La Asociación
Mayores Olvidados orienta y asesora dentro de sus posibilidades a todos los
interesados en forma
gratuita, estamos
cansados de tantas estafas a los pobres jubilados.
No hacemos
tramites, solo orientamos y asesoramos.
También puede
denunciar los problemas que Ud. ve a diario en la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, NO SE QUEJE; SI NO SE QUEJA, envíe fotos o notas y las publicaremos,
este reclamo solo pretende ayudar para hacer de Buenos Aires una ciudad mejor,
ayudando a las autoridades a lograr lo que prometieron.
ANSES alerta sobre
la presencia en diferentes ciudades del país, de personas que prometen
gestionar trámites para acceder a una jubilación sin los requisitos
correspondientes, solicitando una suma de dinero previa a la gestión del
beneficio.
Estos falsos gestores
prometen el acceso a una jubilación a mujeres de 55 años y hombres de 60 años.
ANSES recuerda que para acceder al beneficio jubilatorio, ya sea para la
jubilación ordinaria como para la jubilación por moratoria vigente, es
necesario el requisito de edad (60 años las mujeres y 65 años los hombres),
excepto aquellas personas que hayan prestado servicios insalubres o dentro de
regímenes especiales que reduzcan los límites exigidos por la ley para la edad
y/o los servicios.
Todos los trámites ante ANSES son
gratuitos, no se debe pagar por ninguna prestación o servicio. Tampoco es
necesario contratar gestores ni intermediarios.
La jubilación mínima pasará a $1.046 y la
asignación por hijo, a $220
Lo anunció la Presidenta por cadena nacional. El aumento de
las asignaciones familiares es del 22,22%. Y el de las jubilaciones, que regirá
desde septiembre, del 16,9%. El incremento para la clase pasiva es el que ya
está previsto en la ley de movilidad.
La
presidenta Cristina Fernández de Kirchner anunció hoy un aumento del 22% en
las asignaciones familiares que cobran todos asalariados en blanco y en la
asignación universal por hijo y adelantó un 16,9 por ciento en todos los
haberes jubilatorios a partir del 1 de septiembre, una suba que está prevista
en la ley de movilidad. Además, reclamó “responsabilidad” por parte de los
empresarios para que los anuncios no se trasladen a los precios. Lo hizo a
través de la cadena nacional en el marco de un acto que encabezó este mediodía
en el Salón de las Mujeres de la Casa de Gobierno.
El aumento jubilatorio anunciado este mediodía llevará el haber mínimo a
1.046,50 pesos, de los 895.20 actuales. A eso se sumará, según explicó la
Presidenta, el subsidio del PAMI, lo que dejará en 1.091 pesos la jubilación
mínima.
Según destacó la Presidenta en su discurso, la suba acumulada entre 2009 y
este año es del 51,65%, sumado al 8,21 por ciento otorgado en marzo y al
19,88% de 2009 (11,69% en marzo y 7,34 en septiembre).
"El impacto anual del aumento son 14.258 millones de pesos por arriba de lo
que ya se está pagando lo que va a demandar este aumento de 26,49 de la
jubilación este año", afirmó Cristina. Y destacó que “casi el 87 de los
argentinos en edad de jubilación están dentro del sistema previsional”.
El acto arrancó y terminó con la marcha peronista sonando de fondo. “Pensé que
ingresaba a una cancha de fútbol”, bromeó la Presidenta en su primera
intervención.
Tras el anuncio esperado en materia de jubilados, Cristina sorprendió con una
suba del 22% para la asignación universal por hijo, que llega a 3.684.000
chicos, y para las asignaciones familiares, que pasarán de 180 a 220 pesos.
Según dijo en su extenso discurso, los aumentos anunciados en asignación
familiar y haberes jubilatorios garantizan "un horizonte de actividad
económica y consumo".
Tras el bombardeo de cifras, Cristina se acordó de los dirigentes sindicales y
de los empresarios. “Este aumento no puede tener correlato en aumento de
precios, las negociaciones salariales están terminadas”, les dijo.
NUESTRA POSICIÓN.
Nos parece un gran esfuerzo el aumento
dado por el Ejecutivo que hay que valorar, pese a los detractores por
naturaleza, que sabemos existen y que van a salir a confundir a los jubilados,
esta es nuestra posición con los pies sobre la tierra, lo único que pediríamos
es que nos digan como funciono la formula para este resultado.
Cuáles son los temas que concitarán la atención
inmediatamente después del receso invernal. Se esperan batallas muy
calientes entre el oficialismo y la oposición en ambas cámaras.
Cuando poco después de las 4 de la madrugada del jueves 15 se aprobó
en el Senado la nueva Ley de Matrimonio Civil, el festejo kirchnerista
llegó hasta la China. Y no literalmente, sino que en el Lejano
Oriente, donde la comitiva presidencial se aprestaba a emprender el
regreso a Buenos Aires, el desarrollo del debate fue seguido en vivo y
en directo a través de los celulares. Si bien información de primera
mano les aseguraba la aprobación del proyecto tal cual había llegado
desde la Cámara baja, la lógica tensión se mantuvo durante el
desarrollo de los tramos finales que, por la diferencia horaria,
contemplaron durante una prolongada sobremesa.
En el Congreso, los popes legislativos de ambas cámaras del
oficialismo celebraron con alivio el resultado que certificaba lo que
probablemente haya sido el último gran triunfo que podrán exponer en
los próximos meses. Por el contrario, el segundo semestre que se
iniciará pasado el receso invernal no se avizora halagüeño para las
expectativas oficialistas.
Un año que arrancó signado por la farragosa disputa por los DNU del
uso de las reservas, cuyo desenlace quedó en la nada, producto de una
judicialización que terminó dejando en abstracto cualquier resolución
que ya pudiera adoptar el Congreso, y que recién sobre el inicio del
Mundial comenzó a enderezarse en función de las expectativas de la
oposición.
En efecto, promediando el primer semestre, la oposición -que presenta
una mayoría nada uniforme en Diputados y es un conjunto difuso y
fluctuante en el Senado- consiguió finalmente tomarle el pulso a la
nueva realidad legislativa y hacerle sentir al kirchnerismo la
eficacia de un poder de fuego que hasta entonces había asemejado a
balas de salva.
Obtenidos esos primeros resultados, el panorama que se avecina para
los próximos meses no es nada alentador para el Poder Ejecutivo, que
deberá sin dudas echar mano en última instancia a una herramienta
constitucional lícita, pero costosa en términos políticos: el veto.
El tema más irritante para el oficialismo es sin dudas el del 82 por
ciento móvil, precisamente porque su aprobación se descuenta en ambas
cámaras y el consiguiente veto acarrea una cuota de desgaste que un
gobierno de las características del actual se ha resistido a pagar en
sus siete años de gestión. El proyecto en realidad son dos, y avanza
en ambas cámaras como una suerte de tenazas que tiene al oficialismo
en el medio.
En el Senado, tras el paso del ministro Amado Boudou y el titular de
la ANSeS, Diego Bossio, la oposición consiguió dictamen de mayoría en
la Comisión de Presupuesto y Hacienda, con lo cual el proyecto del
socialista Rubén Giustiniani quedó habilitado para llegar al recinto.
Consumado ese formulismo, la iniciativa quedó en posición de ser
tratada en los siete días venideros, pero el receso invernal servirá
para alargar el suspenso hasta el 4 de agosto, fecha en la que
finalmente será abordado en el Senado para su media sanción.
Paralelamente la misma iniciativa será abordada ese mismo día en la
Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados. En una u
otra cámara, el proyecto sería aprobado antes de llegar la primavera.
Mientras el oficialismo se disponía a celebrar la aprobación del
matrimonio gay, en la Cámara baja se le asestaba otra derrota, sólo
opacada por la trascendencia mediática del otro tema y porque en plena
madrugada el tratamiento en particular debió suspenderse por falta de
quórum. Hablamos de la ley de Protección de los Glaciares, que será
coronada en la próxima sesión de la Cámara baja para volver al Senado,
donde será finalmente convertida en ley. La norma tiene el mismo
espíritu de la que fue vetada en su momento por la Presidenta, que en
esta oportunidad insistirá con esa herramienta, según aseguró el
titular del bloque oficialista de Diputados, Agustín Rossi.
Asimismo el miércoles 14 la Cámara baja le asestó un duro golpe al
oficialismo. No tan sonoro, pero sí contundente. Fue al inicio de la
sesión, cuando debatió durante dos horas sobre cuestiones
reglamentarias por la falta de reuniones en las comisiones claves para
aprobar proyectos de ley opositores. Al cabo de la discusión,
interpretando el artículo 106 del reglamento interno de la Cámara
baja, la oposición le torció el brazo al oficialismo y fijó un
calendario para las comisiones de Presupuesto y Hacienda, Comercio, y
Peticiones, Poderes y Reglamentos. Las tres son presididas por el
kirchnerismo, que viene omitiendo convocar a reunirse para demorar la
emisión de dictámenes promovidos por la oposición.
Esta medida administrativa tiene por objeto motorizar dictámenes sobre
temas como el INDEC y la ONCCA, organismos sobre los cuales la
oposicíon pretende avanzar.
Otra disputa de los próximos meses será seguramente la que se dará en
torno al Consejo de la Magistratura, cuya modificación ya fue aprobada
en la Cámara de Diputados y que ahora será discutida en el Senado.
Para beneplácito K, allí no está dicha la última palabra y bien podría
conseguir el oficialismo los votos necesarios para frenar en la Cámara
alta.
Pero hay otro tema que desvela al oficialismo: las facultades
delegadas que vencen el próximo 24 de agosto. Según anticipó la
oposición, las mayores posibilidades indican que ninguna sea
prorrogada, y entre esas normas está la de fijar retenciones al agro.
“Esta facultad no va a ser prorrogada y se va a proponer un nuevo mapa
de retenciones en el país y que esperamos concensuar con el Gobierno”,
aseguró días pasados el titular del bloque radical de Diputados,
anticipando así las intenciones de eliminar el canon para la
exportación de maíz, trigo y girasol, y fijar el de la soja.
Aún hay más. Un proyecto firmado por los jefes la UCR, el Peronismo
Federal, la Coalición Cívica y Gabriela Michetti del PRO, apunta a
derogar la vigencia de la Ley de Emergencia Económica que faculta a la
Presidenta de la Nación a seguir fijando tarifas, renegociando los
contratos de los servicios públicos privatizados, regulando precios de
la canasta básica, y reordenando el sistema financiero. La norma rige
hasta diciembre de 2011, pero la oposición argumenta que puede ser
derogada por resultar contraria al mandato constitucional, en virtud
del artículo 76 de la Constitución Nacional que prohíbe la delegación
legislativa en el Poder Ejecutivo.
Todas esas batallas están programadas en la agenda que los jefes de la
oposición en ambas cámaras han trazado las últimas semanas. A esos
pasos habrá que sumar la actuación de la Comisión de Relaciones
Exteriores que seguirá indagando en torno a las denuncias del ex
embajador Eduardo Sadous, y los cada vez más reiterados pedidos de
interpelaciones que buscan llevar a funcionarios del Ejecutivo a los
recintos o las comisiones. En las últimas semanas se presentaron
iniciativas en ese sentido reclamando las presencias de Aníbal
Fernández, Amado Boudou, Julio De Vido, Guillermo Moreno y hasta
Julián Domínguez.
Y sobre todo, para el mes de octubre, se espera la discusión del
Presupuesto 2011, que promete tener el debate que desde hace años no
registra.
Hay 5,9 millones de jubilados
en la Argentina Parte de la propaganda oficial
Las prestaciones quedaron desactualizadas y la
más baja (de $ 890) no alcanza. El 82% del actual salario mínimo de
1.500. Empeoraría la relación de casi 1,4 activos por pasivo si
siguieran sin pagar tantos trabajadores informales y cuentapropistas.
El Sistema Previsional Argentino (Sipa) tiene 8,5 millones de aportantes
-eran alrededor de 5 millones en el 2003- y casi 5,9 millones de beneficiarios
(3,5 millones contributivos y 2,4 millones por moratorias). Esto significa una
relación de casi 1,4 activos por pasivo. Esta situación también fue analizada
por la consultora M&S, que preside el economista Carlos Melconian, donde
calcularon que para pagar el 82% de los salarios en actividad se necesitarían
tres aportantes más por cada jubilado. En junio pasado, el haber promedio de la
mal llamada clase pasiva rondaba los 1.150 pesos mensuales, pero de aquellos 5,9
millones el 76,5% -unos 4,2 millones- percibía el mínimo de 895 -o tal vez
menos- y 780 más de 900.000 con pensiones no contributivas.
El bajo haber medio se atribuyó a la incidencia de los autónomos, los
monotributistas y de quienes habían adherido a la "universalización", una
moratoria que facilitó el retiro de aquellas personas que tenían edad para
hacerlo pero no los años de aportes exigidos o que nunca los habían hecho y los
que se habían desempeñado "en negro".
En un primer momento hubo funcionarios que pensaron en que la
"universalización" comprendería a 2,2 millones de mujeres y hombres, quienes
cobrarían la mínima. Lo cierto es que, además, permitió que pensionadas
tramitaran jubilaciones y que unas 550.000 personas estuvieran en condiciones de
acceder a pensiones por sus cónyuges fallecidos, aunque ellos nunca hubieran
aportado.
La presidenta Cristina Fernández de Kirchner ponderó, a mediados de junio
pasado, la disminución al 34,6% del trabajo no registrado, que puntualizó era
"el nivel más bajo de los últimos 25 años".
Las prestaciones quedaron desactualizadas y no se ajustaron a la evolución de
los salarios, como habían establecido fallos de la Corte Suprema de Justicia
(CSJ). En los autos "Badaro Valentín c/Administración Nacional de Seguridad
Social" (Anses), por ejemplo, la CSJ ordenó al Poder Ejecutivo Nacional (PEN),
en el 2006, que impulsara una ley con pautas de movilidad para los haberes
previsionales, vinculadas con los de los trabajadores en actividad.
En el 2007, al no cumplirse lo resuelto, ordenó a la Anses una corrección,
que de enero del 2002 a diciembre del 2006 fue del 88,6%, cuando en idéntico
lapso los aumentos generales oscilaron entre el 10% y el 22%. Por eso parte de
las jubilaciones quedó retrasada y muchos "beneficiarios" pasaron a recibir 895
pesos.
Los haberes se actualizan cada seis meses mediante la aplicación de una
intrincada fórmula de movilidad que combina datos de la evolución de los
salarios y las variaciones en los recursos tributarios destinados al Sipa. Como
casi siempre se aplica el valor más bajo, las prestaciones se licuan y "achata"
la pirámide previsional.
Por los atrasos en los ajustes frente a la inflación real, disminuyó la
prestación básica universal (PBU), que en un momento dado representó el 27,5%
del sueldo promedio -últimamente, menos del 15%-, proporción a la que debía
sumarse para determinar el haber inicial el 45% de la remuneración ajustada de
los últimos diez años en actividad de quienes demostraran 30 de aportes. Para un
sueldo medio, entonces, el inicial debería representar el 72,5% (27,5 más 45%).
No obstante, las personas que se retiraron con tres décadas de antigüedad rondan
el 36%.
Ante semejante realidad se entablaron cada vez más juicios contra la Anses
por liquidaciones mal efectuadas entre el 2002 y el 2006, que se agregaron a los
acumulados de la década del 90.
Los jubilados "viven en una situación de desesperación" y con sus ingresos
"no pueden cubrir lo elemental de su canasta básica", afirmó Eugenio Semino,
defensor de la Tercera Edad de la ciudad de Buenos Aires. En el organismo
calcularon un valor para la canasta básica de 2.063,45 pesos, cuando el 76,5% de
ellos percibe el mínimo de 895. Semino recomendó "tomar en consideración el
fondo de garantía de sustentabilidad (FGS) que tiene la Anses y ver cómo se
redistribuye", así como "un cambio estructural de la legislación".
El FGS, integrado por los aportes de los afiliados a las otrora
administradoras de fondos de jubilaciones y pensiones (AFJP), ascendía a 149.286
millones en abril último y estaba compuesto mayormente por bonos públicos,
acciones, letras, inversiones y demás activos "heredados" de las AFJP.
En la Anses reconocieron que esas inversiones resultaban "prácticamente
imposibles de liquidar en el mercado en el corto plazo sin asumir una pérdida de
capital o provocar un colapso financiero local, excepto con los 11.500 millones
en plazos fijos que sí podrían cancelarse teniendo en cuenta la liquidez de los
bancos".
De cualquier manera, y como si se tratara de una "caja política", el PEN
prosigue manejando los recursos con discrecionalidad y escasa transparencia -al
igual que los de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), el Banco
Central y hasta Lotería Nacional-, aunque pertenecen a los aportantes. Amado
Boudou, ministro de Economía y Finanzas Públicas, y Diego Bossio, titular de la
Anses, tampoco explicaron cómo recapitalizarán al organismo que destina parte de
sus ganancias al programa de asignación universal por hijo (AUH), que debería
cubrirse con ingresos fiscales generales. En el 2010, la Anses ostentaría un
superávit de casi 15.000 millones computando la renta del FGS, de los cuales
unos 8.500 millones se derivarían precisamente a la AUH y 6.500 a títulos
públicos para cubrir necesidades del Tesoro.
Organizaciones de Jubilados y Pensionados de la República Argentina,
integrantes de la Central de Trabajadores Argentinos (CTA), advirtieron que "la
inclusión social no se logra con el 92% de los pasivos con ingresos por debajo
de la línea de pobreza ni tampoco con aquellos que peregrinan hasta la muerte
litigando por su ajuste, para que sea el sustituto del salario, como establece
la Constitución nacional en su artículo 14 bis, ratificado por la CSJ". Al mismo
tiempo, peticionaron la intangibilidad de los fondos de la Anses y del Instituto
Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI), la
resolución de todos los juicios, la asistencia con nivel de excelencia de la
salud para el sector y más efectores y recursos humanos, sin olvidarse de citar
que estuvieron 14 años sin recibir aumentos (leyes 24241 y 24463 durante la
presidencia de Carlos Menem y con Domingo Cavallo como ministro de Economía y
Obras y Servicios Públicos), criterio que se mantuvo en las de Fernando de la
Rúa y Eduardo Duhalde. Por todo eso exigieron "una nueva ley de jubilaciones,
equitativa y perdurable en el tiempo, que restituya el 82%".
Proyectos de Rubén Giustiniani, senador nacional socialista e integrante del
Frente Progresista de Santa Fe, y Claudio Lozano, diputado nacional por el
Proyecto Sur, fueron consensuados por bloques de la oposición en las comisiones
de Presupuesto de las cámaras alta y baja de la Nación con la intención de
elevar el haber mínimo al 82% del salario mínimo, vital y móvil (SMVM),
actualmente de 1.500 pesos.
Ambas propuestas parlamentarias fueron consideradas "irresponsables" por
Boudou, quien intentó convencer de que el gobierno no tiene recursos para el
alza de la mínima ni para ajustar lo que se liquidó mal. En su cartera
calcularon que ambas medidas demandarían 30.000 millones anuales y causarían un
desequilibrio equivalente al 2,5% del PBI.
Bossio interpretó que elevar el mínimo a 1.230 pesos (el 82% del SMVM de
1.500) contribuiría "al déficit fiscal, al endeudamiento y, en definitiva, a la
pérdida de empleos" y generaría "un desequilibrio anual terrible para la Anses,
liquidando parcial o totalmente los recursos del FGS y poniendo en serio riesgo
el pago de las jubilaciones actuales y futuras".
El bloque de diputados nacionales de Nuevo Encuentro Popular y Solidario
(Martín Sabbatella, Carlos Heller, Ariel Basteiro, Vilma Ibarra y Jorge Rivas)
consideró importante que desde el Congreso se abra "una discusión responsable,
orientada a establecer el histórico porcentaje del 82% móvil en las jubilaciones
mínimas", e impulsó "la restitución de las alícuotas de los aportes patronales a
los niveles previos a 1993".
"Progresivamente deberíamos llegar al 82% móvil -dijo Hugo Moyano, secretario
general de la CGT-. Pero tienen que estar los recursos".
"La caja de la Anses no cierra ni por casualidad para financiar los aumentos
de los haberes provisionales, pero aumentar las cargas patronales a los niveles
de 1993 es inconcebible", advirtió Héctor Méndez, titular de la Unión Industrial
Argentina (UIA). El comité ejecutivo de la central fabril insistió en que
mayores cargas patronales alentarían aún más la informalidad y la suba de
precios y propuso incrementar la tasa del Impuesto al Valor Agregado (IVA).
Las propuestas de la oposición fueron defendidas por Julio Cleto Cobos,
vicepresidente de la Nación, quien aseguró que cuando gobernó Mendoza aplicó una
medida similar. Bossio le contestó que fueron beneficios de la caja provincial,
"altamente desiguales y diferenciales", y que sólo "restituyeron la diferencia
para llegar al 82% móvil al 3,5% del total de los jubilados mendocinos".
La devolución del 82% se debatió en las provincias, especialmente en aquellas
que no transfirieron sus cajas previsionales al gobierno nacional. "Aplicamos el
82% en Santa Fe, que va modificándose con los salarios", reveló Hermes Binner,
su gobernador. Otros mandatarios anticiparon que si las legislaturas locales
avanzaran en idéntico sentido, vetarían las normas para evitar el
desfinanciamiento de sus cajas.
"Inclusión y previsión social en una Argentina responsable" es el título de
un documento del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas y la Administración
Nacional de Seguridad Social (Anses) presentado en junio del corriente para
contrarrestar los intentos de los partidos de la oposición por modificar la
política provisional.
El trabajo reseñó lo que se hizo desde la inclusión social y qué hicieron
otros gobiernos, pero únicamente desde mediados de los 60 del siglo pasado.
Algunos de los señalamientos fueron:
*La inversión social aumentó en proporción del Producto Bruto Interno (PBI)
del 5,6% en el 2004 al 10,2% proyectado para este año.
*La Argentina es el país de la región que más gasta en seguridad social:
alrededor de 1.000 dólares anuales.
* La cobertura previsional pasó del 57% en el 2003 al 90% en este año y la
cantidad de beneficiarios aumentó de 3,185 millones en el 2003 a 5,585 millones
en el 2010.
* Desde la sanción de la ley 26417 de movilidad de las prestaciones del
régimen previsional público, promulgada el 15 de octubre de 2008, la jubilación
se incrementa dos veces por año.
*"La asignación universal por hijo (AUH) es el programa de transferencia de
ingresos más importante de la historia argentina y de la región". Incluye a 3,7
millones de niños y adolescentes en estado de vulnerabilidad.
*La relación entre el haber mínimo y el haber medio demuestra el
funcionamiento del sistema previsional como "herramienta de distribución de
ingresos e igualdad".
*El Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la Anses gestiona activos
por 149.286 millones de pesos.
*************************************
El Gobierno evalúa demorar la reunión del
Consejo del Salario
Es porque primero quiere ver qué pasará con la ley del
82% para las jubilaciones.
La convocatoria al Consejo del Salario Mínimo está en una encrucijada
. Por un lado, la CGT pone presión para que se cumpla la rutina de todos
los años: que se reúna a fin de julio y fije un nuevo valor a partir de agosto.
Sin embargo, el Gobierno no está convencido de hacerlo, ya que reajustar
ahora el sueldo mínimo podría representarle un costo extra de $ 1.696
millones en caso de que prospere el proyecto de la oposición para llevar la
jubilación mínima al 82% del salario mínimo.
La CGT descuenta que en cuestión de días se convocará al Consejo del
Salario Mínimo -que preside el Ministro de Trabajo, Carlos Tomada y que integran
también entidades empresarias y la CTA- el año pasado fue citado el 22 de julio,
se reunió el 28 de julio y fijó un nuevo valor al Salario Mínimo a partir de
agosto.
Se estima que, como el año pasado, el Consejo podría aprobar una suba del
salario mínimo en varios tramos, que rondaría punta a punta entre un 25 y 30%
, acompañando los incrementos de la mayoría de los convenios, con una primera
cuota en torno del 15%. Eso llevaría el actual salario mínimo de $ 1.500 desde
agosto a unos $ 1.700 aproximadamente .
“Se equivocan los opositores que hacen los cálculos del 82% del sueldo
mínimo para la jubilación mínima sobre $ 1.500. Hay que hacerlos a partir del
nuevo salario mínimo que, sin dudas, regirá a partir de agosto” , le dijo a
Clarín el jefe de asesores de la CGT y diputado nacional, Héctor Recalde.
El haber mínimo actual $ 895 pasaría a $ 1.240 si se eleva al 82% móvil. Y
eso representaría un costo anual de $ 19.597 millones para la ANSeS. Pero si se
acordara que el sueldo mínimo suba, por ejemplo, a $ 1.700 a partir de agosto,
eso supondría un haber mínimo de $ 1.400. Y entonces, el costo anual de la
medida se iría a 21.294 millones, que representan una diferencia de $ 1.696
millones contra el cálculo original .
A partir de estos números, algunos funcionarios planteandemorar la
convocatoria al Consejo para ver qué pasa con los proyectos que se discuten
en el Congreso.
Además, en los primeros días de agosto, por la fórmula de movilidad, la ANSeS
debe anunciar el aumento general de las jubilaciones que regirá desde
septiembre. Eso achicaría la diferencia entre los $ 1.230 y los más de $
1.000 que resultará la nueva mínima.
En función de eso, lo que primaría sería una decisión política: mantener la
ruta salarial y previsional o frenar los cambios para ver qué pasa con la ley de
la oposición. La semana pasada, desde China, Cristina Kirchner dio a entender
que no se alterará el calendario al menos en cuanto a subas extras en las
jubilaciones.
Horacio Seguirá del Observatorio Jurídico de la CTA sostiene que “el salario
mínimo debe calcularse en relación con la canasta básica que en la actualidad
asciende a $ 4.600 mensuales”. Plantea que “debe fijarse con anterioridad a las
principales negociaciones salariales, para que tenga efectos reales sobre los
básicos de convenio, utilizarse como indicador para la jubilación mínima y
también en una proporción para la asignación universal por hijo, evitando que su
valor quede a la decisión discrecional del Poder Ejecutivo, y lo mismo para
otros beneficios”.
El incumplimiento de sentencias judiciales para reajustar haberes
jubilatorios constituye una tortura para los mayores
Junto con la realidad consignada ayer por este diario sobre el informe
recibido por el presidente de la Corte Suprema de Justicia sobre las
"maniobras" e "irregularidades" producidas en perjuicio de la Anses (y por
lo cual se produjo el desplazamiento inmediato de dos secretarios de
juzgado), hay otra realidad paralela: la postergación que desde hace
décadas sufren muchos jubilados en la Argentina y que se ha acentuado
hasta llegar a extremos de lisa y llana crueldad.
Ya nos referimos en esta página al rechazo del gobierno nacional al
proyecto legislativo de la oposición para elevar la jubilación más baja al
82 por ciento del salario mínimo, vital y móvil, y para ajustar los
haberes mal liquidados durante años, pese a que el Gobierno dilapida los
fondos de la Administración Nacional de Seguridad Social (Anses) para
financiar proyectos de nula rentabilidad, como el de Fútbol para Todos;
otorgar préstamos a empresas en problemas, o enfrentar las necesidades
fiscales del Estado.
Pero, enmarcado en este contexto, existen numerosos casos de
aberraciones que sufren los jubilados debido a inexcusables fallas de la
Anses. Casi a diario, LA NACION refleja alguno de ellos en su sección de
Cartas de lectores. Por ejemplo, Susana Botella narró que su esposo ganó
un juicio para que la Anses le pagara lo que le correspondía, pero al
iniciar por segunda vez el trámite para lograrlo, el organismo le informó
que era imposible porque al expediente "lo habían pasado a archivo
definitivo".
En idéntica situación se encuentra Raúl Alberto Gallino. Próximo a
cumplir 86 años, relata que ni en sus pesadillas más espantosas se le
representó jamás la última excusa que recibió de la Anses para no pagarle
lo que le debe, con sentencia firme desde hace dos años. La respuesta fue
que su expediente había sido enviado a archivo por error y que por lo
tanto, no podían pagarle la deuda ni actualizar sus haberes.
