque el desfinanciamiento del sistema previsional. “Con los
recursos que hoy cuenta la Anses se puede dar respuesta a esta dramática
situación”, aseguró.
El sueldo mínimo, en la polémica por el aumento a
los jubilados
Un proyecto de ley de la oposición busca que el
haber mínimo sea equivalente al 82% de ese ingreso.
Por Ismael Bermúdez
Sueldo mínimo, aumento a los jubilados Casualidad o no, lo real es que
en los próximos días el Gobierno debe convocar a una reunión del
Consejo del Salario Mínimo, justo en momentos que el Congreso inicia
la discusión para llevar la jubilación mínima al 82% del sueldo
mínimo.
De esta manera, el piso salarial y jubilatorio van a quedar
entrelazados en una polémica que tendrá un fuerte contenido político,
económico y social y de cuyos resultados depende el nivel de vida de
millones de trabajadores y jubilados.
Como viene pasando en los últimos 4 años cuando fue convocado durante
el mes de julio, ahora el Gobierno debería convocar al Consejo del
Salario Mínimo. Ese organismo tripartito, reúne al Ministerio de
Trabajo, que encabeza Carlos Tomada, empresarios y sindicalistas. Este
cuerpo es el que fija el valor del sueldo mínimo para que entre a
regir a partir del mes siguiente (agosto). También debe establecer el
monto del seguro de desempleo que está muy desactualizado.
Este año la discusión promete ser distinta porque, simultáneamente,
varios bloques parlamentarios impulsan un proyecto de ley -que cuenta
con muchas chances de ser aprobado por el Congreso-para llevar la
jubilación mínima al 82% del valor del sueldo mínimo.
Así, el salario mínimo que hoy incide sobre los empleados que están
fuera de convenio y actúa también como piso para los convenios de
trabajo, de ser aprobado y no sufrir el veto presidencial, pasaría a
determinar el haber mínimo que cobran unos 4,5 millones de jubilados y
pensionados y que además incide sobre casi un millón de pensiones no
contributivas (cobran el 70% del haber mínimo).
Hasta el año pasado el sueldo mínimo era $ 1.240 y se lo elevó en
forma escalonada a $ 1.500. Este año, tanto empresarios como
sindicalistas descuentan que se acordarán subas también escalonadas.
La incógnita es si la CGT y la CTA pedirán 21%, como los estatales o
35% como alimentación y como serán los tramos. Y qué postura tendrán
con relación a otorgar el 82% del salario mínimo a los jubilados.
Si se acordara que en agosto el sueldo mínimo subiera a $ 1.700, eso
supondría un haber jubilatorio mínimo de casi $ 1.400, cuando hoy es
de $ 895. Representaría un incremento del 56%. Y seguiría aumentando
cuando entren a regir los siguientes tramos que se acuerden.
Otro tema que no puede seguir soslayando el Consejo es el de
Prestación por Desempleo que cobran los empleados formales que son
despedidos y no encuentran empleo.
En las últimas reuniones del Consejo ni siquiera se trató el tema y
este beneficio se fue desactualizando hasta tal punto que hoy tiene un
tope de $ 400 mensuales, equivalente a apenas el 12% del sueldo medio
de los trabajadores formales. Según la legislación, sin el tope,
debería ser de la mitad del salario de los últimos 6 meses, unos $
1.700.
El Fondo Nacional de Empleo, que se encarga de pagar este seguro,
tiene un presupuesto muy superavitario -de más de $ 1.200 millones-
pero el Gobierno lo utiliza para financiar otros programas. Según
Seguridad Social, en 2009, los ingresos fueron de $ 1.881 millones y
los pagos de $ 610 millones.
“No pueden sostener que no hay
fondos para los jubilados”
La radical Silvana Giudici opinó sobre los haberes jubilatorios y las
declaraciones de Néstor Kirchner cuestionando la aplicación del 82%
móvil.
La secretaria Parlamentaria del bloque de la UCR, Silvana Giudici,
cuestionó la negativa de Néstor Kirchner de elevar los haberes
jubilatorios al 82% móvil, sosteniendo que el ex presidente “no tiene
vergüenza al sostener que la plata no alcanza para los jubilados
mientras gasta más de 1.000 millones de pesos en publicidad oficial y
van a invertir en la televisión digital casi 1.400 millones de
dólares.
“También afectaron más de 800 millones de pesos al programa Futbol
para Todos y ni hablar de las pérdidas mensuales de Aerolíneas
Argentinas”, agregó Giudici.
“La prioridad debe estar en achicar la brecha entre ricos y pobres,
que desde que gobierna Cristina Kirchner se ha ampliado y para eso es
necesario atender a los sectores más vulnerables que son los niños y
los adultos mayores. Por lo tanto, que Néstor Kirchner le recomiende a
su esposa dejar de gastar millones de pesos para imponer su imperio
mediático y los destine para los jubilados”, expresó la diputada
radical.
Giudici presentó un proyecto de ley que establece el 82% móvil,
propone una cláusula de movilidad “única” y trimestral e incorpora
para el cálculo de las nuevas jubilaciones, el cómputo de los mejores
haberes de los últimos 15 años del trabajador.
Al respecto la diputada sostuvo que “los casi 150 mil millones de
pesos que hay en el Fondo de Garantía deben ser destinados a
recomponer los haberes y garantizar el sistema previsional argentino y
no malgastados en inversiones riesgosas, en clientelismo o en obra
publica sobrevaluada, utilizando al ANSeS como un banco que presta
plata”.
“Estamos avanzando en la implementación de la agenda social y el
martes por la tarde vamos a emitir dictamen para aprobar en el recinto
una Ley que eleve los haberes jubilatorios al 82% móvil, porque,
aunque Néstor Kirchner lo niegue, los fondos están” concluyó la
diputada radical.
Afirman que Kirchner “usa a los
jubilados como variable de ajuste”
El diputado Ricardo Alfonsín se quejó por la resistencia del ex
presidente expresada respecto de la posibilidad de conceder el 82%
móvil que reclama la oposición.
El vicepresidente de la Cámara de Diputados de la Nación, Ricardo
Alfonsín, afirmó que “es falso lo que dijo (Néstor) Kirchner acerca de
lo que representa para el Estado la aprobación del proyecto que se
está tratando en el Congreso de la Nación por el que se elevarían las
jubilaciones mínimas a una suma equivalente al 82% del salario
mínimo”. Y acusó al ex presidente de utilizar “a los jubilados como
variable de ajuste de las cuentas publicas a los jubilados”.
“En rigor -continuó Alfonsín-, la iniciativa impulsada por la UCR
entre otros, representa para el presupuesto alrededor de 20 mil
millones de pesos, tal como lo reconoció el director de la ANSES en el
propio Congreso”.
“La aprobación del proyecto atenuaría el grave daño que han sufrido
millones de jubilados como consecuencia de las políticas implementadas
por este gobierno”, sostuvo el diputado.
Y a los efectos de ilustrar el daño aludido señaló “que en 1994 el 24%
de los jubilados cobraban la mínima, en 2001, en medio de la crisis,
el porcentaje alcanzó el 31%, en tanto que hoy en esa situación se
encuentra el 75% de los jubilados”.
Señaló además que “este es el primer paso que damos en dirección de
reparar una de las inequidades que claramente pudo ser evitada,
recordando finalmente que también hay que ir resolviendo la situación
de los jubilados que se encuentran en la misma condición señor Badaro.
De no resolverse este tema, se transferirá una verdadera hipoteca al
futuro gobierno”.
Alfonsín realizó estas declaraciones en el marco de una gira que
realiza este fin de semana por el interior de la provincia de Buenos
Aires, que incluye localidades de la 5° sección electoral.
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28/06/2010
Tres realidades del pensamiento de los políticos en relación al bienestar de los jubilados Argentinos y un comentario del Presidente de la sala II de la Cámara Federal de la Seguridad Social Dr. Luis Herrero. Sin palabras Argentinos piensen!!!
Kirchner le baja el pulgar al 82% móvil
El diputado nacional advirtió que en caso de implementarse la medida que busca
la oposición, la ANSeS se quedaría sin fondos.
Por segundo día consecutivo el ex presidente Néstor Kirchner se dedicó a hablar
del Parlamento que integra, aunque lo hace más como miembro del Ejecutivo que
del Legislativo. En esta oportunidad, cuestionó el proyecto del 82% móvil que la
oposición busca aprobar advirtiendo que en caso de implementarse tal medida el
Estado “se quedaría sin fondos”.
Así las cosas, Kirchner le reclamó “realismo” a la oposición.
El secretario general de la UNASUR señaló que “a todos nos gustaría que se
pudiera implementar, pero le costaría (al Estado) 145 mil millones de pesos al
año”.
“A Kirchner no le importan los jubilados”
Fuerte crítica de una diputada de la Coalición Cívica, que salió a opinar sobre
las declaraciones del ex presidente respecto al 82 por ciento móvil.
“La declaraciones de Néstor Kirchner son una demostración de que, para el
Gobierno, los jubilados no son una prioridad. Es mentira, como quiere hacer
creer el gobierno, que no hay fondos para recomponer las jubilaciones, el
problema es que usa los fondos de la ANSeS para hacer negocios corruptos y
campaña proselitista. Están vaciando el sistema previsional", sostuvo la
diputada nacional de la Coalición Cívica Fernanda Reyes, integrante de la
Comisión de Previsión, en referencia a las declaraciones del diputado Néstor
Kirchner, que sostuvo que “no es realista” plantear un aumento de las
jubilaciones.
Reyes es autora del proyecto que se debatirá el martes que viene en una reunión
conjunta de las comisiones de Previsión y Presupuesto y Hacienda de la Cámara
Baja, para elevar la mínima a 1.500 pesos y recomponer todos los haberes, según
el fallo de la Corte Suprema en el caso Badaro. La iniciativa, también, plantea
la aplicación de la movilidad sujeta al índice de salarios.
“Desde la Coalición Cívica, estamos impulsando el urgente tratamiento de éste y
otros proyectos para reformar el sistema previsional. Vamos a lograr un aumento
a los jubilados y a recomponer las jubilaciones porque la jubilación digna debe
ser una prioridad y un derecho garantizado por el Estado”, sostuvo Reyes.
La oposición buscará restablecer el 82% móvil
para las jubilaciones
Una diputada sostuvo que “los fondos de la ANSeS alcanzan y sobran para otorgar
un aumento del 82% móvil”. Fue al salirle al cruce al jefe de Ministros, que
fustigó a los legisladores y los acusó de plantear soluciones mágicas.
Si bien todavía no tiene confirmación la reunión de la comisión en la que se
tratará el tema, la oposición ya ha adelantado la intención de firmar el próximo
martes un dictamen para restablecer el 82 por ciento móvil en las jubilaciones.
En declaraciones a Radio Continental, la diputada Graciela Iturraspe anticipó
que en ese marco debatirán “una movilidad genuina, atada a las subas de los
salarios de los activos”, en lugar de la vigente actualización dos veces por año
teniendo en cuenta diversos factores, entre ellos la disponibilidad de fondos de
la ANSeS.
La diputada de Unión Popular aseguró que “los fondos de la ANSeS alcanzan y
sobran para otorgar un aumento del 82 por ciento móvil”, en respuesta al jefe de
Gabinete, Aníbal Fernández, quien por esa misma radio había acusado previamente
a los bloques opositores de plantear soluciones “de magos” y fijarse solamente
en propuestas “demagógicas” sin decir cómo financiarlas.
En efecto, Fernández sostuvo que el titular de la ANSeS, Diego Bossio, pudo
exhibir el panorama en su paso por el Senado. Señaló que los partidos opositores
“dicen cómo sacar el 82 por ciento móvil. Por otro lado, las provincias le
quieren sacar la plata a la ANSeS: quieren hacer una solución de magos. Lo único
que consiguen es darle manija a la gente y no encontrar una forma real de poder
cumplirlo. Con el 82 por ciento móvil, se agotarían los fondos de ANSeS en un
tiempo determinado y el sistema previsional iría a la anarquía. Nunca se
preocupan de dónde va a salir el dinero, sólo se preocupan del ejemplo
demagógico”.
Finalmente, Fernández se recibió también al proyecto de ley con media sanción
para eliminar los superpoderes.
En este sentido, planteó que “Kirchner no adelantó nada (sobre un posible veto
presidencial). Hay una mala interpretación”.
“Acá hay un error de concepto. Lo que dice el Artículo 81 es que si (el proyecto
aprobado) no llegó a los dos tercios, la Cámara alta podrá convertirla en ley.
Ni perdamos el tiempo de hablar de veto”, concluyó el jefe de ministros.
27/06/2010
PARA AQUELLOS QUE NO HAN PODIDO VER EL PROGRAMA DOMINO DONDE EL PERIODISTA ISMAEL BERMUDEZ ENTREVISTA AL PRESIDENTE DE LA SALA II DE DE LA CAMARA FEDERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL, EL JUEZ DR. LUIS R. HERRERO y gracias a la A.A.J.A. que nos envió el dato.
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26/06/2010
La agenda parlamentaria / Nuevo objetivo del arco no oficialista
Gabriel Sued
LA NACION
Después de aprobar en la Cámara de Diputados la eliminación de los superpoderes, la oposición en el Congreso ya acordó su próximo objetivo: sancionar una nueva ley de movilidad jubilatoria que garantice como piso el 82% del salario mínimo.
En el Senado, donde la mayoría se define tema por tema, la Comisión de Trabajo y Previsión Social, presidida por el radical Alfredo Martínez (Santa Cruz), tiene previsto discutir el asunto el martes y, según los planes de la oposición, podría emitirse un dictamen en las próximas semanas.
El acuerdo ya está casi cerrado en Diputados, donde la oposición tiene mayoría. La Comisión de Previsión y Seguridad Social, presidida por Mauricio Ibarra (Peronismo Federal), convocó a una reunión para el mismo martes, en la que se definirá un dictamen unificado de los siete proyectos bajo tratamiento.
Pero para emitir un dictamen y llevar el tema al recinto hará falta que el kirchnerista Gustavo Marconato, presidente de la Comisión de Presupuesto, acepte un pedido de Ibarra para convocar a una reunión conjunta, algo a lo que hasta ahora se viene resistiendo. Eso podría demorar un mes la votación del dictamen.
La intención opositora es reemplazar la actual ley de movilidad, sancionada, por impulso del oficialismo, en octubre de 2008. Tras la aprobación de esa norma, los haberes se actualizan dos veces por año. Pero en la oposición sostienen que la ley no cumple con la exhortación que, en 2006, hizo la Corte Suprema, para que se mantuviera la movilidad jubilatoria en una proporción razonable con los ingresos de los trabajadores.
Aunque aún faltan limar algunas diferencias, los representantes de las distintas bancadas no oficialistas ya acordaron tres puntos. El primero, modificar la fórmula de movilidad jubilatoria: la idea es tomar como referencia el índice de salarios del Indec o la remuneración promedio de los trabajadores estatales, según lo que resulte más conveniente para el beneficiario.
La segunda, que la jubilación mínima alcance el 82% del salario mínimo de los trabajadores en actividad. De esa manera, el piso pasaría de los $ 895 actuales a $ 1380. El tercer punto del acuerdo es obligar a la Anses a pagar el retroactivo a los jubilados cuyos haberes no fueron actualizados entre 2002 y 2006, de acuerdo con lo dispuesto por la Corte Suprema en el fallo Badaro.
"Tenemos que poner como prioridad a los jubilados. No podemos seguir condenándolos a la pobreza. La jubilación mínima no alcanza el 36% del promedio de los salarios", dijo a LA NACION la diputada Fernanda Reyes (Coalición Cívica). Coincidió con ella Silvana Giúdici (UCR), autora de otra de las iniciativas. "La inflación recae sobre el bolsillo de los trabajadores y, especialmente, de los jubilados", sostuvo. Los argumentos son similares en el Senado. "Se presenta la contradicción de una Anses rica, con jubilados pobres", sostuvo el socialista Rubén Giustiniani, coautor de un proyecto junto con el radical Gerardo Morales.
Los promotores de la reforma coinciden en que los fondos para dar el aumento deberían salir de los recursos que administra la Anses tras la eliminación de las AFJP.
CLAVES DEL PROYECTO
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El Gobierno acusó de demagógicos a los legisladores que hacen ese reclamo.
Por
Guido
Braslavsky
De desalentar la posibilidad de este aumento en las jubilaciones se ocupó el propio ex presidente Néstor Kirchner, quien aseguró que el Estado no cuenta con los recursos para afrontar ese incremento y pidió “realismo” a quienes impulsan el proyecto.
En la misma línea, el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, sostuvo que la ANSeS quedaría en situación de “anarquía” y se quejó de que la oposición busca “correr por izquierda” al Gobierno con esa propuesta.
Clarín publicó ayer que por el atraso en los ajustes de las jubilaciones, hay 3,5 millones de jubilados que luego de aportar 30 años o más perciben al mes un promedio de $ 1.275. Siempre según datos de la ANSeS, la jubilación equivale a sólo el 36% del sueldo promedio de los trabajadores en actividad.
La jubilación mínima es de 895 pesos, cuando el salario mínimo es de $ 1.500.
El senador socialista Rubén Giustiniani, autor de un proyecto para subir la jubilación mínima a $ 1.380, sostuvo ayer el país “tiene una ANSeS rica y jubilados pobres” y pidió que no se demore más en elevarse el piso que reciben los jubilados (ver recuadro).
Y a contramano del Gobierno, también la diputada de centroizquierda Graciela Iturraspe (Unidad Popular) afirmó que los fondos de la ANSeS “alcanzan y sobran” para dar el aumento del 82%.
Pero, mientras los bloques de oposición en Diputados esperan firmar el dictamen el martes en comisiones, desde Neuquén, Kirchner salió a bajarle el pulgar a la iniciativa al sostener que el Estado “se quedaría sin fondos”.
Con su esposa la presidenta de viaje fuera del país, llamativamente y por segundo día consecutivo, Kirchner tuvo la voz cantante sobre temas de gestión que siempre busca evitar para no quitarle protagonismo a Cristina. Así, sostuvo que “a todos nos gustaría que se pudiera implementar, pero le costaría (al Estado) $ 145 mil millones al año”.
Aníbal F. pidió a la oposición “garantizar la fuente de financiamiento” porque “nunca se preocupan de dónde va a salir (el dinero), solamente hacen el gesto demagógico”. Y criticó que lo que hace la oposición “es darle manija a la gente”.
“Terminamos haciendo una situación indeseada y sin ningún tipo de soluciones”, se quejó. Para el jefe de Gabinete, “con un 82 por ciento móvil, se agotarían los fondos de la ANSeS en un tiempo y se haría incumplible. Iríamos derecho a la anarquía” en el sistema previsional, asustó.
Por la Ley de Movilidad jubilatoria, hay aumentos automáticos dos veces al año. Pero debido a la alta inflación, desde mayo existen rumores de que el Gobierno podría otorgar una suma fija antes del aumento que toca en setiembre.
El destino de los fondos de los jubilados es motivo de recurrentes polémicas entre Gobierno y oposición, sobre todo desde que la caja de la ANSeS se robusteciera tras la estatización de los fondos de las AFJP. El Gobierno ha usado los recursos de la ANSeS en medidas “anticrisis” que fueron desde financiar el consumo de autos, electrodomésticos y bicicletas hasta préstamos a la multinacional estadounidense General Motors .
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25/06/2010
Es por el atraso en los ajustes de los haberes. Son datos de la ANSeS.
Excluyendo a los que se jubilaron por moratoria o en forma anticipada por desempleo, actualmente hay 3.500.000 que se jubilaron o pensionaron luego de aportar durante 30 años o más. Y en promedio perciben 1.275 pesos por mes, según datos a mayo de la ANSeS.
Esos $ 1.275 de haber medio representan apenas el 36% del sueldo medio de los trabajadores en blanco, los que hacen aportes.
Aunque una parte de esos 3,5 millones se jubilaron como autónomos, con haberes bajos, hay solamente 500.000 jubilados que cobran por encima de los $ 1.500.
El resto cobra menos.
Así, los que se jubilaron después de haber trabajado en relación de dependencia están cobrando en promedio alrededor del 40% del sueldo medio de los activos.
Esos datos desmienten que el bajo haber promedio se debe a que mucha gente se jubiló por moratoria, como dice el Gobierno. También los que se jubilaron con los aportes al día cobran muy poco.
En la jerga previsional, la relación entre el haber y el sueldo representa la “tasa de sustitución” o “de reemplazo”. Y mide cuán cerca o alejado está el jubilado de disponer de un ingreso similar al que tiene el que está en actividad. Esta enorme distancia entre la jubilación y el sueldo obedece a varias causas: Luego de la devaluación de 2002, las jubilaciones no fueron ajustadas por la evolución de los salario s, como sí marca la doctrina fijada por la Corte Suprema en numerosos fallos (Sánchez, Badaro, Ellif) con lo que quedaron muy desactualizadas. En el caso Badaro el ajuste ordenado por la Corte entre enero de 2002 y diciembre de 2006 fue del 88,6%, cuando en ese período los aumentos generales fueron entre el 10 y 22%.
Se redujo en forma sustancial el valor de la Prestación Básica Universal (PBU) que integra el calculo del haber. Inicialmente fue fijada en el 27,5% del sueldo medio. Ahora, la PBU ahora es un valor fijo de $ 422,91 que representa menos del 15 % del sueldo medio.
El cálculo del sueldo promedio de referencia para determinar la otra parte del haber (PC/PAP) se actualiza con un índice que es inferior a la real evolución de los salarios.
Una vez obtenida la jubilación, el haber se ajusta cada 6 meses con una fórmula de movilidad compleja que combina dos índices (que incluye evolución de los salarios, recaudación e ingresos por impuestos) pero aplicando siempre el más bajo . Así con el paso del tiempo, la jubilación se va achicando aún más y termina representando apenas el 25 o 30 por ciento del sueldo que cobra el empleado activo en el cargo por el que se jubiló.
La jubilación mínima es de 895 pesos, cuando el salario mínimo está en $ 1.500.
Así más de la mitad de los jubilaron con todos los aportes al día cobren el haber mínimo, lo mismo que los que se jubilaron con moratoria.
Todo esto explica el extraordinario aumento de los juicios de reajustes previsionales, a los que los jubilados recurren como único medio para que le reajusten sus haberes.
Sin embargo, aunque obtienen sentencias favorables, el reajuste se demora y en muchos casos, el jubilados tiene que hacer un nuevo juicio para que se ejecute la sentencia.
En la Justicia, como anticipó Clarín , se acumulan más de 360.000 juicios de reajuste de las jubilaciones. Y los reclamos vienen en ascenso a razón de 12.000 por mes. Aún así la Justicia no extiende a todos los jubilados sus propios fallos, como podría hacerlo, obligando a que cada uno inicie una demanda.
Que espera el Gobierno insensible para aumentar a todos los jubilados Argentinos?
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22/06/2010
Silvia Stang
LA NACION
Por efecto de la inflación, los haberes de muchos jubilados llevan acumulada en los últimos nueve años una pérdida de poder adquisitivo que llega hasta el 40%, o aun un poco más, según la medición de precios que se considere. Así, el incremento de precios de los últimos años recortó el valor de los ingresos, aunque en magnitud desigual. Los más perjudicados son quienes antes de la devaluación del peso se encontraban ganando más de $ 1000, ya que durante casi cuatro años no hubo para ese grupo ninguna recomposición, por una decisión política que fue declarada inconstitucional por un fallo de la Corte Suprema de Justicia.
Como durante varios años la estrategia fue privilegiar la recuperación de la jubilación mínima sin contemplar a quienes cobraban algo más, hubo un achatamiento de la pirámide, y muchos que habían comenzado su etapa pasiva cobrando más que el ingreso básico, terminaron en ese escalón más bajo. Eso significa que aun cuando la mínima haya aumentado un 347,5%, no necesariamente quienes la cobran percibieron en los últimos años una suba que compensara la inflación.
La depreciación de las jubilaciones y la mencionada sentencia judicial explican la actual litigiosidad récord de los jubilados contra el Estado: cada día se inician, en promedio, unas 500 demandas, mientras que hay más de 330.000 causas en trámite. Anteayer, la jueza de la Corte, Carmen Argibay, apuntó contra la Anses por el colapso del fuero de la Seguridad Social, al que llegan reclamos por la insuficiente actualización de haberes y también -entre otros temas- por la forma en que se calcula el ingreso inicial. "La Anses no paga lo que debe, incluso cuando hay sentencias que la obligan a pagar. Es siempre la misma historia", se quejó Argibay.
A su vez, esa situación, sumada a la existencia de una masa de recursos que está en poder de la Anses desde la eliminación del sistema jubilatorio de capitalización, generó varios proyectos de ley de la oposición para mejorar la jubilación mínima y para devolver el poder adquisitivo perdido a los haberes de muchos pasivos (ver aparte).
La brecha con los precios
De acuerdo con mediciones y estimaciones de inflación elaboradas por distintas consultoras, el índice acumulado desde diciembre de 2001 a mayo último es, en un cálculo moderado, del 250 por ciento. Desde ese entonces, si bien la jubilación mínima pasó de $ 200 a 895, quienes no comenzaron ganando ese haber tuvieron aumentos inferiores al de los precios, y en muchos casos tardíos. Para quienes una década atrás cobraban una prestación de $ 1000 o más, la recomposición hasta ahora fue del 111,5 por ciento.
Suponiendo el caso de quien percibía $ 1000 cobra ahora $ 2115. Si consumía bienes y servicios por todo el monto, acceder a ellos ahora cuesta $ 3500. Y así, el ingreso equivale al 60% del precio de lo que antes podía adquirirse. Otro caso: quien cobraba $ 300 recibió un alza del 204%, con lo cual hoy cobra $ 912, pero como lo que valía $ 300 hoy vale $ 1050, podría comprar un 14% menos.
La comparación se refiere a determinados supuestos del consumo, que son los considerados para elaborar las estadísticas de precios. Está claro que, en la vida real, cada familia tiene un conjunto diferente de necesidades por cubrir.
La inflación en el período está estimada en el 250% por el estudio Orlando Ferreres & Asociados, y en un nivel similar se ubica el índice elaborado por Economía & Regiones. Un porcentaje algo más alto -del 268%- arroja la medición realizada por Ecolatina con la firma Tomadato. Los cálculos se basan en un trabajo propio de cada centro de estudios a partir de enero de 2007, y en los índices de inflación dados por el Indec hasta diciembre de 2006, el último mes previo a la intervención política que sufrió el organismo y que le costó la credibilidad de sus datos.
Luego de años de aumentos discrecionales, desde marzo de 2009 rige una ley de movilidad jubilatoria. El sistema contempla la utilización de una fórmula basada en la evolución de los salarios, la recaudación de recursos del sistema y otras variables, como el número de jubilados.
¿Cómo les fue desde entonces a las jubilaciones? Los tres aumentos otorgados (en marzo de 2009 y de 2010, y en septiembre del año pasado) suman una mejora del 29,7 por ciento. El alza de los precios desde julio de 2008 -el último mes en el que se habían subido las jubilaciones antes de la ley de movilidad- fue superior: del 37,7%, según Ecolatina, y del 34,4%, según Ferreres. Con esos datos, la pérdida del valor real sería de alrededor de un 5 por ciento.
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21/06/2010
21/06/10 Atribuyó a ese ente la “sobrecarga” que hay en los Tribunales por exceso de causas.
La jueza de la Corte Suprema Carmen Argibay responsabilizó a la Administración Nacional de Seguridad Social (ANSeS) por la sobrecarga de los tribunales previsionales a raíz de una mala liquidación de las jubilaciones. “El problema es que la ANSeS paga mal . Entonces todos empiezan a hablar de la industria del juicio, que todos quieren llegar a la Corte Suprema.
Nos llegan las causas porque están mal calculados los haberes . Las jubilaciones están mal hechas”, dijo ayer Argibay a Radio América.
La magistrada exhortó a la ANSeS a ponerse en línea con el “fallo Badaro”. En ese caso, el máximo tribunal dispuso en noviembre de 2007 aumentar un 88,6% el haber de un jubilado (Adolfo Badaro) para compensar la ausencia de ajustes en el período 2002-2006.
La pauta quedó establecida para todos los jubilados, pero para ello éstos deben reclamarlo a través de juicios individuales. Hoy hay cerca de 362 mil juicios de este tipo en los tribunales de la Seguridad Social, que están saturados. Lo que Argibay explicó justamente es que si la ANSeS adecuara sus liquidaciones a la pauta dispuesta por el máximo tribunal hace dos años y medio, no habría tantos juicios como hay en la actualidad.
“La ANSeS no paga lo que debe , incluso cuando hay sentencias que la obligan a pagar e insisten en no pagar y tratar de llegar a la Corte. Entonces es siempre la misma historia”, insistió la magistrada.
“Si el Estado paga mal, después tiene que pagar mucho más porque va a pagar con multas , pero encima sobrecarga los tribunales. Entonces, por eso el primer pedido es ‘creen más tribunales’ y es un gasto para el Estado”, respondió la jueza cuando le preguntaron por los reclamos de los jueces de la Seguridad Social que piden más juzgados y una sala más en la Cámara de Apelaciones de ese fuero.
De acuerdo con Argibay, “la ANSeS debiera entender de una vez por todas que si pagan bien se ahorran un montón de juicios”. Para la magistrada “no es tan difícil” hacer el cálculo de la forma en que “tienen que irse pagando los porcentajes de ajuste” en base a lo establecido por la Corte en el “fallo Badaro”.
“Casi que es un programa de computadora”, sostuvo, y se preguntó: “Entonces, cuando siguen haciendo mal los cálculos, ¿qué tiene que pensar uno? ¿Que les encanta estar en juicio? No lo entiendo”, se sinceró.
Argibay admitió que “los procesos judiciales son lentos” y que incluso algunos jubilados mueren antes de tener una sentencia judicial . En ese sentido, destacó que el orden de prioridades de los miles de casos que llegan al máximo tribunal no es por llegada sino por las edades de quienes reclaman.
Según publicó Clarín la semana pasada, en la Cámara Federal de la Seguridad Social porteña había 239.017 expedientes al 31 de marzo. En los 60 juzgados de este fuero establecidos en las provincias las causas llegaban -hasta diciembre del año pasado- a 93.063. Y siguen creciendo a razón de 2.400 causas por semana.
Este cúmulo de causas es lo que lleva a que los juicios demoren por años, según dicen en Tribunales. Para Argibay sería más simple si el organismo conducido por Diego Bossio liquida las jubilaciones de acuerdo con los parámetros establecidos en el caso Badaro.
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18/06/2010
Es para las mínimas. Y habría una recomposición global. Se tratará en comisión.
PorMartín
Bravo
Los bloques de la oposición intentarán dar un paso clave en Diputados para
fijar el piso de las jubilaciones en el 82% del salario mínimo, recomponer
los haberes que no recibieron incrementos hasta 2009 y modificar la fórmula
de movilidad. Con un proyecto prácticamente consensuado, al que tuvo acceso
Clarín, procurarán emitir un dictamen la próxima semana y así llevar al
recinto una de las iniciativas más incómodas para el kirchnerismo: al
oficialismo pagaría un alto costo por rechazarla y la Presidenta por
vetarla, en caso de que se apruebe en las dos Cámaras.
Será el primero de los intentos del arco anti K de la “agenda social”,
acordada luego de las dificultades para mostrar resultados concretos con la
“institucional”. El proyecto se tratará en las comisiones de Previsión
Social -presidida por Mauricio Ibarra, del peronismo disidente- y
Presupuesto, a cargo del oficialista Gustavo Marconato. Los integrantes de
la oposición presionarán a este último para armar una reunión conjunta o
emitirán dictamen sólo en Previsión, a la espera de la convocatoria de
Presupuesto.