Tras un juicio que se prolongó nada menos que durante 14 años y que
llegó a sentencia en 2005, el marido de Martha Alvarez logró que aceptaran
abonarle los retroactivos. Pero al efectuarse el depósito, el 4 de junio
de 2008, su esposo no pudo cobrar porque había fallecido cuatro días
antes. Martha lleva ya dos años de reclamos.
Siete años atrás, una sentencia por reajuste dio la razón a Luciano
Valgiusti. Dos años más tarde, la Cámara de Apelaciones confirmó el fallo
y ordenó a la Anses abonar la suma en cinco días. "No se ha cumplido el
pago -escribió Valgiusti-. Cumpliré 80 años y, lamentablemente, el tiempo
para un jubilado corre más rápido que para otros."
Es cierto. Pero el tiempo que para un jubilado corre más rápido parece
congelarse en la Anses. Los casos que extractamos son una ínfima parte de
los publicados, y estos, en su conjunto, seguramente suman una muy pequeña
porción de casos idénticos que no trascienden, pero sufren muchos
jubilados mientras sus expedientes de reclamos discurren lentamente o son
arbitrariamente archivados. A la injusticia de no cobrar lo que les
corresponde se agrega la tortura de realizar los reclamos, con el
consiguiente gasto de tiempo, traslados o dinero para un gestor por parte
de quienes cobran menos de lo que les corresponde y suelen padecer
enfermedades.
Es inadmisible que la Anses abuse de aquellos a quienes debe servir y
les niegue o retacee lo que les corresponde. ¿O habrá que pensar que no se
trata de aberraciones burocráticas sino, más bien, que ese organismo
especula perversamente con el lógico debilitamiento de sus víctimas y,
también, con sus fallecimientos?
Lavagna aseguró que pagar el 82% móvil
a los jubilados "es perfectamente posible"
El ex ministro de Economía evaluó que podría cubrirse el costo de la
medida con la reducción de 20.000 millones de pesos en subsidios a
empresas de servicios públicos
En medio del debate entre el oficialismo y la oposición, el ex ministro
de Economía Roberto Lavagna afirmó hoy que "es perfectamente posible"
pagar a los jubilados el 82 por ciento del salario mínimo, y evaluó que
para ello "se pueden reducir 20 mil millones de pesos de los subsidios
estatales" que se otorgan a las empresas de servicios públicos.
Lavagna remarcó que "las jubilaciones y el aporte a los chicos en
situación de pobreza son prioridades absolutas", porque indicó que "es ahí
donde la inflación pegó más".
El ex ministro señaló a radio América que "las cuentas públicas están
en un desorden total", pero estimó que "haciendo los cambios que hay que
hacer, pagar jubilaciones equivalentes al 82 por ciento del salario mínimo
es perfectamente posible".
Para ello, consideró que se debe "reducir buena parte de los subsidios
(estatales), como el que se da para el sistema eléctrico que llega a
muchos sectores que no lo necesitan".
El ex titular de la cartera económica precisó que "los subsidios
alcanzan los 45 mil millones de pesos, de los cuales con toda seguridad se
pueden reducir en el orden de los 20 mil millones".
Boudou insiste en que no hay recursos
para darles el 82 % móvil a los jubilados
El ministro de Economía afirmó que esa medida "podría
llevar al default previsional". La propuesta de la oposición, dijo, "es
una maniobra de desesperación electoral"
Desde la ciudad en la que se crió, Mar del Plata, el ministro de
Economía Amado Boudou festejó la aprobación de la ley de matrimonio
homosexual y disparó nuevamente contra los legisladores de la oposición
que promueven la aplicación del 82% móvil para los jubilados.
"Es una
maniobra de desesperación electoral", consideró el ministro al referirse
a la iniciativa que, también en el Congreso, promueven todas las
bancadas opositoras para que equiparen los haberes jubilatorios al 82%
que cobran los trabajadores en actividad por cada sector o para que, al
menos, se equiparen las jubilaciones mínimas al salario mínimo vital y
móvil.
En una conferencia que dio Boudou en la ciudad costera y que su
equipo de prensa repitió en simultáneo en la sala de periodistas del
Palacio de Hacienda, el funcionario insistió en que el gobierno no tiene
recursos para afrontar el pago del 83% móvil. Una posición que, como ya
había señalado en su exposición el martes 13 en las comisiones de
Previsión y Presupuesto del Senado, "podría llevar al default
previsional y luego a todo el país".
Ayer desde la Feliz, el titular del Ansses también se subió al tono
político que le imprimió el titular del Palacio de Hacienda a esta
discusión. Diego Bossio consideró que "este tema (el del 82% móvil) es
meramente electoral, sin rigurosidad" y disparó contra el radicalismo,
sin nombrarlo. Dijo que "los mismos que rebajaron el 13% a las
jubilaciones son los que ahora piden esta medida irracional".
Finalmente, el ministro enumeró una lista de "muchas cosas que
cambiaron con este Gobierno", entre ellas "la ley del matrimonio
igualitario" que en su opinión fortaleció la democracia porque "aporta a
que todas las voces puedan ser escuchadas".
El debate de las jubilaciones se instaló en la carrera para 2011. Es
un tema complejo que condicionará a las próximas administraciones.
Gobierno y oposición deberían abordarlo como política de Estado al
margen de las disputas políticas de la coyuntura. Repasemos algunos
aspectos.
Desde 2003, la política previsional de la administración K tuvo dos
capítulos sobresalientes:
1) Por un lado, priorizó una redistribución al interior del sistema
jubilatorio. Durante los primeros cuatro años de la gestión de Néstor
Kirchner, se optó por recomponer las jubilaciones mínimas, financiando
esos aumentos con el congelamiento de los haberes más altos, en
particular los superiores a 1000 pesos.
En términos reales -descontado el efecto de la inflación, según el
índice de precios de Buenos Aires City- durante el período 2003-2009,
la jubilación mínima fue en promedio un 48% más alta en comparación
con el promedio de la convertibilidad. Pero el haber medio del sistema
fue 0,2% inferior, siempre en términos reales. Los haberes más altos
fueron licuados por la inflación, y todavía hoy no recuperaron
siquiera el poder de compra previo a la devaluación.
Se "acható la pirámide" de prestaciones, emparejando los haberes sin
importar lo aportado durante los 30 años que marca la ley, lo cual se
refleja en que hoy siete de cada diez jubilados cobran la mínima.
Esta situación disparó una catarata de juicios contra la
Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) por
liquidaciones efectuadas entre 2002 y 2006, que se agregaron a los
acumulados desde principios de los noventa. En el famoso caso Badaro,
la Corte Suprema dictaminó en favor de un jubilado que percibía poco
más de 1000 pesos y ordenó a la Anses una suba en su haber del 88,6%,
al tomar como referencia la evolución salarial durante el período.
Ola de reclamos
Más de 350.000 juicios están en curso contra la Anses solicitando un
reajuste. Pero habría más de un millón de personas en condiciones de
iniciar reclamos similares. La estrategia oficial fue hasta ahora el
pago individual ante cada fallo judicial.
2) El segundo capítulo de la política previsional fue la
"universalización". Mediante la llamada moratoria previsional, se
facilitó el acceso a una jubilación a los trabajadores en edad de
retiro que no sumaban los años de aportes requeridos por ley. Aunque
sea urticante para quienes dentro del sistema contributivo perdieron
poder adquisitivo durante estos años, fue una decisión política
razonable en un país en el que desde hace ya dos décadas uno de cada
tres asalariados está en negro, sin obra social ni aportes
previsionales.
La Anses abona hoy 5,9 millones de jubilaciones: 3,5 millones
correspondientes al sistema contributivo; y 2,4 millones de beneficios
por moratoria.
A la vez, enfrenta demandas que involucran grandes sumas de dinero.
Dos son las principales:
* La advertencia de la Corte Suprema para que se busque una solución
colectiva a aquellos jubilados encuadrados en la doctrina Badaro,
ajuste contemplado también en proyectos legislativos. Según una
estimación del Instituto de Estudios y Formación de la CTA, que
dirigen Claudio Lozano y Tomás Raffo, esta actualización supondría un
costo anual para la Anses de $ 9300 millones. Sin contar el pago de
retroactivos, que deberían consolidarse con bonos.
* El proyecto consensuado por bloques de la oposición para elevar la
jubilación mínima al 82% del salario mínimo: de $ 895 a 1230. Esto
representaría otros $ 22.000 millones, incluidos los jubilados por
moratoria.
Los dos dictámenes que avanzan en sendas comisiones del Senado y
Diputados proponen tanto el 82% de la jubilación mínima como
generalizar el ajuste Badaro. Así, en un planteo de máxima, el costo
global rondaría $ 31.000 millones anuales, cálculo en el que coinciden
el ministro Boudou y el diputado Lozano.
El Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) -integrado por los
fondos de los afiliados a las ex AFJP- que hoy administra la Anses
asciende a $ 149.286 millones (último dato: abril 2010). Pero el 61%
está colocado en títulos públicos; el 12%, en acciones, y casi el 8%,
en créditos a proyectos productivos y obras de infraestructura, entre
otros activos.
Todas inversiones imposibles de liquidar en el mercado, en el corto
plazo, sin asumir una enorme pérdida de capital o provocar un
terremoto financiero local. Tal vez parte de los $ 11.500 millones en
plazos fijos podrían cancelarse sin dificultades -los bancos gozan de
una gran liquidez- para pagar una "suma fija" por única vez, aunque no
alcanzarían para costear un aumento permanente de haberes.
En 2010, la Anses mostraría un superávit de casi $ 15.000 millones,
computando la renta del Fondo de Garantía. Pero la mayor parte del
excedente (un piso de $ 8500 millones) se destinará a solventar la
asignación universal por hijo. Y el resto se colocará en títulos
públicos para cubrir necesidades de financiamiento del Tesoro.
Reformulación
Es evidente que cualquier proyecto para mejorar, en mayor o en menor
medida, los ingresos del sector pasivo sólo sería viable con una
reformulación de recaudación y gastos en el Presupuesto. Entre las
alternativas se cuenta una reforma impositiva (como ser, eliminando
exenciones al impuesto a las ganancias); reestructurar el gasto
público (por caso, $ 14.000 millones de subsidios en energía y
transporte se destinan a abaratar consumos de los sectores
medios/altos), o restituir parcialmente aportes patronales, cuya
rebaja desfinanció el sistema previsional en los noventa.
El Sistema Previsional Argentino (SIPA) hoy cuenta con 8,5 millones de
aportantes y paga 5,8 millones de beneficios; una relación inferior a
1,5 activos por cada jubilado. Mientras que siete millones de
trabajadores (asalariados y cuentapropistas) no realizan aporte
alguno.
De persistir semejantes niveles de empleo en negro la relación
empeorará. Es probable que el próximo Gobierno se vea obligado a
reabrir la moratoria para brindar una prestación mínima a una nueva y
nutrida camada de trabajadores informales en edad de retiro.
Sólo una drástica reducción del trabajo informal, en un contexto de
crecimiento del empleo, garantizará en el futuro la sustentabilidad
del sistema previsional.
Sacaron Dictamen en Diputados,
sacaron Dictamen en Senadores, ahora el Ejecutivo va a sacar un D.N.U.
donde establecerá un aumento del orden del 15%
para todos los jubilados Argentinos, porque todos necesitan el
aumento, la mínima rondara los $ 1030 a $1050.
Por lo menos es lo que presiento,
Cristina sabe que no puede seguir achatando la pirámide de haberes.
Las maniobras de la oposición me dan la sensación que son para obtener
réditos políticos y ojo que nosotros somos apolíticos.
Por Hugo de la Sota
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30/06/2010
Primer paso en el debate por el 82 %
para la jubilación mínima
Según el proyecto, la movilidad de los haberes se
regirá por el índice salarial.
Por Ismael Bermúdez
Polémica por las jubilaciones, jubilación mínima, 82% La Comisión de
Trabajo y Previsión Social de Diputados, por mayoría, aprobó ayer un
dictamen que fija la jubilación mínima en el 82% del sueldo mínimo,
vital y mínimo. Eso implica llevar el actual haber mínimo de $ 895 a $
1.230 mensuales.
El dictamen también establece que las jubilaciones deben ser
reajustadas de acuerdo a los fallos de la Corte Suprema en los casos
Sánchez (que comprende el período 1991 a 1995) y Badaro (de 2002 a
2006). Y que en el futuro los haberes serán móviles y se ajustarán dos
veces por año de acuerdo a la variación de los salarios, según el
INDEC, o el RIPTE, que elabora la Secretaría de Seguridad Social, de
ambos el que arroje el mayor porcentaje.
De ser aprobada por ley, entre la recomposición de haberes y el cambio
en la movilidad, mejorarían los haberes de unos 6 millones de
jubilados y pensionados.Este dictamen tuvo el apoyo de la Coalición
Cívica, del Radicalismo, del Pro y del Peronismo Federal.
Por su parte, el socialismo, GEN y Proyecto Sur firmaron un dictamen
propio que coincide con esos tres puntos, pero que agregan las fuentes
de financiamiento.
Así, se establece que el pago del haber mínimo garantizado y la
recomposición de los haberes serán financiados con el superávit
financiero de la ANSeS, la restitución de las contribuciones
patronales— exceptuando a las Pymes—y restableciendo el tope que tenía
el Fondo de Garantía de la ANSeS, cuyo valor no puede superar el
equivalente al pago de un año de jubilaciones y pensiones.
“Esto supone liberar unos 50.000 millones de pesos ya que el Fondo
acumula hoy casi $ 150.000 millones y las prestaciones del sistema
rondan los 100.000 millones de pesos anuales”, le dijo a Clarín el
diputado Claudio Lozano, de Proyecto Sur.
Por su parte, Fernanda Reyes, de la Coalición Cívica, sostuvo que ayer
fue un “día histórico” para los jubilados. Agregó que en el dictamen
de mayoría “no se incluyó el tema del financiamiento porque no había
sido previamente discutido, aunque en términos generales estoy de
acuerdo”. Y que esperaban discutirlo en la Comisión de Presupuesto,
presidida por el kirchnerista Gustavo Marconato, que se negó a
convocarla. Es el paso que falta para que el proyecto pueda ser
enviado al recinto.
En tanto para el diputado Adrián Pérez (CC), “el argumento del
Gobierno de que no hay plata no es cierto. Con el ingreso a la niñez
decían lo mismo hasta que la oposición avanzó, encontraron los fondos
y lo sacaron por decreto”.
El bloque del Frente para la Victoria se negó a reunir a la Comisión
de Presupuesto junto a la de Previsión para emitir un dictamen
conjunto por su desacuerdo con las iniciativas opositoras.
De todas maneras, la oposición descuenta que el dictamen de Previsión
aunque la Comisión de Presupuesto no se expida, según el reglamento,
en 30 días lo aprobado ayer quedará firme y podrá ingresar al recinto
para su tratamiento por Diputados, donde aseguran contar con los votos
para su aprobación
De todas maneras, luego deberá pasar por el Senado, donde la relación
de fuerzas entre oficialismo y oposición es de una inestable paridad.
Si pasa la prueba en la Cámara alta, sin embargo, es probable que se
llegue al veto de la Presidenta. El ex presidente Néstor Kirchner dijo
días atrás que no hay plata para financiar esos aumentos. A los jefes
opositores no les preocupa el veto, tanto como demostrar que a un año
de las elecciones legislativas dieron un paso para cumplir sus
promesas.
Presión opositora por las jubilaciones
Aprobó un dictamen en el Senado con la idea de obligar al Gobierno a pagar
el 82% móvil, que llevaría el haber mínimo a $ 1235
Gustavo Ybarra
LA NACION
La oposición avanzó ayer un casillero en su pulseada por obligar al
Poder Ejecutivo a reconocer el 82% móvil para las jubilaciones, lo que
elevaría el haber mínimo de los 895 pesos actuales a 1235 pesos, al
emitir dictamen en la Comisión de Trabajo y Previsión del Senado a un
proyecto que consagra ese derecho y que es resistido por el
oficialismo.
Casi a la misma hora, la oposición en la Cámara baja acordó un
borrador de dictamen de un proyecto similar, aunque deberá esperar que
la Comisión de Presupuesto y Hacienda fije fecha para tratar el texto
(como se informa por separado).
El dictamen firmado ayer en la Cámara alta deberá ser discutido ahora
por la Comisión de Presupuesto y Hacienda. A pedido del kirchnerismo,
el 13 de julio concurrirán al Senado el ministro de Economía, Amado
Boudou, y el director de la Anses, Diego Bossio, para tratar de
desalentar, con cifras de las cuentas públicas de ambos organismos, la
ofensiva opositora.
En realidad, el recurso de convocar a los funcionarios no tiene más
objeto que tratar de demorar el avance del proyecto. Con esa
intención, el kirchnerismo pidió ayer a la Comisión de Trabajo que
postergara el debate hasta que concurrieran Boudou y Bossio. El
reclamo fue rechazado por la oposición, que decidió así dar un paso
adelante con la iniciativa redactada por el socialista Rubén
Giustiniani (Santa Fe).
Esto llevó al jefe del bloque oficialista, Miguel Pichetto (Río
Negro), a acusar a sus rivales de estar haciendo una jugada mediática.
"Lo que quieren es una victoria para los medios", les espetó a los
senadores de la oposición cuando la firma del dictamen era inevitable.
Sin embargo, desde el arco no oficialista se les recordó a los
kirchneristas que Bossio ya había comentado el estado de cuentas de la
Anses. Así se lo recordó Giustiniani, que citó las cifras que Bossio
ofreció en su última visita a la Comisión de Presupuesto y Hacienda,
el 31 de mayo.
Según el legislador socialista, el director de la Anses aseguró ese
día que el organismo tiene un superávit de 52.000 millones de pesos,
otros 160.000 millones en el Fondo de Sustentabilidad y que pagar el
82% móvil de las jubilaciones implicaría un gasto de 22.500 millones
de pesos.
"Es factible"
En la misma línea, el jefe del bloque radical, Gerardo Morales, se
quejó: "No puede ser que la Anses esté gastando 10.000 millones de
pesos en programas de computadoras y obras públicas y se niegue a
reconocer lo que la Corte Suprema ya ha consagrado en varios fallos".
Y añadió: "Es posible, es factible [pagar el 82% móvil], no es una
irresponsabilidad", le replicó Morales al kirchnerista Eric Calcagno
(Buenos Aires), que había intentado desmerecer el proyecto porque no
cuenta entre sus artículos con la especificación de la fuente de
financiamiento para la mejora que se pretende dar a los haberes del
sector pasivo.
También se manifestó en duros términos Eugenio Artaza (UCR-Corrientes),
que le reclamó al kirchnerismo "establecer prioridades", porque "a
nadie pueden tomar por sorpresa los problemas de los jubilados", dijo.
En ese sentido, cuestionó al Poder Ejecutivo por avanzar con la
cancelación de la deuda y olvidar al sector pasivo. "A la hora de
pagar les dimos prioridad a los bancos y al FMI, y los jubilados
siguen esperando", sentenció el humorista y empresario teatral. "No
podemos tener una Anses millonaria y jubilados pobres", enfatizó.
Perdido ante la inminencia del dictamen, el oficialismo buscó acusar a
la oposición de irresponsable.
"No hay que obrar con demagogia con los ancianos", disparó la
kirchnerista tucumana Beatriz Rojkés de Alperovich. "No los engañemos,
el país no puede pagar [el 82% móvil], tenemos todavía una situación
de fragilidad", agregó a contramano del discurso oficial.
Ya sin esperanzas de detener el embate opositor, Pichetto afirmó que
"el 82 por ciento móvil es inviable" y les advirtió a los legisladores
de la oposición que con este proyecto "están sembrando el proceso de
la crisis fiscal de 2014 y 2015".
El dictamen finalmente fue firmado por los ocho miembros de la
oposición. Además de Giustiniani, Morales y Artaza, estamparon su
rúbrica los peronistas disidentes Graciela Di Perna (Chubut) y Adolfo
Rodríguez Saá (San Luis), la oficialista Adriana Bortolozzi (Formosa),
María Eugenia Estenssoro (Coalición Cívica-Capital) y el radical y
presidente de la Comisión de Trabajo, Alfredo Martínez (Santa Cruz).
Un buen día para los jubilados en el
Congreso
En ambas cámaras parlamentarias avanzan proyectos de ley para reformar
la Ley de Movilidad Jubilatoria. La iniciativa de la oposición es
aumentar los haberes jubilatorios y cumplir con el 82% móvil del
salario de los trabajadores. Aunque todavía queda un largo camino por
recorrer.
Desde el Congreso surgieron dos buenas noticias esperanzadoras para
los jubilados y pensionados, ya que tuvieron dictamen favorable los
proyectos de ley que apuntan a establecer la movilidad jubilatoria del
82 por ciento móvil respecto al salario de los trabajadores.
A poco menos de un año se sancionarse la ley de Movilidad Jubilatoria,
la oposición –con mayoría ahora en ambas cámaras- dio el primer paso
para modificar aquella norma que fijó una fórmula para aumentar los
haberes a los jubilados y pensionados basándose en un fallo de la
Corte Suprema de Justicia. Aunque la ley no llega a los 82%
establecido por el fallo Badaro.
Por eso, la oposición quiere discutir en el recinto reformas a la
norma para cumplir con lo dictaminado por la Corte sobre los haberes
de los jubilados.
Con este objetivo en el corto plazo, dieron el primer paso los
proyectos en ambas cámaras. Aunque todavía queda un largo camino por
recorrer y el oficialismo traba el tema en la Comisión de Presupuesto.
Diputados
La Comisión de Previsión y Seguridad Social de la Cámara baja,
presidida por el diputado Mauricio Ibarra (Peronismo Federal), emitió
dictamen de mayoría a un proyecto opositor unificado que prevé un
aumento en las jubilaciones al reajustar los haberes al 82 por ciento
móvil del salario de los trabajadores.
La diputada nacional del bloque SI por la Unidad Popular, Graciela
Iturraspe, integrante de la Comisión de Previsión, presentó el
dictamen que prevé la recomposición de haberes y el posterior aumento
del haber mínimo al 82% del salario mínimo vital y móvil, financiado a
través de la restitución de las contribuciones patronales a valores
históricos, según consta en el artículo 11.
El dictamen está acompañado por la diputada Liliana Parada del bloque
Proyecto Sur, y los bloques del Socialismo y el Gen. En la elaboración
del mismo participó además la ex diputada nacional y actual
legisladora porteña María América González, y el diputado nacional
Claudio Lozano, integrante de la Comisión de Presupuesto.
El expediente firmado en Previsión consta de 17 artículos.
* La recomposición de haberes se realiza a través de lo dispuesto por
los fallos Sánchez y Badaro, e índices de salarios según la ley que
corresponda.
* Reemplaza la fórmula de movilidad por la aplicación del índice de
salarios o del índice RIPTE (Remuneraciones Imponibles Promedio de los
Trabajadores Estables), según el que resulte más conveniente para el
beneficiario.
* Propone además que la recomposición y las diferencias de los nuevos
haberes previsionales sean abonados dentro de los 120 días corridos de
promulgada la ley.
* El pago del haber mínimo garantizado y la recomposición de los
haberes será financiado por los recursos totales de la ANSeS, el Fondo
de Garantía, y la restitución de las contribuciones patronales.
En el debate en la Comisión, la diputada de la Coalición Cívica
Fernanda Reyes aseguró que “no podemos centrar el debate sobre
jubilaciones en el financiamiento, como quiere el Gobierno, mientras
nuestros jubilados están bajo la línea de pobreza”.
Sobre la explicación de la Casa Rosada respecto de la imposibilidad de
alcanzar el 82% móvil, Reyes afirmó que “es mentira que no hay fondos
para recomponer las jubilaciones, el problema es que el Gobierno usa
los fondos de la ANSeS para hacer negocios corruptos”.
En el mismo sentido, la legisladora radical Silvana Giudici sostuvo
que “el dinero del ANSES sí alcanza para dar un aumento a los
jubilados como lo manda el fallo de la Corte”.
Por su parte, la diputada socialista Alicia Ciciliani afirmó que “el
objetivo es solucionar la situación de emergencia que atraviesa la
gran mayoría de los jubilados que cobran la mínima y se encuentran por
debajo de la línea de pobreza. Para ellos queremos llevar el haber
mínimo al 82% del salario mínimo vital y móvil. Es decir, pasar de
895,15 pesos a 1340 pesos”. “Con los recursos que hoy cuenta la Anses
se puede dar respuesta a esta dramática situación”, aseguró la
legisladora.
El presidente de la Comisión de Previsión, el peronista disidente
Marcelo Ibarra, aclaró que “el objetivo es que ningún pasivo cobre
menos del 82 por ciento del salario mínimo vital y móvil”, es decir,
“atada al salario del trabajador activo”.
“Se busca universalizar el caso Badaro para evitar el caudal de
juicios que ese fallo generó”, expresó el legislador sanjuanino, que
reconoció que se trata de “un tema difícil y escabroso en la política
y el Parlamento. Todavía no se terminaron los acuerdos necesarios”.
Ibarra aclaró que aplicar el 82% móvil “significa dieciséis mil
millones de pesos que fácilmente pueden salir de los ahorros del Poder
Ejecutivo. No hay que poner mala onda, como hacen el jefe de Gabinete
y el ex presidente –Néstor- Kirchner”.
Desde la otra vereda, el diputado kirchnerista formoseño Juan Carlos
Díaz Roig cuestionó duramente la aplicación del 82 por ciento móvil
para el sector pasivo que impulsa la oposición, asegurando que de la
manera como se ha trabajado se está violando la tradición
parlamentaria.
Según Díaz Roig –vicepresidente de la Comisión de Previsión-, “la
oposición piensa así: pedimos todo, el Frente para la Victoria se
opone, los jubilados nos votan a nosotros”. Amén de ese razonamiento,
advirtió que “los jubilados saben muy bien cuál es la cuestión”.
Díaz Roig se quejó porque se llega a un plenario de comisiones entre
Previsión y Seguridad Social y Presupuesto y Hacienda “sin que
discutieran los asesores y sin convocar a los técnicos del ANSeS”, con
lo cual, dijo se “viola la costumbre parlamentario de un siglo”.
En respuestas a los duros discursos de los opositores, la
vicepresidenta segunda de la Cámara de Diputados, Patricia Fadel,
disparó: “No se puede usar la plata para hacer demagogia política y
hacer lo que se quiere porque solamente la oposición ahora tiene el
número”.
Además de los fuertes cruces, se desató una polémica por el
funcionamiento de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara
baja, presidida por el oficialista Gustavo Marconato. Según la
oposición, si en 30 días Presupuesto no trata este tema, el dictamen
llegaría igualmente al recinto. Además, adelantaron que en la sesión
de este miércoles presentarán una cuestión de privilegio contra
Marconato por no convocar a la reunión conjunta con Previsión.
En conclusión, para que la alegría sea totalmente feliz para los
jubilados falta la aprobación de la Comisión de Presupuesto.
Senado
Con el apoyo de la oficialista Adriana Bortolozzi, los senadores
opositores que forman parte de la Comisión de Trabajo y Previsión
Social de la Cámara alta firmaron este martes un dictamen de mayoría
en relación con la iniciativa de ley que fija los haberes
provisionales en el 82 por ciento del salario mínimo, vital y móvil.
Vale destacar que el proyecto, cuyo autor es el senador y presidente
del Partido Socialista, Rubén Giustiniani, seguirá siendo debatido en
la comisión que lidera el legislador radical Alfredo Martínez. Por
pedido del bloque oficialista, se invitará al ministro de Economía,
Amado Boudou, y al titular de ANSeS, Diego Bossio. Los funcionarios
deberán presentarse en la próxima reunión de la comisión, que se
realizará el martes 13 de julio.
El dictamen de mayoría fue firmado por los radicales Martínez, Gerardo
Morales, Eugenio Artaza y Laura Montero; el peronista disidente Adolfo
Rodríguez Saá; María Eugenia Estenssoro, de la Coalición Cívica; la
justicialista Graciela Di Perna; Bortolozzi y Giustiniani.
Los senadores que se opusieron al proyecto fueron los kirchneristas
Miguel Ángel Pichetto, Blanca Osuna, Eric Calcagno, Eduardo Torres y
Beatriz Rojkes de Alperovich.
Pichetto advirtió que antes de suscribir cualquier dictamen, los
legisladores debían escuchar las explicaciones de Boudou y de Bossio
respecto de los costos del aumento de las jubilaciones y las
consecuencias para la macroeconomía nacional.
El Gobierno se financia con más de $
1.200 millones de las jubilaciones
Colocó nueva deuda a tasa baja en el Fondo de Garantía
de Sustentabilidad de la ANSeS. Son dos títulos a tres meses por más de
1.200 millones de pesos.
"Esta medida va a traer mucha polémica".
Ismael Bermúdez de la redacción de Clarín
El Gobierno volvió a recurrir a la plata de las jubilaciones para
financiarse a tasa baja. A través de una disposición publicada hoy en el
Boletín Oficial, colocó deuda por más de 1.200 millones de pesos en el Fondo
de Garantía de la ANSeS.
La financiación se da a través de la colocación
de dos letras de la Tesorería General. Una en pesos, por 730 millones. Y la
otra en dólares, por 125 millones (que representan, al cambio actual, 493
millones de pesos).
La letra en pesos vence el 15 de septiembre y tiene un interés anual del
11,02%. Y la letra en dólares vence una semana después, con un interés del
4,5% anual. Si la Argentina tuviera que conseguir financiación en los
mercados voluntarios de deuda, hoy no podría ofrecer una tasa por debajo de
los dos dígitos.
La colocación se sustenta en que la Ley de Administración Financiera
faculta a la Tesorería a emitir Letras para cubrir "deficiencias
estacionales de caja". Y en que "ante la propuesta de las autoridades del
Ministerio de Economía", el Fondo de Garantía de la ANSeS "ha aceptado
suscribir Letras del Tesoro en pesos y dólares estadounidenses a corto
plazo".
Empieza el debate por la suba de la
jubilación
Una comisión del Senado discutirá dos proyectos
La Comisión de Trabajo y Previsión del Senado debatirá hoy una serie de
proyectos de mejoras de los ingresos de los jubilados, algunos de los cuales
buscan fijar el haber previsional mínimo en el 82 por ciento del salario mínimo,
vital y móvil.
Durante un encuentro, que se iniciará a las 16, en el Salón Arturo Frondizi,
del quinto piso del edificio anexo, los legisladores debatirán iniciativas del
socialista Rubén Giustiniani y el renovador salteño Agustín Pérez Alsina, que
propone con variantes menores el 82 por ciento como pauta de ingreso permanente
para los retirados.
El socialista santafecino Rubén Giustiniani lamentó ayer que el país tuviera
"una Anses rica y jubilados pobres" y explicó que el superávit de la
administración "supera los 54.000 millones", e insistió en un pronto tratamiento
de los proyectos que "elevan a 1350 pesos la jubilación mínima y equilibran los
haberes previsionales de todos los jubilados con los salarios".
El socialista dijo que existen hoy "todas las posibilidades" de aprobar los
dictámenes de mayoría en los proyectos de su autoría, y la iniciativa que
propone la recomposición de los haberes previsionales retrasados respecto de la
evolución salarial, con lo que se busca dar cumplimiento al fallo de la Corte
Suprema de Justicia en el caso Badaro.
El legislador santafecino afirmó que las iniciativas de levantar el mínimo y
adecuar la escala le costarían a la Anses unos 33.000 millones de pesos anuales,
y si el superávit anual es de 54.000 millones, sería "un acto de justicia que se
lleven adelante estos incrementos".
Giustiniani describió que su proyecto contempla "subir la jubilación mínima a
1350 pesos" desde el piso actual de 895 pesos, y luego aplicar una mejora de
todos los jubilados, con lo que se cumpliría con el artículo 14 Bis de la
Constitución nacional.
El senador de Santa Fe se pronunció a favor de "terminar con esta situación
perversa, que por cada juicio que se paga a los jubilados, entran centenares de
juicios más por semana a la Anses, porque -dijo- los jubilados perciben que el
desfase, entre sus haberes cuando estaban en actividad y lo que reciben ahora,
es cada vez mayor. Por eso, recurren a la Justicia reclamando por la pérdida de
su poder adquisitivo".
La situación de los juicios contra la Anses ya había sido advertida la semana
pasada por la jueza de la Corte Suprema Carmen Argibay Molina.
Todo lo que se adeuda a jubilados
La ANSeS cuenta hoy con recursos más que suficientes para recomponer los
haberes y darles de una vez y para siempre lo que les corresponde a los
jubilados y pensionados. El Congreso tiene tareas urgentes para garantizar
la seguridad social.
A partir de la eliminación del Régimen de Capitalización resulta necesario
establecer normas jurídicas claras, en especial aquellas que afiancen el
sistema público de reparto.
Al debatir la movilidad de los beneficios jubilatorios señalamos que
primero debían reestructurarse los haberes , según lo indicado por el
fallo Badaro (CSJN), que equivalía a recomponer la pirámide de haberes a
finales de 2002, y después aplicar la movilidad . Ello suponía sacar
a muchos trabajadores pasivos del haber mínimo, que hoy equivale al 75% de
los beneficios; e implicaba la utilización de unos $20 mil millones,
mientras ANSeS tenía un excedente equivalente a los $30 mil millones. Hoy el
excedente alcanza los $160 mil millones .
Sin embargo, dada la decisión política de no recomponer los haberes, por
parte del Poder Ejecutivo Nacional y del oficialismo en el Poder
Legislativo, aumentó la cantidad de juicios de los jubilados; y entre los ya
liquidados, los que se encuentran en curso de liquidación y los que están en
sede judicial, los expedientes llegan a los 360 mil.
Suponiendo que cada caso judicial demande un promedio de $60 mil, el
Estado Nacional erogaría unos $22 mil millones. Es decir, podía haberse
realizado una genuina recomposición de haberes, sin llegar a tal grado de
conflicto judicial, y sin privatizar implícitamente el sistema ,
teniendo el jubilado que buscar un profesional para que se le pague lo que
le corresponde en justo derecho.
La ANSeS tiene hoy recursos más que suficientes para recomponer los
haberes , y darles de una vez y para siempre lo que les corresponde a
los jubilados y pensionados.
He presentado junto a otros diputados nacionales propuestas legislativas
que se ajustan a derecho. De haberse implementado la recomposición que
defendimos en Diputados, para luego aplicar los aumentos que otorga la
actual fórmula de movilidad (con la que no estoy de acuerdo), el haber
mínimo alcanzaría hoy los $1328, esto es, el 88% del haber mínimo vital y
móvil . Por supuesto que aún sería insuficiente, pero muchos jubilados y
pensionados no cobrarían el haber mínimo, y a la vez el haber medio
podría haber crecido a $1.700 aproximadamente .
Por lo tanto, hay cuatro tareas urgentes fundamentales: 1. La
recomposición de los haberes y el aumento del haber mínimo al 82% del
salario mínimo, vital y móvil. Proyecto de ley presentado en el año 2005.
2. La elaboración de una Nueva Ley del Sistema Previsional que se adecue
a los criterios sentados por la Corte Suprema de Justicia, hecho que implica
la derogación del régimen actual. Proyecto presentado en 2002.
3. La reorganización del organismo de gestión. Propuesta presentada desde
el siglo pasado, año 1999.
4. La modificación del procedimiento judicial y la mediación de los
juicios, a fin de dar respuesta rápida y eficaz a jubilados y pensionados,
evitando décadas de tramitación, y eliminando la generación de nuevos
juicios. Proyecto que data de 1999.
Todos estos proyectos de ley se encuentran vigentes y a la espera de
su pronto e ineludible tratamiento . El no hacerlo es una decisión
política y económica que va en detrimento del derecho a la Seguridad Social
que tienen todos los trabajadores.
La previsión social arrastra, en nuestro país, innumerables deudas
pendientes. Desde la disolución de todos los organismos de seguridad social
en 1991, hemos caído en un pozo que recién comienza a revertirse
precariamente con la estatización del sistema. Por eso, debemos hablar de
distribución del ingreso, pero de veras, y no como mero discurso.
Es necesario discutir un sistema de jubilaciones y pensiones totalmente
nuevo, sobre variables ya conocidas (salario y trabajo, por ejemplo) e
incorporar otras nuevas, que garanticen una base universal, una
diferenciación por el esfuerzo personal en el mercado laboral y un ahorro
personal.
Se dio un primer paso, pero es necesario comenzar a caminar. Aún nos
queda todo el camino por recorrer. Hagámoslo sobre la base de un gran
consenso en beneficio de todos los trabajadores, tanto activos como pasivos.
Diputados debate aumento de jubilaciones
“Hay que dar a los jubilados la prioridad que el Gobierno no les quiere dar”,
afirmó la diputada de la Coalición Cívica Fernando Reyes. Este martes a las 17
debatirá proyectos de ley que reformar la ley de Movilidad Jubilatoria.
En un plenario de las comisiones de Previsión y Seguridad Social y de
Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados, este martes a las 17 se
tratarán varios proyectos de ley que apuntan a establecer la movilidad
jubilatoria del 82 por ciento móvil respecto al salario de los trabajadores.
A poco menos de un año se sancionarse la ley de Movilidad Jubilatoria, la
oposición –con mayoría ahora en ambas cámaras- propone modificar aquella norma
que fijó una fórmula para aumentar los haberes a los jubilados y pensionados
basándose en un fallo de la Corte Suprema de Justicia.
Aunque la ley no llega a los 82% establecido por el fallo Badaro. Por eso, la
oposición quiere discutir reformas a la norma para cumplir con lo dictaminado
por la Corte sobre los haberes de los jubilados.
Con este objetivo en el corto plazo, la diputada de la Coalición Cívica Fernanda
Reyes adelantó que este martes van a emitir “dictamen para aumentar y recomponer
las jubilaciones y poder tratar el proyecto en el recinto. No podemos centrar el
debate sobre jubilaciones en el financiamiento, como quiere el Gobierno,
mientras nuestros jubilados están bajo la línea de pobreza”.
Sobre la explicación de la Casa Rosada sobre la imposibilidad de alcanzar el 82%
móvil, Reyes dijo que “es mentira que no hay fondos para recomponer las
jubilaciones, el problema es que el Gobierno usa los fondos de la ANSeS para
hacer negocios corruptos”.
“Debemos dar un salto como sociedad a la hora de establecer prioridades. La
jubilación digna es un derecho constitucional que debe estar garantizado por el
Estado y los fondos de la ANSeS deben estar destinados a hacer efectivo ese
derecho, como lo establece la ley. Ese debe ser el eje del debate. Hay que dar a
los jubilados la prioridad que el gobierno no les quiere dar”, agregó Reyes,
anticipando el debate que se dará este martes a partir de las 17 en una reunión
conjunta de las comisiones de Previsión y Presupuesto y Hacienda de la Cámara
Baja.
Reyes es autora del proyecto que propone elevar la jubilación mínima a 1.500
pesos, para que quede equiparada al salario mínimo, vital y móvil, y recomponer
todos los haberes, según lo establecido por el fallo de la Corte Suprema en el
caso Badaro. La iniciativa también plantea una movilidad sujeta al índice de
salarios o a la Regulación Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE),
de acuerdo al índice que resulte más beneficioso al momento de ser aplicado.
Por su parte, la diputada socialista Alicia Ciciliani –quien participará este
martes de la reunión de las comisiones de Presupuesto y Previsión- señaló que la
reunión conjunta “es el primer paso para saldar una vieja deuda del Estado con
el sector pasivo”.
En este sentido, la legisladora santafesina indicó que “iremos a la reunión con
el objetivo solucionar la situación de emergencia que atraviesa la gran mayoría
de los jubilados que cobran la mínima y se encuentran por debajo de la línea de
pobreza. Para ellos queremos llevar el haber mínimo al 82% del salario mínimo
vital y móvil. Es decir, pasar de 895,15 pesos a 1340 pesos”.
Ciciliani recordó que los diputados del Frente Progresista de Santa Fe
presentaron en conjunto una iniciativa en la Cámara Baja en ese sentido, al
igual que lo hizo el senador Rubén Giustiniani en el Senado, y negó que el
proyecto provoque el desfinanciamiento del sistema previsional. “Con los
recursos que hoy cuenta la Anses se puede dar respuesta a esta dramática
situación”, aseguró.
El sueldo mínimo, en la polémica por el aumento a
los jubilados
Un proyecto de ley de la oposición busca que el
haber mínimo sea equivalente al 82% de ese ingreso.
Por Ismael Bermúdez
Sueldo mínimo, aumento a los jubilados Casualidad o no, lo real es que
en los próximos días el Gobierno debe convocar a una reunión del
Consejo del Salario Mínimo, justo en momentos que el Congreso inicia
la discusión para llevar la jubilación mínima al 82% del sueldo
mínimo.
De esta manera, el piso salarial y jubilatorio van a quedar
entrelazados en una polémica que tendrá un fuerte contenido político,
económico y social y de cuyos resultados depende el nivel de vida de
millones de trabajadores y jubilados.
Como viene pasando en los últimos 4 años cuando fue convocado durante
el mes de julio, ahora el Gobierno debería convocar al Consejo del
Salario Mínimo. Ese organismo tripartito, reúne al Ministerio de
Trabajo, que encabeza Carlos Tomada, empresarios y sindicalistas. Este
cuerpo es el que fija el valor del sueldo mínimo para que entre a
regir a partir del mes siguiente (agosto). También debe establecer el
monto del seguro de desempleo que está muy desactualizado.
Este año la discusión promete ser distinta porque, simultáneamente,
varios bloques parlamentarios impulsan un proyecto de ley -que cuenta
con muchas chances de ser aprobado por el Congreso-para llevar la
jubilación mínima al 82% del valor del sueldo mínimo.
Así, el salario mínimo que hoy incide sobre los empleados que están
fuera de convenio y actúa también como piso para los convenios de
trabajo, de ser aprobado y no sufrir el veto presidencial, pasaría a
determinar el haber mínimo que cobran unos 4,5 millones de jubilados y
pensionados y que además incide sobre casi un millón de pensiones no
contributivas (cobran el 70% del haber mínimo).
Hasta el año pasado el sueldo mínimo era $ 1.240 y se lo elevó en
forma escalonada a $ 1.500. Este año, tanto empresarios como
sindicalistas descuentan que se acordarán subas también escalonadas.
La incógnita es si la CGT y la CTA pedirán 21%, como los estatales o
35% como alimentación y como serán los tramos. Y qué postura tendrán
con relación a otorgar el 82% del salario mínimo a los jubilados.
Si se acordara que en agosto el sueldo mínimo subiera a $ 1.700, eso
supondría un haber jubilatorio mínimo de casi $ 1.400, cuando hoy es
de $ 895. Representaría un incremento del 56%. Y seguiría aumentando
cuando entren a regir los siguientes tramos que se acuerden.
Otro tema que no puede seguir soslayando el Consejo es el de
Prestación por Desempleo que cobran los empleados formales que son
despedidos y no encuentran empleo.
En las últimas reuniones del Consejo ni siquiera se trató el tema y
este beneficio se fue desactualizando hasta tal punto que hoy tiene un
tope de $ 400 mensuales, equivalente a apenas el 12% del sueldo medio
de los trabajadores formales. Según la legislación, sin el tope,
debería ser de la mitad del salario de los últimos 6 meses, unos $
1.700.
El Fondo Nacional de Empleo, que se encarga de pagar este seguro,
tiene un presupuesto muy superavitario -de más de $ 1.200 millones-
pero el Gobierno lo utiliza para financiar otros programas. Según
Seguridad Social, en 2009, los ingresos fueron de $ 1.881 millones y
los pagos de $ 610 millones.
“No pueden sostener que no hay
fondos para los jubilados”
La radical Silvana Giudici opinó sobre los haberes jubilatorios y las
declaraciones de Néstor Kirchner cuestionando la aplicación del 82%
móvil.
La secretaria Parlamentaria del bloque de la UCR, Silvana Giudici,
cuestionó la negativa de Néstor Kirchner de elevar los haberes
jubilatorios al 82% móvil, sosteniendo que el ex presidente “no tiene
vergüenza al sostener que la plata no alcanza para los jubilados
mientras gasta más de 1.000 millones de pesos en publicidad oficial y
van a invertir en la televisión digital casi 1.400 millones de
dólares.
“También afectaron más de 800 millones de pesos al programa Futbol
para Todos y ni hablar de las pérdidas mensuales de Aerolíneas
Argentinas”, agregó Giudici.
“La prioridad debe estar en achicar la brecha entre ricos y pobres,
que desde que gobierna Cristina Kirchner se ha ampliado y para eso es
necesario atender a los sectores más vulnerables que son los niños y
los adultos mayores. Por lo tanto, que Néstor Kirchner le recomiende a
su esposa dejar de gastar millones de pesos para imponer su imperio
mediático y los destine para los jubilados”, expresó la diputada
radical.
Giudici presentó un proyecto de ley que establece el 82% móvil,
propone una cláusula de movilidad “única” y trimestral e incorpora
para el cálculo de las nuevas jubilaciones, el cómputo de los mejores
haberes de los últimos 15 años del trabajador.
Al respecto la diputada sostuvo que “los casi 150 mil millones de
pesos que hay en el Fondo de Garantía deben ser destinados a
recomponer los haberes y garantizar el sistema previsional argentino y
no malgastados en inversiones riesgosas, en clientelismo o en obra
publica sobrevaluada, utilizando al ANSeS como un banco que presta
plata”.
“Estamos avanzando en la implementación de la agenda social y el
martes por la tarde vamos a emitir dictamen para aprobar en el recinto
una Ley que eleve los haberes jubilatorios al 82% móvil, porque,
aunque Néstor Kirchner lo niegue, los fondos están” concluyó la
diputada radical.
Afirman que Kirchner “usa a los
jubilados como variable de ajuste”
El diputado Ricardo Alfonsín se quejó por la resistencia del ex
presidente expresada respecto de la posibilidad de conceder el 82%
móvil que reclama la oposición.
El vicepresidente de la Cámara de Diputados de la Nación, Ricardo
Alfonsín, afirmó que “es falso lo que dijo (Néstor) Kirchner acerca de
lo que representa para el Estado la aprobación del proyecto que se
está tratando en el Congreso de la Nación por el que se elevarían las
jubilaciones mínimas a una suma equivalente al 82% del salario
mínimo”. Y acusó al ex presidente de utilizar “a los jubilados como
variable de ajuste de las cuentas publicas a los jubilados”.
“En rigor -continuó Alfonsín-, la iniciativa impulsada por la UCR
entre otros, representa para el presupuesto alrededor de 20 mil
millones de pesos, tal como lo reconoció el director de la ANSES en el
propio Congreso”.
“La aprobación del proyecto atenuaría el grave daño que han sufrido
millones de jubilados como consecuencia de las políticas implementadas
por este gobierno”, sostuvo el diputado.
Y a los efectos de ilustrar el daño aludido señaló “que en 1994 el 24%
de los jubilados cobraban la mínima, en 2001, en medio de la crisis,
el porcentaje alcanzó el 31%, en tanto que hoy en esa situación se
encuentra el 75% de los jubilados”.
Señaló además que “este es el primer paso que damos en dirección de
reparar una de las inequidades que claramente pudo ser evitada,
recordando finalmente que también hay que ir resolviendo la situación
de los jubilados que se encuentran en la misma condición señor Badaro.
De no resolverse este tema, se transferirá una verdadera hipoteca al
futuro gobierno”.
Alfonsín realizó estas declaraciones en el marco de una gira que
realiza este fin de semana por el interior de la provincia de Buenos
Aires, que incluye localidades de la 5° sección electoral.
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28/06/2010
Tres realidades del pensamiento de los
políticos en relación al bienestar de los jubilados Argentinos y un comentario
del Presidente de la sala II de la Cámara Federal de la Seguridad Social Dr.
Luis Herrero. Sin palabras Argentinos piensen!!!
Kirchner le baja el pulgar al 82% móvil
El diputado nacional advirtió que en caso de implementarse la medida que busca
la oposición, la ANSeS se quedaría sin fondos.
Por segundo día consecutivo el ex presidente Néstor Kirchner se dedicó a hablar
del Parlamento que integra, aunque lo hace más como miembro del Ejecutivo que
del Legislativo. En esta oportunidad, cuestionó el proyecto del 82% móvil que la
oposición busca aprobar advirtiendo que en caso de implementarse tal medida el
Estado “se quedaría sin fondos”.
Así las cosas, Kirchner le reclamó “realismo” a la oposición.
El secretario general de la UNASUR señaló que “a todos nos gustaría que se
pudiera implementar, pero le costaría (al Estado) 145 mil millones de pesos al
año”.
“A Kirchner no le importan los jubilados”
Fuerte crítica de una diputada de la Coalición Cívica, que salió a opinar sobre
las declaraciones del ex presidente respecto al 82 por ciento móvil.
“La declaraciones de Néstor Kirchner son una demostración de que, para el
Gobierno, los jubilados no son una prioridad. Es mentira, como quiere hacer
creer el gobierno, que no hay fondos para recomponer las jubilaciones, el
problema es que usa los fondos de la ANSeS para hacer negocios corruptos y
campaña proselitista. Están vaciando el sistema previsional", sostuvo la
diputada nacional de la Coalición Cívica Fernanda Reyes, integrante de la
Comisión de Previsión, en referencia a las declaraciones del diputado Néstor
Kirchner, que sostuvo que “no es realista” plantear un aumento de las
jubilaciones.
Reyes es autora del proyecto que se debatirá el martes que viene en una reunión
conjunta de las comisiones de Previsión y Presupuesto y Hacienda de la Cámara
Baja, para elevar la mínima a 1.500 pesos y recomponer todos los haberes, según
el fallo de la Corte Suprema en el caso Badaro. La iniciativa, también, plantea
la aplicación de la movilidad sujeta al índice de salarios.
“Desde la Coalición Cívica, estamos impulsando el urgente tratamiento de éste y
otros proyectos para reformar el sistema previsional. Vamos a lograr un aumento
a los jubilados y a recomponer las jubilaciones porque la jubilación digna debe
ser una prioridad y un derecho garantizado por el Estado”, sostuvo Reyes.
La oposición buscará restablecer el 82% móvil
para las jubilaciones
Una diputada sostuvo que “los fondos de la ANSeS alcanzan y sobran para otorgar
un aumento del 82% móvil”. Fue al salirle al cruce al jefe de Ministros, que
fustigó a los legisladores y los acusó de plantear soluciones mágicas.
Si bien todavía no tiene confirmación la reunión de la comisión en la que se
tratará el tema, la oposición ya ha adelantado la intención de firmar el próximo
martes un dictamen para restablecer el 82 por ciento móvil en las jubilaciones.
En declaraciones a Radio Continental, la diputada Graciela Iturraspe anticipó
que en ese marco debatirán “una movilidad genuina, atada a las subas de los
salarios de los activos”, en lugar de la vigente actualización dos veces por año
teniendo en cuenta diversos factores, entre ellos la disponibilidad de fondos de
la ANSeS.
La diputada de Unión Popular aseguró que “los fondos de la ANSeS alcanzan y
sobran para otorgar un aumento del 82 por ciento móvil”, en respuesta al jefe de
Gabinete, Aníbal Fernández, quien por esa misma radio había acusado previamente
a los bloques opositores de plantear soluciones “de magos” y fijarse solamente
en propuestas “demagógicas” sin decir cómo financiarlas.
En efecto, Fernández sostuvo que el titular de la ANSeS, Diego Bossio, pudo
exhibir el panorama en su paso por el Senado. Señaló que los partidos opositores
“dicen cómo sacar el 82 por ciento móvil. Por otro lado, las provincias le
quieren sacar la plata a la ANSeS: quieren hacer una solución de magos. Lo único
que consiguen es darle manija a la gente y no encontrar una forma real de poder
cumplirlo. Con el 82 por ciento móvil, se agotarían los fondos de ANSeS en un
tiempo determinado y el sistema previsional iría a la anarquía. Nunca se
preocupan de dónde va a salir el dinero, sólo se preocupan del ejemplo
demagógico”.
Finalmente, Fernández se recibió también al proyecto de ley con media sanción
para eliminar los superpoderes.
En este sentido, planteó que “Kirchner no adelantó nada (sobre un posible veto
presidencial). Hay una mala interpretación”.
“Acá hay un error de concepto. Lo que dice el Artículo 81 es que si (el proyecto
aprobado) no llegó a los dos tercios, la Cámara alta podrá convertirla en ley.
Ni perdamos el tiempo de hablar de veto”, concluyó el jefe de ministros.
27/06/2010
PARA AQUELLOS
QUE NO HAN PODIDO VER EL PROGRAMA DOMINO DONDE EL PERIODISTA ISMAEL BERMUDEZ
ENTREVISTA AL PRESIDENTE DE LA SALA II DE DE LA CAMARA FEDERAL DE LA SEGURIDAD
SOCIAL, EL JUEZ DR. LUIS R. HERRERO
y gracias a la A.A.J.A. que nos envió el dato.
La
agenda parlamentaria / Nuevo objetivo del arco no oficialista
Pacto opositor para subir las
jubilaciones
Hay acuerdo en Diputados para garantizar un piso del 82% del
salario mínimo; el Senado también comienza a discutir el cambio
Gabriel Sued
LA NACION
Después de aprobar en la Cámara de Diputados la eliminación de los
superpoderes, la oposición en el Congreso ya acordó su próximo objetivo:
sancionar una nueva ley de movilidad jubilatoria que garantice como piso el 82%
del salario mínimo.
En el Senado, donde la mayoría se define tema por tema, la Comisión de
Trabajo y Previsión Social, presidida por el radical Alfredo Martínez (Santa
Cruz), tiene previsto discutir el asunto el martes y, según los planes de la
oposición, podría emitirse un dictamen en las próximas semanas.
El acuerdo ya está casi cerrado en Diputados, donde la oposición tiene
mayoría. La Comisión de Previsión y Seguridad Social, presidida por Mauricio
Ibarra (Peronismo Federal), convocó a una reunión para el mismo martes, en la
que se definirá un dictamen unificado de los siete proyectos bajo tratamiento.
Pero para emitir un dictamen y llevar el tema al recinto hará falta que el
kirchnerista Gustavo Marconato, presidente de la Comisión de Presupuesto, acepte
un pedido de Ibarra para convocar a una reunión conjunta, algo a lo que hasta
ahora se viene resistiendo. Eso podría demorar un mes la votación del dictamen.
La intención opositora es reemplazar la actual ley de movilidad, sancionada,
por impulso del oficialismo, en octubre de 2008. Tras la aprobación de esa
norma, los haberes se actualizan dos veces por año. Pero en la oposición
sostienen que la ley no cumple con la exhortación que, en 2006, hizo la Corte
Suprema, para que se mantuviera la movilidad jubilatoria en una proporción
razonable con los ingresos de los trabajadores.
Aunque aún faltan limar algunas diferencias, los representantes de las
distintas bancadas no oficialistas ya acordaron tres puntos. El primero,
modificar la fórmula de movilidad jubilatoria: la idea es tomar como referencia
el índice de salarios del Indec o la remuneración promedio de los trabajadores
estatales, según lo que resulte más conveniente para el beneficiario.
La segunda, que la jubilación mínima alcance el 82% del salario mínimo de los
trabajadores en actividad. De esa manera, el piso pasaría de los $ 895 actuales
a $ 1380. El tercer punto del acuerdo es obligar a la Anses a pagar el
retroactivo a los jubilados cuyos haberes no fueron actualizados entre 2002 y
2006, de acuerdo con lo dispuesto por la Corte Suprema en el fallo Badaro.
"Tenemos que poner como prioridad a los jubilados. No podemos seguir
condenándolos a la pobreza. La jubilación mínima no alcanza el 36% del promedio
de los salarios", dijo a LA NACION la diputada Fernanda Reyes (Coalición
Cívica). Coincidió con ella Silvana Giúdici (UCR), autora de otra de las
iniciativas. "La inflación recae sobre el bolsillo de los trabajadores y,
especialmente, de los jubilados", sostuvo. Los argumentos son similares en el
Senado. "Se presenta la contradicción de una Anses rica, con jubilados pobres",
sostuvo el socialista Rubén Giustiniani, coautor de un proyecto junto con el
radical Gerardo Morales.