Los bloques del radicalismo, el peronismo disidente, la Coalición Cívica, el
PRO, la centroizquierda, el socialismo y el GEN unificaron posiciones sobre
el 82% respecto del salario mínimo y en el cambio de la fórmula para
calcular la movilidad: propondrán tomar las variaciones anuales del Indice
de Salarios del INDEC o del RIPTE de la Secretaría de Seguridad Social,
según cuál resulte más conveniente para el beneficiario. De prosperar la
iniciativa, la jubilación mínima pasaría a 1.230 pesos. De acuerdo con los
cálculos de los diputados, el aumento demandaría unos 16.000 millones de
pesos al año. “En el fondo de garantía de sustentabilidad de la ANSeS hay
147.000 millones y se gastan en cualquier cosa menos en mejorar las
jubilaciones”, aseguró Fernanda Reyes, de la Coalición Cívica.
La recomposición de los haberes será otro punto fuerte del proyecto. “Es
urgente modificar la pirámide. En 1994, el 23% de los jubilados cobraba la
mínima; en el 2001, el 37%; ahora estamos llegando al 80% y eso es lo que
genera la industria del juicio”, puntualizó el radical Gustavo Serebrinsky,
vicepresidente de la comisión de Previsión. En los Tribunales de la
Seguridad Social se acumulan unos 360.000 expedientes y se agregan unos
12.000 por mes. Como última cuestión para cerrar el acuerdo, a los diputados
de la oposición les falta definir con precisión los criterios para
establecer las nuevas escalas, de acuerdo con cálculos sobre los montos que
demandaría cada alternativa. “Tiene que ser viable, porque no se puede
desfinanciar el sistema”, confió uno de los que articulan el acuerdo.
De ese modo, se adelantó a atajar el argumento central que esgrimirá el
oficialismo cuando se discuta en el recinto, en julio. Hace dos semanas, en
el Senado, Diego Bossio -titular de la ANSeS- calificó de “loables” los
proyectos para aumentar las jubilaciones aunque puso en duda “la capacidad
real para llevar adelante esas medidas”. El arco anti K propone financiar
los incrementos limitando el desvió de fondos a otros destinos y que la
asignación por hijo, por caso, se financie con el Tesoro. Y no descarta un
anuncio de Cristina para adelantarse.
Solo cuatro sectores -docentes, científicos, jueces y diplomáticos- perciben
ahora como jubilación entre el 82 y el 85 % del salario.
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16/06/2010
Cristina salió al cruce de las
quejas por las bajas jubilaciones
El "ombudsman" de la Tercera Edad denunció que
el 76 por ciento de los pasivos nacionales tiene un haber que cubre
sólo la mitad de la canasta básica.
"Hugo de la Sota" PTE. de Asociacion Mayores
Olvidados, denuncio que no se puede seguir mintiendo a los mayores,
basta de fríos números hoy la jubilación mínima debería ser el Mínimo
Vital y Móvil de los activos $1500 y para el resto de los jubilados
la aplicación del caso Badaro, pero tiene que ser ahora, no pueden
seguir sufriendo los mas desprotegidos, los adultos mayores
biológicamente no tienen tiempo, pueblo Argentino miren hacia adentro
de vuestras familias y verán cuantos hombres y mujeres que dieron todo
para que este increíble País sea el granero del mundo y este
posicionado entre los mejores (salvo la dirigencia política) y hoy
viven de migajas, no permitan este
genocidio maldito que a la larga les tocara a ustedes.
El Gobierno aseguró ayer que Argentina destina el
10,6 por ciento del total de su PBI a la seguridad social, lo que
representa una suma de 31 mil millones de dólares.
La aclaración fue hecha por la Administración Nacional de Seguridad (Anses),
luego de que la presidenta Cristina Fernández de Kirchner dijera en un
acto que se destinaba ese 10,6 por ciento del PBI a los jubilados,
pero en realidad el porcentaje incluye a todas las áreas de la
seguridad social (salarios familiares, la asignación universal por
hijo, prestación por desempleo y pensiones no contributivas).
La mandataria salió al cruce de la difusión de un sondeo realizado por
la Defensoría de la Tercera Edad, que concluyó que una "canasta
básica" que contempla los gastos de un jubilado o pensionado alcanza
un costo de 2.063,45 pesos, cuando 76 por ciento de los pasivos cobra
por mes el haber mínimo de 895 pesos, o aun menos.
La jefa del Estado había destacado que "hoy, la Argentina está
dedicando a su Seguridad Social, a sus jubilados, el 10,6 de la
totalidad de su Producto Bruto Interno", lo que se presta a confusión,
por lo cual la Anses salió a clarificar.
En paralelo, la Anses anunció que apelará en los próximos días el
fallo judicial que ordenó actualizar la prestación básica universal (PBU)
del haber de un jubilado -que había permanecido congelada desde 1997-
según la evolución del salario de la industria y la construcción.
El fallo de la Sala III de la Cámara Federal de la Seguridad Social
implica un antecedente riesgoso, porque podría sentar jurisprudencia
para otros juicios iniciados por el mismo reclamo, con el consiguiente
costo para las arcas de la Anses. Se estima que si la medida se
generalizara para el resto de los jubilados, significaría un costo
fiscal adicional cercano a los 700 millones de pesos anuales.
La sentencia de la Cámara representa el primer caso de una demanda en
reclamo de actualización de la prestación básica que llegaría a la
Corte Suprema de Justicia.
La PBU es una parte de la jubilación y se compone de una suma fija de
dinero, a la que tiene derecho todo afiliado al Sistema Integral de
Jubilaciones y Pensiones (a partir de octubre de 2008, Sistema
integrado Previsional Argentino) y que actualmente es de 422 pesos.
ANSeS buscará que la Corte frene
actualización de jubilaciones
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) apelará,
ante la Corte Suprema de Justicia, el fallo de la Cámara Nacional de
la Seguridad Social que la obliga a actualizar la jubilación mínima
según la suba de los salarios de la industria y la construcción.
En caso de que la actualización de la Prestación Básica Universal (PBU)
de un haber jubilatorio se realice como fija el fallo de la Sala III
de la Cámara Nacional de la Seguridad Social, y se extienda a 5,6
millones de jubilados, el Gobierno necesitaría 700 millones de pesos
anuales más para financiar la medida.
Pero con la apelación, el Gobierno intentará evitar que se generalice
ese incremento.
La PBU es una parte de la jubilación compuesta por una suma fija que
cobran todos los jubilados, que se encuentra en 422 pesos. Y desde
2009 ese monto equivale a dos veces y media el valor del Módulo
Previsional (MOPRE), que se actualiza cada seis meses.
El fallo de la Sala III ordenó al organismo que dirige Diego Bossio
que actualice el haber de un jubilado que estaba congelado desde 1997.
Y para hacerlo ordenó tomar la variación de los salarios de la
construcción y la industria, que subieron un 455 por ciento en los
últimos siete años.
Si bien la eventual resolución de la Corte sólo afectaría al caso
particular, los especialistas sostienen que sentará jurisprudencia
para el resto de los juicios que se inicien. En ese sentido, en 2009
se presentaron unos 200 mil reclamos de actualización de haberes, de
los cuales gran parte de ellos pide que se ajuste la PBU y el resto
reclama que se les aplique la "doctrina Badaro". En ese caso la Corte
ordenó que se ajustara la jubilación en un 88,6 por ciento por el
período 2002-2006.
Por otro lado, fuentes de la ANSeS aseguraron al diario El Cronista
Comercial que todavía no fueron notificados del fallo pero adelantaron
que apelarán ante la Corte, con lo que por primera vez llegará al
máximo tribunal una demanda por actualización de haberes. En ese
sentido, la Corte Suprema ya falló a favor del ajuste de las
prestaciones compensatorias (PC) y adicional por permanencia (PAP) en
el caso "Ellif", basándose en la ley 24.241. En el caso Badaro en
cambio, la movilidad se aplicó en base a la ley anterior, la 18.037,
que había sido sancionada en 1969.
El abogado previsional Luciano González aseguró que la mayor parte de
los reclamos judiciales se basa en el artículo 14 bis de la
Constitución Nacional, para pedir que se mantenga "la proporcionalidad
con el nivel activo".
La resolución de la Sala III de la Cámara de la Seguridad Social fue
aprobada por dos votos a favor y uno en contra. El caso sobre el que
resolvieron los magistrados fue el de Romilio Bruzzo. Y mientras que
para Néstor Fasciolo y Juan Poclava Lafuente corresponde atender el
reclamo del jubilado, para el juez Martín Laclau la movilidad
jubilatoria no se debe aplicar al monto de la PBU, porque esa
prestación no tiene como objetivo "adecuarse a la cuantía de los
ingresos de los jubilados".
Seguimos sin vergüenza.
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14/06/10
Por cada juicio que se paga a un
jubilado, ingresan cinco nuevos
Esta es la dinámica que se registra en los Tribunales de la Seguridad
Social. Son las demandas contra la ANSeS por mala liquidación de
haberes. El pasivo del organismo no deja de crecer aunque destina más
fondos para cancelar sentencias.
Por Ismael Bermúdez
Juicio, jubilados, ANSeS En lo que va de 2010 -desde enero hasta mayo-
la ANSeS canceló 8.559 sentencias favorables a los jubilados. Por el
otro lado, en el mismo período, se iniciaron en los Tribunales de la
Seguridad Social más de 40.000 nuevos juicios por mala liquidación o
diferencias en los haberes.
Así, al ingresar cinco veces más causas que las que se cancelan, el
stock de juicios contra la ANSeS está creciendo a un ritmo tal que los
Juzgados y la Salas de la Seguridad Social consideran que están
desbordados y “en situación de colapso”. Al mismo tiempo, la ANSeS
está destinando más dinero a cancelar sentencias -casi $ 3.000
millones están previstos para 2010- pero eso no impide que siga
acumulando un pasivo más que preocupante, que se agranda por las
retroactividades e intereses.
En 2009, se iniciaron 103.600 juicios y la ANSeS liquidó unas 30.000
sentencias. Y entre 2002 y 2009, entre bonos y efectivo, la ANSeS,
pagó sentencias por más de $ 6.000 millones a unos 160.000 jubilados.
De todas maneras, como no todos los jubilados recurren a la vía
judicial, en el Gobierno consideran que es mayor el “ahorro” que
obtiene de no extender a todos los jubilados los reajustes ordenados
por la Justicia que los costos de afrontar las sentencias.
Gran parte de los juicios son por reclamos de ajuste de los haberes
luego de la crisis de 2001-2002. La mayoría pide que se les aplique la
llamada “doctrina Badaro”, en alusión al caso en que la Corte Suprema
ordenó un ajuste de 88,6% por el período que va de enero de 2002 a
diciembre de 2006 cuando en ese lapso el Gobierno dio aumentos
generales de entre el 10 y 22%. Para cobrar ese ajuste, cada jubilado
debe iniciar un juicio porque el Gobierno no lo extiende a todos los
jubilados que están en la misma situación.
En esos casos, la ANSeS se comprometió a no apelar los fallos de
primera o segunda instancia que sean similares al caso Badaro. También
se comprometió a hacer lo mismo con las sentencias a favor de los
jubilados docentes e investigadores científicos por la movilidad del
82 o 85%, como lo resolvió también la Corte.
Sin embargo, los abogados previsionalistas dicen que eso no se está
cumpliendo. Y que en muchos casos y a pesar de tener una sentencia
favorable de Cámara, el jubilado debe iniciar un juicio de ejecución
para lograr el efectivo cumplimiento de la sentencia que luego la
ANSeS apela, dilatando aún más la liquidación de la sentencia. Todo
esto demora la causa durante muchos años.
También hay muchos juicios de los retirados de las Fuerzas Armadas y
de Seguridad porque les calcularon las jubilaciones sin incluir los
rubros no remunerativos. También en este punto, al Corte Suprema
determinó que las sumas “no remunerativas” son parte del sueldo y
deben ser consideradas para el cálculo de la jubilación.
Así el Gobierno, y la propia Justicia, en lugar de extender a todos
los potenciales beneficiarios la jurisprudencia de la Corte obligan a
cada jubilado a ir a juicio. La acumulación de causas es tal que el
viernes pasado, en una Acordada, la Cámara Federal de la Seguridad
Social consideró que “está colapsada”. Y se pronunció por crear una
cuarta Sala y 5 juzgados más.
“Crear más juzgados y más Salas dejando intacto el oprobioso sistema
judicial actual diseñado por Domingo Cavallo en el año 1995 en
perjuicio de los jubilados -obligándolos a promover un juicio
ordinario de 7 años para gozar de una garantía constitucional-, es
como limitarse a comprar más y más camas en un hospital, en lugar de
concentrar todas las energías en procura de destruir el virus que
ocasiona la enfermedad endémica”, dice el camarista Luis Herrero que
votó en contra de la Acordada.
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13/06/10
76% de los pasivos percibe el ingreso mínimo. El promedio igual es bajo: $ 1.150.
Por Ismael Bermúdez
La jubilación promedio de los 5,5 millones de jubilados y pensionados
ronda los 1.150 pesos por mes . De ese total, e incluyendo a las
pensiones no contributivas, el 76,5% –casi 4,9 millones de
beneficiarios– cobra el haber mínimo de $ 895 o menos . Las pensiones
no contributivas –más de 900.000– promedian los $ 780 mensuales .
Este bajo valor del haber medio previsional –representa apenas una
tercera parte del sueldo medio de los trabajadores registrados– se
debe a que muchos se jubilaron como autónomos, monotributistas o
completando años de aportes “con moratoria” con haberes más bajos o
directamente con la mínima. Pero aún así el achatamiento de la
pirámide previsional obedece a muchos otros factores.
Ante todo, las jubilaciones no fueron ajustadas por la evolución de
los salarios, como sí marca la doctrina fijada por la Corte Suprema en
numerosos fallos (Sánchez, Badaro y Ellif) con lo que quedaron muy
desactualizadas.
Por ejemplo, en Badaro el ajuste ordenado por la Corte entre enero de
2002 y diciembre de 2006 fue del 88,6%, cuando en ese período los
aumentos generales fueron entre el 10 y 22%. Así en forma creciente
una buena parte de los jubilados se fue quedando con los haberes muy
retrasados y pasaron a cobrar el haber mínimo.
Además se redujo en forma sustancial el valor de la Prestación Básica
Universal (PBU). Inicialmente fue fijada en el 27,5% del sueldo medio,
a lo que debía sumarse para fijar el haber inicial, con 30 años de
aportes, el 45% del sueldo ajustado de los últimos 10 años anteriores
al retiro laboral. Así, para un sueldo medio, la jubilación inicial
debería representar el 72,5% (27,5 más 45). Con más años de 30 años de
aportes, el porcentaje crecía.
La PBU ahora es un valor fijo – $ 422,91– que representa menos del 15%
del sueldo medio, mientras el cálculo para ajustar los sueldos de los
últimos 10 años se realiza con un índice que es inferior a la real
evolución de los salarios.
Esto explica que se jubilaron en los últimos dos años y los nuevos
jubilados cobren un haber inicial que equivale al 50% o menos del
sueldo que tenían cuando estaban en actividad.
Eso provoca lógicamente una fuerte resistencia a querer acceder a la
jubilación o iniciar un juicio en el mismo momento que se accede a la
jubilación.
Una vez obtenida la jubilación, el haber se ajusta cada 6 meses con
una fórmula de movilidad compleja que combina dos índices (que incluye
evolución de los salarios, recaudación e ingresos por impuestos) pero
aplicando siempre el más bajo .
Eso va licuando los haberes y con mayor intensidad en los momentos de
alta inflación. Por ejemplo, el último aumento semestral fue del 8,21%
cuando en apenas tres meses la inflación “verdadera” superó ese
porcentaje. En el caso de los docentes, el ajuste de marzo fue de tan
solo el 0,98%. Ahora el próximo aumento debería aplicarse en
septiembre.