Los promotores de la reforma coinciden en que los fondos para dar el aumento
deberían salir de los recursos que administra la Anses tras la eliminación de
las AFJP.
CLAVES DEL PROYECTO
Nueva movilidad: en la oposición no están de
acuerdo con la fórmula de movilidad actual, instaurada por la ley que impulsó
el oficialismo en 2008. Quieren que las jubilaciones queden atadas a un índice
de salarios de trabajadores en actividad. Se propone tomar el índice de
salarios del Indec o el promedio de remuneraciones del Estado, según resulte
más conveniente para los beneficiarios.
82% móvil: otro de los acuerdos de las bancadas de
la oposición es establecer un piso de los haberes jubilatorios igual al 82%
del salario mínimo, vital y móvil.
Pagar el retroactivo: el dictamen conjunto en el
que se está trabajando prevé que el Estado pague el retroactivo a todos los
jubilados cuyos haberes no hayan sido actualizados entre 2002 y 2006, tal como
lo estipuló la Corte Suprema, en el fallo Badaro.
El Gobierno salió ayer al cruce de un proyecto de la oposición que será
tratado la semana que viene y propone fijar el piso de las jubilaciones en el
82 por ciento del salario mínimo de los trabajadores en actividad.
De desalentar la posibilidad de este aumento en las jubilaciones se ocupó
el propio ex presidente Néstor Kirchner, quien aseguró que el Estado no cuenta
con los recursos para afrontar ese incremento y pidió “realismo” a quienes
impulsan el proyecto.
En la misma línea, el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, sostuvo que la
ANSeS quedaría en situación de “anarquía” y se quejó de que la oposición busca
“correr por izquierda” al Gobierno con esa propuesta.
Clarín publicó ayer que por el atraso en los ajustes de las jubilaciones,
hay 3,5 millones de jubilados que luego de aportar 30 años o más perciben al
mes un promedio de $ 1.275. Siempre según datos de la ANSeS, la jubilación
equivale a sólo el 36% del sueldo promedio de los trabajadores en actividad.
La jubilación mínima es de 895 pesos, cuando el salario mínimo es de $
1.500.
El senador socialista Rubén Giustiniani, autor de un proyecto para subir la
jubilación mínima a $ 1.380, sostuvo ayer el país “tiene una ANSeS rica y
jubilados pobres” y pidió que no se demore más en elevarse el piso que reciben
los jubilados (ver recuadro).
Y a contramano del Gobierno, también la diputada de centroizquierda
Graciela Iturraspe (Unidad Popular) afirmó que los fondos de la ANSeS
“alcanzan y sobran” para dar el aumento del 82%.
Pero, mientras los bloques de oposición en Diputados esperan firmar el
dictamen el martes en comisiones, desde Neuquén, Kirchner salió a bajarle el
pulgar a la iniciativa al sostener que el Estado “se quedaría sin fondos”.
Con su esposa la presidenta de viaje fuera del país, llamativamente y por
segundo día consecutivo, Kirchner tuvo la voz cantante sobre temas de gestión
que siempre busca evitar para no quitarle protagonismo a Cristina. Así,
sostuvo que “a todos nos gustaría que se pudiera implementar, pero le costaría
(al Estado) $ 145 mil millones al año”.
Aníbal F. pidió a la oposición “garantizar la fuente de financiamiento”
porque “nunca se preocupan de dónde va a salir (el dinero), solamente hacen el
gesto demagógico”. Y criticó que lo que hace la oposición “es darle manija a
la gente”.
“Terminamos haciendo una situación indeseada y sin ningún tipo de
soluciones”, se quejó. Para el jefe de Gabinete, “con un 82 por ciento móvil,
se agotarían los fondos de la ANSeS en un tiempo y se haría incumplible.
Iríamos derecho a la anarquía” en el sistema previsional, asustó.
Por la Ley de Movilidad jubilatoria, hay aumentos automáticos dos veces al
año. Pero debido a la alta inflación, desde mayo existen rumores de que el
Gobierno podría otorgar una suma fija antes del aumento que toca en setiembre.
El destino de los fondos de los jubilados es motivo de recurrentes
polémicas entre Gobierno y oposición, sobre todo desde que la caja de la ANSeS
se robusteciera tras la estatización de los fondos de las AFJP. El Gobierno ha
usado los recursos de la ANSeS en medidas “anticrisis” que fueron desde
financiar el consumo de autos, electrodomésticos y bicicletas hasta préstamos
a la multinacional estadounidense General Motors .
Excluyendo a los que se jubilaron por moratoria o en forma anticipada por
desempleo, actualmente hay 3.500.000 que se jubilaron o pensionaron luego de
aportar durante 30 años o más. Y en promedio perciben 1.275 pesos por mes, según
datos a mayo de la ANSeS.
Esos $ 1.275 de haber medio representan apenas el 36% del sueldo medio de los
trabajadores en blanco, los que hacen aportes.
Aunque una parte de esos 3,5 millones se jubilaron como autónomos, con
haberes bajos, hay solamente 500.000 jubilados que cobran por encima de los $
1.500.
El resto cobra menos.
Así, los que se jubilaron después de haber trabajado en relación de
dependencia están cobrando en promedio alrededor del 40% del sueldo medio de los
activos.
Esos datos desmienten que el bajo haber promedio se debe a que mucha gente se
jubiló por moratoria, como dice el Gobierno. También los que se jubilaron con
los aportes al día cobran muy poco.
En la jerga previsional, la relación entre el haber y el sueldo representa la
“tasa de sustitución” o “de reemplazo”. Y mide cuán cerca o alejado está el
jubilado de disponer de un ingreso similar al que tiene el que está en
actividad. Esta enorme distancia entre la jubilación y el sueldo obedece a
varias causas: Luego de la devaluación de 2002, las jubilaciones no fueron
ajustadas por la evolución de los salario s, como sí marca la doctrina fijada
por la Corte Suprema en numerosos fallos (Sánchez, Badaro, Ellif) con lo que
quedaron muy desactualizadas. En el caso Badaro el ajuste ordenado por la Corte
entre enero de 2002 y diciembre de 2006 fue del 88,6%, cuando en ese período los
aumentos generales fueron entre el 10 y 22%.
Se redujo en forma sustancial el valor de la Prestación Básica Universal (PBU)
que integra el calculo del haber. Inicialmente fue fijada en el 27,5% del sueldo
medio. Ahora, la PBU ahora es un valor fijo de $ 422,91 que representa menos del
15 % del sueldo medio.
El cálculo del sueldo promedio de referencia para determinar la otra parte
del haber (PC/PAP) se actualiza con un índice que es inferior a la real
evolución de los salarios.
Una vez obtenida la jubilación, el haber se ajusta cada 6 meses con una
fórmula de movilidad compleja que combina dos índices (que incluye evolución de
los salarios, recaudación e ingresos por impuestos) pero aplicando siempre el
más bajo . Así con el paso del tiempo, la jubilación se va achicando aún más y
termina representando apenas el 25 o 30 por ciento del sueldo que cobra el
empleado activo en el cargo por el que se jubiló.
La jubilación mínima es de 895 pesos, cuando el salario mínimo está en $
1.500.
Así más de la mitad de los jubilaron con todos los aportes al día cobren el
haber mínimo, lo mismo que los que se jubilaron con moratoria.
Todo esto explica el extraordinario aumento de los juicios de reajustes
previsionales, a los que los jubilados recurren como único medio para que le
reajusten sus haberes.
Sin embargo, aunque obtienen sentencias favorables, el reajuste se demora y
en muchos casos, el jubilados tiene que hacer un nuevo juicio para que se
ejecute la sentencia.
En la Justicia, como anticipó Clarín , se acumulan más de 360.000 juicios de
reajuste de las jubilaciones. Y los reclamos vienen en ascenso a razón de 12.000
por mes. Aún así la Justicia no extiende a todos los jubilados sus propios
fallos, como podría hacerlo, obligando a que cada uno inicie una demanda.
Que espera el Gobierno insensible para aumentar a todos los
jubilados Argentinos?
El costo de vida / Evolución de los haberes en
los últimos 9 años
Muchos jubilados perdieron hasta el
40% de su poder adquisitivo
La caída se debe a la falta de actualización de los haberes
durante años, frente a una inflación de 250%
Silvia Stang
LA NACION
Por efecto de la inflación, los haberes de muchos jubilados llevan acumulada
en los últimos nueve años una pérdida de poder adquisitivo que llega hasta el
40%, o aun un poco más, según la medición de precios que se considere. Así, el
incremento de precios de los últimos años recortó el valor de los ingresos,
aunque en magnitud desigual. Los más perjudicados son quienes antes de la
devaluación del peso se encontraban ganando más de $ 1000, ya que durante casi
cuatro años no hubo para ese grupo ninguna recomposición, por una decisión
política que fue declarada inconstitucional por un fallo de la Corte Suprema de
Justicia.
Como durante varios años la estrategia fue privilegiar la recuperación de la
jubilación mínima sin contemplar a quienes cobraban algo más, hubo un
achatamiento de la pirámide, y muchos que habían comenzado su etapa pasiva
cobrando más que el ingreso básico, terminaron en ese escalón más bajo. Eso
significa que aun cuando la mínima haya aumentado un 347,5%, no necesariamente
quienes la cobran percibieron en los últimos años una suba que compensara la
inflación.
La depreciación de las jubilaciones y la mencionada sentencia judicial
explican la actual litigiosidad récord de los jubilados contra el Estado: cada
día se inician, en promedio, unas 500 demandas, mientras que hay más de 330.000
causas en trámite. Anteayer, la jueza de la Corte, Carmen Argibay, apuntó contra
la Anses por el colapso del fuero de la Seguridad Social, al que llegan reclamos
por la insuficiente actualización de haberes y también -entre otros temas- por
la forma en que se calcula el ingreso inicial. "La Anses no paga lo que debe,
incluso cuando hay sentencias que la obligan a pagar. Es siempre la misma
historia", se quejó Argibay.
A su vez, esa situación, sumada a la existencia de una masa de recursos que
está en poder de la Anses desde la eliminación del sistema jubilatorio de
capitalización, generó varios proyectos de ley de la oposición para mejorar la
jubilación mínima y para devolver el poder adquisitivo perdido a los haberes de
muchos pasivos (ver aparte).
La brecha con los precios
De acuerdo con mediciones y estimaciones de inflación elaboradas por
distintas consultoras, el índice acumulado desde diciembre de 2001 a mayo último
es, en un cálculo moderado, del 250 por ciento. Desde ese entonces, si bien la
jubilación mínima pasó de $ 200 a 895, quienes no comenzaron ganando ese haber
tuvieron aumentos inferiores al de los precios, y en muchos casos tardíos. Para
quienes una década atrás cobraban una prestación de $ 1000 o más, la
recomposición hasta ahora fue del 111,5 por ciento.
Suponiendo el caso de quien percibía $ 1000 cobra ahora $ 2115. Si consumía
bienes y servicios por todo el monto, acceder a ellos ahora cuesta $ 3500. Y
así, el ingreso equivale al 60% del precio de lo que antes podía adquirirse.
Otro caso: quien cobraba $ 300 recibió un alza del 204%, con lo cual hoy cobra $
912, pero como lo que valía $ 300 hoy vale $ 1050, podría comprar un 14% menos.
La comparación se refiere a determinados supuestos del consumo, que son los
considerados para elaborar las estadísticas de precios. Está claro que, en la
vida real, cada familia tiene un conjunto diferente de necesidades por cubrir.
La inflación en el período está estimada en el 250% por el estudio Orlando
Ferreres & Asociados, y en un nivel similar se ubica el índice elaborado por
Economía & Regiones. Un porcentaje algo más alto -del 268%- arroja la medición
realizada por Ecolatina con la firma Tomadato. Los cálculos se basan en un
trabajo propio de cada centro de estudios a partir de enero de 2007, y en los
índices de inflación dados por el Indec hasta diciembre de 2006, el último mes
previo a la intervención política que sufrió el organismo y que le costó la
credibilidad de sus datos.
Luego de años de aumentos discrecionales, desde marzo de 2009 rige una ley de
movilidad jubilatoria. El sistema contempla la utilización de una fórmula basada
en la evolución de los salarios, la recaudación de recursos del sistema y otras
variables, como el número de jubilados.
¿Cómo les fue desde entonces a las jubilaciones? Los tres aumentos otorgados
(en marzo de 2009 y de 2010, y en septiembre del año pasado) suman una mejora
del 29,7 por ciento. El alza de los precios desde julio de 2008 -el último mes
en el que se habían subido las jubilaciones antes de la ley de movilidad- fue
superior: del 37,7%, según Ecolatina, y del 34,4%, según Ferreres. Con esos
datos, la pérdida del valor real sería de alrededor de un 5 por ciento.
Jubilaciones: Argibay dijo que la ANSeS
“paga mal” y que eso alimenta juicios
21/06/10 Atribuyó a ese ente la “sobrecarga” que
hay en los Tribunales por exceso de causas.
La jueza de la Corte Suprema Carmen Argibay responsabilizó a la
Administración Nacional de Seguridad Social (ANSeS) por la sobrecarga de los
tribunales previsionales a raíz de una mala liquidación de las jubilaciones. “El
problema es que la ANSeS paga mal . Entonces todos empiezan a hablar de
la industria del juicio, que todos quieren llegar a la Corte Suprema.
Nos llegan las causas porque están mal calculados los haberes . Las
jubilaciones están mal hechas”, dijo ayer Argibay a Radio América.
La magistrada exhortó a la ANSeS a ponerse en línea con el “fallo Badaro”. En
ese caso, el máximo tribunal dispuso en noviembre de 2007 aumentar un 88,6% el
haber de un jubilado (Adolfo Badaro) para compensar la ausencia de ajustes en el
período 2002-2006.
La pauta quedó establecida para todos los jubilados, pero para ello éstos
deben reclamarlo a través de juicios individuales. Hoy hay cerca de 362 mil
juicios de este tipo en los tribunales de la Seguridad Social, que están
saturados. Lo que Argibay explicó justamente es que si la ANSeS adecuara sus
liquidaciones a la pauta dispuesta por el máximo tribunal hace dos años y medio,
no habría tantos juicios como hay en la actualidad.
“La ANSeS no paga lo que debe , incluso cuando hay sentencias que la
obligan a pagar e insisten en no pagar y tratar de llegar a la Corte. Entonces
es siempre la misma historia”, insistió la magistrada.
“Si el Estado paga mal, después tiene que pagar mucho más porque va a
pagar con multas , pero encima sobrecarga los tribunales. Entonces,
por eso el primer pedido es ‘creen más tribunales’ y es un gasto para el
Estado”, respondió la jueza cuando le preguntaron por los reclamos de los jueces
de la Seguridad Social que piden más juzgados y una sala más en la Cámara de
Apelaciones de ese fuero.
De acuerdo con Argibay, “la ANSeS debiera entender de una vez por todas
que si pagan bien se ahorran un montón de juicios”. Para la magistrada “no es
tan difícil” hacer el cálculo de la forma en que “tienen que irse pagando los
porcentajes de ajuste” en base a lo establecido por la Corte en el “fallo
Badaro”.
“Casi que es un programa de computadora”, sostuvo, y se preguntó: “Entonces,
cuando siguen haciendo mal los cálculos, ¿qué tiene que pensar uno? ¿Que les
encanta estar en juicio? No lo entiendo”, se sinceró.
Argibay admitió que “los procesos judiciales son lentos” y que incluso
algunos jubilados mueren antes de tener una sentencia judicial . En ese
sentido, destacó que el orden de prioridades de los miles de casos que llegan al
máximo tribunal no es por llegada sino por las edades de quienes reclaman.
Según publicó Clarín la semana pasada, en la Cámara Federal de la
Seguridad Social porteña había 239.017 expedientes al 31 de marzo. En los 60
juzgados de este fuero establecidos en las provincias las causas llegaban -hasta
diciembre del año pasado- a 93.063. Y siguen creciendo a razón de 2.400 causas
por semana.
Este cúmulo de causas es lo que lleva a que los juicios demoren por años,
según dicen en Tribunales. Para Argibay sería más simple si el organismo
conducido por Diego Bossio liquida las jubilaciones de acuerdo con los
parámetros establecidos en el caso Badaro.
Jubilaciones: acuerdo opositor para que
se vuelva al 82 % móvil
Es para las mínimas. Y habría una recomposición global. Se
tratará en comisión.
PorMartín
Bravo
Los bloques de la oposición intentarán dar un paso clave en Diputados para
fijar el piso de las jubilaciones en el 82% del salario mínimo, recomponer
los haberes que no recibieron incrementos hasta 2009 y modificar la fórmula
de movilidad. Con un proyecto prácticamente consensuado, al que tuvo acceso
Clarín, procurarán emitir un dictamen la próxima semana y así llevar al
recinto una de las iniciativas más incómodas para el kirchnerismo: al
oficialismo pagaría un alto costo por rechazarla y la Presidenta por
vetarla, en caso de que se apruebe en las dos Cámaras.
Será el primero de los intentos del arco anti K de la “agenda social”,
acordada luego de las dificultades para mostrar resultados concretos con la
“institucional”. El proyecto se tratará en las comisiones de Previsión
Social -presidida por Mauricio Ibarra, del peronismo disidente- y
Presupuesto, a cargo del oficialista Gustavo Marconato. Los integrantes de
la oposición presionarán a este último para armar una reunión conjunta o
emitirán dictamen sólo en Previsión, a la espera de la convocatoria de
Presupuesto.
Los bloques del radicalismo, el peronismo disidente, la Coalición Cívica, el
PRO, la centroizquierda, el socialismo y el GEN unificaron posiciones sobre
el 82% respecto del salario mínimo y en el cambio de la fórmula para
calcular la movilidad: propondrán tomar las variaciones anuales del Indice
de Salarios del INDEC o del RIPTE de la Secretaría de Seguridad Social,
según cuál resulte más conveniente para el beneficiario. De prosperar la
iniciativa, la jubilación mínima pasaría a 1.230 pesos. De acuerdo con los
cálculos de los diputados, el aumento demandaría unos 16.000 millones de
pesos al año. “En el fondo de garantía de sustentabilidad de la ANSeS hay
147.000 millones y se gastan en cualquier cosa menos en mejorar las
jubilaciones”, aseguró Fernanda Reyes, de la Coalición Cívica.
La recomposición de los haberes será otro punto fuerte del proyecto. “Es
urgente modificar la pirámide. En 1994, el 23% de los jubilados cobraba la
mínima; en el 2001, el 37%; ahora estamos llegando al 80% y eso es lo que
genera la industria del juicio”, puntualizó el radical Gustavo Serebrinsky,
vicepresidente de la comisión de Previsión. En los Tribunales de la
Seguridad Social se acumulan unos 360.000 expedientes y se agregan unos
12.000 por mes. Como última cuestión para cerrar el acuerdo, a los diputados
de la oposición les falta definir con precisión los criterios para
establecer las nuevas escalas, de acuerdo con cálculos sobre los montos que
demandaría cada alternativa. “Tiene que ser viable, porque no se puede
desfinanciar el sistema”, confió uno de los que articulan el acuerdo.
De ese modo, se adelantó a atajar el argumento central que esgrimirá el
oficialismo cuando se discuta en el recinto, en julio. Hace dos semanas, en
el Senado, Diego Bossio -titular de la ANSeS- calificó de “loables” los
proyectos para aumentar las jubilaciones aunque puso en duda “la capacidad
real para llevar adelante esas medidas”. El arco anti K propone financiar
los incrementos limitando el desvió de fondos a otros destinos y que la
asignación por hijo, por caso, se financie con el Tesoro. Y no descarta un
anuncio de Cristina para adelantarse.
Solo cuatro sectores -docentes, científicos, jueces y diplomáticos- perciben
ahora como jubilación entre el 82 y el 85 % del salario.
Cristina salió al cruce de las
quejas por las bajas jubilaciones
El "ombudsman" de la Tercera Edad denunció que
el 76 por ciento de los pasivos nacionales tiene un haber que cubre
sólo la mitad de la canasta básica.
"Hugo de la Sota" PTE. de Asociacion Mayores
Olvidados, denuncio que no se puede seguir mintiendo a los mayores,
basta de fríos números hoy la jubilación mínima debería ser el Mínimo
Vital y Móvil de los activos $1500 y para el resto de los jubilados
la aplicación del caso Badaro, pero tiene que ser ahora, no pueden
seguir sufriendo los mas desprotegidos, los adultos mayores
biológicamente no tienen tiempo, pueblo Argentino miren hacia adentro
de vuestras familias y verán cuantos hombres y mujeres que dieron todo
para que este increíble País sea el granero del mundo y este
posicionado entre los mejores (salvo la dirigencia política) y hoy
viven de migajas, no permitan este
genocidio maldito que a la larga les tocara a ustedes.
El Gobierno aseguró ayer que Argentina destina el
10,6 por ciento del total de su PBI a la seguridad social, lo que
representa una suma de 31 mil millones de dólares.
La aclaración fue hecha por la Administración Nacional de Seguridad (Anses),
luego de que la presidenta Cristina Fernández de Kirchner dijera en un
acto que se destinaba ese 10,6 por ciento del PBI a los jubilados,
pero en realidad el porcentaje incluye a todas las áreas de la
seguridad social (salarios familiares, la asignación universal por
hijo, prestación por desempleo y pensiones no contributivas).
La mandataria salió al cruce de la difusión de un sondeo realizado por
la Defensoría de la Tercera Edad, que concluyó que una "canasta
básica" que contempla los gastos de un jubilado o pensionado alcanza
un costo de 2.063,45 pesos, cuando 76 por ciento de los pasivos cobra
por mes el haber mínimo de 895 pesos, o aun menos.
La jefa del Estado había destacado que "hoy, la Argentina está
dedicando a su Seguridad Social, a sus jubilados, el 10,6 de la
totalidad de su Producto Bruto Interno", lo que se presta a confusión,
por lo cual la Anses salió a clarificar.
En paralelo, la Anses anunció que apelará en los próximos días el
fallo judicial que ordenó actualizar la prestación básica universal (PBU)
del haber de un jubilado -que había permanecido congelada desde 1997-
según la evolución del salario de la industria y la construcción.
El fallo de la Sala III de la Cámara Federal de la Seguridad Social
implica un antecedente riesgoso, porque podría sentar jurisprudencia
para otros juicios iniciados por el mismo reclamo, con el consiguiente
costo para las arcas de la Anses. Se estima que si la medida se
generalizara para el resto de los jubilados, significaría un costo
fiscal adicional cercano a los 700 millones de pesos anuales.
La sentencia de la Cámara representa el primer caso de una demanda en
reclamo de actualización de la prestación básica que llegaría a la
Corte Suprema de Justicia.
La PBU es una parte de la jubilación y se compone de una suma fija de
dinero, a la que tiene derecho todo afiliado al Sistema Integral de
Jubilaciones y Pensiones (a partir de octubre de 2008, Sistema
integrado Previsional Argentino) y que actualmente es de 422 pesos.
ANSeS buscará que la Corte frene
actualización de jubilaciones
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) apelará,
ante la Corte Suprema de Justicia, el fallo de la Cámara Nacional de
la Seguridad Social que la obliga a actualizar la jubilación mínima
según la suba de los salarios de la industria y la construcción.
En caso de que la actualización de la Prestación Básica Universal (PBU)
de un haber jubilatorio se realice como fija el fallo de la Sala III
de la Cámara Nacional de la Seguridad Social, y se extienda a 5,6
millones de jubilados, el Gobierno necesitaría 700 millones de pesos
anuales más para financiar la medida.
Pero con la apelación, el Gobierno intentará evitar que se generalice
ese incremento.
La PBU es una parte de la jubilación compuesta por una suma fija que
cobran todos los jubilados, que se encuentra en 422 pesos. Y desde
2009 ese monto equivale a dos veces y media el valor del Módulo
Previsional (MOPRE), que se actualiza cada seis meses.
El fallo de la Sala III ordenó al organismo que dirige Diego Bossio
que actualice el haber de un jubilado que estaba congelado desde 1997.
Y para hacerlo ordenó tomar la variación de los salarios de la
construcción y la industria, que subieron un 455 por ciento en los
últimos siete años.
Si bien la eventual resolución de la Corte sólo afectaría al caso
particular, los especialistas sostienen que sentará jurisprudencia
para el resto de los juicios que se inicien. En ese sentido, en 2009
se presentaron unos 200 mil reclamos de actualización de haberes, de
los cuales gran parte de ellos pide que se ajuste la PBU y el resto
reclama que se les aplique la "doctrina Badaro". En ese caso la Corte
ordenó que se ajustara la jubilación en un 88,6 por ciento por el
período 2002-2006.
Por otro lado, fuentes de la ANSeS aseguraron al diario El Cronista
Comercial que todavía no fueron notificados del fallo pero adelantaron
que apelarán ante la Corte, con lo que por primera vez llegará al
máximo tribunal una demanda por actualización de haberes. En ese
sentido, la Corte Suprema ya falló a favor del ajuste de las
prestaciones compensatorias (PC) y adicional por permanencia (PAP) en
el caso "Ellif", basándose en la ley 24.241. En el caso Badaro en
cambio, la movilidad se aplicó en base a la ley anterior, la 18.037,
que había sido sancionada en 1969.
El abogado previsional Luciano González aseguró que la mayor parte de
los reclamos judiciales se basa en el artículo 14 bis de la
Constitución Nacional, para pedir que se mantenga "la proporcionalidad
con el nivel activo".
La resolución de la Sala III de la Cámara de la Seguridad Social fue
aprobada por dos votos a favor y uno en contra. El caso sobre el que
resolvieron los magistrados fue el de Romilio Bruzzo. Y mientras que
para Néstor Fasciolo y Juan Poclava Lafuente corresponde atender el
reclamo del jubilado, para el juez Martín Laclau la movilidad
jubilatoria no se debe aplicar al monto de la PBU, porque esa
prestación no tiene como objetivo "adecuarse a la cuantía de los
ingresos de los jubilados". Seguimos sin vergüenza.
Por cada juicio que se paga a un
jubilado, ingresan cinco nuevos
Esta es la dinámica que se registra en los Tribunales de la Seguridad
Social. Son las demandas contra la ANSeS por mala liquidación de
haberes. El pasivo del organismo no deja de crecer aunque destina más
fondos para cancelar sentencias.
Por Ismael Bermúdez
Juicio, jubilados, ANSeS En lo que va de 2010 -desde enero hasta mayo-
la ANSeS canceló 8.559 sentencias favorables a los jubilados. Por el
otro lado, en el mismo período, se iniciaron en los Tribunales de la
Seguridad Social más de 40.000 nuevos juicios por mala liquidación o
diferencias en los haberes.
Así, al ingresar cinco veces más causas que las que se cancelan, el
stock de juicios contra la ANSeS está creciendo a un ritmo tal que los
Juzgados y la Salas de la Seguridad Social consideran que están
desbordados y “en situación de colapso”. Al mismo tiempo, la ANSeS
está destinando más dinero a cancelar sentencias -casi $ 3.000
millones están previstos para 2010- pero eso no impide que siga
acumulando un pasivo más que preocupante, que se agranda por las
retroactividades e intereses.
En 2009, se iniciaron 103.600 juicios y la ANSeS liquidó unas 30.000
sentencias. Y entre 2002 y 2009, entre bonos y efectivo, la ANSeS,
pagó sentencias por más de $ 6.000 millones a unos 160.000 jubilados.
De todas maneras, como no todos los jubilados recurren a la vía
judicial, en el Gobierno consideran que es mayor el “ahorro” que
obtiene de no extender a todos los jubilados los reajustes ordenados
por la Justicia que los costos de afrontar las sentencias.
Gran parte de los juicios son por reclamos de ajuste de los haberes
luego de la crisis de 2001-2002. La mayoría pide que se les aplique la
llamada “doctrina Badaro”, en alusión al caso en que la Corte Suprema
ordenó un ajuste de 88,6% por el período que va de enero de 2002 a
diciembre de 2006 cuando en ese lapso el Gobierno dio aumentos
generales de entre el 10 y 22%. Para cobrar ese ajuste, cada jubilado
debe iniciar un juicio porque el Gobierno no lo extiende a todos los
jubilados que están en la misma situación.
En esos casos, la ANSeS se comprometió a no apelar los fallos de
primera o segunda instancia que sean similares al caso Badaro. También
se comprometió a hacer lo mismo con las sentencias a favor de los
jubilados docentes e investigadores científicos por la movilidad del
82 o 85%, como lo resolvió también la Corte.
Sin embargo, los abogados previsionalistas dicen que eso no se está
cumpliendo. Y que en muchos casos y a pesar de tener una sentencia
favorable de Cámara, el jubilado debe iniciar un juicio de ejecución
para lograr el efectivo cumplimiento de la sentencia que luego la
ANSeS apela, dilatando aún más la liquidación de la sentencia. Todo
esto demora la causa durante muchos años.
También hay muchos juicios de los retirados de las Fuerzas Armadas y
de Seguridad porque les calcularon las jubilaciones sin incluir los
rubros no remunerativos. También en este punto, al Corte Suprema
determinó que las sumas “no remunerativas” son parte del sueldo y
deben ser consideradas para el cálculo de la jubilación.
Así el Gobierno, y la propia Justicia, en lugar de extender a todos
los potenciales beneficiarios la jurisprudencia de la Corte obligan a
cada jubilado a ir a juicio. La acumulación de causas es tal que el
viernes pasado, en una Acordada, la Cámara Federal de la Seguridad
Social consideró que “está colapsada”. Y se pronunció por crear una
cuarta Sala y 5 juzgados más.
“Crear más juzgados y más Salas dejando intacto el oprobioso sistema
judicial actual diseñado por Domingo Cavallo en el año 1995 en
perjuicio de los jubilados -obligándolos a promover un juicio
ordinario de 7 años para gozar de una garantía constitucional-, es
como limitarse a comprar más y más camas en un hospital, en lugar de
concentrar todas las energías en procura de destruir el virus que
ocasiona la enfermedad endémica”, dice el camarista Luis Herrero que
votó en contra de la Acordada.
La jubilación promedio de los 5,5 millones de jubilados y pensionados
ronda los 1.150 pesos por mes . De ese total, e incluyendo a las
pensiones no contributivas, el 76,5% –casi 4,9 millones de
beneficiarios– cobra el haber mínimo de $ 895 o menos . Las pensiones
no contributivas –más de 900.000– promedian los $ 780 mensuales .
Este bajo valor del haber medio previsional –representa apenas una
tercera parte del sueldo medio de los trabajadores registrados– se
debe a que muchos se jubilaron como autónomos, monotributistas o
completando años de aportes “con moratoria” con haberes más bajos o
directamente con la mínima. Pero aún así el achatamiento de la
pirámide previsional obedece a muchos otros factores.
Ante todo, las jubilaciones no fueron ajustadas por la evolución de
los salarios, como sí marca la doctrina fijada por la Corte Suprema en
numerosos fallos (Sánchez, Badaro y Ellif) con lo que quedaron muy
desactualizadas.
Por ejemplo, en Badaro el ajuste ordenado por la Corte entre enero de
2002 y diciembre de 2006 fue del 88,6%, cuando en ese período los
aumentos generales fueron entre el 10 y 22%. Así en forma creciente
una buena parte de los jubilados se fue quedando con los haberes muy
retrasados y pasaron a cobrar el haber mínimo.
Además se redujo en forma sustancial el valor de la Prestación Básica
Universal (PBU). Inicialmente fue fijada en el 27,5% del sueldo medio,
a lo que debía sumarse para fijar el haber inicial, con 30 años de
aportes, el 45% del sueldo ajustado de los últimos 10 años anteriores
al retiro laboral. Así, para un sueldo medio, la jubilación inicial
debería representar el 72,5% (27,5 más 45). Con más años de 30 años de
aportes, el porcentaje crecía.
La PBU ahora es un valor fijo – $ 422,91– que representa menos del 15%
del sueldo medio, mientras el cálculo para ajustar los sueldos de los
últimos 10 años se realiza con un índice que es inferior a la real
evolución de los salarios.
Esto explica que se jubilaron en los últimos dos años y los nuevos
jubilados cobren un haber inicial que equivale al 50% o menos del
sueldo que tenían cuando estaban en actividad.
Eso provoca lógicamente una fuerte resistencia a querer acceder a la
jubilación o iniciar un juicio en el mismo momento que se accede a la
jubilación.
Una vez obtenida la jubilación, el haber se ajusta cada 6 meses con
una fórmula de movilidad compleja que combina dos índices (que incluye
evolución de los salarios, recaudación e ingresos por impuestos) pero
aplicando siempre el más bajo .
Eso va licuando los haberes y con mayor intensidad en los momentos de
alta inflación. Por ejemplo, el último aumento semestral fue del 8,21%
cuando en apenas tres meses la inflación “verdadera” superó ese
porcentaje. En el caso de los docentes, el ajuste de marzo fue de tan
solo el 0,98%. Ahora el próximo aumento debería aplicarse en
septiembre.
Todo esto explica el extraordinario aumento de los juicios de
reajustes previsionales –103.000 causas sólo en 2009– y a razón de 600
nuevos juicios por día en lo que va de este año.
La acumulación de causas es tal que, el viernes pasado, en una
Acordada, la Cámara Federal de la Seguridad Social consideró que “está
colapsada”. Por tal motivo, existe un proyecto para crear una cuarta
Sala y 5 juzgados más en la Cámara Federal de la Seguridad Social.
Con el argumento de que se están acumulando miles y
miles de juicios de jubilados y el Fuero está en “colapso”, en el
Congreso hay un proyecto de ley en favor de crear una cuarta Sala y 5
Juzgados más en la Cámara Federal de la Seguridad Social .
El Consejo de la Magistratura ya dio su aval. Ahora hay 10 juzgados
federales y una Cámara compuesta por tres Salas, todas en el ámbito de
la Capital. En los fundamentos del proyecto se señala que, por la
“continua litigiosidad”, los Juzgados están desbordados y “dado el
carácter alimentario de todos los litigios que tramitan ante este
fuero, al no existir una respuesta eficaz y oportuna, se vulneran los
artículos 14 bis, 17, 18, 43, 75 inc. 22 y 23 de la Constitución y los
derechos humanos jerarquizados constitucionalmente a partir de la
reforma de 1994”.
La medida parecería que va en la buena dirección. Pero sólo en
apariencia porque, como señala el juez Luis Herrero, la alta
litigiosidad en la Seguridad Social es “ficticia” . El 60% de las
causas sorteadas en 2009 -60.000 sobre 103.000 expedientes- son
reajustes similares al caso Badaro, ordenado por la Corte Suprema .
Desde el 2003 hubo varios aumentos del haber mínimo, pero los que
ganaban por encima de esa cifra recibieron incrementos muy inferiores
a las subas de los salarios. Por eso, en Badaro, la Corte reconoció
una movilidad del 88,6 % entre enero de 2002 y diciembre de 2006 ,
cuando los aumentos jubilatorios generales en ese lapso fueron entre
el 10% y el 22%.
En base a esa doctrina, miles de jubilados comenzaron a realizar
reclamos similares, incrementando el número de causas cuando la ANSeS
debería haber extendido ese reajuste sin necesidad de que el jubilado
siga reclamando en los estratos judiciales . “Si la ANSeS cumpliera la
doctrina de la Corte, la litigiosidad bajaría ostensiblemente”,
asegura Herrero. Además, el Estado argentino no está cumpliendo con el
compromiso asumido ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
de la OEA de no apelar ningún fallo vinculado a temas en los que la
Corte ya se pronunció.
La creación de nuevos juzgados y salas no resuelve el tema de fondo
sino que convalida este estado de cosas, sumando una carga
presupuestaria innecesaria.
Jubilaciones: varios proyectos por una
suba del mínimo
Desde marzo, ingresaron al Parlamento propuestas de
ley que prevén una profunda modificación de los haberes de los jubilados
así como la creación de una comisión para analizar y proponer una reforma
integral del sistema
En
busca de esos objetivos, en la Cámara de Diputados hay, por lo menos,
tres proyectos que apelan a un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la
Nación, que sostiene el alza que deberían haber tenido las
jubilaciones entre enero de 2002 y diciembre de 2006 es del 88 por
ciento.
A la hora de hacerse cargo de ese incremento, los autores de las iniciativas
apuntan a los ingresos con los que cuenta el Estado por los fondos
heredados del eliminado sistema de capitalización, que están dando
utilidades, señaló el diario La Nación.
Hace cuatro años, recordó el matutino, el máximo tribunal se expidió en la
causa llamada Badaro, determinando que debió existir un ajuste de los
haberes de todos los jubilados y pensionados, desde enero de 2002, para
compensar los efectos de la inflación.
Como el fallo de los jueces no provocó se dictara una medida para corregir la
situación, se disparó la cantidad de litigios contra la Administración
Nacional de la Seguridad Social (Anses). "El objetivo es que no haya
más necesidad de juicios, haciendo que se pague lo que corresponde",
argumentó la diputada Fernanda Reyes, impulsora de varios proyectos
previsionales en diálogo con el periódico.
Actualmente, el sueldo mínimo de los abuelos llega a los 895,15 pesos. Según
los distintos proyectos de ley, se propone elevar el haber al nivel del
salario mínimo, que hoy se ubica en 1.500 pesos
o, en su defecto, ejecutar un 82% de aumento. Las iniciativas ahora esperan
poder ser tratadas sobre tablas.
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La nueva agenda
01/06/10
Jubilaciones La UCR, la CC, el socialismo, la centroizquierda y el GEN impulsan
llevar el mínimo a $ 1.500 o poner el 82% móvil.
Asignación por hijo Hay coincidencia en llevar los $ 180 actuales a 300 y
actualizarlo por inflación.
Tarifa social de luz y gas Para evitar un “tarifazo” que casi se convierte en
escándalo el año pasado, los opositores apuntan a derogar el decreto que impuso
un cargo extra. E impulsan una tarifa social.
Devolución de IVA A las propuestas de la centroizquierda, el socialismo y el
GEN, se agregó una del PJ disidente para reintegrar el IVA en las compras de
alimentos.
Deudas previsionales /
Varios proyectos de ley con distintas mejoras
Propuestas para subir las jubilaciones
La oposición en el Congreso propone usar el fondo de garantía de
la Anses para cumplir con lo que ordenó la Corte; otras iniciativas
Silvia Stang
LA NACION
Saldar la deuda que existe con miles de jubilados por la debida actualización
de haberes no aplicada, sin que tengan que seguir recurriendo a largos juicios
contra el Estado; mejorar el haber previsional básico atándolo al salario
mínimo; restablecer la posibilidad de que se jubilen anticipadamente quienes
están desocupados, y procurar que sean más breves los litigios y que se paguen
las sentencias en plazos más cortos. Esos son algunos de los objetivos que se
proponen varios proyectos de ley que ingresaron en el Congreso en los últimos
meses, con la firma principalmente de legisladores de la oposición.
Más allá de la corrección de los haberes de los jubilados actuales y de otros
varios temas puntuales, la meta de máxima es lograr que se integre una
comisión para analizar y proponer una reforma integral del sistema. En la
Cámara de Diputados hay, por lo menos, tres proyectos con esa iniciativa, que
permitiría un debate de expertos para una nueva ley, con una evaluación de su
viabilidad futura, a diferencia de lo ocurrido en los últimos años, en los que
se hicieron cambios sin estudios previos.
Un argumento para defender los proyectos que implicarían una mejora de los
ingresos de los pasivos es que hoy el Estado cuenta con recursos, por los
fondos heredados del eliminado sistema de capitalización, que están dando
utilidades, aunque también hay que tener en cuenta que en gran medida ese
dinero está en inversiones financieras y, principalmente, en deuda estatal.
Cuatro años atrás, la Corte Suprema de Justicia se expidió en la causa Badaro,
determinando que debió existir un mecanismo de ajuste de los haberes de todos
los jubilados y pensionados, desde enero de 2002, para compensar los efectos
de la inflación. Durante varios años, si bien se elevó el monto del haber
mínimo, no hubo aumentos para muchos pasivos, en tanto que otros recibieron
subas muy insuficientes en función del aumento del costo de vida y de la
actualización de los sueldos de los trabajadores activos.
Pero el fallo de los jueces no provocó que se dictara una medida para corregir
la situación, y eso disparó la cantidad de litigios contra la Administración
Nacional de la Seguridad Social (Anses). "El objetivo es que no haya más
necesidad de juicios, haciendo que se pague lo que corresponde", explicó a LA
NACION la diputada Fernanda Reyes, impulsora de varios proyectos previsionales,
junto con sus pares de la Coalición Cívica.
Recálculo
La iniciativa del bloque prevé que, en primer lugar, se vuelvan a calcular los
ingresos de inicio de quienes hoy están jubilados, actualizando el valor de
los salarios de los diez últimos años trabajados que se toman en cuenta para
esa estimación. Si bien ahora se está utilizando una fórmula para el ajuste de
los montos históricos, eso no siempre ocurrió en los últimos años, lo que
afectó el valor de los ingresos.
Una vez hecha esa corrección, el proyecto propone la aplicación de un índice
de movilidad, tanto por el período de abril de 1991 a marzo de 1995 como por
el lapso de enero de 2002 a la actualidad. A diferencia del índice actual, que
tiene en cuenta varios elementos, como la recaudación de recursos y el número
de jubilados, aquí se propone utilizar sólo la evolución de salarios,
eligiendo entre dos índices el que haya tenido un mayor incremento.
El texto también propone que la jubilación mínima sea equivalente al salario
mínimo, vital y móvil, hoy de $ 1500. Otras iniciativas, como las promovidas
por la ahora ex diputada María América González y Claudio Lozano, y por el
presidente de la Comisión de Previsión, Eduardo Ibarra, del Peronismo Federal,
prevén que el haber básico sea el 82% de esa cifra, lo que hoy equivale a $
1230. El haber mínimo actual es de $ 895,15. En el Senado, el socialista Rubén
Giustiniani también presentó una propuesta en ese sentido.
También el bloque de la Unión Cívica Radical (UCR) presentó un proyecto para
corregir los haberes iniciales y aplicar, según un cronograma dependiente de
la edad del beneficiario, los ajustes por movilidad que dispuso el fallo
Badaro.
Otro tema que se reitera entre los proyectos previsionales es el de
restablecer el mecanismo para que puedan comenzar a cobrar una prestación los
desocupados que ya cuentan con 30 años de aportes, pero que aún les faltan
cinco años o menos para cumplir la edad para la jubilación, de 65 años para
los varones y de 60 para las mujeres. Proyectos en ese sentido fueron
presentados, entre otros, por el diputado Juan Carlos Díaz Roig, del Frente
para la Victoria -firmado también por Reyes- y la senadora Hilda González de
Duhalde.
Díaz Roig, que es vicepresidente de la Comisión de Previsión Social en
Diputados, dijo a LA NACION estar de acuerdo con que parte de los recursos del
fondo de garantía de la Anses se utilicen para saldar la deuda con los
jubilados generada por la falta de actualización de haberes. Y consideró que
el haber mínimo debería ubicarse en el 82% del sueldo mínimo.
El legislador del oficialismo presentó un proyecto para que los juicios
previsionales tengan un procedimiento sumarísimo, que acorte los tiempos. "No
se justifica que un jubilado tenga que esperar hasta diez años; este proyecto
reduciría el tiempo sustancialmente", sostuvo.
Reyes, por su parte, insistió en que el Poder Legislativo tiene hoy la
oportunidad de debatir una ley para que esos litigios sean innecesarios, al
obligar al Estado, por ley, a pagar lo que le corresponde, según lo que ya
determinó la Corte Suprema.
Respecto de los juicios, un proyecto de Reyes busca disponer el embargo de
fondos de la Anses, cuando no se cumpla con el plazo de 120 días para liquidar
las sentencias.
88,5%
Aumento
Es el alza que deberían haber tenido las jubilaciones entre enero de 2002 y
diciembre de 2006, según la Corte.
$ 149.287
Millones
Es el valor del Fondo de Garantía y Sustentabilidad que administra la Anses,
luego de la estatización de las AFJP.
$ 895,15
Jubilación mínima
Es el valor actual. Varios proyectos proponen llevarla al nivel del salario
mínimo, hoy en $ 1500, o al 82%.
Adrián Pérez
y Fernanda Reyes presentarán los proyectos previsionales de la Coalición Cívica
en Palermo
Los diputados nacionales de la Coalición Cívica - ARI Adrián
Pérez y Fernanda Reyes presentarán el miércoles 26 de mayo, a las 19.30, las
propuestas previsionales del Bloque, en el Multiespacio por la Igualdad de
Palermo, ubicado en Gascón 1474.
Los proyectos
previsionales de la Coalición Cívica apuntan a elevar las jubilaciones mínimas a
1500 pesos, para que queden equiparadas al salario mínimo, vital y móvil, y a
una recomposición general de los haberes, de acuerdo con el fallo de la Corte
Suprema sobre el caso Badaro. También, se plantea una reestructuración del
sistema previsional y el blanqueo de las sumas no remunerativas de los empleados
nacionales estatales. Otro de los proyectos propone la creación de la Prestación
Anticipada por Desempleo, para los trabajadores que no cumplen la edad para
jubilarse, pero tienen 30 años de aportes.
Piden votar el 82% móvil para jubilados
La diputada Giudici volvió a reclamar ese porcentaje para el sector pasivo,
como ya lo hiciera en 2006 y en 2008.
“El 82% móvil para los jubilados es una verdadera deuda histórica que hace a
la justicia y a la equidad con nuestros mayores, y que no podemos soslayar,
siendo necesario de manera urgente que el Congreso Nacional vote una ley en
tal sentido”, aseveró la diputada nacional Silvana Giudici (UCR Capital).
En tanto la diputada porteña afirmó que “los dineros del Anses, incrementados
por la transferencia de recursos con la incorporación de los fondos de las
AFJP, deben estar en manos de los jubilados y no en las necesidades de caja
que tiene Néstor Kirchner”.
Giudici presentó, acompañada de los diputados radicales Daniel Katz, Rubén
Lanceta, Julio Martínez, Mariana Juri y Gustavo Serebrinsky, un proyecto de
ley que actualiza todos los haberes iniciales al 82% de acuerdo al Índice de
Salarios Básicos de la Industria y la Construcción que elabora el Ministerio
de Trabajo y le establece una movilidad calculada solo por el Índice General
de Remuneraciones Imponibles Promedio de los Trabajadores Estables (Ripte) que
elabora la Secretaria de Seguridad Social, estableciendo plazos ciertos para
la aplicación de las actualizaciones.
El proyecto también incorpora para el cálculo de las nuevas jubilaciones un
concepto novedoso, el cómputo de los mejores haberes de los últimos 15 años
del trabajador, en función de la acentuada discontinuidad en la permanencia en
un mismo empleo que se visualiza en la actualidad.
En la actualidad existen alrededor de 5 millones de personas que integran el
Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), y se estima que de ellos el
70% perciben beneficios del orden de los $1000 por mes.
Giudici sostiene que “el Anses cuenta con alrededor de 150 mil millones de
pesos que forman parte del Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Fondos que
han sido utilizados arbitraria y discrecionalmente para financiar deuda
pública en alrededor de $84500 millones según el Anses”.
“Es preocupante que este gobierno, que carece de credibilidad internacional y
que por lo tanto no accede a créditos para financiar sus políticas, utilice
los recursos destinados a los jubilados poniendo en riesgo el
desfinanciamiento del sistema previsional, toda vez que son inversiones de
riesgo que no necesariamente garantizan su devolución”, afirmó la legisladora.
“Así el gobierno de Kirchner arriesgó U$S 300 millones con la eléctrica Epec
que ahora no los puede recuperar, $3750 millones para financiar a la industria
automotriz, otros $259 millones para la General Motors, $1615 millones en obra
pública, $265 millones para AYSA, $1935 millones para las Pymes, entre otras”,
explicó la secretaria parlamentaria del bloque radical.
“Los recursos del sistema jubilatorio deben ser destinados a la recomposición
de los haberes y a garantizar el sistema previsional argentino para las nuevas
generaciones” concluyó Silvana Giudici.
La ANSeS ya suma $ 147 mil millones que
nadie controla
Es un fondo de garantía del organismo que el Gobierno usa para financiar
el gasto público. La Bicameral del Congreso que debe supervisar ese dinero no
funciona desde diciembre. Y todavía no formalizó a sus nuevos miembros.
El Fondo de Garantía de Sustentabilidad del Regimen Previsional Público de
Reparto (FGS), que maneja ahorros de los jubilados por más de 147.000 millones
de pesos y que se convirtió en una pieza central del esquema de financiamiento
del Gobierno, opera en la práctica sin ningún tipo de control parlamentario.
La Comisión Bicameral encargada de hacerlo tuvo su última reunión con las
autoridades de la ANSeS el 2 de diciembre, y los nuevos miembros que la
integrarán aún no fueron formalizados. Por la cantidad de recursos que
administra -más de un 10% del PBI de la Argentina-, en un año en el que los
gastos crecen más fuerte que los ingresos y en el que, por la crisis de
Grecia, se hará muy difícil volver en el corto plazo a los mercados
voluntarios de deuda, el FGS se convirtió en el activo más estratégico para el
kirchnerismo. En la oposición también hay demanda por ocupar alguno de los 12
lugares de la Comisión -seis diputados y seis senadores-, pero por otras
razones: intuyen -en base a varios indicios concretos- que será una plataforma
para el destape de casos de corrupción en el segundo semestre.
"No hay ningún control, el Gobierno hace lo que quiere", explica Fernanda
Reyes, diputada de la Coalición Cívica y economista, quien participó de las
siete reuniones que hubo en un año y medio con los responsables de la ANSeS.
Otro legislador que estuvo allí, Claudio Lozano, de Proyecto Sur, coincide:
"La información oficial llega con cuentagotas, y hasta seis meses después de
que se hicieron las inversiones, con lo cual no hay ninguna posibilidad real
de auditarlas".
Reyes y Lozano hicieron el año pasado denuncias penales contra funcionarios de
Economía. En el primer caso, por la suscripción del BONAR 14. El 19
de junio la ANSeS compró el título a 102,11 pesos, muy por encima de los 65,25
pesos a los que cotizó ese instrumento financiero en el mercado de valores en
la misma fecha. Mediante el método de suscripción directa la ANSeS compró
"caro" a la Tesorería General de la Nación un título público nacional que
cotizaba más barato en el mercado. El perjuicio estimado para los jubilados
supera los 475 millones de pesos. La causa está en el juzgado de María Servini
de Cubría y preocupa a Amado Boudou. La denuncia penal de Reyes fue precedida
por otra de Lozano y que tramita el Juzgado Federal N° 9, a cargo de Octavio
Aráoz de Lamadrid. La causa se inició por la compra, con recursos del fondo de
garantía, de títulos de deuda pública que no cotizan en los mercados
secundarios, algo que está expresamente prohibido por ley.
"Pero además, hay un sinfín de datos sospechosos", agrega Nicolás Salvatore,
economista de la UBA, asesor de Reyes y ex profesor en la universidad estatal
de Diego Bossio, el actual responsable de la ANSeS. Plazos fijos
multimillonarios asignados de un día para el otro a
bancos chicos o financieras,
empresas que se atrasan en algún pago sin que nadie se entere (fue el caso de
EPEC, la compañía de electricidad
de Córdoba) o disparidad en el reparto de recursos a nivel provincial (el
Banco de Chaco, donde gobierna Jorge Capitanich, recibió un monto superior a
su patrimonio neto) son algunas de las supuestas irregularidades mencionadas.
El FGS se creó en diciembre de 2008, cuando se desarmó el sistema de AFJPs y
se volvió al reparto. De entrada, su fiscalización nació con fallas: la
Bicameral parlamentaria se reunió recién seis meses después, el 3 de mayo de
2009. Hubo tres visitas de alto
perfil en el inicio (una de Boudou y luego dos de Bossio), "pero luego, en el
segundo semestre, bajó mucho el envío de información del Gobierno", cuenta
Luciana Díaz Frers, directora de estudios fiscales del Cippec, quien viene
siguiendo de cerca el tema.
"La realidad es que el sayo de la falta de transparencia le cabe tanto al
Gobierno como a la oposición, que está aprendiendo de a poco a ejercer los
controles", agrega.
"Por otro lado, ni la Sindicatura General de la Nación ni la Auditoría General
de la Nación evaluaron todavía la legalidad, seguridad y rentabilidad de las
inversiones realizadas con el Fondo de Garantía", concluye Reyes.
Giustiniani impulsa un
aumento de la jubilación en el Senado
Promueve un haber jubilatorio que alcance el 82% del salario de un trabajador
activo. “Hay 4 millones de jubilados en la pobreza”, indicó y negó la
inexistencia de fondos sostenida por el gobierno nacional
El senador santafesino Rubén Giustiniani (PS), junto a Gerardo Morales (UCR),
promueven aumentos en las jubilaciones mediante dos proyectos de ley. Por un
lado, impulsan el aumento del haber jubilatorio hasta alcanzar el 82% del
salario de un trabajador activo. Y además, plantean la recomposición de los
haberes previsionales del período 2002- 2007.
En diálogo con el programa Diez Puntos (Radio 2), el legislador informó:
“Queremos que los 950 pesos actuales que perciben sean llevados a 1.380 pesos
para resolver un problema, que la movilidad no resolvió que es que el piso de
arranque es muy bajo”.
De acuerdo a Giustinianni, “es necesario llevar a la Justicia la adecuación de
los haberes en base a los fallos de la Corte Suprema de Justicia de los casos
Barado 1 y 2 en donde queda sentado que los jubilados siempre perdieron, con
la inflación y el ajuste de los trabajadores en actividad. Hay 4.300.000
jubildos que están en la pobreza”.
Consultado acerca de que el gobierno nacioanal sostiene la inexitencia de
fondos para mejorar los haberes jubilatorios, respondió: “No es creíble. La
plata de la Ansés se usa para cualquier cosa. El miércoles a la noche
estábamos votando para pagar con reservas deudas por 4.500.000 pesos, que es
la misma cifra que resuelve la petición de justicia social para con los
jubilados”, concluyó.
Hay que apoyar a los proyectos presentados por la
Coalición Cívica y el ARI, que van a devolver la dignidad a los jubilados
Argentinos.
PRESENTACIÓN DE
LA PROPUESTA
LEGISLATIVA PREVISIONAL DE
LA COALICIÓN CÍVICA
- ARI
Me pongo
en contacto con ustedes para comentarles que en el día de hoy, lunes 3 de mayo,
hemos presentado en conferencia de prensa la propuesta legislativa previsional
de
la Coalición Cívica
– ARI, que preside Elisa Carrió, consistente en los siguientes proyectos de ley:
1) Proyecto de ley de elevación de la jubilación mínima a $1.500 y de
recomposición de los haberes previsionales según el fallo “Badaro” de
la Corte Suprema
de Justicia; 2) Proyecto de ley de creación de una Comisión para la elaboración
de un proyecto de ley de reforma, modificación y actualización del Sistema
Integrado Previsional Argentino; 3) Proyecto de ley que autoriza el embargo
sobre fondos de
la ANSeS en
juicios previsionales; y 4) Proyecto de ley de Prestación Anticipada por
Desempleo (Jubilación Anticipada).
Tenemos la
enorme tarea de instalar en el debate de la opinión pública y en la agenda
parlamentaria del Congreso Nacional la necesidad de elevar la jubilación mínima
y recomponer los haberes previsionales en forma inmediata. También debemos
discutir, en el mediano plazo, la reforma del sistema previsional para que pueda
ser sustentable en el tiempo.
Por eso
les pido que me ayuden a difundir estas propuestas. Para aquellos interesados
más abajo se expone una síntesis de cada uno de los proyectos de ley
presentados.
Para
cualquier inquietud no duden en comunicarse con mi despacho: 6310-7609.