Todo esto explica el extraordinario aumento de los juicios de
reajustes previsionales –103.000 causas sólo en 2009– y a razón de 600
nuevos juicios por día en lo que va de este año.
La acumulación de causas es tal que, el viernes pasado, en una
Acordada, la Cámara Federal de la Seguridad Social consideró que “está
colapsada”. Por tal motivo, existe un proyecto para crear una cuarta
Sala y 5 juzgados más en la Cámara Federal de la Seguridad Social.
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12/06/10
Jubilados: medida innecesaria
Por Ismael Bermúdez
Con el argumento de que se están acumulando miles y
miles de juicios de jubilados y el Fuero está en “colapso”, en el
Congreso hay un proyecto de ley en favor de crear una cuarta Sala y 5
Juzgados más en la Cámara Federal de la Seguridad Social .
El Consejo de la Magistratura ya dio su aval. Ahora hay 10 juzgados
federales y una Cámara compuesta por tres Salas, todas en el ámbito de
la Capital. En los fundamentos del proyecto se señala que, por la
“continua litigiosidad”, los Juzgados están desbordados y “dado el
carácter alimentario de todos los litigios que tramitan ante este
fuero, al no existir una respuesta eficaz y oportuna, se vulneran los
artículos 14 bis, 17, 18, 43, 75 inc. 22 y 23 de la Constitución y los
derechos humanos jerarquizados constitucionalmente a partir de la
reforma de 1994”.
La medida parecería que va en la buena dirección. Pero sólo en
apariencia porque, como señala el juez Luis Herrero, la alta
litigiosidad en la Seguridad Social es “ficticia” . El 60% de las
causas sorteadas en 2009 -60.000 sobre 103.000 expedientes- son
reajustes similares al caso Badaro, ordenado por la Corte Suprema .
Desde el 2003 hubo varios aumentos del haber mínimo, pero los que
ganaban por encima de esa cifra recibieron incrementos muy inferiores
a las subas de los salarios. Por eso, en Badaro, la Corte reconoció
una movilidad del 88,6 % entre enero de 2002 y diciembre de 2006 ,
cuando los aumentos jubilatorios generales en ese lapso fueron entre
el 10% y el 22%.
En base a esa doctrina, miles de jubilados comenzaron a realizar
reclamos similares, incrementando el número de causas cuando la ANSeS
debería haber extendido ese reajuste sin necesidad de que el jubilado
siga reclamando en los estratos judiciales . “Si la ANSeS cumpliera la
doctrina de la Corte, la litigiosidad bajaría ostensiblemente”,
asegura Herrero. Además, el Estado argentino no está cumpliendo con el
compromiso asumido ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
de la OEA de no apelar ningún fallo vinculado a temas en los que la
Corte ya se pronunció.
La creación de nuevos juzgados y salas no resuelve el tema de fondo
sino que convalida este estado de cosas, sumando una carga
presupuestaria innecesaria.
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01/06/2010
Jubilaciones: varios proyectos por una suba del mínimo
Desde marzo, ingresaron al Parlamento propuestas de ley que prevén una profunda modificación de los haberes de los jubilados así como la creación de una comisión para analizar y proponer una reforma integral del sistema
La nueva agenda
01/06/10
Jubilaciones La UCR, la CC, el socialismo, la centroizquierda y el GEN impulsan
llevar el mínimo a $ 1.500 o poner el 82% móvil.
Asignación por hijo Hay coincidencia en llevar los $ 180 actuales a 300 y
actualizarlo por inflación.
Tarifa social de luz y gas Para evitar un “tarifazo” que casi se convierte en
escándalo el año pasado, los opositores apuntan a derogar el decreto que impuso
un cargo extra. E impulsan una tarifa social.
Devolución de IVA A las propuestas de la centroizquierda, el socialismo y el
GEN, se agregó una del PJ disidente para reintegrar el IVA en las compras de
alimentos.
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Deudas previsionales / Varios proyectos de ley con distintas mejoras
Silvia Stang
LA NACION
Saldar la deuda que existe con miles de jubilados por la debida actualización
de haberes no aplicada, sin que tengan que seguir recurriendo a largos juicios
contra el Estado; mejorar el haber previsional básico atándolo al salario
mínimo; restablecer la posibilidad de que se jubilen anticipadamente quienes
están desocupados, y procurar que sean más breves los litigios y que se paguen
las sentencias en plazos más cortos. Esos son algunos de los objetivos que se
proponen varios proyectos de ley que ingresaron en el Congreso en los últimos
meses, con la firma principalmente de legisladores de la oposición.
Más allá de la corrección de los haberes de los jubilados actuales y de otros
varios temas puntuales, la meta de máxima es lograr que se integre una
comisión para analizar y proponer una reforma integral del sistema. En la
Cámara de Diputados hay, por lo menos, tres proyectos con esa iniciativa, que
permitiría un debate de expertos para una nueva ley, con una evaluación de su
viabilidad futura, a diferencia de lo ocurrido en los últimos años, en los que
se hicieron cambios sin estudios previos.
Un argumento para defender los proyectos que implicarían una mejora de los
ingresos de los pasivos es que hoy el Estado cuenta con recursos, por los
fondos heredados del eliminado sistema de capitalización, que están dando
utilidades, aunque también hay que tener en cuenta que en gran medida ese
dinero está en inversiones financieras y, principalmente, en deuda estatal.
Cuatro años atrás, la Corte Suprema de Justicia se expidió en la causa Badaro,
determinando que debió existir un mecanismo de ajuste de los haberes de todos
los jubilados y pensionados, desde enero de 2002, para compensar los efectos
de la inflación. Durante varios años, si bien se elevó el monto del haber
mínimo, no hubo aumentos para muchos pasivos, en tanto que otros recibieron
subas muy insuficientes en función del aumento del costo de vida y de la
actualización de los sueldos de los trabajadores activos.
Pero el fallo de los jueces no provocó que se dictara una medida para corregir
la situación, y eso disparó la cantidad de litigios contra la Administración
Nacional de la Seguridad Social (Anses). "El objetivo es que no haya más
necesidad de juicios, haciendo que se pague lo que corresponde", explicó a LA
NACION la diputada Fernanda Reyes, impulsora de varios proyectos previsionales,
junto con sus pares de la Coalición Cívica.
Recálculo
La iniciativa del bloque prevé que, en primer lugar, se vuelvan a calcular los
ingresos de inicio de quienes hoy están jubilados, actualizando el valor de
los salarios de los diez últimos años trabajados que se toman en cuenta para
esa estimación. Si bien ahora se está utilizando una fórmula para el ajuste de
los montos históricos, eso no siempre ocurrió en los últimos años, lo que
afectó el valor de los ingresos.
Una vez hecha esa corrección, el proyecto propone la aplicación de un índice
de movilidad, tanto por el período de abril de 1991 a marzo de 1995 como por
el lapso de enero de 2002 a la actualidad. A diferencia del índice actual, que
tiene en cuenta varios elementos, como la recaudación de recursos y el número
de jubilados, aquí se propone utilizar sólo la evolución de salarios,
eligiendo entre dos índices el que haya tenido un mayor incremento.
El texto también propone que la jubilación mínima sea equivalente al salario
mínimo, vital y móvil, hoy de $ 1500. Otras iniciativas, como las promovidas
por la ahora ex diputada María América González y Claudio Lozano, y por el
presidente de la Comisión de Previsión, Eduardo Ibarra, del Peronismo Federal,
prevén que el haber básico sea el 82% de esa cifra, lo que hoy equivale a $
1230. El haber mínimo actual es de $ 895,15. En el Senado, el socialista Rubén
Giustiniani también presentó una propuesta en ese sentido.
También el bloque de la Unión Cívica Radical (UCR) presentó un proyecto para
corregir los haberes iniciales y aplicar, según un cronograma dependiente de
la edad del beneficiario, los ajustes por movilidad que dispuso el fallo
Badaro.
Otro tema que se reitera entre los proyectos previsionales es el de
restablecer el mecanismo para que puedan comenzar a cobrar una prestación los
desocupados que ya cuentan con 30 años de aportes, pero que aún les faltan
cinco años o menos para cumplir la edad para la jubilación, de 65 años para
los varones y de 60 para las mujeres. Proyectos en ese sentido fueron
presentados, entre otros, por el diputado Juan Carlos Díaz Roig, del Frente
para la Victoria -firmado también por Reyes- y la senadora Hilda González de
Duhalde.
Díaz Roig, que es vicepresidente de la Comisión de Previsión Social en
Diputados, dijo a LA NACION estar de acuerdo con que parte de los recursos del
fondo de garantía de la Anses se utilicen para saldar la deuda con los
jubilados generada por la falta de actualización de haberes. Y consideró que
el haber mínimo debería ubicarse en el 82% del sueldo mínimo.
El legislador del oficialismo presentó un proyecto para que los juicios
previsionales tengan un procedimiento sumarísimo, que acorte los tiempos. "No
se justifica que un jubilado tenga que esperar hasta diez años; este proyecto
reduciría el tiempo sustancialmente", sostuvo.
Reyes, por su parte, insistió en que el Poder Legislativo tiene hoy la
oportunidad de debatir una ley para que esos litigios sean innecesarios, al
obligar al Estado, por ley, a pagar lo que le corresponde, según lo que ya
determinó la Corte Suprema.
Respecto de los juicios, un proyecto de Reyes busca disponer el embargo de
fondos de la Anses, cuando no se cumpla con el plazo de 120 días para liquidar
las sentencias.
88,5%
Aumento
Es el alza que deberían haber tenido las jubilaciones entre enero de 2002 y
diciembre de 2006, según la Corte.
$ 149.287
Millones
Es el valor del Fondo de Garantía y Sustentabilidad que administra la Anses,
luego de la estatización de las AFJP.
$ 895,15
Jubilación mínima
Es el valor actual. Varios proyectos proponen llevarla al nivel del salario
mínimo, hoy en $ 1500, o al 82%.
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22/05/2010
Adrián Pérez y Fernanda Reyes presentarán los proyectos previsionales de la Coalición Cívica en Palermo
Los diputados nacionales de la Coalición Cívica - ARI Adrián Pérez y Fernanda Reyes presentarán el miércoles 26 de mayo, a las 19.30, las propuestas previsionales del Bloque, en el Multiespacio por la Igualdad de Palermo, ubicado en Gascón 1474.
Los proyectos previsionales de la Coalición Cívica apuntan a elevar las jubilaciones mínimas a 1500 pesos, para que queden equiparadas al salario mínimo, vital y móvil, y a una recomposición general de los haberes, de acuerdo con el fallo de la Corte Suprema sobre el caso Badaro. También, se plantea una reestructuración del sistema previsional y el blanqueo de las sumas no remunerativas de los empleados nacionales estatales. Otro de los proyectos propone la creación de la Prestación Anticipada por Desempleo, para los trabajadores que no cumplen la edad para jubilarse, pero tienen 30 años de aportes.
Piden votar el 82% móvil para jubilados
La diputada Giudici volvió a reclamar ese porcentaje para el sector pasivo,
como ya lo hiciera en 2006 y en 2008.
“El 82% móvil para los jubilados es una verdadera deuda histórica que hace a
la justicia y a la equidad con nuestros mayores, y que no podemos soslayar,
siendo necesario de manera urgente que el Congreso Nacional vote una ley en
tal sentido”, aseveró la diputada nacional Silvana Giudici (UCR Capital).
En tanto la diputada porteña afirmó que “los dineros del Anses, incrementados
por la transferencia de recursos con la incorporación de los fondos de las
AFJP, deben estar en manos de los jubilados y no en las necesidades de caja
que tiene Néstor Kirchner”.
Giudici presentó, acompañada de los diputados radicales Daniel Katz, Rubén
Lanceta, Julio Martínez, Mariana Juri y Gustavo Serebrinsky, un proyecto de
ley que actualiza todos los haberes iniciales al 82% de acuerdo al Índice de
Salarios Básicos de la Industria y la Construcción que elabora el Ministerio
de Trabajo y le establece una movilidad calculada solo por el Índice General
de Remuneraciones Imponibles Promedio de los Trabajadores Estables (Ripte) que
elabora la Secretaria de Seguridad Social, estableciendo plazos ciertos para
la aplicación de las actualizaciones.
El proyecto también incorpora para el cálculo de las nuevas jubilaciones un
concepto novedoso, el cómputo de los mejores haberes de los últimos 15 años
del trabajador, en función de la acentuada discontinuidad en la permanencia en
un mismo empleo que se visualiza en la actualidad.
En la actualidad existen alrededor de 5 millones de personas que integran el
Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), y se estima que de ellos el
70% perciben beneficios del orden de los $1000 por mes.
Giudici sostiene que “el Anses cuenta con alrededor de 150 mil millones de
pesos que forman parte del Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Fondos que
han sido utilizados arbitraria y discrecionalmente para financiar deuda
pública en alrededor de $84500 millones según el Anses”.
“Es preocupante que este gobierno, que carece de credibilidad internacional y
que por lo tanto no accede a créditos para financiar sus políticas, utilice
los recursos destinados a los jubilados poniendo en riesgo el
desfinanciamiento del sistema previsional, toda vez que son inversiones de
riesgo que no necesariamente garantizan su devolución”, afirmó la legisladora.
“Así el gobierno de Kirchner arriesgó U$S 300 millones con la eléctrica Epec
que ahora no los puede recuperar, $3750 millones para financiar a la industria
automotriz, otros $259 millones para la General Motors, $1615 millones en obra
pública, $265 millones para AYSA, $1935 millones para las Pymes, entre otras”,
explicó la secretaria parlamentaria del bloque radical.
“Los recursos del sistema jubilatorio deben ser destinados a la recomposición
de los haberes y a garantizar el sistema previsional argentino para las nuevas
generaciones” concluyó Silvana Giudici.
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10/05/2010
El Fondo de Garantía de Sustentabilidad del Regimen Previsional Público de
Reparto (FGS), que maneja ahorros de los jubilados por más de 147.000 millones
de pesos y que se convirtió en una pieza central del esquema de financiamiento
del Gobierno, opera en la práctica sin ningún tipo de control parlamentario.
La Comisión Bicameral encargada de hacerlo tuvo su última reunión con las
autoridades de la ANSeS el 2 de diciembre, y los nuevos miembros que la
integrarán aún no fueron formalizados. Por la cantidad de recursos que
administra -más de un 10% del PBI de la Argentina-, en un año en el que los
gastos crecen más fuerte que los ingresos y en el que, por la crisis de
Grecia, se hará muy difícil volver en el corto plazo a los mercados
voluntarios de deuda, el FGS se convirtió en el activo más estratégico para el
kirchnerismo. En la oposición también hay demanda por ocupar alguno de los 12
lugares de la Comisión -seis diputados y seis senadores-, pero por otras
razones: intuyen -en base a varios indicios concretos- que será una plataforma
para el destape de casos de corrupción en el segundo semestre.
"No hay ningún control, el Gobierno hace lo que quiere", explica Fernanda
Reyes, diputada de la Coalición Cívica y economista, quien participó de las
siete reuniones que hubo en un año y medio con los responsables de la ANSeS.
Otro legislador que estuvo allí, Claudio Lozano, de Proyecto Sur, coincide:
"La información oficial llega con cuentagotas, y hasta seis meses después de
que se hicieron las inversiones, con lo cual no hay ninguna posibilidad real
de auditarlas".
Reyes y Lozano hicieron el año pasado denuncias penales contra funcionarios de
"Pero además, hay un sinfín de datos sospechosos", agrega Nicolás Salvatore,
economista de la UBA, asesor de Reyes y ex profesor en la universidad estatal
de Diego Bossio, el actual responsable de la ANSeS. Plazos fijos
multimillonarios asignados de un día para el otro a
El FGS se creó en diciembre de 2008, cuando se desarmó el sistema de AFJPs y
se volvió al reparto. De entrada, su fiscalización nació con fallas: la
Bicameral parlamentaria se reunió recién seis meses después, el 3 de mayo de
"La realidad es que el sayo de la falta de transparencia le cabe tanto al
Gobierno como a la oposición, que está aprendiendo de a poco a ejercer los
controles", agrega.