Un saludo,
María
Fernanda Reyes
PROPUESTA PREVISIONAL DE
LA COALICIÓN CÍVICA
- ARI
1)
Proyecto de ley de elevación de la jubilación mínima y de recomposición de los
haberes previsionales: El proyecto de ley propone elevar el haber mínimo al
monto equivalente del salario mínimo vital y móvil que fija el Consejo Nacional
del Empleo,
la Productividad
y el Salario Mínimo, Vital y Móvil. Por otro lado, el proyecto de ley propone la
recomposición de los haberes previsionales otorgados al amparo de las leyes
18.037, 18.038 y 24.241 según la aplicación de las pautas establecidas por los
fallos de
la Cámara Federal
de
la Seguridad Social
y de
la Corte Suprema
de Justicia de
la Nación que
dirimieron en forma definitiva la cuestión relativa al recálculo del haber
inicial y de la movilidad de las prestaciones previsionales. Entre los fallos
utilizados se encuentran: “Sánchez María del Carmen C/ ANSeS S/ Reajustes
Varios”, sentencia de
la C.S.J.N.
dictada el 17/05/2005, “Badaro Adolfo Valentín C/ ANSeS S/ Reajustes Varios”,
sentencia de
la C.S.J.N.
dictada el 26 de noviembre de 2007, “Mackler Simón C/ ANSeS S/
Inconstitucionalidad ley
24.463”,
sentencia de
la Sala II de
la Cámara Federal
de
la Seguridad Social,
“Elliff Alberto José C/ ANSeS S/ Reajustes Varios”, sentencia de
la C.S.J.N.
dictada el 11 de agosto de 2009. De esta manera pretendemos saldar la deuda
histórica que existe con los jubilados y pensionados nacionales en cuanto a la
recomposición de sus haberes iniciales y la movilidad de sus prestaciones de
acuerdo a la jurisprudencia pacífica que fue elaborando a través de los años
la Cámara Federal
de
la Seguridad Social
y
la Excma. Corte
Suprema de Justicia de
la Nación y,
como consecuencia, poner fin a la litigiosidad existente en el mencionado fuero,
que actualmente se encuentra colapsado.
Al momento
de presentación de este proyecto de ley la jubilación mínima asciende a $895,15
y, de acuerdo a su artículo primero, se elevaría a $1.500, monto correspondiente
al del salario mínimo, vital y móvil vigente.
2)
Proyecto de ley de creación de una Comisión para la elaboración de un proyecto
de ley de reforma, modificación y actualización del Sistema Integrado
Previsional Argentino: El proyecto de ley propone la creación de una Comisión
interdisciplinaria que tendrá por objeto el análisis, revisión, modificación,
actualización y unificación de la normativa previsional y de la seguridad social
vigente, con la finalidad de proponer al Honorable Congreso de
la Nación un
proyecto de ley que establezca la reestructuración del Sistema Integrado
Previsional Argentino – S.I.P.A. – creado por
la Ley 26.425,
garantizando la existencia de un único régimen previsional público en los
términos del artículo 14 bis de
la Constitución
Nacional. También deberá compatibilizar las normas que aún se
encuentran vigentes de las Leyes 18.037, 18.038 y 24.241 con las normas
pertinentes de
la Ley 26.425.
La Comisión
está conformada por miembros de los tres poderes del Estado, por representantes
de los jubilados, de los trabajadores y de las organizaciones empresariales, por
abogados previsionalistas y por el defensor del pueblo de
la Nación.
El
proyecto de ley tiene por objeto instalar el debate sobre la necesidad de
proponer una reforma previsional que, teniendo como pilar fundamental la
existencia de un único régimen previsional público financiado a través de un
sistema de reparto, garantice la protección integral de las contingencias de
vejez, invalidez y muerte.
3)
Proyecto de ley que autoriza el embargo sobre fondos de
la ANSeS en
juicios previsionales: El proyecto de ley propone una modificación al artículo
22 de
la Ley de
Solidaridad Previsional – 24.463 - autorizando a los jubilados que se encuentran
en juicio contra
la ANSeS por el
reajuste de sus haberes a embargar los fondos del organismo previsional en caso
de incumplimiento de las sentencias judiciales dentro del plazo de 120 días
hábiles.
4)
Proyecto de ley de Prestación Anticipada por Desempleo: Los diputados Juan
Carlos Díaz Roig y Fernanda Reyes presentaron un proyecto de ley que propone la
creación de
la Prestación
Anticipada por Desempleo que tiene por objeto brindarle
cobertura a la población mayor que se encuentra desempleada y que no alcanza la
edad requerida por el sistema previsional para jubilarse. Los requisitos para
acceder a la prestación son los siguientes: a) Mujeres: haber cumplido cincuenta
y cinco (55) años de edad; b) Hombres: haber cumplido sesenta (60) años de edad;
c) Acreditar encontrarse en situación de desempleo al 31 de Diciembre de 2009;
d) Acreditar 30 años de servicios con aportes computables en uno o más regímenes
comprendidos en el sistema de reciprocidad. Cabe mencionar que
la Ley 25.994, que
creó
la Jubilación
Anticipada, estuvo vigente desde diciembre de 2004 hasta el 30
de abril de 2007 y tuvo los mismos objetivos que tiene este proyecto de ley.
La Justicia ordenó aumentar 54,4% el
haber a un jubilado
Esa suba es inmediata mientras sigue el juicio por mala liquidación.
Por: Ismael Bermúdez
En apenas unos meses, un jubilado -Raúl Rosso de 75 años- logró
que la ANSeS le ajuste un 54,4% su haber jubilatorio. Estaba cobrando $
1.062,20 y a partir del mes próximo pasará a cobrar $ 1.641: un aumento de
578,80 pesos.
Esta mejora es porque Rosso inició un juicio y logró que la Sala II de la
Cámara de la Seguridad Social ordenara que la ANSeS le reajuste el haber en
forma inmediata, mientras prosigue la causa la mala liquidación del haber
inicial, la retroactividad y demás diferencias.
Según Luis Sassiani, el abogado de Rosso, el reclamo total daría ahora un
haber definitivo reajustado de $ 2.110,28. En la jerga judicial lo que obtuvo
Rosso se conoce como "medida cautelar innovativa". Así, en lugar de esperar a
que concluya el juicio ordinario, lo que puede demandar varios años, y aunque
la ANSeS apele el fallo de la Cámara ante la Corte Suprema, el jubilado pasa a
cobrar en 30 días el incremento que le corresponde por el índice fijado por la
Justicia.
Como tanto miles de jubilados, Rosso planteó que le extendieran el fallo
Badaro por el que la Corte Suprema dictaminó que los haberes jubilatorios
entre enero 2002 a diciembre de 2006 debieron haberse ajustado un 88,54%,
según el índice de variación salarial, descontando los aumentos que recibió
que en ese mismo período fueron tan solo de un 10% y otro 11%. Y la Justicia
le dio la razón y ordenó que la ANSeS cumpla la sentencia "Badaro, Adolfo
Valentín", en el plazo perentorio de 30 días, y le abone el porcentaje de
movilidad reconocido por el Alto Tribunal por el período enero de 2002 a
diciembre de 2006.
Igual postura "cautelar" que la Sala II, en otros casos fue adoptada por el
juez federal de San Nicolás, Martín Martínez, y el juez federal de Río
Gallegos con relación a los suplementos no remunerativos reclamados por el
personal de las FF.AA. y de Seguridad, confirmadas por la Cámara Federal de
Comodoro Rivadavia. En cambio las Salas I y III se pronunciaron en contra. El
Juez de la Sala II, Luis Herrero, le dijo a Clarín que si "la Corte Suprema ya
se pronunció en un caso similar -Badaro- no tiene sentido que el jubilado
tenga que realizar un largo juicio para que se cumpla con lo que resolvió el
Alto Tribunal".
Con la de Rosso, la Sala II dispuso tres medidas cautelares: la primera a
favor de Héctor Capa, quien falleció en febrero, apenas horas después de ser
notificado de la sentencia favorable en el Sanatorio donde estaba internado. Y
un tercer caso, a favor Carlos Martinucci, a quien deben ajustarle el haber el
mes próximo. Luis Sassiani, el abogado de Rosso, dijo "que el argumento para
que se disponga el ajuste del haber en forma inmediata es el peligro en la
demora, lo que está más que justificado en la edad de los reclamantes".
El fondo de garantía para las
jubilaciones creció en 6000 millones de pesos
desde fines de febrero, informó la Administración Nacional de la Seguridad
Social (Anses).
La capacidad financiera del Anses para inversiones, cubrir la asignación por
hijo, comprar computadoras a estudiantes y cumplir con los aumentos a
jubilados aumenta, según datos oficiales.
El Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la seguridad social, donde
se acumula el dinero que el Estado recuperó de las Afjp, llegó a
148.000
millones de pesos.
Leyes para Jubilados
Proyecto de Ley
para que los jubilados no paguen impuesto a las ganancias.Tambien mostraron
fuerte preocupación por las consecuencias del cierre de exportaciones cárnicas
Ricardo Buryaile diputado
nacional por radicalismo presentó un proyecto de ley para eximir del pago de
impuestos a las ganancias a jubilados y pensionados.
El legislador fundamentó “considerar a las jubilaciones como rentas o
enriquecimientos no es adecuado a un criterio de justicia, ya que quiénes han
accedido a un beneficio previsional han debido aportar durante el transcurso
de su vida a cajas previsionales, y en ese camino recorrido han debido
tributar los gravámenes que se hallaban vigentes, entre ellos, el impuesto a
las ganancias; El pago de impuesto a las ganancias sobre el cobro de la
jubilación, que es el resultado de años de aportes, resulta a todas luces
injusto. Los años de retiro deben ser tiempos de disfrute y de cosecha de los
frutos sembrados durante una vida de trabajo”.
PRODUCTORES
Los legisladores radicales Ricardo Buryaile, Juan Casañas, Lucio Aspiazú y
Jorge Chemes de extracción agropecuaria adhieren a la preocupación por los
trabajadores de la carne reiteraron su apoyo y solidaridad para con los
trabajadores de la carne.
Hay fuerte preocupacion de parte de los legisladores, por las consecuencias
del cierre de exportaciones carnicas, que no solo trae problemas a los
productores agropecuarios, y por ende a los pueblos del interior, sino que
ahora también afecta los puestos laborales de los trabajadores de los
frigoríficos.
Ordenan aumentar jubilaciones en base a incrementos para trabajadores
activos
25/04/2010 - La Cámara de la Seguridad Social hizo lugar al reclamo de un
grupo de jubilados, por el que se había solicitado la actualización de sus
haberes teniendo en cuenta subas no remunerativas que habían tenido los activos
de su actividad. Fallo completo
La Sala I de la Cámara Federal de la Seguridad Social hizo
lugar al reclamo de un grupo de jubilados que pretendía que sus haberes
se actualicen con los mismos montos no remunerativos con que el Estado había
beneficiado a los activos de su sector, a través de dos decretos del año 2004.
Según el voto mayoritario del fallo de Cámara, “el importe
referido se otorga a la generalidad de los agentes comprendidos en su ámbito de
aplicación... Esta ‘cláusula de garantía’ implica que lo que perciben la
generalidad de los activos deben percibirlo los pasivos que se encuentren en las
mismas condiciones, pues caso contrario se vulneraría el principio de igualdad
ante la ley consagrado en el art. 16 de la Constitución Nacional.
El Director Ejecutivo de la ANSES, Diego Bossio, presentó el programa de
acceso a computadoras para jubilados y pensionados, gracias al cual los
beneficiarios pueden acceder a una línea de préstamos personales que otorga
el Banco Nación.
El Director Ejecutivo de la Administración Nacional de la Seguridad Social
(ANSES), Diego Bossio, presentó el programa de acceso a computadoras para
jubilados y pensionados de ANSES, gracias al cual los beneficiarios pueden
acceder a una línea de préstamos personales que otorga el Banco Nación, para
la adquisición de computadoras.
El anuncio se llevó a cabo en la sede central de ANSES, donde Bossio afirmó:
“Desde ANSES estamos trabajando fuertemente para que los jubilados puedan
acceder a más beneficios y descuentos. Ya comenzamos con el tope que le
pusimos a las cuotas de las mutuales; seguimos con las 250 computadoras que ya
donamos a centros de jubilados del país, y que seguimos donando; y ahora con
este programa que ya le dio desde el 2006 la posibilidad a 110.000 jubilados y
pensionados, de acceder a una computadora”. Y agregó: “seguiremos trabajando
para generar muchas más facilidades para nuestros mayores”.
El programa les permite a los jubilados y pensionados nacionales de ANSES
acceder a préstamos muy accesibles para este sector de la población, en
general excluido del circuito de créditos.
Este programa fomenta la utilización de herramientas informáticas dentro de la
política de inclusión que lleva adelante ANSES, y brinda la capacitación
necesaria para el uso de esta tecnología.
El objetivo es facilitar la compra de una computadora a través del crédito
“Mi Compu" del Banco Nación con una tasa de interés del 0% y con un plazo
máximo de 40 meses. La cuota no debe ser mayor al 30% del ingreso neto y se
debitará automáticamente del haber jubilatorio. El trámite debe realizarse
directamente en las sucursales del Banco Nación y el requisito es ser menor de
80 años al momento de finalizar el crédito.
El titular de ANSES afirmó que: “celebramos este acto muy significativo, y es
que los bancos hayan dado una oportunidad de crédito. No sólo lo celebramos,
sino que lo vemos como ejemplo, y desde ANSES estamos trabajando para que esto
se repita en otras cuestiones, sobre todo en el sistema financiero, para que
haya créditos para los jubilados, a tasas razonables”. Y cerró el acto
concluyendo que “ANSES se encarga cada vez de más cosas, porque la ANSES que
se pensaba que era solamente para jubilados, hoy trasciende la jubilación.
Todos de alguna manera estamos vinculados a ANSES, desde el trabajador formal
que cobra las Asignaciones Familiares; la familia que tiene un hijo y cobra la
prestación prenatal y por maternidad; cuando una pareja se casa, también se
cobra un subsidio. ANSES vela por la justicia social, acompañando a la gente
durante toda su vida”.
Las computadoras personales que se pueden adquirir son de las siguientes
marcas: Hewlett-Packard, Exo y Sicsa - Olivetti.
Díaz Roig presentó proyecto para
Beneficio de la Prestación Anticipada por Desempleo
Para las mujeres que hayan cumplido los 55 años de edad, hombres con 60, con
la acreditación de encontrarse en situación de desempleo al 31 de diciembre
de 2009 y contar con los treinta años de servicios computables, el diputado
nacional Juan Carlos Díaz Roig presentó un proyecto de ley por el que
solicita el “Beneficio de la Prestación Anticipada por Desempleo”.
De acuerdo a los detalles del mencionado proyecto, los beneficiarios de la
Prestación Anticipada por Desempleo percibirán un haber mensual equivalente
al cincuenta por ciento (50%) del equivalente al beneficio de jubilación al
que tendrá derecho al cumplir la edad requerida por la ley 24.241. Dicho
haber en ningún caso podrá resultar inferior al haber mínimo.
Como fundamentos, el legislador nacional explicó que el desempleo constituye
en la República Argentina un terrible flagelo no deseado impensado que,
lamentablemente y sin duda alguna, se instauró y radicó con visos de
permanencia entre los argentinos, haciendo estragos en toda la sociedad.
Al respecto señaló que “es por ello que un conjunto de hombres y mujeres,
representados por la ASOCIACION 50 A 60, instalaron el reclamo de objetivos
que permitieran una cobertura para vivir dignamente para esas personas
denominadas: viejos para trabajar y jóvenes para jubilarse”.
“Atendiendo dichas razones oportunamente expuestas, en diciembre del 2004 se
sancionó la ley 25994 que vino a resolver una situación de cobertura de
gente que a lo largo de la década del 90 había sido expulsada del mercado de
trabajo y que, por una cuestión de edad, no pudo reingresar a la actividad
laboral.
Pero, lamentablemente dicha ley tuvo una vigencia de tan solo 840 días y
resolvió apenas las dificultades de 600 mil personas, quedando muchas otras
sin poder acceder a dicho beneficio a pesar de cumplir con los requisitos de
los aportes a la seguridad social”, indicó Díaz Roig..
Nos alegra muchísimo que el Diputado Díaz Roig haya
presentado un Proyecto de Ley para restablecer la Jubilación Anticipada o
P.A.D. Ley 25994 que tanto nos costo lograr que se aprobara, hoy han
presentado un proyecto para restablecerla con las mismas condiciones que
había redactado el proyecto en su oportunidad, no nos engañemos ni engañemos
a nadie la Asociación 50 a 60 presidida en ese entonces por mi, fue el
artífice de la creación de dicha Ley. Muchos medios y Diputados ayudaron
para que esto fuese realidad.
La Presidente Cristina anuncia descuentos del 80% en medicamentos para
jubilados del PAMI
30/03/2010 15:16:35
La medida será comunicada a las 11 por Cristina Kirchner y el titular de esa
obra social, Luciano Di Césare, en Casa de Gobierno.
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Una importante cantidad de jubilados del PAMI se beneficiará con una medida que
durante esta mañana anunciará la Presidente en la Casa Rosada.
El Gobierno anunciará hoy la ampliación del descuento del 80 por ciento que
otorga el PAMI para todos los medicamentos de uso frecuente, medida que
beneficiará a cerca de 1,7 millones de jubilados. Hasta el momento, solo algunas
medicinas tenían descuentos del 80 por ciento, mientras que otras tenían una
rebaja del 40 por ciento. La presidente Cristina Kirchner recibirá hoy a las 11,
en la Casa Rosada, al titular del PAMI, Luciano Di Césare, para ultimar los
detalles de la iniciativa y posteriormente se realizará el anuncio. La medida
beneficiará a cerca de 1,7 millones de jubilados e implica para el Gobierno una
inversión anual extra de 120 millones de pesos para la obra social. El aumento
en la cobertura contempla aquellos medicamentos de uso frecuente en patologías
cardiovasculares, elevado colesterol, hipotiroidismo, gotas oftálmicas y una
serie de antibióticos de amplio espectro y elevado costo. Desde el Instituto
Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI- Inssjp)
explicaron que "esta decisión implica un aumento en la cobertura a cargo del
PAMI de entre 20 y 50 por ciento según el tipo de droga de que se trate".
Presentaron un proyecto para llevar jubilaciones al 82% móvil
06-04-2010 / La iniciativa recibió el apoyo de la
Central de Trabajadores de la Argentina y de la Mesa Coordinadora Nacional de
Organizaciones de Jubilados y Pensionados. Más de una decena de diputados
acompañaron con sus firmas.
Nueva alza en las jubilaciones
Por Héctor Medina
Diputados de las bancadas de centroizquierda, junto con representantes
gremiales y de organizaciones de jubilados y pensionados, acompañaron la
presentación de un proyecto de ley que propone un nuevo régimen previsional
que lleve al 82% móvil el valor de las jubilaciones, y que reemplaza a la
ANSES por un instituto nacional de previsión social, que funcionará como
entidad de derecho público no estatal, sin fines de lucro, con autarquía y
autonomía económica, jurídica, financiera, contable y administrativa.
Así lo establece el texto que lleva la firma de la diputada nacional y
secretaria de Relaciones Institucionales de la CTA bonaerense, Graciela
Iturraspe, quien señaló que “se plantea restablecer el cálculo inicial del
haber de una persona que se jubila, promediando los tres mejores sueldos de
los últimos diez años, reemplazando el cálculo actual que perversamente logra
que el primer haber sea de 52% de lo que esa persona cobraba en actividad, lo
cual redunda en un envejecimiento de las plantas laborales sin abrir
posibilidades a la juventud”.
El texto fue rubricado, entre otros, por los diputados Eduardo Macaluse y
Verónica Benas (SI por la Unidad Popular), Fernando “Pino” Solanas, Claudio
Lozano, Alcira Argumedo, Jorge Cardelli y Liliana Parada (Proyecto Sur),
Victoria Donda y Cecilia Merchán (Libres del Sur), Mónica Fein (socialismo),
Margarita Stolbizer y María Virginia Linares (GEN).
Entre los puntos principales de la iniciativa se cuentan los siguientes:
- Se propone un régimen previsional público de reparto de tal manera que los
recursos del sistema se asignen, prioritariamente, al pago de las
prestaciones.
- El sistema previsional se organizará en base al principio de universalidad,
garantizando el derecho de todas las personas, tengan o no trabajo, a la
seguridad social, brindando cobertura en lo referido a la vejez, invalidez o
muerte, salud, accidentes de trabajo y enfermedades, empleo y asignaciones
familiares.
- Deben restablecerse las contribuciones patronales en el nivel que tuvieron
hasta 1993 (16%); ello significaría una ampliación importante de la
recaudación anual de la ANSES, asimismo pasa de 11% a 13% el nivel de aportes
de cada trabajador.
- Se agrega el derecho a un beneficio universal a todos los mayores de 65 años
que no cumplan los requisitos para una jubilación o pensión dentro del sistema
contributivo, que no sea inferior a la línea de la pobreza.
- La jubilación mínima debe ser vital y móvil, vinculado su importe a un monto
que no puede ser inferior al 82% del salario mínimo vital y móvil.
Iturraspe, en conferencia de prensa, señaló que el proyecto “no implica una
jugada demagógica ni oportunista, sino que busca hacer un sistema viable para
dar cobertura a todos los jubilados”, y está en consonancia con iniciativas de
la OIT en el mismo sentido.
Un 44% de los trabajadores no aporta para
su futura jubilación
Sin modificaciones del sistema jubilatorio pensadas para el mediano y largo
plazo, el mayor alcance logrado en los últimos años en cuanto a la cantidad de
personas mayores que cobran prestaciones, se irá acotando progresivamente. La
falta de aportes de muchos de quienes están en actividad -un problema enraizado
en la informalidad, la pobreza y el desempleo- indica que, lejos de haber dejado
de ser un problema, la insuficiente cobertura del régimen de previsión es un
desafío irresuelto.
Cerca del 44% de las personas hoy laboralmente activas no contribuye. Y si
bien, según datos oficiales, el 90% de quienes ya superaron la edad del retiro
laboral hoy percibe un ingreso, muchos lo obtuvieron por medidas de efecto sólo
temporal.
Según datos de la Encuesta Permanente de Hogares del Instituto Nacional de
Estadística y Censos (Indec), puede estimarse que hay 18 millones de
trabajadores en todo el país -entre asalariados y cuentapropistas-, mientras que
los aportantes suman cerca de 10,2 millones, si se consideran los diferentes
regímenes: al sistema de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses)
contribuyen 8,2 millones de personas -según datos del tercer trimestre de 2009-,
en tanto que 1,5 millones están incluidas en 27 cajas de empleo público de
provincias y municipios (de jurisdicciones que no transfirieron sus sistemas a
la Nación). El resto ahorra en alguna de las 75 cajas de profesionales.
En la opinión de algunos especialistas, las medidas que podrían tomarse sobre
el sistema laboral (ver aparte) no serían suficientes, por lo que recomiendan un
pago universal por edad y una mayor flexibilidad para poder jubilarse, ya que el
sistema de reparto exige 30 años de aportes. Con la primera medida, se tendría
en cuenta incluso a personas excluidas en los índices mencionados, como quienes
no se consideran a sí mismos, al ser encuestados, parte de la fuerza laboral
(las amas de casa, por ejemplo).
"Muchos de los que quedarían sin acceder a la jubilación tienen algunos años
de aportes, y lo primero que habría que hacer es disponer prestaciones
proporcionales para ellos", señaló el ex secretario de Seguridad Social Alfredo
Conte Grand. Para los que no tienen nada, debería reordenarse el sistema de
pensiones no contributivas -hoy gestionadas por el Ministerio de Desarrollo
Social- y analizarse su financiamiento, según opinó quien fue consultor de la
OIT.
"La creación de un pilar base con carácter universal permite garantizar una
protección social abarcativa para las contingencias de vejez, invalidez y
muerte, y la sociedad debe aceptar su financiamiento no sólo con recursos de los
trabajadores, sino también con tributos específicamente imputados a tal fin",
sostuvo Daniel Elías, presidente del Consejo Federal de la Previsión Social (Cofepres)
y de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Entre Ríos. En el sistema de la
Anses, la participación de recursos de origen impositivo ganó terreno en los
últimos años.
Interacción
Elías destacó que la Argentina llegó a constituirse "en el país de
Latinoamérica con mayor tasa de protección social para sus adultos mayores", a
la vez que apuntó que falta consolidar un "régimen federal", con interacción "de
los más de 120 regímenes" previsionales vigentes.
Para el economista Agustín Salvia, investigador del Observatorio de la Deuda
Social de la Universidad Católica Argentina (UCA), el sistema podría garantizar
un ingreso mínimo -con carácter de derecho ciudadano, antes que de una
prestación atada a aportes-, y a partir de allí ofrecer mejores haberes según lo
que se haya contribuido. Según Salvia, la universalización del beneficio sería
una vía más justa, equitativa y directa que la de una moratoria de aportes como
la de los últimos años.
El principal mecanismo que permitió que accedieran a pagos de la Anses
quienes habían hecho pocos o ningún aporte, surgió por la reglamentación de una
norma aprobada en los 90 para saldar deudas de autónomos. Por eso el plan sólo
acepta que se declaren aportes no pagos (asumiendo así una deuda) por períodos
previos a septiembre de 1993, y por eso también su vigencia termina naturalmente
con el paso del tiempo. Al considerarse los montos adeudados a valores
históricos y al no requerirse haber estado inscripto (condiciones que estaban ya
en la norma original), los planes resultaron accesibles, lo que se apuntaló con
la disposición de que podrían pagarse las cuotas mediante el descuento en los
haberes, que entonces se otorgaron sin necesidad de cancelar antes la deuda.
Por falta de planificación y de cruces de datos, la medida provocó casos
-sobre los que actualmente hay discusiones en la Justicia- en los que se dieron
beneficios a quienes ya cobraban, por ejemplo, un ingreso de un régimen
provincial o una pensión por fallecimiento, o incluso ambas prestaciones.
Alta
litigiosidad / Investigarán a funcionarios si no cumplen
Ordenan un rápido ajuste en jubilaciones
La Justicia notificó a la Anses para que suba el haber de un
beneficiario sin que deba esperar el final de un juicio por
actualización
Silvia Stang
LA NACION
La Justicia notificó por primera vez a la Administración Nacional
de la Seguridad Social (Anses) que debe cumplir con una medida
cautelar y actualizar en forma inmediata el valor de los haberes de un
jubilado aun cuando el reclamo continúa evaluándose en los tribunales.
La secretaría del Juzgado Federal N° 1 de la ciudad de Rosario le
envió una cédula al organismo para que el ingreso mensual del jubilado
Raúl Rosso reciba un incremento a partir de abril, siguiendo criterios
ya dispuestos por la Corte Suprema en un reclamo de iguales
características.
La Sala II de la Cámara de la Seguridad Social le había dado la
razón a Rosso en el pedido de una medida cautelar para un ajuste de
sus haberes. Según dijo a LA NACION Luis Sassani, abogado del
beneficiario, la Anses "deberá cumplir en este mes de abril, bajo
apercibimiento de girar las actuaciones al fuero penal para que se
investigue la comisión de delitos relacionados con el ejercicio de las
funciones públicas".
Este último paso a tomar en contra de funcionarios de la Anses, que
dirige Diego Bossio, en caso de incumplimiento, estaba previsto en el
fallo. Según recordó Sassani, al tratarse de una vía cautelar, aun
cuando el organismo apele, igual debe aplicar el ajuste.
La medida cautelar fue dispuesta por el voto favorable de los
jueces Luis René Herrero y Emilio Fernández. En forma contraria votó
la jueza Dora Delgado. La medida ordena que "al mes siguiente" de la
notificación se concrete un ajuste según el criterio establecido en la
causa "Badaro". En ese caso, la Corte estableció que, por el período
de enero de 2002 a diciembre de 2006, los haberes deben tener un
aumento equivalente a la evolución que tuvo un índice de salarios
promedio (esa cuenta da 88,3 por ciento).
Desde la devaluación y hasta que se puso en marcha una ley de
movilidad -algo que ocurrió en 2009- los haberes de muchos jubilados y
pensionados fueron perdiendo poder adquisitivo debido a los
insuficientes o nulos ajustes otorgados durante períodos con
inflación. Sumada a otras cuestiones, esa situación provocó una
litigiosidad creciente de los pasivos contra el Estado, al punto de
que el año pasado se llegó a un récord, con 103.643 demandas
iniciadas.
La decisión de los jueces de la Sala II de hacer lugar a medidas
cautelares busca que los jubilados puedan cobrar sus haberes
actualizados según lo que ya dijo la Corte, sin tener que esperar los
largos plazos de un reclamo. De esta manera, se deja pendiente, para
el momento de la finalización del juicio, el cobro de los montos
retroactivos, por lo acumulado desde el momento en que se establece
que existió el derecho a percibir mejores ingresos.
Si bien la medida favorable a Rosso data de diciembre de 2009, la
notificación a la Anses -donde no respondieron las consultas de LA
NACION sobre el tema- se demoró por la acción del fiscal, que
interpuso un recurso que resultó rechazado por los jueces.
La de Rosso es la segunda de tres medidas cautelares otorgadas; la
primera es de noviembre de 2009 y favorecía a Héctor Capa, quien
falleció en febrero. Y un mes atrás hubo un tercer caso, a favor del
abogado Carlos Martinucci.
Restablecer el valor
En este fallo más reciente, el doctor Herrero recuerda, al
justificar su voto, que el reclamante dijo no pretender "un reajuste
de haberes", sino "el simple aseguramiento de su derecho alimentario
mediante el restablecimiento de la cuantía real del beneficio
oportunamente otorgado". Para el juez, la demora en cumplir con la
suba del haber afecta "un derecho impostergable". "Es público y
notorio el irrazonable tiempo que insume el proceso previsional y el
grave daño que esta demora le propina al derecho de naturaleza
alimentario", sostuvo Herrero.
El argumento estuvo en línea con lo expresado por el juez
Fernández, quien recordó que tanto los tiempos procesales como "la
actitud no pocas veces dilatoria del organismo previsional para
cumplir con la manda judicial llevan necesariamente a la conclusión de
que aguardar una sentencia definitiva y su ejecución no será trámite
rápido ni fácil para el accionante". Se espera que este caso siente
precedente para otros.
Una lista de 13 drogas que en el mercado farmacéutico se ofrecen en 241
presentaciones comerciales tendrán un 80% de descuento en las farmacias
habilitadas por el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y
Pensionados.
.A partir de mañana, una lista de 13 drogas que en el mercado farmacéutico
se ofrecen en 241 presentaciones comerciales pasarán a tener un 80 por
ciento de descuento en todas las farmacias habilitadas por el Instituto
Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI- Inssjp).
Son medicamentos que contaban con una cobertura del 40 y el 60 por ciento.
La medida beneficia a 1,7 millón de afiliados.
Se trata de remedios de uso frecuente entre los jubilados y pensionados,
indicados para combatir patologías cardiovasculares, elevado colesterol,
hipertensión, hipotiroidismo, gotas oftalmológicas y antibióticos de amplio
espectro.
En el PAMI dijeron a Clarín que, en adelante, el 30 por ciento del total de
unidades que los afiliados compran anualmente contará con un descuento del
80 por ciento (ver "Es un tercio...")
El anuncio fue realizado ayer por el director ejecutivo del PAMI, Luciano Di
Cesare, luego de reunirse con la presidenta Cristina Fernández de Kirchner y
el ministro de Salud, Juan Manzur, en Casa de Gobierno.
"Esta iniciativa no es un beneficio, es un derecho adquirido para todos
nuestros beneficiarios, un derecho que ahora pasa a ser irrenunciable y que
impacta directamente en la satisfacción y calidad de vida de todos los
afiliados", dijo Di Cesare.
El funcionario agregó que la ampliación de la cobertura "implica una
inversión anual extra de 120 millones de pesos para la obra social o, lo que
es lo mismo, un ahorro de esa magnitud para sus afiliados".
En tanto, continúa vigente el programa de cobertura del 100 por ciento para
aquellos afiliados con patologías crónicas que por motivos económicos no
puedan afrontar el gasto en medicamentos. Este trámite se realiza en las
delegaciones de PAMI a través de un expediente.
Algunos ejemplos de los remedios que ahora tienen cobertura del 80% son los
indicados para controlar la presión arterial: la droga enalapril-hidroclorotiazida
en su presentación comercial del laboratorio Merck Sharp & Dohme, Co-Renitec
(20/12,5 miligramos por 60 comprimidos) cuesta $ 124,99. Antes de la
ampliación del descuento, PAMI cubría el 60 por ciento del valor del
medicamento; pero a partir de mañana con el 80 por ciento, el afiliado
pagará $ 25, la mitad de lo que pagaba hasta ahora.
Otro ejemplo es gatifloxacina, un antibiótico oftálmico. La marca Zymaran
(0,3% solución x 5ml) del laboratorio Allergan-Loa cuesta $ 71,32: el
afiliado pagaba el 60 por ciento de su valor porque PAMI cubría el 40 por
ciento. A partir de mañana, estas gotas tendrán 80 por ciento de descuento,
así que en las farmacias habrá que pagar $ 14,26 en lugar de $ 42,79.
En los últimos 45 días, los Juzgados de primera instancia de la Seguridad
Social recibieron 14.605 nuevos expedientes por juicios de jubilados. Son unos
500 por día hábil. En tanto, se sortearon otras 4.715 causas en segunda
instancia y los jubilados otorgaron 6.615 poderes para iniciar nuevos juicios.
Estas cifras de la Cámara Federal de Apelaciones de la Seguridad Social
superan las causas que se sortearon en igual período del año pasado, cuando se
alcanzó un récord de demandas.
Así, en los últimos 5 años, la cantidad de juicios iniciados contra la ANSeS
se multiplicó por cuatro: pasó de 27.004 causas en 2004 a 103.643 en 2009. Y
en todas las instancias judiciales, hay en trámite unas 250.000 demandas.
El grueso de los reclamos corresponde a reajuste de haberes, que se aceleraron
luego de que la Corte Suprema dictaminó, en el caso Badaro, que los haberes
jubilatorios por el período enero 2002 a diciembre de 2006 debieron haberse
ajustado un 88,3%, según el índice de variación salarial. Últimamente se
agregó el reclamo de reconocimiento de las sumas no remunerativas otorgadas al
personal activo, con una novedad importante: la aplicación del ajuste en forma
inmediata.
Ya meses atrás la Sala II de la Cámara de la Seguridad Social resolvió, en los
casos Capa y Rosso, el reajuste de la jubilación en forma inmediata, mientras
prosigue la causa por la retroactividad y demás diferencias. En la jerga
judicial se conoce esto como "medida cautelar innovativa". De esta manera, en
lugar de esperar a que concluya el juicio ordinario, lo que puede demandar
varios años, el jubilado puede cobrar el incremento que le corresponde por el
Índice fijado por la Justicia. Las otras Salas no adoptaron el mismo criterio.
El juez Luís Herrero, uno de los integrantes de Sala II le dijo a Clarín que
"este tipo de reclamo se puede pedir en cualquier momento: con la demanda,
antes de la demanda o ya iniciada la demanda, mientras se cumplan ciertos
requisitos, como el peligro por la demora (edad avanzada)".
La diferencia de haberes entre lo que están cobrando y el índice aplicado en
Badaro, según los casos, implica un ajuste de hasta el 54,5% ó 69,9%, según la
fecha de jubilación. Se estima que los jubilados que están cobrando menos que
el ajuste Badaro por el período 2002/2006 suman más de un millón. Como Badaro
se aplica anualmente, también podría corresponderles algún ajuste a los que se
jubilaron entre esos dos años.
Ahora, la Justicia Federal de Río Gallegos hizo lugar a una medida cautelar
innovativa a favor de retirados de La Prefectura Naval Argentina quienes
habían reclamado que se incorporen en el cálculo de sus haberes de retiro los
sucesivos aumentos no remunerativos otorgados al personal en actividad. "La
Justicia con los jubilados en la Capital no fue efectiva hasta ahora -salvo en
los casos Capa y Rosso- como sí lo fue la Justicia Federal de la Patagonia con
el personal militar y de seguridad. Como juez de la Seguridad Social siento
una sana envidia y una profunda decepción al mismo tiempo", dijo Herrero.
El haber medio de un jubilado -hoy- representa menos de un
tercio de lo que gana un asalariado registrado. Es decir que la relación ambos
haberes no mejoró después de la estatización de las AFJP, según señala un
informe de la consultora SEL
De acuerdo con estos datos, hoy la relación entre el haber jubilatorio medio y
el de un asalariado es del 30,9%, un punto menos que en el año previo a la
reforma del sistema, cuando se unificó en el régimen de reparto. Esa tendencia
decreciente que comenzó en el año 2003, continúa según el estudio. Desde
entonces, aún con los 17 aumentos de beneficios previsionales que dispuso el
Gobierno y el otorgamiento de subsidios por parte del PAMI, la relación de los
haberes jubilatorios versus los salarios acumulan una caída de 7%. "Y no hay
indicios de que, con el régimen actual, se modifique", señala. El deterioro de
la relación entre ambas percepciones es, según SEL, resultado de la política
de ingresos. "El haber mínimo que es percibido por 76% de los jubilados, la
mayoría de las veces se ajusta por debajo del salario mínimo, que establece el
piso de las remuneraciones de los asalariados". El informe agrega que "esta
reforma y como se ve, la política de ingresos, no parece cumplir hasta ahora
con los objetivos redistributivos con los que se sustentó la eliminación del
regimen de capitalización", concluyó.
Luego de conversar el tema con Hugo Moyano y varios miembros
del Consejo Directivo, el Jefe de Asesores de la CGT, el diputado Héctor
Recalde, le dijo a Clarín que la central obrera está de acuerdo en
participar en una paritaria que fije el valor del haber mínimo jubilatorio.
"Una alternativa sería que el Consejo del Salario Mínimo -que reúne al
Estado, a los empleadores y al sindicalismo- también discuta y determine el
monto del haber mínimo".
Como anticipó ayer este diario, la propuesta de discutir el monto del haber
mínimo en una paritaria fue lanzada en México por el director del Centro
Interamericano de Estudios de la Seguridad Social (CIESS), el argentino
Miguel Fernández Pastor. Lo hizo en el marco de una Maestría que se realiza
en la capital azteca con la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA.
"De esta manera, no habría un tratamiento diferente entre trabajadores
activos y pasivos", señaló Fernández Pastor.
El monto del haber mínimo -que cobra el 75% de los 5,5 millones de jubilados
y pensionados-fue fijado por el Gobierno y se actualiza cada 6 meses según
la fórmula de movilidad jubilatoria. La propuesta es que se mantenga la
movilidad, pero el piso jubilatorio se determine con el mismo criterio que
se determina el salario mínimo, en reuniones tripartitas. Además, el
financiamiento quedaría asegurado porque los ingresos de la ANSeS mejoran
con cada incremento de los salarios, incluido el salario mínimo.
A partir de marzo el haber mínimo será de $ 895,15 y equivale a un poco
menos del 60% del sueldo mínimo, que desde enero es de $ 1.500. Pero se
estima que a mitad de este año, el sueldo mínimo volvería a ser actualizado
en función de los aumentos que acuerden las paritarias.
Recalde explicó que es razonable que la CGT discuta el valor de la
jubilación mínima porque se trata del ingreso de millones de trabajadores
que aportaron la estatización de los fondos que estaban en manos de las AFJP
durante la etapa laboral y que debe guardar una proporcionalidad razonable
con lo que perciben los trabajadores activos. Y enfatizó que se trataría de
una medida que complementaría la estatización de los fondos que estaban en
manos de las AFJP, la moratoria que permitió que pudieran jubilarse 2
millones de trabajadores que no tenían registrados sus aportes o les
faltaban aportes porque estuvieron desocupados o "en negro" o la movilidad
jubilatoria.
La jubilación mínima no necesitan
discutirla en paritarias, tiene que ser el 82% de Mínimo Vital y Móvil que
se fija por intermedio del consejo del salario mínimo y el resultado o
porcentaje del aumento se tiene que aplicar al resto de los haberes que
están por encima del haber mínimo, para no seguir achatando la pirámide de
haberes de los jubilados Argentinos. BASTA DE DISCRIMINACIÓN.
Aumenta la brecha entre ricos
y pobres en la Argentina
Un millón y medio de hogares vive con ingresos menores a $
1.000 mensuales. Los más rezagados no llegan a comprar la canasta del INDEC
El INDEC reconoció ayer que la distribución del ingreso empeoró durante los
primeros nueve meses de 2009, pero se mantiene en los mismos niveles que a
mediados de 2008. El 10% más rico de la población gana 28 veces más que el
10% más pobre, mientras que a fines de 2008 la diferencia era de 23 veces.
La brecha más grande durante el kirchnerismo fue en 2004: 60 veces.
El informe oficial representa un golpe para el Gobierno
porque confiesa que existen 1,5 millones de hogares con ingresos menores a $
1.000 mensuales y otros 83 mil que no tienen ninguna entrada. También, que
los ingresos de los trabajadores con mayor poder adquisitivo crecieron 15,7%
durante 2009, mientras que el 10% más pobre debió trabajar una hora más y
sus salarios treparon 8,8 por ciento. El INDEC publicó antes de lo previsto
el informe sobre la distribución del ingreso del tercer trimestre de 2009.
El organismo había descontinuado esta publicación desde mediados de 2007 por
considerar que tenía fallas metodológicas, y recién volvieron a difundirla a
fines del año pasado. La distribución del ingreso del tercer trimestre de
2009 se mantiene en los mismos niveles que en 2008. El aumento del salario
mínimo vital y móvil, la incorporación de los aumentos de sumas fijas al
salario básico, el incremento de las jubilaciones mínimas fueron todas
medidas que sirvieron para aumentar los ingresos de los trabajadores durante
los primeros años del kirchnerismo, pero no pudieron evitar que la brecha se
agrandara durante 2009 por el aumento del desempleo y porque los salarios
más bajos no pudieron ganarle a la inflación.
Existen cuatro indicadores que dan cuenta de este proceso: •
El coeficiente de Gini es un indicador utilizado mundialmente para medir la
distribución del ingreso (0 representa una perfecta igualdad y 1 una total
desigualdad). El Gini del tercer trimestre fue de 0,457 mientras que a fines
de 2008 era de 0,450. El coeficiente de la Argentina es mejor que el de
Brasil o México, pero está por debajo de los países europeos o de la media
histórica del país durante la década del 80. • El 10% de los trabajadores
más pobres (995 mil personas) ganaba a fines de 2008 215 pesos en 21 horas
semanales, mientras que durante el año pasado debieron trabajar 22 horas
para cobrar 234 pesos. Estos trabajadores no llegan ni a comprar la canasta
que utiliza el INDEC para medir la indigencia, que cuesta 490 pesos y sólo
incluye alimentos. Distinta fue la situación del 10% más rico: tiene
ingresos que pueden superar los 50 mil pesos mensuales y a fines de 2008 el
salario promedio era de $ 4.597, mientras que la media actual es de 5.320
pesos. • El 20% de los trabajadores se apropia del 4,2% de la masa salarial,
mientras que a fines de 2008 era del 4,3%. El 10% más rico alcanzaba el
28,1% pero ahora obtiene el 28,5% de la torta. •
Los ingresos totales del 10% más pobre de la población (2,5
millones de personas) suman 309,8 millones de pesos, mientras que los del
10% más privilegiado alcanzan los 8.715,4 millones de pesos. Así, los más
ricos ganan 28 veces más que los más pobres. “Los más pobres fueron los que
más se empobrecieron porque se registró una caída en el nivel de empleo
formal e informal, y sumado a un sostenimiento de los sectores más altos se
produjo un aumento de la brecha”, explicó el titular del Observatorio Social
de la UCA, Agustín Salvia. El economista planteó dudas sobre la veracidad de
los indicadores oficiales porque según sus estimaciones la brecha se agrandó
en comparación con 2008. El Gobierno pone la lupa en el aumento del costo de
vida que se aceleró durante las últimas semanas porque impacta
principalmente sobre los más desfavorecidos. En la Casa Rosada reconocen que
si pretenden disminuir la brecha deberán poner todas las fuerzas en evitar
que se disparen los alimentos, porque los más pobres invierten la totalidad
de sus ingresos en alimentos.
Por Tomás Canosa
Critica Digital
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Jubilados…¿seres en extinción?
«...Primero se llevaron a los
judíos, pero como yo no era judío, no me importó. Después se llevaron a los
comunistas, pero como yo no era comunista, tampoco me importó. Luego se
llevaron a los obreros, pero como yo no era obrero tampoco me importó. Más
tarde se llevaron a los intelectuales, pero como yo no era intelectual,
tampoco me importó. Después siguieron con los curas, pero como yo no era
cura, tampoco me importó. Ahora vienen por mí, pero ya es demasiado tarde.»
Este es el fragmento más popular, y de una más de las tantísimas versiones
de “El Camino”, del eterno Bertolt Brecht. Me he tomado la libertad de
llevarlo a la realidad argentina para compartirlo con ustedes. Primero se
llevaron los trenes que iban al interior pero como yo no viajaba no me
importó. Luego se llevaron las A.F.J.P. pero como yo no era afiliada no me
importó. Luego se llevaron el 82% móvil de los jubilados pero como yo no era
jubilada tampoco me importó. Más tarde se llevaron el A.N.S.E.S. pero como
yo no era jubilada no me importó. Después siguió el P.A.M.I. pero como no
era jubilada no me importó. Ahora vienen por mí que soy jubilada, pero… ya
es demasiado tarde.
El PAMI fue fundado en 1971, con poco más de
cuatro millones de afiliados, y en sus inicios fue considerada la mejor obra
social de Latinoamérica, la más compleja, completa, y más grande de estos
continentes.
¿Qué pasó en este largo lapso? Hace muchos años as farmacias competían por
los descuentos a los jubilados con carteles que iban del 50% al 90% de
descuento, pero ya no es así. Como ejemplo ahí va un botón: un medicamento
que cuesta $ 12,00 el PAMI hace un descuento del 70%, otro medicamento que
cuesta $ 72,00 le hacen un descuento del 40%, creo que hay un “mínimo”
desequilibrio.
En su página Web, el PAMI informa a sus afiliados cuales son los derechos y
obligaciones.
Entre los derechos está, por ejemplo:
• “Obtener el turno con el médico de cabecera dentro de las 48 hs. y con
especialista dentro de los 7 días de solicitarlo… Ser evaluado por el
médico.”
• “A recibir un trato cortés por parte de las autoridades y el personal… la
información y el asesoramiento adecuados.”
• “Ser evaluado por el médico de cabecera antes de recetarle nuevamente los
mismos medicamentos.”
Son derechos básicos que no siempre se cumplen. A fin de agilizar la
atención a los jubilados se instituyó el médico de cabecera para la atención
primaria. Hasta ahí todo muy bien, lo lamentable es que los jubilados deben
llegar al consultorio una par de horas antes del comienzo de la atención
puesto que la mayoría atiende por orden de llegada y una determinada
cantidad de pacientes (caso contrario estarían todo el día en el
consultorio), razón por la cual vemos a los viejitos salir a la hora de la
siesta, con calor o frío, para poder ser atendido entre los primeros a
partir de las 5 de la tarde.
Siempre que veo a los médicos llenando formularios, recetas y escribiendo
hasta el cansancio pienso que debió estudiar para escritor, puesto que
escribe más que curarnos. Y cuando se trata del PAMI bueno, ya no sé qué
decirles. Además de escribir hasta el agotamiento, no deben olvidar ni una
coma o ni cambiar la birome porque la farmacia no puede recibir la receta
incompleta o mal hecha. Un solo error le significa al jubilado volver al día
siguiente al médico de cabecera, volver a esperar dos horas o más sólo para
corregir la receta.
El listado de los médicos de cabecera cada vez es más corto. Los médicos se
borran. Y no puedo dejar de darles la razón: muchas horas de dedicación y
una paga paupérrima
Vuelvo a preguntarme ¿qué pasó con el PAMI? Demasiadas cosas.
Malas administraciones y pocos reclamos, sin jubilados que exijan el
servicio por el que pagaron en actividad y siguen pagando con su jubilación.
Pero el PAMI como no también el ANSES, son entes con ingresos seguros mes a
mes. Por lo que resultan ser unos buenos prestamistas. En los últimos años
nos hemos enterado que entre las dos entidades se han financiado:
• aumentos salariales varios
• obras públicas, aunque no sabemos bien cuales
• sobreprecios en obras licitadas
• fútbol: ayer se sumaron 144 millones a lo ya entregado • la participación
de un corredor en Fórmula 1 • un aumentito del 8% a los jubilados (en la
mínima significan $60,00)
• ¿quieren que siga? mejor no, dejémoslo ahí
Tal vez el destino preparado para el jubilado sea morir de inanición y sin
remedios, pero feliz viendo el futbol y Formula 1.
No sé ustedes, pero a mí personalmente no me alteran esos préstamos pero sí
me altera, y mucho, el no saber: a qué interés hemos prestado nuestro
dinero, cual es el plazo de la devolución, cuanto queda en caja para
pagarnos en término, y sobre todo ¡cuándo dimos nuestra aprobación!
Pero la pregunta que más me desvela es ¿porqué ese dinero que sirvió para
otros no sirve para aumentar haberes de los jubilados?
Perdónenme que no entienda algo, si hay superávit en nuestras cajas ¿no
deberían ser para beneficiar a los que la hemos depositado a lo largo de
toda una vida?
¿A quién culparemos? A nosotros, que miramos cómo hacen los demás, nos
quejamos en voz baja y no exigimos nuestro derecho a decidir sobre nuestros
aportes, sin olvidar que sin los jubilados y los activos no solo no
existiría el PAMI tampoco su personal al que sí pagamos regularmente sus
salarios.
Ni siquiera exigimos el derecho a ser representados y a elegir a nuestros
representantes en votaciones libres (si las hay nunca nos enteramos). Bueno,
en realidad hay representantes de los jubilados en los directorios de ambas
cajas, pero son tan desconocidos como inútiles para defendernos.
Lo cierto es que el PAMI no es una elección, es un derecho.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses)
liquidó en los últimos seis años 145 mil sentencias en favor de jubilados por
un monto superior a los 6000 millones de pesos. Además, consintió 13.681
sentencias firmes y 6688 de Cámara. Estos resultados fueron presentados
anteanoche por el director del organismo, Diego Bossio, ante la titular de la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Luz Patricia Mejía. El encuentro,
que fue encabezado por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, permitió
que la Anses entregara a la representante de la OEA el estado de avance del
acuerdo de proceso de solución amistosa.
Mejía llegó a la Argentina para conocer el avance de la Anses respecto del
pago de sentencias judiciales a jubilados. “El organismo está implementando
considerables mejoras y cumpliendo con los pagos de los juicios, sobre todo
con los relacionados con el caso Badaro”, señalaron desde el organismo. Hasta
2005 cobraban sentencia en efectivo sólo los mayores de 80 años. Desde
entonces se fue reduciendo considerablemente esa edad y ya el año pasado se
“eliminaron los bonos y todo se abona en efectivo”.
Según explicaron fuentes de la entidad a este diario, se está cumpliendo
con todo lo que se estableció en el acuerdo de solución amistosa entre el
Estado y un grupo de jubilados que litigaron en 1995. Uno de los compromisos
fue el de no apelar las sentencias ante la Corte Suprema, sin exigencias de
monto mínimo, ni las que apliquen el 82 u 85 por ciento móvil en los regímenes
especiales de docentes, investigadores científicos y diplomáticos.
También se aplicó un sistema informático para agilizar las liquidaciones.
“A partir de que nos hicimos cargo de la Anses, pusimos todo lo que se dispuso
en cumplimiento de 120 días”, explicó a Página/12 un colaborador de Bo-ssio.
La Anses firmó el año pasado un convenio de cooperación e intercambio
electrónico de información con la Corte Suprema para acelerar los trámites de
los juicios previsionales.
El hecho de que la Anses esté obligada a dar su consentimiento en el caso
de sentencia y la agilidad en los procesos de liquidación incentivó a nuevos
jubilados a presentarse, reconocen en la Anses, aunque no brindaron
información de cuánto se había incrementado el volumen de nuevas
presentaciones. “No tenemos datos comparativos aún, pero obviamente la
solución amistosa abrió nuevos procesos”, agregaron. Por su parte, la Anses
comenzó a eliminar stock existente y los nuevos juicios se están abonando en
120 días hábiles. Finalmente, las autoridades locales invitaron, por
intermedio de Mejía, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a
integrar el Observatorio de la Seguridad Social, un espacio de monitoreo y
análisis de las políticas de seguridad social aplicadas en el país.
La puja distributiva / Buscan mejorar el pago de
los fallos
Los juicios de jubilados al Estado llegaron al récord de la década
En 2009 hubo 103.643 por falta de actualización de haberes; la
inflación, la causante del problema
Silvia Stang
LA NACION
En el término de los últimos cinco años, la cantidad de juicios iniciados por
jubilados contra la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses)
prácticamente se multiplicó por cuatro: mientras que en 2004 hubo 27.004 causas,
la cifra trepó a 103.643 en 2009. Así, el año pasado -cuando los juicios se
duplicaron respecto de 2008- cerró con un récord en cantidad de demandas en la
última década (desde 2000), según los datos de la Cámara Federal de Apelaciones
de la Seguridad Social, que muestra que, hasta 2004, el número iba cayendo, y
que luego cambió la tendencia. Hoy, en todas las instancias judiciales, hay en
trámite unas 230.000 demandas.
Los reclamos que crecieron a ritmo más acelerado fueron los referidos a un
reajuste de haberes -entre los juicios de 2009, fueron más del 60% del total-:
esas presentaciones se hicieron mucho más frecuentes luego de que la Corte
Suprema dictaminó que los ingresos de los pasivos debieron haber subido desde
enero de 2002 siguiendo un índice predeterminado.
Fue en aquel mes cuando, tras la salida de la convertibilidad, la inflación
comenzó a hacer visibles sus efectos en un deterioro del valor de los ingresos.
Los gobiernos optaron por elevar sucesivamente la jubilación mínima y por no
actualizar, en cambio, los haberes de muchos pasivos que cobraban más que ese
básico. En algunos casos, los ingresos quedaron congelados hasta 2004, y en
otros, hasta 2006.
Una razón por la cual se reactivaron los juicios en 2005 fue que ese año la
Corte dictó el fallo Sánchez, en el que dispuso un índice de actualización de
haberes para el período de 1991 a 1995 (la convertibilidad había intentado
frenar esas subas). El incremento de las causas tomó un ritmo más dinámico
después de que, a fines de 2007, los jueces resolvieron, en el caso Badaro, que
a las jubilaciones se les debía aplicar una suba en función del alza de los
salarios, por el período de 2002 a 2006 (la mejora acumulada da un 88,5%). Para
2007 y 2008, años en que hubo subas de haberes generalizados, la Corte nada
dispuso. Y desde 2009 rige la ley de movilidad -que prevé ajustes periódicos y
automáticos- que la Justicia le ordenó dictar a los poderes Ejecutivo y
Legislativo.
Pago de fallos, en problemas
La alta judicialidad en los últimos años también tuvo que ver con la falta de
liquidación de sentencias en tiempo y forma por parte de la Anses.
En noviembre último, funcionarios de ese organismo y de la Cancillería, en
nombre del Estado argentino, se comprometieron ante la Organización de Estados
Americanos (OEA) a agilizar el pago de juicios. Entre las medidas por tomar
están la instrumentación de un sistema que garantice que la correcta liquidación
de los fallos; la falta de apelación de sentencias cuando el reclamo sea similar
al de casos en los que la Corte ya se expidió (como Badaro), y el desistimiento
de apelaciones ya hechas, ante el supuesto de que el tema ya fue tratado por los
jueces supremos.
Para este último objetivo, se fijó un plazo que venció la semana última.
Consultado por LA NACION, Sergio Bobrovsky, uno de los abogados que patrocinaron
a los jubilados que iniciaron años atrás el reclamo ante la OEA, consideró que
el acuerdo tiene un cumplimiento relativo. Dijo que cada tanto hay un
desistimiento de apelaciones, pero que, por lo general, ello no ocurre. En eso
coincidieron otras fuentes consultadas.
También consideró que el 95 por ciento de los fallos se liquida mal y que,
además de no cumplirse el plazo dispuesto por ley para que las sentencias se
abonen en 120 días hábiles, aún no existe un sistema informático para pagar
casos que benefician a jubilados de la ley 24.241. Bobrovsky afirmó que los
abogados del Gobierno actúan en forma heterogénea a la hora de decidir si apelan
fallos o no.