"Por otro lado, ni la Sindicatura General de la Nación ni la Auditoría General
de la Nación evaluaron todavía la legalidad, seguridad y rentabilidad de las
inversiones realizadas con el Fondo de Garantía", concluye Reyes.
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08/05/2010
Giustiniani impulsa un aumento de la jubilación en el Senado
Promueve un haber jubilatorio que alcance el 82% del salario de un trabajador
activo. “Hay 4 millones de jubilados en la pobreza”, indicó y negó la
inexistencia de fondos sostenida por el gobierno nacional
El senador santafesino Rubén Giustiniani (PS), junto a Gerardo Morales (UCR),
promueven aumentos en las jubilaciones mediante dos proyectos de ley. Por un
lado, impulsan el aumento del haber jubilatorio hasta alcanzar el 82% del
salario de un trabajador activo. Y además, plantean la recomposición de los
haberes previsionales del período 2002- 2007.
En diálogo con el programa Diez Puntos (Radio 2), el legislador informó:
“Queremos que los 950 pesos actuales que perciben sean llevados a 1.380 pesos
para resolver un problema, que la movilidad no resolvió que es que el piso de
arranque es muy bajo”.
De acuerdo a Giustinianni, “es necesario llevar a la Justicia la adecuación de
los haberes en base a los fallos de la Corte Suprema de Justicia de los casos
Barado 1 y 2 en donde queda sentado que los jubilados siempre perdieron, con
la inflación y el ajuste de los trabajadores en actividad. Hay 4.300.000
jubildos que están en la pobreza”.
Consultado acerca de que el gobierno nacioanal sostiene la inexitencia de
fondos para mejorar los haberes jubilatorios, respondió: “No es creíble. La
plata de la Ansés se usa para cualquier cosa. El miércoles a la noche
estábamos votando para pagar con reservas deudas por 4.500.000 pesos, que es
la misma cifra que resuelve la petición de justicia social para con los
jubilados”, concluyó.
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04/05/2010
Hay que apoyar a los proyectos presentados por la Coalición Cívica y el ARI, que van a devolver la dignidad a los jubilados Argentinos.
PRESENTACIÓN DE
Me pongo
en contacto con ustedes para comentarles que en el día de hoy, lunes 3 de mayo,
hemos presentado en conferencia de prensa la propuesta legislativa previsional
de
Tenemos la enorme tarea de instalar en el debate de la opinión pública y en la agenda parlamentaria del Congreso Nacional la necesidad de elevar la jubilación mínima y recomponer los haberes previsionales en forma inmediata. También debemos discutir, en el mediano plazo, la reforma del sistema previsional para que pueda ser sustentable en el tiempo.
Por eso les pido que me ayuden a difundir estas propuestas. Para aquellos interesados más abajo se expone una síntesis de cada uno de los proyectos de ley presentados.
Para cualquier inquietud no duden en comunicarse con mi despacho: 6310-7609.
Un saludo,
María Fernanda Reyes
PROPUESTA PREVISIONAL DE
1)
Proyecto de ley de elevación de la jubilación mínima y de recomposición de los
haberes previsionales: El proyecto de ley propone elevar el haber mínimo al
monto equivalente del salario mínimo vital y móvil que fija el Consejo Nacional
del Empleo,
Al momento de presentación de este proyecto de ley la jubilación mínima asciende a $895,15 y, de acuerdo a su artículo primero, se elevaría a $1.500, monto correspondiente al del salario mínimo, vital y móvil vigente.
2)
Proyecto de ley de creación de una Comisión para la elaboración de un proyecto
de ley de reforma, modificación y actualización del Sistema Integrado
Previsional Argentino: El proyecto de ley propone la creación de una Comisión
interdisciplinaria que tendrá por objeto el análisis, revisión, modificación,
actualización y unificación de la normativa previsional y de la seguridad social
vigente, con la finalidad de proponer al Honorable Congreso de
El proyecto de ley tiene por objeto instalar el debate sobre la necesidad de proponer una reforma previsional que, teniendo como pilar fundamental la existencia de un único régimen previsional público financiado a través de un sistema de reparto, garantice la protección integral de las contingencias de vejez, invalidez y muerte.
3)
Proyecto de ley que autoriza el embargo sobre fondos de
4)
Proyecto de ley de Prestación Anticipada por Desempleo: Los diputados Juan
Carlos Díaz Roig y Fernanda Reyes presentaron un proyecto de ley que propone la
creación de
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03/05/2010
Por: Ismael Bermúdez
En apenas unos meses, un jubilado -Raúl Rosso de 75 años- logró
que la ANSeS le ajuste un 54,4% su haber jubilatorio. Estaba cobrando $
1.062,20 y a partir del mes próximo pasará a cobrar $ 1.641: un aumento de
578,80 pesos.
Esta mejora es porque Rosso inició un juicio y logró que la Sala II de la
Cámara de la Seguridad Social ordenara que la ANSeS le reajuste el haber en
forma inmediata, mientras prosigue la causa la mala liquidación del haber
inicial, la retroactividad y demás diferencias.
Según Luis Sassiani, el abogado de Rosso, el reclamo total daría ahora un
haber definitivo reajustado de $ 2.110,28. En la jerga judicial lo que obtuvo
Rosso se conoce como "medida cautelar innovativa". Así, en lugar de esperar a
que concluya el juicio ordinario, lo que puede demandar varios años, y aunque
la ANSeS apele el fallo de la Cámara ante la Corte Suprema, el jubilado pasa a
cobrar en 30 días el incremento que le corresponde por el índice fijado por la
Justicia.
Como tanto miles de jubilados, Rosso planteó que le extendieran el fallo
Badaro por el que la Corte Suprema dictaminó que los haberes jubilatorios
entre enero 2002 a diciembre de 2006 debieron haberse ajustado un 88,54%,
según el índice de variación salarial, descontando los aumentos que recibió
que en ese mismo período fueron tan solo de un 10% y otro 11%. Y la Justicia
le dio la razón y ordenó que la ANSeS cumpla la sentencia "Badaro, Adolfo
Valentín", en el plazo perentorio de 30 días, y le abone el porcentaje de
movilidad reconocido por el Alto Tribunal por el período enero de 2002 a
diciembre de 2006.
Igual postura "cautelar" que la Sala II, en otros casos fue adoptada por el
juez federal de San Nicolás, Martín Martínez, y el juez federal de Río
Gallegos con relación a los suplementos no remunerativos reclamados por el
personal de las FF.AA. y de Seguridad, confirmadas por la Cámara Federal de
Comodoro Rivadavia. En cambio las Salas I y III se pronunciaron en contra. El
Juez de la Sala II, Luis Herrero, le dijo a Clarín que si "la Corte Suprema ya
se pronunció en un caso similar -Badaro- no tiene sentido que el jubilado
tenga que realizar un largo juicio para que se cumpla con lo que resolvió el
Alto Tribunal".
Con la de Rosso, la Sala II dispuso tres medidas cautelares: la primera a
favor de Héctor Capa, quien falleció en febrero, apenas horas después de ser
notificado de la sentencia favorable en el Sanatorio donde estaba internado. Y
un tercer caso, a favor Carlos Martinucci, a quien deben ajustarle el haber el
mes próximo. Luis Sassiani, el abogado de Rosso, dijo "que el argumento para
que se disponga el ajuste del haber en forma inmediata es el peligro en la
demora, lo que está más que justificado en la edad de los reclamantes".
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01/05/2010
FELIZ DIA QUERIDOS TRABAJADORES PASIVOS.
Crece la plata para jubilados, según el Anses
El Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la seguridad social, donde se acumula el dinero que el Estado recuperó de las Afjp, llegó a 148.000 millones de pesos.
Proyecto de Ley
para que los jubilados no paguen impuesto a las ganancias.Tambien mostraron
fuerte preocupación por las consecuencias del cierre de exportaciones cárnicas
Ricardo Buryaile diputado
nacional por radicalismo presentó un proyecto de ley para eximir del pago de
impuestos a las ganancias a jubilados y pensionados.
El legislador fundamentó “considerar a las jubilaciones como rentas o
enriquecimientos no es adecuado a un criterio de justicia, ya que quiénes han
accedido a un beneficio previsional han debido aportar durante el transcurso
de su vida a cajas previsionales, y en ese camino recorrido han debido
tributar los gravámenes que se hallaban vigentes, entre ellos, el impuesto a
las ganancias; El pago de impuesto a las ganancias sobre el cobro de la
jubilación, que es el resultado de años de aportes, resulta a todas luces
injusto. Los años de retiro deben ser tiempos de disfrute y de cosecha de los
frutos sembrados durante una vida de trabajo”.
PRODUCTORES
Los legisladores radicales Ricardo Buryaile, Juan Casañas, Lucio Aspiazú y
Jorge Chemes de extracción agropecuaria adhieren a la preocupación por los
trabajadores de la carne reiteraron su apoyo y solidaridad para con los
trabajadores de la carne.
Hay fuerte preocupacion de parte de los legisladores, por las consecuencias
del cierre de exportaciones carnicas, que no solo trae problemas a los
productores agropecuarios, y por ende a los pueblos del interior, sino que
ahora también afecta los puestos laborales de los trabajadores de los
frigoríficos.
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La Sala I de la Cámara Federal de la Seguridad Social hizo lugar al reclamo de un grupo de jubilados que pretendía que sus haberes se actualicen con los mismos montos no remunerativos con que el Estado había beneficiado a los activos de su sector, a través de dos decretos del año 2004.
Según el voto mayoritario del fallo de Cámara, “el importe referido se otorga a la generalidad de los agentes comprendidos en su ámbito de aplicación... Esta ‘cláusula de garantía’ implica que lo que perciben la generalidad de los activos deben percibirlo los pasivos que se encuentren en las mismas condiciones, pues caso contrario se vulneraría el principio de igualdad ante la ley consagrado en el art. 16 de la Constitución Nacional.
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22/04/2010
El Director Ejecutivo de la ANSES, Diego Bossio, presentó el programa de acceso a computadoras para jubilados y pensionados, gracias al cual los beneficiarios pueden acceder a una línea de préstamos personales que otorga el Banco Nación.
El Director Ejecutivo de la Administración Nacional de la Seguridad Social
(ANSES), Diego Bossio, presentó el programa de acceso a computadoras para
jubilados y pensionados de ANSES, gracias al cual los beneficiarios pueden
acceder a una línea de préstamos personales que otorga el Banco Nación, para
la adquisición de computadoras.
El anuncio se llevó a cabo en la sede central de ANSES, donde Bossio afirmó:
“Desde ANSES estamos trabajando fuertemente para que los jubilados puedan
acceder a más beneficios y descuentos. Ya comenzamos con el tope que le
pusimos a las cuotas de las mutuales; seguimos con las 250 computadoras que ya
donamos a centros de jubilados del país, y que seguimos donando; y ahora con
este programa que ya le dio desde el 2006 la posibilidad a 110.000 jubilados y
pensionados, de acceder a una computadora”. Y agregó: “seguiremos trabajando
para generar muchas más facilidades para nuestros mayores”.
El programa les permite a los jubilados y pensionados nacionales de ANSES
acceder a préstamos muy accesibles para este sector de la población, en
general excluido del circuito de créditos.
Este programa fomenta la utilización de herramientas informáticas dentro de la
política de inclusión que lleva adelante ANSES, y brinda la capacitación
necesaria para el uso de esta tecnología.
El objetivo es facilitar la compra de una computadora a través del crédito
“Mi Compu" del Banco Nación con una tasa de interés del 0% y con un plazo
máximo de 40 meses. La cuota no debe ser mayor al 30% del ingreso neto y se
debitará automáticamente del haber jubilatorio. El trámite debe realizarse
directamente en las sucursales del Banco Nación y el requisito es ser menor de
80 años al momento de finalizar el crédito.
El titular de ANSES afirmó que: “celebramos este acto muy significativo, y es
que los bancos hayan dado una oportunidad de crédito. No sólo lo celebramos,
sino que lo vemos como ejemplo, y desde ANSES estamos trabajando para que esto
se repita en otras cuestiones, sobre todo en el sistema financiero, para que
haya créditos para los jubilados, a tasas razonables”. Y cerró el acto
concluyendo que “ANSES se encarga cada vez de más cosas, porque la ANSES que
se pensaba que era solamente para jubilados, hoy trasciende la jubilación.
Todos de alguna manera estamos vinculados a ANSES, desde el trabajador formal
que cobra las Asignaciones Familiares; la familia que tiene un hijo y cobra la
prestación prenatal y por maternidad; cuando una pareja se casa, también se
cobra un subsidio. ANSES vela por la justicia social, acompañando a la gente
durante toda su vida”.
Las computadoras personales que se pueden adquirir son de las siguientes
marcas: Hewlett-Packard, Exo y Sicsa - Olivetti.
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08/04/2010
Díaz Roig presentó proyecto para Beneficio de la Prestación Anticipada por Desempleo
Para las mujeres que hayan cumplido los 55 años de edad, hombres con 60, con
la acreditación de encontrarse en situación de desempleo al 31 de diciembre
de 2009 y contar con los treinta años de servicios computables, el diputado
nacional Juan Carlos Díaz Roig presentó un proyecto de ley por el que
solicita el “Beneficio de la Prestación Anticipada por Desempleo”.
De acuerdo a los detalles del mencionado proyecto, los beneficiarios de la
Prestación Anticipada por Desempleo percibirán un haber mensual equivalente
al cincuenta por ciento (50%) del equivalente al beneficio de jubilación al
que tendrá derecho al cumplir la edad requerida por la ley 24.241. Dicho
haber en ningún caso podrá resultar inferior al haber mínimo.
Como fundamentos, el legislador nacional explicó que el desempleo constituye
en la República Argentina un terrible flagelo no deseado impensado que,
lamentablemente y sin duda alguna, se instauró y radicó con visos de
permanencia entre los argentinos, haciendo estragos en toda la sociedad.
Al respecto señaló que “es por ello que un conjunto de hombres y mujeres,
representados por la ASOCIACION 50 A 60, instalaron el reclamo de objetivos
que permitieran una cobertura para vivir dignamente para esas personas
denominadas: viejos para trabajar y jóvenes para jubilarse”.
“Atendiendo dichas razones oportunamente expuestas, en diciembre del 2004 se
sancionó la ley 25994 que vino a resolver una situación de cobertura de
gente que a lo largo de la década del 90 había sido expulsada del mercado de
trabajo y que, por una cuestión de edad, no pudo reingresar a la actividad
laboral.
Pero, lamentablemente dicha ley tuvo una vigencia de tan solo 840 días y
resolvió apenas las dificultades de 600 mil personas, quedando muchas otras
sin poder acceder a dicho beneficio a pesar de cumplir con los requisitos de
los aportes a la seguridad social”, indicó Díaz Roig..
Nos alegra muchísimo que el Diputado Díaz Roig haya presentado un Proyecto de Ley para restablecer la Jubilación Anticipada o P.A.D. Ley 25994 que tanto nos costo lograr que se aprobara, hoy han presentado un proyecto para restablecerla con las mismas condiciones que había redactado el proyecto en su oportunidad, no nos engañemos ni engañemos a nadie la Asociación 50 a 60 presidida en ese entonces por mi, fue el artífice de la creación de dicha Ley. Muchos medios y Diputados ayudaron para que esto fuese realidad.
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08/04/2010
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07/04/2010
Por Héctor Medina
Diputados de las bancadas de centroizquierda, junto con representantes
gremiales y de organizaciones de jubilados y pensionados, acompañaron la
presentación de un proyecto de ley que propone un nuevo régimen previsional
que lleve al 82% móvil el valor de las jubilaciones, y que reemplaza a la
ANSES por un instituto nacional de previsión social, que funcionará como
entidad de derecho público no estatal, sin fines de lucro, con autarquía y
autonomía económica, jurídica, financiera, contable y administrativa.
Así lo establece el texto que lleva la firma de la diputada nacional y
secretaria de Relaciones Institucionales de la CTA bonaerense, Graciela
Iturraspe, quien señaló que “se plantea restablecer el cálculo inicial del
haber de una persona que se jubila, promediando los tres mejores sueldos de
los últimos diez años, reemplazando el cálculo actual que perversamente logra
que el primer haber sea de 52% de lo que esa persona cobraba en actividad, lo
cual redunda en un envejecimiento de las plantas laborales sin abrir
posibilidades a la juventud”.
El texto fue rubricado, entre otros, por los diputados Eduardo Macaluse y
Verónica Benas (SI por la Unidad Popular), Fernando “Pino” Solanas, Claudio
Lozano, Alcira Argumedo, Jorge Cardelli y Liliana Parada (Proyecto Sur),
Victoria Donda y Cecilia Merchán (Libres del Sur), Mónica Fein (socialismo),
Margarita Stolbizer y María Virginia Linares (GEN).
Entre los puntos principales de la iniciativa se cuentan los siguientes:
- Se propone un régimen previsional público de reparto de tal manera que los
recursos del sistema se asignen, prioritariamente, al pago de las
prestaciones.
- El sistema previsional se organizará en base al principio de universalidad,
garantizando el derecho de todas las personas, tengan o no trabajo, a la
seguridad social, brindando cobertura en lo referido a la vejez, invalidez o
muerte, salud, accidentes de trabajo y enfermedades, empleo y asignaciones
familiares.
- Deben restablecerse las contribuciones patronales en el nivel que tuvieron
hasta 1993 (16%); ello significaría una ampliación importante de la
recaudación anual de la ANSES, asimismo pasa de 11% a 13% el nivel de aportes
de cada trabajador.
- Se agrega el derecho a un beneficio universal a todos los mayores de 65 años
que no cumplan los requisitos para una jubilación o pensión dentro del sistema
contributivo, que no sea inferior a la línea de la pobreza.
- La jubilación mínima debe ser vital y móvil, vinculado su importe a un monto
que no puede ser inferior al 82% del salario mínimo vital y móvil.
Iturraspe, en conferencia de prensa, señaló que el proyecto “no implica una
jugada demagógica ni oportunista, sino que busca hacer un sistema viable para
dar cobertura a todos los jubilados”, y está en consonancia con iniciativas de
la OIT en el mismo sentido.
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03/04/2010
Un 44% de los trabajadores no aporta para su futura jubilación
Sin modificaciones del sistema jubilatorio pensadas para el mediano y largo plazo, el mayor alcance logrado en los últimos años en cuanto a la cantidad de personas mayores que cobran prestaciones, se irá acotando progresivamente. La falta de aportes de muchos de quienes están en actividad -un problema enraizado en la informalidad, la pobreza y el desempleo- indica que, lejos de haber dejado de ser un problema, la insuficiente cobertura del régimen de previsión es un desafío irresuelto.
Cerca del 44% de las personas hoy laboralmente activas no contribuye. Y si bien, según datos oficiales, el 90% de quienes ya superaron la edad del retiro laboral hoy percibe un ingreso, muchos lo obtuvieron por medidas de efecto sólo temporal.
Según datos de la Encuesta Permanente de Hogares del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), puede estimarse que hay 18 millones de trabajadores en todo el país -entre asalariados y cuentapropistas-, mientras que los aportantes suman cerca de 10,2 millones, si se consideran los diferentes regímenes: al sistema de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) contribuyen 8,2 millones de personas -según datos del tercer trimestre de 2009-, en tanto que 1,5 millones están incluidas en 27 cajas de empleo público de provincias y municipios (de jurisdicciones que no transfirieron sus sistemas a la Nación). El resto ahorra en alguna de las 75 cajas de profesionales.
En la opinión de algunos especialistas, las medidas que podrían tomarse sobre el sistema laboral (ver aparte) no serían suficientes, por lo que recomiendan un pago universal por edad y una mayor flexibilidad para poder jubilarse, ya que el sistema de reparto exige 30 años de aportes. Con la primera medida, se tendría en cuenta incluso a personas excluidas en los índices mencionados, como quienes no se consideran a sí mismos, al ser encuestados, parte de la fuerza laboral (las amas de casa, por ejemplo).
"Muchos de los que quedarían sin acceder a la jubilación tienen algunos años de aportes, y lo primero que habría que hacer es disponer prestaciones proporcionales para ellos", señaló el ex secretario de Seguridad Social Alfredo Conte Grand. Para los que no tienen nada, debería reordenarse el sistema de pensiones no contributivas -hoy gestionadas por el Ministerio de Desarrollo Social- y analizarse su financiamiento, según opinó quien fue consultor de la OIT.
"La creación de un pilar base con carácter universal permite garantizar una protección social abarcativa para las contingencias de vejez, invalidez y muerte, y la sociedad debe aceptar su financiamiento no sólo con recursos de los trabajadores, sino también con tributos específicamente imputados a tal fin", sostuvo Daniel Elías, presidente del Consejo Federal de la Previsión Social (Cofepres) y de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Entre Ríos. En el sistema de la Anses, la participación de recursos de origen impositivo ganó terreno en los últimos años.
Interacción
Elías destacó que la Argentina llegó a constituirse "en el país de Latinoamérica con mayor tasa de protección social para sus adultos mayores", a la vez que apuntó que falta consolidar un "régimen federal", con interacción "de los más de 120 regímenes" previsionales vigentes.
Para el economista Agustín Salvia, investigador del Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina (UCA), el sistema podría garantizar un ingreso mínimo -con carácter de derecho ciudadano, antes que de una prestación atada a aportes-, y a partir de allí ofrecer mejores haberes según lo que se haya contribuido. Según Salvia, la universalización del beneficio sería una vía más justa, equitativa y directa que la de una moratoria de aportes como la de los últimos años.
El principal mecanismo que permitió que accedieran a pagos de la Anses quienes habían hecho pocos o ningún aporte, surgió por la reglamentación de una norma aprobada en los 90 para saldar deudas de autónomos. Por eso el plan sólo acepta que se declaren aportes no pagos (asumiendo así una deuda) por períodos previos a septiembre de 1993, y por eso también su vigencia termina naturalmente con el paso del tiempo. Al considerarse los montos adeudados a valores históricos y al no requerirse haber estado inscripto (condiciones que estaban ya en la norma original), los planes resultaron accesibles, lo que se apuntaló con la disposición de que podrían pagarse las cuotas mediante el descuento en los haberes, que entonces se otorgaron sin necesidad de cancelar antes la deuda.
Por falta de planificación y de cruces de datos, la medida provocó casos -sobre los que actualmente hay discusiones en la Justicia- en los que se dieron beneficios a quienes ya cobraban, por ejemplo, un ingreso de un régimen provincial o una pensión por fallecimiento, o incluso ambas prestaciones.
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Alta litigiosidad / Investigarán a funcionarios si no cumplen
Silvia Stang
LA NACION
La Justicia notificó por primera vez a la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) que debe cumplir con una medida cautelar y actualizar en forma inmediata el valor de los haberes de un jubilado aun cuando el reclamo continúa evaluándose en los tribunales. La secretaría del Juzgado Federal N° 1 de la ciudad de Rosario le envió una cédula al organismo para que el ingreso mensual del jubilado Raúl Rosso reciba un incremento a partir de abril, siguiendo criterios ya dispuestos por la Corte Suprema en un reclamo de iguales características.
La Sala II de la Cámara de la Seguridad Social le había dado la razón a Rosso en el pedido de una medida cautelar para un ajuste de sus haberes. Según dijo a LA NACION Luis Sassani, abogado del beneficiario, la Anses "deberá cumplir en este mes de abril, bajo apercibimiento de girar las actuaciones al fuero penal para que se investigue la comisión de delitos relacionados con el ejercicio de las funciones públicas".
Este último paso a tomar en contra de funcionarios de la Anses, que dirige Diego Bossio, en caso de incumplimiento, estaba previsto en el fallo. Según recordó Sassani, al tratarse de una vía cautelar, aun cuando el organismo apele, igual debe aplicar el ajuste.
La medida cautelar fue dispuesta por el voto favorable de los jueces Luis René Herrero y Emilio Fernández. En forma contraria votó la jueza Dora Delgado. La medida ordena que "al mes siguiente" de la notificación se concrete un ajuste según el criterio establecido en la causa "Badaro". En ese caso, la Corte estableció que, por el período de enero de 2002 a diciembre de 2006, los haberes deben tener un aumento equivalente a la evolución que tuvo un índice de salarios promedio (esa cuenta da 88,3 por ciento).
Desde la devaluación y hasta que se puso en marcha una ley de movilidad -algo que ocurrió en 2009- los haberes de muchos jubilados y pensionados fueron perdiendo poder adquisitivo debido a los insuficientes o nulos ajustes otorgados durante períodos con inflación. Sumada a otras cuestiones, esa situación provocó una litigiosidad creciente de los pasivos contra el Estado, al punto de que el año pasado se llegó a un récord, con 103.643 demandas iniciadas.
La decisión de los jueces de la Sala II de hacer lugar a medidas cautelares busca que los jubilados puedan cobrar sus haberes actualizados según lo que ya dijo la Corte, sin tener que esperar los largos plazos de un reclamo. De esta manera, se deja pendiente, para el momento de la finalización del juicio, el cobro de los montos retroactivos, por lo acumulado desde el momento en que se establece que existió el derecho a percibir mejores ingresos.
Si bien la medida favorable a Rosso data de diciembre de 2009, la notificación a la Anses -donde no respondieron las consultas de LA NACION sobre el tema- se demoró por la acción del fiscal, que interpuso un recurso que resultó rechazado por los jueces.
La de Rosso es la segunda de tres medidas cautelares otorgadas; la primera es de noviembre de 2009 y favorecía a Héctor Capa, quien falleció en febrero. Y un mes atrás hubo un tercer caso, a favor del abogado Carlos Martinucci.
Restablecer el valor
En este fallo más reciente, el doctor Herrero recuerda, al justificar su voto, que el reclamante dijo no pretender "un reajuste de haberes", sino "el simple aseguramiento de su derecho alimentario mediante el restablecimiento de la cuantía real del beneficio oportunamente otorgado". Para el juez, la demora en cumplir con la suba del haber afecta "un derecho impostergable". "Es público y notorio el irrazonable tiempo que insume el proceso previsional y el grave daño que esta demora le propina al derecho de naturaleza alimentario", sostuvo Herrero.
El argumento estuvo en línea con lo expresado por el juez Fernández, quien recordó que tanto los tiempos procesales como "la actitud no pocas veces dilatoria del organismo previsional para cumplir con la manda judicial llevan necesariamente a la conclusión de que aguardar una sentencia definitiva y su ejecución no será trámite rápido ni fácil para el accionante". Se espera que este caso siente precedente para otros.
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La jubilación mínima no necesitan discutirla en paritarias, tiene que ser el 82% de Mínimo Vital y Móvil que se fija por intermedio del consejo del salario mínimo y el resultado o porcentaje del aumento se tiene que aplicar al resto de los haberes que están por encima del haber mínimo, para no seguir achatando la pirámide de haberes de los jubilados Argentinos. BASTA DE DISCRIMINACIÓN.
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Apellido y Nombre/s: KIRCHNER NÉSTOR CARLOS
Número de Beneficio: 40580851580
Banco: BANCO PATAGONIA S.A.
Sucursal: CENTRO
Domicilio: TTE GRAL.. PERÓN 00500
Período 12/2009
Fecha de Pago: Desde: 01/12/2009 Hasta: 12/01/2010
Próximo Pago 05/01/2010
CORRESPONDE AL COBRO DE DICIEMBRE 2009. SACADO DEL ANSES
La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) liquidó en los últimos seis años 145 mil sentencias en favor de jubilados por un monto superior a los 6000 millones de pesos. Además, consintió 13.681 sentencias firmes y 6688 de Cámara. Estos resultados fueron presentados anteanoche por el director del organismo, Diego Bossio, ante la titular de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Luz Patricia Mejía. El encuentro, que fue encabezado por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, permitió que la Anses entregara a la representante de la OEA el estado de avance del acuerdo de proceso de solución amistosa.
Mejía llegó a la Argentina para conocer el avance de la Anses respecto del pago de sentencias judiciales a jubilados. “El organismo está implementando considerables mejoras y cumpliendo con los pagos de los juicios, sobre todo con los relacionados con el caso Badaro”, señalaron desde el organismo. Hasta 2005 cobraban sentencia en efectivo sólo los mayores de 80 años. Desde entonces se fue reduciendo considerablemente esa edad y ya el año pasado se “eliminaron los bonos y todo se abona en efectivo”.
Según explicaron fuentes de la entidad a este diario, se está cumpliendo con todo lo que se estableció en el acuerdo de solución amistosa entre el Estado y un grupo de jubilados que litigaron en 1995. Uno de los compromisos fue el de no apelar las sentencias ante la Corte Suprema, sin exigencias de monto mínimo, ni las que apliquen el 82 u 85 por ciento móvil en los regímenes especiales de docentes, investigadores científicos y diplomáticos.
También se aplicó un sistema informático para agilizar las liquidaciones. “A partir de que nos hicimos cargo de la Anses, pusimos todo lo que se dispuso en cumplimiento de 120 días”, explicó a Página/12 un colaborador de Bo-ssio. La Anses firmó el año pasado un convenio de cooperación e intercambio electrónico de información con la Corte Suprema para acelerar los trámites de los juicios previsionales.
El hecho de que la Anses esté obligada a dar su consentimiento en el caso de sentencia y la agilidad en los procesos de liquidación incentivó a nuevos jubilados a presentarse, reconocen en la Anses, aunque no brindaron información de cuánto se había incrementado el volumen de nuevas presentaciones. “No tenemos datos comparativos aún, pero obviamente la solución amistosa abrió nuevos procesos”, agregaron. Por su parte, la Anses comenzó a eliminar stock existente y los nuevos juicios se están abonando en 120 días hábiles. Finalmente, las autoridades locales invitaron, por intermedio de Mejía, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a integrar el Observatorio de la Seguridad Social, un espacio de monitoreo y análisis de las políticas de seguridad social aplicadas en el país.
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17/02/2010
Silvia Stang
LA NACION
En el término de los últimos cinco años, la cantidad de juicios iniciados por jubilados contra la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) prácticamente se multiplicó por cuatro: mientras que en 2004 hubo 27.004 causas, la cifra trepó a 103.643 en 2009. Así, el año pasado -cuando los juicios se duplicaron respecto de 2008- cerró con un récord en cantidad de demandas en la última década (desde 2000), según los datos de la Cámara Federal de Apelaciones de la Seguridad Social, que muestra que, hasta 2004, el número iba cayendo, y que luego cambió la tendencia. Hoy, en todas las instancias judiciales, hay en trámite unas 230.000 demandas.
Los reclamos que crecieron a ritmo más acelerado fueron los referidos a un reajuste de haberes -entre los juicios de 2009, fueron más del 60% del total-: esas presentaciones se hicieron mucho más frecuentes luego de que la Corte Suprema dictaminó que los ingresos de los pasivos debieron haber subido desde enero de 2002 siguiendo un índice predeterminado.
Fue en aquel mes cuando, tras la salida de la convertibilidad, la inflación comenzó a hacer visibles sus efectos en un deterioro del valor de los ingresos. Los gobiernos optaron por elevar sucesivamente la jubilación mínima y por no actualizar, en cambio, los haberes de muchos pasivos que cobraban más que ese básico. En algunos casos, los ingresos quedaron congelados hasta 2004, y en otros, hasta 2006.
Una razón por la cual se reactivaron los juicios en 2005 fue que ese año la Corte dictó el fallo Sánchez, en el que dispuso un índice de actualización de haberes para el período de 1991 a 1995 (la convertibilidad había intentado frenar esas subas). El incremento de las causas tomó un ritmo más dinámico después de que, a fines de 2007, los jueces resolvieron, en el caso Badaro, que a las jubilaciones se les debía aplicar una suba en función del alza de los salarios, por el período de 2002 a 2006 (la mejora acumulada da un 88,5%). Para 2007 y 2008, años en que hubo subas de haberes generalizados, la Corte nada dispuso. Y desde 2009 rige la ley de movilidad -que prevé ajustes periódicos y automáticos- que la Justicia le ordenó dictar a los poderes Ejecutivo y Legislativo.
Pago de fallos, en problemas
La alta judicialidad en los últimos años también tuvo que ver con la falta de liquidación de sentencias en tiempo y forma por parte de la Anses.
En noviembre último, funcionarios de ese organismo y de la Cancillería, en nombre del Estado argentino, se comprometieron ante la Organización de Estados Americanos (OEA) a agilizar el pago de juicios. Entre las medidas por tomar están la instrumentación de un sistema que garantice que la correcta liquidación de los fallos; la falta de apelación de sentencias cuando el reclamo sea similar al de casos en los que la Corte ya se expidió (como Badaro), y el desistimiento de apelaciones ya hechas, ante el supuesto de que el tema ya fue tratado por los jueces supremos.
Para este último objetivo, se fijó un plazo que venció la semana última. Consultado por LA NACION, Sergio Bobrovsky, uno de los abogados que patrocinaron a los jubilados que iniciaron años atrás el reclamo ante la OEA, consideró que el acuerdo tiene un cumplimiento relativo. Dijo que cada tanto hay un desistimiento de apelaciones, pero que, por lo general, ello no ocurre. En eso coincidieron otras fuentes consultadas.
También consideró que el 95 por ciento de los fallos se liquida mal y que, además de no cumplirse el plazo dispuesto por ley para que las sentencias se abonen en 120 días hábiles, aún no existe un sistema informático para pagar casos que benefician a jubilados de la ley 24.241. Bobrovsky afirmó que los abogados del Gobierno actúan en forma heterogénea a la hora de decidir si apelan fallos o no.
En la Anses, organismo que conduce Diego Bossio, explicaron que ya no se apelan las causas en las que se pide la aplicación del índice dispuesto para Badaro, y que la demora en pagar los juicios es hoy de 331 días hábiles, mientras que en junio de 2008 era de 437. Agregaron que los nuevos fallos se cumplen en el plazo de los 120 días dispuestos por ley y admitieron que quedan otros de larga data.
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10/02/2010
El aumento a los jubilados, de acuerdo a la Ley de inmovilidad será a partir del 1/3/2010 de $ 65 o sea $ 2,21 por día, todo esto es para taparles la boca a todos los que decían que el aumento iba a ser de $ 2 por día, jubilados queridos festejemos con este gran aumento, ya podremos comer (sobre todo carne), podremos salir a pasear con nuestros amigos, podremos llevar a los nietos al cine, gracias Kristina que haríamos sin los Kirchner.
Caraduras!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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03/02/2010
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20/01/2010
Martín Kanenguiser
LA NACION
La contrarreforma previsional y el dinero del organismo más vilipendiado por el oficialismo le permitieron al Gobierno cerrar el último mes de 2009 con un superávit fiscal primario (antes del pago de la deuda) de $ 5077 millones.
El dinero de los futuros jubilados que antes manejaban las administradoras de fondos de jubilaciones y pensiones (AFJP) y el giro del Fondo Monetario Internacional (FMI) evitaron que se reflejara un déficit de 8170,8 millones de pesos.
Así, el año cerró con un superávit de $ 17.277,9 millones, 1,5% del PBI, según destacó la presidenta Cristina Kirchner, que, sin embargo, no mencionó dos aspectos clave del resultado fiscal: que el año terminó con una caída del ahorro primario del 47% respecto de 2008 y un déficit financiero (luego de computar los pagos de deuda) de $ 7131,1 millones.
"Estimábamos que, tal como venía la mano, este año el superávit no iba a superar el 0,5 del PBI", dijo la Presidenta al anunciar el envío al Congreso del decreto para remover al presidente del BCRA, Martín Redrado.
Luego, el ministro de Economía, Amado Boudou, brindó las precisiones en una conferencia de prensa junto con el secretario de Hacienda, Juan Carlos Pezoa.
Allí, el ministro admitió que la estatización del dinero que administraba el sistema previsional privado permitió mantener el ahorro primario en 2009.
De hecho, en diciembre ese dinero de los futuros jubilados sumó $ 7755 millones, mientras que el FMI aportó $ 5493,7 millones por el envío de derechos especiales de giro (la moneda en que se rigen las transacciones con el Fondo) que benefició a todos los países que integran el organismo multilateral.
De hecho, sin este dinero externo el superávit se habría acercado al 0,5% del PBI mencionado por la Presidenta.
El ministro destacó luego en diálogo con LA NACION que las perspectivas para 2010 son mejores por el repunte en la actividad económica, que empujará la recaudación. En particular, el fisco sumará unos $ 800 millones mensuales que antes manejaban las AFJP (frente a unos $ 400 millones en 2009).
Además, subrayó que, sin ese dinero extraordinario, "diciembre habría terminado con déficit, como terminó siempre, resultado que de ahora en más cambiará" por los fondos previsionales.
Por otra parte, tanto Boudou como Pezoa destacaron que la Argentina pudo terminar con superávit primario pese a la fuerte política de aumento del gasto destinada a contrarrestar el efecto de la crisis económica global, a la que se le sumó la desaceleración local.
Por esta razón, el gasto primario creció cerca del 30% y los analistas privados creen que es muy difícil que se cumpla la meta presupuestaria que pauta un alza de un 12% para este año.
Inusualmente locuaz, Pezoa -funcionario de Economía en las dos gestiones de Domingo Cavallo en el ministerio- criticó a los analistas que "piden un ajuste" para controlar el aumento del gasto público.
En realidad, la duda de la mayoría de los profesionales de la economía se refiere más a la viabilidad o no del financiamiento del gasto que a la decisión política de aumentar las erogaciones.
Límites al financiamiento
Al respecto, Maximiliano Castillo de la consultora ACM, y Marina Dal Poggetto, del estudio Bein, indicaron a LA NACION que "existen límites al financiamiento", más allá de las "salidas creativas" que encuentre el Gobierno, por los problemas de acceso al crédito voluntario. El último atajo es, claramente, tomar parte de las reservas excedentes del Banco Central a través del Fondo del Bicentenario, ratificado ayer (de lo que se informa en la sección Política).
Por esta razón, Dal Poggeto estimó que, sin el aporte que antes iba a las AFJP ni el dinero del FMI, "la Argentina hubiera tenido un déficit equivalente al 0,3% del PBI".
"Es verdad que la Argentina está mejor que otros países, pero existen grandes interrogantes sobre la posibilidad de financiar el gasto y el financiamiento, sobre todo de cara a 2011, cuando la brecha de financiamiento se acerca a los US$ 14.000 millones", sentenció la economista.
En tanto, Castillo sostuvo que "más allá de los ingresos extraordinarios del FMI y de las AFJP, está claro que el superávit fiscal se deterioró muchísimo". Por ese motivo, según Castillo, "habrá un aumento del gasto del 20%para este año, que podría ascender al 30 por ciento".
En cuanto a los cuestionamientos formulados por Pezoa anoche, Castillo expresó que "hay récord de presión tributaria y de gasto público, la prestación de servicios no mejoró, la demanda por mayor gasto es creciente y hay un límite al financiamiento".
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16/11/2009
Ni universal ni solidaria.
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INFLUENZA HUMANA A H1N1
PREGUNTAS Y RESPUESTAS:
1.- P: ¿Cuanto tiempo dura vivo el virus porcino en una manija o superficie
lisa?
R: Hasta 10 horas.
2. -P: ¿Que tan útil
es el alcohol para limpiarse las manos?
R: Vuelve inactivo al virus y lo mata.
3..- P: ¿Cual es el
medio de contagio más eficiente de este virus?
R: La vía aérea no es la mas efectiva para transmisión del virus, el factor más
importante para que se fije el virus es la humedad, (mucosa de la nariz, boca y
ojos) el virus no vuela y no alcanza mas de un metro en distancia.
4.- P: ¿Es fácil
contagiarse en los aviones?
R: No, es un medio poco propicio para contagiarse.
5.- P: ¿Como puedo
evitar contagiarme?
R: No llevarse las manos a la cara, ojos nariz y boca. No estar con gente
enferma. Lavarse las manos más de 10 veces al día.
6.- P: ¿Cual es el
período de incubación del virus?
R: En promedio de 5 a 7 días y los síntomas aparecen casi de inmediato.
7.- P: ¿Cuando se
debe de empezar a tomar medicamento?
R: Dentro de las 72 horas los pronósticos son muy
buenos, la
mejoría es del 100%.
8.- P: ¿Cual es la
forma como entra el virus al cuerpo?
R: Por contacto al darse la mano o besarse en la mejilla y por la nariz, boca y
ojos
9.- P: ¿El virus es
letal?
R: No, lo que ocasiona la muerte es la complicación de la enfermedad causada por
el virus, que es la neumonía
10.- P: ¿Qué riesgos
tienen los familiares de la gente que ha fallecido?
R: Pueden ser portadores y formar una cadena de
transmisión.
11.- P: ¿El agua de
las albercas transmite el virus?
R: No porque contiene químicos y está clorada
12.- P: ¿Qué hace el
virus cuando provoca la muerte?
R: Una cascada de reacciones como deficiencia
respiratoria, la neumonía severa es la que ocasiona la muerte.
13.- P: ¿Cuando se
inicia el contagio, antes de los síntomas o hasta que se presenten?
R: Desde que se tiene el virus, antes de los síntomas
14.- P: ¿Cual es la
probabilidad de recaer con la misma enfermedad?
R: Del 0%, porque quedas inmune al virus porcino.
15.- P: ¿Donde se
encuentra el virus en el ambiente?
R: Cuando una persona que lo porta estornuda o tose, el virus puede quedar en
las superficies lisas como manijas, dinero, papel, documentos, siempre y cuando
haya humedad. Ya que no se va a esterilizar el ambiente se recomienda extremar
la higiene de las manos.
16.- P: ¿Si voy a un
Hospital particular me deben cobrar la Medicina?
R: No, hay un acuerdo de no cobrarla ya que
gobierno la está suministrando a todos los centros de salud públicos y privados.
17.- P: ¿El virus
ataca más a las personas asmáticas?
R: Si, son pacientes más susceptibles, pero al tratarse de un nuevo germen todos
somos igualmente susceptibles.
18.- P: ¿Cual es la
población que esta atacando este virus?
R: De 20 a 50 años de edad.
19.- P: ¿Es útil el
cubre bocas?
R: Hay algunos de más calidad que otros, pero si usted está sano es
contraproducente, porque los virus por su tamaño lo atraviesan como si éste no
existiera y al usar la máscara, se crea en la zona de la nariz y boca un
microclima húmedo propicio al desarrollo viral: pero si usted ya está infectado
úselo para NO infectar a los demás, aunque es relativamente eficaz.
20.- P: ¿Puedo hacer
ejercicio al aire libre?
R: Si, el virus no anda en el aire ni tiene alas.
21.- P: ¿Sirve de
algo tomar Vitamina C?
R: No sirve de nada para prevenir el contagio de
este virus, pero ayuda a resistir su ataque.
22.- P: ¿Quien está a
salvo de esta enfermedad o quien es menos susceptible?
R: A salvo no esta nadie, lo que ayuda es la higiene dentro de hogar, oficinas,
utensilios y no acudir a lugares públicos.
23.- P: ¿El virus se
mueve?
R: No, el virus no tiene ni patas ni alas, uno lo
empuja a entrar adentro del organismo.
24.- P: ¿Las mascotas
contagian el virus?
R: Este virus NO, probablemente contagian otro tipo de virus.
25.- P: ¿Si voy a un
velorio de alguien que se murió de este virus me puedo contagiar?
R: NO.
26.- P: ¿Cual es el
riesgo de las mujeres embarazadas con este virus?
R: Las mujeres embarazadas tienen el mismo riesgo pero es por dos, si pueden
tomar los antivirales en caso de contagio pero con estricto control médico.
27.- P: ¿El feto
puede tener lesiones si una mujer embarazada se contagia de este virus?
R: No sabemos que estragos pueda hacer en el proceso, ya que es un virus nuevo.
28.- P: ¿Puedo tomar
acido acetilsalicílico (aspirina)?
R: No es recomendable, puede ocasionar otras enfermedades, salvo que usted lo
tenga prescrito por problemas coronarios, en ese caso siga tomándolo.
29.- P: ¿Sirve de
algo tomar antivirales antes de los síntomas?
R: No sirve de nada.
30.- P: ¿Las personas
con VIH, diabetes, sida, cáncer, etc., pueden tener mayores complicaciones que
una persona sana si se contagia del virus?
R: SI.
31.- P: ¿Una gripe
convencional fuerte se puede convertir en influenza?
R: NO.
32.- P: ¿Que mata al
virus?
R: El sol, mas de 5 días en el medio ambiente, el jabón, los antivirales, gel de
alcohol.
33.- P: ¿Que hacen en
los hospitales para evitar contagios a otros enfermos que no tienen el virus?
R: El aislamiento
34.- P: ¿El gel de
alcohol es efectivo?
R: SÍ, muy efectivo.
35.- P: ¿Si estoy
vacunado contra la influenza estacional soy inocuo a este virus?
R: No sirve de nada, todavía no hay vacuna para este virus.
36.- P: ¿Este virus
está bajo control?
R: No totalmente, pero se están tomando agresivas medidas de contención.
37.- P: ¿Que
significa pasar de alerta 4 a alerta 5?
R: La fase 4 no hace las cosas diferentes a la fase 5, significa que el virus se
ha propagado de persona a persona en más de 2 países; y fase 6 es que se ha
propagado en más de 3 países.
38..- P: ¿El que se
infectó de este virus y se sana, queda inmune?
R: SI.
39.- P: ¿Los niños
con tos y gripa tienen influenza?
R: Es poco probable, los niños son poco afectados.
40.- P: ¿Medidas que
la gente que trabaja debe tomar?
R: Lavarse las manos muchas veces al día.
41.- P: ¿Me puedo
contagiar al aire libre?
R: Si hay gente infectada y que tosa y/o estornude sí puede ocurrir, pero la vía
aérea es un medio de poco contagio.
42.- P: ¿Se puede
comer carne de puerco?
R: SI se puede y no hay riesgo alguno de
contagio.
43.- P: ¿Cual es el
factor determinante para saber que ya se controló el virus?
R: Aunque se controle la epidemia ahora, en el invierno boreal (hemisferio
norte) puede regresar y todavía no habrá vacuna.
FAVOR TENER EN CUENTA Y DIVULGAR
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Novedades
Mediante internet se podrá realizar el trámite para cobrar la jubilación.
Esta semana se enviarán cartas a quienes estén a dos años de jubilarse para explicarles el sistema. Una vez cumplida la edad necesaria para retirarse, cobrarán los haberes en 60 días
La mayoría de las personas que estén a dos años de jubilarse comenzarán esta
semana a recibir una de las 100.000 cartas que enviará la Anses que
indican que podrán realizar su trámite de jubilación a través de internet y
que empezarán a percibir el beneficio a los 60 días de producirse su retiro.
Gracias a que en el registro están detallados los años de aporte de cada
persona, se puede saber quiénes son los que cumplen con los 30 años
exigidos por la ley para iniciar el trámite jubilatorio. Estos
individuos, luego de cumplir la edad requerida (60 años las mujeres y 65 los
hombres), deberán entrar a la página de la Anses, elegir la opción "Me
Quiero Jubilar", y completar la solicitud.
A su vez, las personas que tienen 30 años de aportes, pero que han
estado más en servicio – los cuales no están registrados – deberán
presentarse con los recibos de sueldo o certificaciones para registrar los
aportes, ya que es una opción para mejorar el cálculo del haber.
En contraposición, quienes no cumplan con los años de aporte exigidos
recibirán una carta que indica: "En poco tiempo, como aportante al Sistema
Integrado Previsional Argentino, usted cumplirá los años necesarios para
tramitar su Jubilación, pero hemos constatado en nuestros registros
que a la fecha no cumple con los 30 años de servicios requeridos para el
otorgamiento del beneficio".
Asimismo, se explica que el trabajador debe presentarse en la Anses
con sus recibos de sueldo o certificados de servicios por los aportes no
registrados. Las páginas, una especie de preaviso, les dan la
posibilidad a los futuros jubilados de completar la documentación necesaria y,
una vez hecho esto, a los 60 días del retiro comenzar a cobrar su
jubilación.
Ante el mecanismo, Amado Boudou, titular de la Anses, explicó que "el
objetivo es acortar los tiempos de la jubilación, brindar un servicio
sin necesidad de perder tiempo en trámites burocráticos y despapelizar los
expedientes, porque todo pasará a la vía informática". "La mitad del tiempo
que demora una jubilación es por las verificaciones de los certificados de
trabajo. Al reducir esa etapa, y empezar el trámite dos años antes, la
jubilación puede salir sin problemas en 60 días", añadió, publicó el
diario Clarín.
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Ley 26417 de MOVILIDAD texto completo.
PRESTACIONES PREVISIONALES
Ley 26.417
Movilidad de las Prestaciones del Régimen Previsional Público. Ley Nº 24.241 modificación.
Sancionada: Octubre 1 de 2008
Promulgada: Octubre 15 de 2008
El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina reunidos en Congreso, etc. sancionan con Fuerza de Ley
MOVILIDAD DE LAS PRESTACIONES DEL REGIMEN PREVISIONAL PUBLICO
CAPITULO I
Disposiciones Generales
ARTICULO 1º — A partir de la vigencia de la presente ley, todas las prestaciones previsionales otorgadas en virtud de la Ley 24.241, de regímenes nacionales generales anteriores a la misma y sus modificatorias, de regímenes especiales derogados, o por las ex-cajas o institutos provinciales y municipales de previsión cuyos regímenes fueron transferidos a la Nación se ajustarán conforme lo establecido en el artículo 32 de la Ley 24.241 y sus modificatorias.
Los beneficios otorgados en virtud de la Ley 24.241 y sus modificatorias, o en las condiciones enunciadas en el párrafo anterior, que se encontraran amparados por disposiciones especiales de reajuste dispuestos por sentencia judicial pasada en autoridad de cosa juzgada, se ajustarán a lo establecido en el artículo 32 de la Ley 24.241 y sus modificatorias, a partir de la vigencia de la presente ley, sin perjuicio del cumplimiento de la manda judicial por los períodos anteriores a la vigencia de la presente ley.
ARTICULO 2º — A fin de practicar la actualización de las remuneraciones a que se refiere el artículo 24, inciso a) de la Ley 24.241 y sus modificatorias, para aquellas que se devenguen a partir de la vigencia de la presente ley, se aplicará el índice combinado previsto en el artículo 32 de la mencionada ley. La Secretaría de Seguridad Social del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social establecerá el modo de aplicación del citado índice.
ARTICULO 3º — Las rentas de referencia que se establecen en el artículo 8º de la Ley 24.241 y sus modificatorias se ajustarán conforme la evolución del índice previsto en el artículo 32 de la mencionada ley, con la periodicidad que establezca el Poder Ejecutivo nacional.
ARTICULO 4º — Sustitúyese el artículo 20 de la Ley 24.241 y sus modificatorias, por el siguiente:
Artículo 20: El monto del haber mensual de la Prestación Básica Universal se establece en la suma de PESOS TRESCIENTOS VEINTISEIS ($ 326).
ARTICULO 5º — Derógase el artículo 21 de la Ley 24.241 y sus modificatorias.
ARTICULO 6º — Sustitúyese el artículo 32 de la Ley 24.241 y sus modificatorias, por el siguiente:
Artículo 32: Movilidad de las prestaciones.
Las prestaciones mencionadas en los incisos a), b), c), d), e) y f) del artículo 17 de la Ley 24.241 y sus modificatorias, serán móviles.
El índice de movilidad se obtendrá conforme la fórmula que se aprueba en el Anexo de la presente ley.
En ningún caso la aplicación de dicho índice podrá producir la disminución del haber que percibe el beneficiario.
ARTICULO 7º — Cuando el haber real del beneficio previsional resulte inferior al haber mínimo garantizado, la diferencia se liquidará como complemento, a fin de que, de la sumatoria de todos los componentes resulte un haber no inferior a aquél.
ARTICULO 8º — El haber mínimo garantizado por el artículo 125 de la Ley 24.241 y sus modificatorias se ajustará en a función de la movilidad prevista en el artículo 32 de la mencionada ley.
ARTICULO 9º — El haber máximo se ajustará conforme la evolución del índice previsto en el artículo 32 de la Ley 24.241 y sus modificatorias.
ARTICULO 10. — Establécese que la base imponible máxima prevista en el primer párrafo del artículo 9º de la Ley 24.241 y sus modificatorias, se ajustará conforme la evolución del índice previsto en el artículo 32 de la mencionada ley.
CAPITULO II
Disposiciones Complementarias
ARTICULO 11. — Sustitúyese el artículo 35 de la Ley 24.241 y sus modificatorias, por el siguiente:
Artículo 35: Las prestaciones previstas en el artículo 17 de la Ley 24.241 y sus modificatorias serán abonadas en forma coordinada con el haber de la jubilación ordinaria o con alguna de las prestaciones del artículo 27 otorgadas a través del Régimen de Capitalización. Las normas reglamentarias instrumentarán los mecanismos a fin de procurar la inmediatez y simultaneidad de los pagos respectivos.
ARTICULO 12. — Sustitúyese el inciso a) del artículo 24 de la Ley 24.241 y sus modificatorias, por el siguiente:
a) Si todos los servicios con aportes computados lo fueren en relación de dependencia, el haber será equivalente al UNO Y MEDIO POR CIENTO (1,5%) por cada año de servicio con aportes o fracción mayor de SEIS (6) meses, hasta un máximo de TREINTA Y CINCO
(35) años, calculado sobre el promedio de remuneraciones sujetas a aportes y contribuciones actualizadas y percibidas durante el período de DIEZ (10) años inmediatamente anterior a la cesación del servicio. No se computarán los períodos en que el afiliado hubiere estado inactivo, y consecuentemente no hubiere percibido remuneraciones.
Facúltase a la Secretaría de Seguridad Social del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social a dictar las normas reglamentarias que establecerán los procedimientos de cálculo del correspondiente promedio.
ARTICULO 13. — Sustitúyense todas las referencias al Módulo Previsional (MOPRE) existentes en las disposiciones legales y reglamentarias vigentes, las que quedarán reemplazadas por una determinada proporción del haber mínimo garantizado a que se refiere el artículo 125 de la Ley 24.241 y sus modificatorias, según el caso que se trate.
La reglamentación dispondrá la autoridad de aplicación responsable para determinar la equivalencia entre el valor del Módulo Previsional (MOPRE), y el del haber mínimo garantizado a la fecha de vigencia de la presente ley.
CAPITULO III
Disposiciones Transitorias
ARTICULO 14. — Las sumas que a la fecha de entrada en vigencia de la presente ley se liquidaran en concepto de Suplemento por Movilidad, creado por el decreto 1199/04 y por los incrementos otorgados por el decreto 764/06, por el artículo 45 de la Ley 26.198 y por los decretos 1346/07 y 279/08, pasarán a integrar la Prestación Básica Universal en la medida necesaria para alcanzar el valor mencionado en el artículo 4º y el remanente la Prestación Compensatoria y la Prestación Adicional por Permanencia, proporcionalmente y según corresponda.
ARTICULO 15. — El primer ajuste en base a lo establecido en el artículo 32 y concordantes de la Ley 24.241 y sus modificatorias se aplicará el 1º de marzo de 2009.
ARTICULO 16. — La reglamentación establecerá las fechas a partir de las cuales comenzarán a regir las distintas normas incluidas en la presente ley.
ARTICULO 17. — Comuníquese al Poder Ejecutivo.
DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONGRESO ARGENTINO, EN BUENOS AIRES, A UN DIA DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL OCHO.
— REGISTRADA BAJO EL Nº 26.417 —
JULIO C. C. COBOS. — EDUARDO A. FELLNER. — Marta A. Luchetta. — Juan H. Estrada.
ANEXO
CALCULO DE LA MOVILIDAD

El ajuste de los haberes se realizará semestralmente, aplicándose el valor de "m" para los haberes que se devenguen en los meses de marzo y septiembre. Para establecer la movilidad se utilizará el valor de "m" calculado conforme el siguiente detalle: enero-junio para el ajuste de septiembre del mismo año y julio-diciembre para el ajuste a aplicar en marzo del año siguiente.
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Sentada frente al
Mausoleo de los Legisladores.
Hoy jueves 10 de abril de 2008 nuevamente nos manifestamos frente al Mausoleo de los Legisladores (léase Congreso), haciendo una sentada por la memoria de los adultos mayores muertos sin antes haber podido cobrar su jubilación con la correspondiente MOVILIDAD, también lo hicimos para reclamar por el 82% MÓVIL y por la composición de la Comisión de Previsión y Seguridad Social, lamentablemente nuevamente fuimos abandonados por los medios y nos es muy difícil el poder reclamar al gobierno totalmente solos.
Para ver imágenes de la sentada frente al MAUSOLEO de los LEGISLADORES oprima dos veces sobre la imagen que tiene la flecha.
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11/03/2008
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21/02/2008
Lorenzetti pidió una ley que dé efecto colectivo a las sentencias
Dijo que, en el caso de los
jubilados, hay que encontrar soluciones que beneficien a la gente. El presidente
de la Corte Suprema considera que el Ejecutivo y el Congreso deben definir los
alcances de la norma. El beneficio.
BUENOS AIRES. El presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación,
Ricardo Lorenzetti, sostuvo que es necesario que el Congreso y el (Poder)
Ejecutivo sancionen una ley que permita dar efectos colectivo a algunas
sentencias, como en el caso de las jubilaciones.
El máximo tribunal emitió en noviembre un fallo que ordenó actualizar 88,6% el
salario de un jubilado.
“Una de las medidas importantes que hay que tomar sería que las sentencias de la
Corte comprendieran a todos los jubilados. Cuando todos los juicios son iguales,
no es razonable que obliguemos a la gente a hacer miles de juicios iguales”,
añadió.
“La Corte podría dictar una sentencia y decir: para todos los casos esto es
igual, pero no tenemos facultades. Pedimos que se sancione una ley con efectos
colectivos. Hay que buscar soluciones prácticas que beneficien a la gente”,
insistió el presidente del alto tribunal judicial.
"A veces se dice que la Justicia tiene que ser más rápida. Pero a veces no
tenemos facultades”, insistió. “Al margen de que pedimos autonomía
presupuestaria y facultades reglamentarias, pedimos políticas de Estado. Que nos
pongamos de acuerdo los tres poderes y digamos: esto se hace. Creo que en eso
estamos avanzando”, afirmó Lorenzetti.
Para todos
En ese marco, no se descarta que el defensor del Pueblo de la Nación, Eduardo
Mondino, inicie una acción colectiva para que todos los jubilados sean
alcanzados por el fallo de la Corte Suprema de Justicia que dictaminó en
noviembre la actualización del salario de un jubilado.
Así lo confirmaron fuentes de la Defensoría, y precisaron que la presentación
judicial buscará que se extienda para todos los pasivos el beneficio obtenido
por el jubilado Adolfo Badaro. “Hay que poner en un plano de igualdad en sus
derechos a todos los que se encuentran en las mismas condiciones”, insistió
Mondino.
A fines del año pasado el defensor le había recomendado al jefe de Gabinete,
Alberto Fernández, que se dispusieran todas las acciones posibles, y en un
tiempo perentorio, para que todos los jubilados y pensionados obtengan idénticos
derechos a los otorgados por la sentencia de la Corte. A criterio, del defensor
del Pueblo, se debe garantizar la percepción de la movilidad jubilatoria a todos
los pasivos que no se encuentren actualmente beneficiados por aumentos fijos.
La Defensoría recibió innumerables pedidos de intervención de jubilados y
pensionados nacionales a efectos de que se reconozca su derecho a obtener el
reajuste en sus haberes. (DyN)
Conclusión de AMO.
Basta de seguir dando vueltas mientras los jubilados se van muriendo uno a uno, si todos están de acuerdo con la MOVILIDAD que la trate el Congreso discutiendo el calculo a aplicar.
Porque Mondino no se une con Semino, dado que el defensor de la tercera edad ya hizo una presentación ante la ANSES y si es rechazada será acercada a la Suprema Corte de justicia para que falle.
Estamos
cansados para no decir podridos de tantas vueltas, el superávit de la ANSES es
de los jubilados y no una caja de Pandora.
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Reportaje de Laura Kalerguis a Hugo de la Sota, sobre el "aumento" que dio el Ejecutivo del 15% en las jubilaciones y la importancia que el Legislativo apruebe un proyecto sobre MOVILIDAD en las jubilaciones.
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Exención de ABL para jubilados.
De acuerdo
con la reforma que entró en vigencia el primero de enero pasado, para acceder al
beneficio de la exención de ABL, la valuación del inmueble no debe superar los
65.000 pesos y el jubilado o pensionado no debe percibir un ingreso mensual
mayor a 1.260 pesos.
En tanto, para recibir una rebaja del 50 por ciento en el pago de ese impuesto,
la valuación de la propiedad no debe superar los 97.500 pesos y el jubilado o
pensionado propietario debe cobrar mensualmente menos de 1.890 pesos.
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Hoy se realizo una nueva movilización por la MOVILIDAD de las jubilaciones, como siempre asistimos las mismas Asociaciones, otras que dicen participar parece que son invisibles porque nunca se las ve, hablan mucho y hacen poco, no se tuvo el apoyo de los medios y el Sr. Castels que dice representar a los jubilados, venia caminando en una marcha por la avenida Rivadavia a la altura de Caballito con apenas 100 personas, parece que la exposición mediática en programas de alto rating no lo ayudan mucho.
La marcha fue organizada por los jubilados de plaza Lavalle y asistieron la Asociación Mayores Olvidados, Asociación Argentina de Jubilados Aportantes, jubilados de Liniers y Veteranos de Malvinas.
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oyHoy se realizo la MOVILIZACIÓN por la MOVILIDAD en las jubilaciones, Omar Martínez y miembros de la Comisión Directiva de AAJA y Hugo de la Sota Presidente de A.M.O. entregaron un petitorio al Diputado Enrique Thomas, al Diputado Alberto Balestrini y al Vicepresidente Daniel Scioli . Luego estuvimos reunidos con el Senador Ricardo Gómez Diez, donde una delegación de Salta y Jujuy presentaron sus reclamos.
Omar Martínez y
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Todos los que tenemos mas de 50 años, hemos vivido décadas de terror, siendo rehenes de energúmenos de un lado y de otro, toda esta basura es por el maldito poder y todavía hoy seguimos visitando el pasado sin importarnos el futuro.
Para ver el Video doble clik sobre la flecha:
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ACLARACIÓN
El motivo de mi alejamiento de la Asociación 50 a 60 de la cual estoy orgulloso de ser fundador y de haber hecho mover la modorra de todos los que estaban en mi misma situación, es simplemente que ya cumplió con su cometido y ahora digamos que solo existe un recuerdo, es muy duro cuando se lucha y no se encuentra eco en el resto, espero que en esta nueva etapa se puedan lograr mas soluciones para los adultos mayores.
Hugo de la Sota
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futuros jubilados, tengan mucho cuidado con las estafas de los gestores que
prometen mucho y no consiguen nada y también con los prestamos o beneficios
que dicen brindar muchas mutuales, ya la ANSES esta investigando. No se dejen engañar por
aquellos que quieren cobrarles cuotas y les ofrecen NADA.
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