En la Anses, organismo que conduce Diego Bossio, explicaron que ya no se
apelan las causas en las que se pide la aplicación del índice dispuesto para
Badaro, y que la demora en pagar los juicios es hoy de 331 días hábiles,
mientras que en junio de 2008 era de 437. Agregaron que los nuevos fallos se
cumplen en el plazo de los 120 días dispuestos por ley y admitieron que quedan
otros de larga data.
El
aumento a los jubilados, de acuerdo a la Ley de inmovilidad será a partir
del 1/3/2010 de $ 65 o sea $ 2,21 por día, todo esto es para taparles la
boca a todos los que decían que el aumento iba a ser de $ 2 por día,
jubilados queridos festejemos con este gran aumento, ya podremos comer
(sobre todo carne), podremos salir a pasear con nuestros amigos, podremos
llevar a los nietos al cine, gracias Kristina que haríamos sin los Kirchner.
Lamentablemente hoy estamos como estamos, gracias a
todos los gobiernos que nos supimos ganar y a las ideologías ridículas que
hacen que todo el País viva en una tremenda anarquía que nos esta llevando a
un abismo, que nos va a costar muchos años poder salir y esta aniquilando a
varias generaciones de seres humanos.
SIN ORDEN, SIN GRANDEZA, NI
MORAL se puede continuar o si, pero cada vez peor en la ley de la selva.
Tendríamos que poder vivir en
paz y armonía, si pudiéramos cumplir con algún plan de estado sin meter
siempre las ideologías personales de nuestros dirigentes políticos.
Esta propuesta es para luchar
contra la inseguridad, que hoy nos esta taladrando la democracia.
1) Control de fronteras por fuerzas profesionales,
tecnológicamente equipadas y honorables. Equipamiento con radares para
detectar el contrabando de estupefacientes o cualquier tipo de contrabando.
LUCHAR A MUERTE CONTRA LOS TRAFICANTES DE DROGA.
2) Pedir visa al que quiera entrar al País, aunque
tengamos que cambiar la Constitución, no permitir indocumentados y deportarlos
como se hace en todo el mundo.
3) Incrementar las Fuerzas Policiales hasta saturar
las calles del País, con gente preparada mental y moralmente, equipadas con la
mejor tecnología Y BIEN PAGAS.
4) Castigar con triple pena a cualquier integrante de
las fuerzas seguridad que comenta ilícitos.
5) Los menores no pueden circular por las calles
después de las 22 horas, salvo acompañados por un mayor responsable.
6) Juzgar a los menores que cometen ilícitos, de
acuerdo al grado de ilícito.
7) Construir por lo menos 10 cárceles modelos, para
mayores y 3 institutos para la recuperación de los menores, todos vigilados
por profesionales honestos y bien pagos, todos estos integrantes "los guardia
cárceles" serán remplazados o cambiados cada año como se hace en las bases
antárticas. Los reclusos de acuerdo a su peligrosidad, deberán trabajar y no
tener privilegios.
8) Crear un comando civil con gente que este cobrando
subsidios del estado para trabajar arreglando hospitales, colegios, calles,
veredas etc. "el que no trabaja no cobra" solo el trabajo dignifica.
9) Urbanizar las Villas si o si. le pese a quien le
pese.
10) Equipar con la ultima tecnología a nuestras
fuerzas armadas y devolverles su dignidad y profesionalismo como en cualquier
País del mundo, están para salvaguardar a nuestra Patria y tienen que ser
guiadas por verdaderos profesionales.
11) Crear políticas de Estado que sean cumplidas por
cualquier Gobierno de turno.
12) Hacer hincapié en la educación y luchar contra el
hambre, terminar con estos flagelos, pero sin meter el clientelismo político
en el medio, debería ser parte de la política de estado.
13) Hacer cumplir la Ley a raja tabla.
14) Terminar con los jueces garantistas, que dejan
libres a criminales.
15) Dejar debida constancia que los derechos humanos
son para todos los seres humanos, no solo para los que delinquen, el derecho
de uno termina donde comienza el derecho de otro.
16) De la misma manera que existen organizaciones de
los derechos humanos, también debería haber organizaciones que enseñen
a cumplir las obligaciones de los seres humanos, independientemente de la
educación que se brinda en las escuelas.
17) Elevar a juicio a todo gobernante que se le
compruebe enriquecimiento ilícito o desmesurado, haciéndole cumplir penas de
cárcel y decomisando todos sus bienes mal habidos.
18) Garantizar la libertad de expresión, la libertad
de circulación, la libertad de culto, la libertad de reclamar etc. etc. pero
no molestando al resto de los habitantes.
19) No se podrán cortar calles y estarán prohibidos
todo piquete que impida la libertad de circulación de los demás ciudadanos,
solo podrán hacerlo aquellos debidamente autorizados con anticipación y en un
lugar predeterminado.
20) No existen excarcelaciones de ningún tipo, las
penas hay que cumplirlas, salvo que se demuestre inocencia, en ese caso el
Estado deberá indemnizar a la persona suministrándole casa, trabajo y
educación por un tiempo razonable.
21) Crear algún estadio donde la gente pueda
expresarse sin molestar a los demás asegurándoles una transmisión por el canal
estatal en directo, corriendo sus organizadores con su propia responsabilidad
y respondiendo ante las autoridades si se llega infringir alguna ley.
22) Servicio Militar Obligatorio, para poder
contener, educar, vestir y alimentar a jóvenes que hoy están desorientados,
vagando por distintos barrios con la sola idea de vivir el momento y de esta
manera delinquir para poder lograrlo, la vida para la mayoría de los jóvenes
que viven en la pobreza, es una carga que la olvidan bebiendo cerveza o
tomando pastillas y drogas, tenemos que terminar con todos los problemas de
fondo, pero mientras tanto el rigor militar les va a venir bien y aprenderán a
cumplir con una obligación y tendrán una responsabilidad, un Presidente
decidió que por un asesinato de un joven se terminara con el Servicio Militar,
yo pregunto? cuantos jóvenes murieron por no estar haciéndolo?
Esto es una propuesta, nos gustaría que existan
muchas y que sean tratadas seriamente por todos nuestros representantes que la
mayor parte de su tiempo están de vista, hay que sacarse las caretas y
proponer, no se puede seguir invalidando al otro y no hacer absolutamente
nada, mediática mente todos son iguales, perece que no se animan a proponer lo
que la gente les esta pidiendo, por miedo a que los tilden de fachos o zurdos,
esto se termina cuando alguien tome el toro por las astas y piense en la gente
y no en réditos políticos ARGENTINOS BASTA, ESTO VA A TERMINAR EN UNA CAZA DE
BRUJAS COMO SIEMPRE y un País en serio no se hace de esta manera, PROPONGAN,
ANALICEN Y RESUELVAN LOS PROBLEMAS DE INSEGURIDAD, DE HAMBRE Y EDUCACIÓN.
Si a alguien no le gusto esta propuesta esta en su
derecho, pero que haga una mejor.
Problemas fiscales / Cae el ahorro respecto de
2008
Cerró 2009 con superávit por el dinero de
los jubilados y del FMI
Sin esos fondos se habría producido un importante déficit; aun
así, el balance cayó un 47%
Martín Kanenguiser
LA NACION
La contrarreforma previsional y el dinero del organismo más vilipendiado por
el oficialismo le permitieron al Gobierno cerrar el último mes de 2009 con un
superávit fiscal primario (antes del pago de la deuda) de $ 5077 millones.
El dinero de los futuros jubilados que antes manejaban las administradoras de
fondos de jubilaciones y pensiones (AFJP) y el giro del Fondo Monetario
Internacional (FMI) evitaron que se reflejara un déficit de 8170,8 millones de
pesos.
Así, el año cerró con un superávit de $ 17.277,9 millones, 1,5% del PBI,
según destacó la presidenta Cristina Kirchner, que, sin embargo, no mencionó dos
aspectos clave del resultado fiscal: que el año terminó con una caída del ahorro
primario del 47% respecto de 2008 y un déficit financiero (luego de computar los
pagos de deuda) de $ 7131,1 millones.
"Estimábamos que, tal como venía la mano, este año el superávit no iba a
superar el 0,5 del PBI", dijo la Presidenta al anunciar el envío al Congreso del
decreto para remover al presidente del BCRA, Martín Redrado.
Luego, el ministro de Economía, Amado Boudou, brindó las precisiones en una
conferencia de prensa junto con el secretario de Hacienda, Juan Carlos Pezoa.
Allí, el ministro admitió que la estatización del dinero que administraba el
sistema previsional privado permitió mantener el ahorro primario en 2009.
De hecho, en diciembre ese dinero de los futuros jubilados sumó $ 7755
millones, mientras que el FMI aportó $ 5493,7 millones por el envío de derechos
especiales de giro (la moneda en que se rigen las transacciones con el Fondo)
que benefició a todos los países que integran el organismo multilateral.
De hecho, sin este dinero externo el superávit se habría acercado al 0,5% del
PBI mencionado por la Presidenta.
El ministro destacó luego en diálogo con LA NACION que las perspectivas para
2010 son mejores por el repunte en la actividad económica, que empujará la
recaudación. En particular, el fisco sumará unos $ 800 millones mensuales que
antes manejaban las AFJP (frente a unos $ 400 millones en 2009).
Además, subrayó que, sin ese dinero extraordinario, "diciembre habría
terminado con déficit, como terminó siempre, resultado que de ahora en más
cambiará" por los fondos previsionales.
Por otra parte, tanto Boudou como Pezoa destacaron que la Argentina pudo
terminar con superávit primario pese a la fuerte política de aumento del gasto
destinada a contrarrestar el efecto de la crisis económica global, a la que se
le sumó la desaceleración local.
Por esta razón, el gasto primario creció cerca del 30% y los analistas
privados creen que es muy difícil que se cumpla la meta presupuestaria que pauta
un alza de un 12% para este año.
Inusualmente locuaz, Pezoa -funcionario de Economía en las dos gestiones de
Domingo Cavallo en el ministerio- criticó a los analistas que "piden un ajuste"
para controlar el aumento del gasto público.
En realidad, la duda de la mayoría de los profesionales de la economía se
refiere más a la viabilidad o no del financiamiento del gasto que a la decisión
política de aumentar las erogaciones.
Límites al financiamiento
Al respecto, Maximiliano Castillo de la consultora ACM, y Marina Dal Poggetto,
del estudio Bein, indicaron a LA NACION que "existen límites al financiamiento",
más allá de las "salidas creativas" que encuentre el Gobierno, por los problemas
de acceso al crédito voluntario. El último atajo es, claramente, tomar parte de
las reservas excedentes del Banco Central a través del Fondo del Bicentenario,
ratificado ayer (de lo que se informa en la sección Política).
Por esta razón, Dal Poggeto estimó que, sin el aporte que antes iba a las
AFJP ni el dinero del FMI, "la Argentina hubiera tenido un déficit equivalente
al 0,3% del PBI".
"Es verdad que la Argentina está mejor que otros países, pero existen grandes
interrogantes sobre la posibilidad de financiar el gasto y el financiamiento,
sobre todo de cara a 2011, cuando la brecha de financiamiento se acerca a los
US$ 14.000 millones", sentenció la economista.
En tanto, Castillo sostuvo que "más allá de los ingresos extraordinarios del
FMI y de las AFJP, está claro que el superávit fiscal se deterioró muchísimo".
Por ese motivo, según Castillo, "habrá un aumento del gasto del 20%para este
año, que podría ascender al 30 por ciento".
En cuanto a los cuestionamientos formulados por Pezoa anoche, Castillo
expresó que "hay récord de presión tributaria y de gasto público, la prestación
de servicios no mejoró, la demanda por mayor gasto es creciente y hay un límite
al financiamiento".
El Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) N° 1602/2009
crea un subsistema no contributivo de Asignación Universal
por Hijo para Protección Social destinado a aquellos niños,
niñas y adolescentes residentes en el país que no tengan
otra asignación prevista en la ley 24.714, de Asignaciones
Familiares, y pertenezcan a grupos familiares que se
encuentren desocupados o se desempeñen en la economía
informal.
Se trata de una prestación monetaria no retributiva
mensual de $ 180 para cada menor de 18 años, o sin límite
de edad cuando se trate de un discapacitado que se abonará
a unos solo de los padres, tutor, curador o pariente por
consanguinidad, hasta tercer grado. Esta prestación se
abonará por cada menor hasta un máximo acumulable al
importe equivalente a cinco menores ($900).
Se incorpora expresamente a los monotributistas
sociales, nada dice de las empleadas domésticas
registradas.
La suma se fija en $ 180, el 80%, o sea $ 144, se abona
mensualmente al titular a través del sistema de pago de la
ANSES; el 20% ($ 36) será reservado en una Caja de Ahorro
a nombre del titular en el Banco de la Nación Argentina y
podrán ser cobradas, una vez al año, en cuanto se acredite
el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el
decreto.
Se trata de otro plan asistencial, uno más que, a pesar
de su nombre, no reviste el carácter de universalidad. Nos
parece como política social totalmente insuficiente; en
lugar de romper la situación de pobreza la consolida, en
lugar de fortalecer la dignidad de las personas las
estigmatiza.
Así, como en su momento el Plan Jefes y Jefas tuvo ese
carácter, ninguno de los planes responde a los reclamos
históricos de la CTA que propuso en su momento, a través
del FRENAPO en una consulta popular, en la que
participaron más de tres millones de personas, el Seguro
de Empleo y Formación y, también, la Asignación Universal
por Hijo y para los mayores de 65, reconocidos como
derechos plenos, sin condiciones y de rasgos universales.
La “Asignación Universal por Hijo” se financia con la
totalidad de los recursos del régimen previsional público
y los rendimientos anuales del Fondo de Garantía de
Sustentabilidad del Sistema Integrado Previsional
Argentino (conforme art. 3 del decreto 1602/09 que
incorpora dichos recursos al inciso c) del art. 5 de la
ley 24.714).
Se dice que el Fondo de Garantía no son recursos del
régimen previsional, “es para cubrir eventualidades, no es
para financiar cualquier cosa, porque es un stock cuya
rentabilidad sirve para que, a su vez crezcan los recurso
de la ANSES” (Ministro de Economía, la Nación 1/11/2009).
No es cierto, se integra con aportes de los
trabajadores que en un sistema de reparto deben aplicarse
al pago de las prestaciones. Se miente deliberadamente,
nuestra Central encabezó las luchas contra la destrucción
de la seguridad social, el establecimiento del sistema de
capitalización individual obligatorio y el
desfinanciamiento del régimen previsional de reparto y ese
Fondo que se traspasó a la ANSES son aportes de los
trabajadores que deben ser destinados al pago de las
prestaciones previsionales.
Consideramos que deben abonarse las asignaciones
familiares a todos los niños, niñas y adolescentes hasta
los 18 años, y a las personas discapacitadas, sin
exclusiones, limitaciones, ni obligaciones de ningún tipo,
con fuentes de financiamiento propias basadas en impuestos
directos y progresivos de tal manera de hacer efectiva una
política de justicia social.
Nos encontramos, frente a este nuevo plan, con una
redistribución de ingresos no solidaria y de carácter
regresiva. Los jubilados y pensionados del sistema
contributivo, que en su gran mayoría cobran beneficios por
debajo de la línea de la pobreza, son quienes, con los
recursos del sistema contributivo, sostienen la
“Asignación Universal”, en lugar de hacerse con impuestos
progresivos a quienes tienen más riqueza, dejando sin
efecto las exenciones al impuesto a las ganancias y
eliminando subsidios escandalosos.
Se requiere para acceder al plan que el menor sea
argentino, hijo de argentino nativo o por opción,
naturalizado o residente, con residencia no inferior a 3
años previos a la solicitud; acreditar la identidad del
menor mediante el DNI, el carácter de discapacitado y el
vínculo que se requiere.
Hasta los 4 años acreditar el cumplimiento de los
controles sanitarios y del plan de vacunación obligatorio;
desde los 5 hasta los 18 años acreditar la concurrencia a
establecimientos educativos públicos.
Se exige presentar una declaración jurada relativa al
cumplimiento de los requisitos exigidos, de comprobarse la
falsedad de alguno de los datos pierde el beneficio.
No tienen derecho a la “Asignación Universal” los
trabajadores que se desempeñen en la economía informal,
percibiendo una remuneración superior al salario mínimo,
vital y móvil ($ 1.500 a partir de enero de 2009).
Es incompatible la “Asignación Universal” con el cobro
de cualquier suma originada en prestaciones contributivas
o no contributivas nacionales, provinciales, municipales o
de la Ciudad de Buenos Aires, incluyendo las prestaciones
de las leyes 24.013 (desempleo), 24.241 (SIPA) y 24.714
(asignaciones familiares).
Sostenemos que la “Asignación Universal por Hijo” debe
ser creada por Ley del Congreso, no por un DNU, y debe ser
un derecho pleno de carácter universal y suficiente.
1. En primer lugar cuestionamos que se trate de un
Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que reforma la ley
24714, de asignaciones familiares. No existe la urgencia,
que se alega en los considerandos del decreto, que impida
cumplir con el trámite y la intervención del Congreso de
la Nación.
El art. 99 inciso 3, de la Constitución Nacional,
establece el principio general de que en ningún caso el
Poder Ejecutivo, bajo pena de nulidad absoluta e
insanable, podrá emitir disposiciones de carácter
legislativo, es decir decretos leyes.
Sólo podrá dictar “decretos por razones de necesidad y
urgencia” en circunstancias excepcionales que hicieren
imposible la intervención del Congreso.
En este caso nada impedía enviar el proyecto de ley al
Congreso, y su tratamiento posterior, en cumplimiento del
procedimiento previsto en la Constitución Nacional para la
sanción de las leyes. En un Estado de derecho democrático
y social se requiere un debate amplio, que mejore la
calidad institucional, y también políticas sociales
universales vinculadas al reconocimiento del derecho al
trabajo y a una seguridad social integral (art. 14 bis,
Constitución Nacional).
Estamos ante una desnaturalización de la facultad
excepcional de dictar decretos de necesidad y urgencia por
el Ejecutivo en virtud de la cual transforma en regla, lo
que solo se justifica en una situación de excepción.
2. Se la denomina “Asignación Universal por Hijo” y no
tiene carácter universal. Se trata de un derecho
individualizado a favor de los trabajadores que se
encuentren “desocupados o se desempeñen en la economía
informal”. No es un derecho social universal incondicional
y sin límites, sino que responde a una concepción
focalizada, de ayuda a los sectores más vulnerables, sin
que se pretenda modificar la situación de pobreza
estructural en que se encuentran.
Se trata de “un beneficio para los que menos tienen”
según declaraciones del Ministro de Economía.
La propia ley 24714 de Asignaciones Familiares,
sancionada en los noventa, había anticipado el cambio en
la orientación de las políticas del Estado al establecer
franjas de ingresos para el cobro de las asignaciones
familiares, de mayor a menor, y un tope salarial a partir
del cual no se perciben.
Durante el gobierno de Menem se destruye la seguridad
social como derecho universal y se tiende a reconocer un
derecho precario o mínimo a los sectores de menores
ingresos.
Se trata de imponer una política de Estado que apunta
al reconocimiento de derechos sociales como derechos
mínimos y condicionales. Se reemplaza la concepción de los
derechos sociales, como derechos humanos fundamentales, de
carácter incondicional, universal y suficiente, por
derechos de pobreza, que la institucionaliza como tal,
condicionados al cumplimiento de determinados requisitos y
obligaciones.
Se continúa con una política de reinterpretación de los
derechos sociales que lleva a una concepción de los
derechos como mínimos asistenciales. Este rasgo de mínimos
se presenta en las reformas de toda la seguridad social:
jubilaciones y pensiones mínimas, desvinculadas del
salario; salud atada al Programa Médico Obligatorio (PMO),
concebido como un programa médico mínimo, asignaciones
familiares focalizadas, seguro de empleo limitado e
insuficiente y el mantenimiento del negocio de las ART en
lo que se refiere a los accidentes y enfermedades de los
trabajadores.
Con estas políticas se convalida la exclusión y la
pobreza y se legaliza la economía informal. Se abandona
una política de universalización de los derechos de los
trabajadores, de pleno empleo, de salario mínimo vital y
móvil y de una jubilación acorde, que cubriera todas las
necesidades materiales y espirituales de la persona
iniciada, a mediados de los cuarenta, durante el primer
gobierno peronista.
3. Se dispone de los recursos de la ANSES para abonar
la “Asignación Universal”, se invoca un presunto superávit
del organismo previsional cuando es público y notorio el
atraso de las prestaciones previsionales, el achatamiento
de las mismas, denunciado por la Corte Suprema de Justicia
de la Nación en “Badaro”, la ruptura de la escala de
proporcionalidad (el 76% de los jubilados nacionales
cobran el mínimo) entre las jubilaciones y los salarios,
el incumplimiento de la ANSES con sus beneficiarios.
Paralelamente se obliga, a todos los jubilados y
pensionados, de las leyes generales y especiales, a
litigar a pesar de tratarse de reclamos de movilidad que
han sido acogidos en numerosos precedentes de la Corte. El
organismo previsional sigue especulando con el tiempo,
mientras transcurre la vida de los mayores, se mantiene
una práctica que lleva décadas.
No es cierto que la ANSES respete el derecho
constitucional a la movilidad jubilatoria. Existe una
enorme deuda histórica con los jubilados y pensionados que
no se cumple y se mantiene el atraso en los haberes.
No es cierto que el régimen previsional público
funcione como un régimen de reparto solidario como dice la
ley que eliminó las AFJP. Sigue funcionando el sistema
previsional como la misma lógica de un sistema de
capitalización, cuando un sistema de reparto es
esencialmente un sistema cuyos ingresos está destinado
prioritariamente al pago de las prestaciones.
Nada se ha modificado en el reconocimiento de los
derechos de los jubilados y pensionados; la nueva ley de
movilidad consagra el atraso y el carácter regresivo de
las políticas previsionales de las últimas décadas.
Estamos en presencia de otro plan asistencial mínimo,
que financian los sectores de menores ingresos, y no de
una asignación universal solidaria que establezca derechos
humanos fundamentales y fortalezca la lucha de los
trabajadores en el camino de una sociedad basada en la
justicia social, sin explotadores ni explotados.
1.- P: ¿Cuanto tiempo dura vivo el virus porcino en una manija o superficie
lisa? R: Hasta 10 horas.
2. -P: ¿Que tan útil
es el alcohol para limpiarse las manos? R: Vuelve inactivo al virus y lo mata.
3..- P: ¿Cual es el
medio de contagio más eficiente de este virus?
R: La vía aérea no es la mas efectiva para transmisión del virus, el factor más
importante para que se fije el virus es la humedad, (mucosa de la nariz, boca y
ojos) el virus no vuela y no alcanza mas de un metro en distancia.
4.- P: ¿Es fácil
contagiarse en los aviones?
R: No, es un medio poco propicio para contagiarse.
5.- P: ¿Como puedo
evitar contagiarme?
R: No llevarse las manos a la cara, ojos nariz y boca. No estar con gente
enferma. Lavarse las manos más de 10 veces al día.
6.- P: ¿Cual es el
período de incubación del virus?
R: En promedio de 5 a 7 días y los síntomas aparecen casi de inmediato.
7.- P: ¿Cuando se
debe de empezar a tomar medicamento? R: Dentro de las 72 horas los pronósticos son muy
buenos, la
mejoría es del 100%.
8.- P: ¿Cual es la
forma como entra el virus al cuerpo?
R: Por contacto al darse la mano o besarse en la mejilla y por la nariz, boca y
ojos
9.- P: ¿El virus es
letal?
R: No, lo que ocasiona la muerte es la complicación de la enfermedad causada por
el virus, que es la neumonía
10.- P: ¿Qué riesgos
tienen los familiares de la gente que ha fallecido? R: Pueden ser portadores y formar una cadena de
transmisión.
11.- P: ¿El agua de
las albercas transmite el virus? R: No porque contiene químicos y está clorada
12.- P: ¿Qué hace el
virus cuando provoca la muerte? R: Una cascada de reacciones como deficiencia
respiratoria, la neumonía severa es la que ocasiona la muerte.
13.- P: ¿Cuando se
inicia el contagio, antes de los síntomas o hasta que se presenten?
R: Desde que se tiene el virus, antes de los síntomas
14.- P: ¿Cual es la
probabilidad de recaer con la misma enfermedad?
R: Del 0%, porque quedas inmune al virus porcino.
15.- P: ¿Donde se
encuentra el virus en el ambiente?
R: Cuando una persona que lo porta estornuda o tose, el virus puede quedar en
las superficies lisas como manijas, dinero, papel, documentos, siempre y cuando
haya humedad. Ya que no se va a esterilizar el ambiente se recomienda extremar
la higiene de las manos.
16.- P: ¿Si voy a un
Hospital particular me deben cobrar la Medicina? R: No, hay un acuerdo de no cobrarla ya que
gobierno la está suministrando a todos los centros de salud públicos y privados.
17.- P: ¿El virus
ataca más a las personas asmáticas?
R: Si, son pacientes más susceptibles, pero al tratarse de un nuevo germen todos
somos igualmente susceptibles.
18.- P: ¿Cual es la
población que esta atacando este virus?
R: De 20 a 50 años de edad.
19.- P: ¿Es útil el
cubre bocas?
R: Hay algunos de más calidad que otros, pero si usted está sano es
contraproducente, porque los virus por su tamaño lo atraviesan como si éste no
existiera y al usar la máscara, se crea en la zona de la nariz y boca un
microclima húmedo propicio al desarrollo viral: pero si usted ya está infectado
úselo para NO infectar a los demás, aunque es relativamente eficaz.
20.- P: ¿Puedo hacer
ejercicio al aire libre?
R: Si, el virus no anda en el aire ni tiene alas.
21.- P: ¿Sirve de
algo tomar Vitamina C? R: No sirve de nada para prevenir el contagio de
este virus, pero ayuda a resistir su ataque.
22.- P: ¿Quien está a
salvo de esta enfermedad o quien es menos susceptible?
R: A salvo no esta nadie, lo que ayuda es la higiene dentro de hogar, oficinas,
utensilios y no acudir a lugares públicos.
23.- P: ¿El virus se
mueve? R: No, el virus no tiene ni patas ni alas, uno lo
empuja a entrar adentro del organismo.
24.- P: ¿Las mascotas
contagian el virus?
R: Este virus NO, probablemente contagian otro tipo de virus.
25.- P: ¿Si voy a un
velorio de alguien que se murió de este virus me puedo contagiar?
R: NO.
26.- P: ¿Cual es el
riesgo de las mujeres embarazadas con este virus?
R: Las mujeres embarazadas tienen el mismo riesgo pero es por dos, si pueden
tomar los antivirales en caso de contagio pero con estricto control médico.
27.- P: ¿El feto
puede tener lesiones si una mujer embarazada se contagia de este virus?
R: No sabemos que estragos pueda hacer en el proceso, ya que es un virus nuevo.
28.- P: ¿Puedo tomar
acido acetilsalicílico (aspirina)?
R: No es recomendable, puede ocasionar otras enfermedades, salvo que usted lo
tenga prescrito por problemas coronarios, en ese caso siga tomándolo.
29.- P: ¿Sirve de
algo tomar antivirales antes de los síntomas?
R: No sirve de nada.
30.- P: ¿Las personas
con VIH, diabetes, sida, cáncer, etc., pueden tener mayores complicaciones que
una persona sana si se contagia del virus?
R: SI.
31.- P: ¿Una gripe
convencional fuerte se puede convertir en influenza?
R: NO.
32.- P: ¿Que mata al
virus?
R: El sol, mas de 5 días en el medio ambiente, el jabón, los antivirales, gel de
alcohol.
33.- P: ¿Que hacen en
los hospitales para evitar contagios a otros enfermos que no tienen el virus? R: El aislamiento
34.- P: ¿El gel de
alcohol es efectivo? R: SÍ, muy efectivo.
35.- P: ¿Si estoy
vacunado contra la influenza estacional soy inocuo a este virus?
R: No sirve de nada, todavía no hay vacuna para este virus.
36.- P: ¿Este virus
está bajo control?
R: No totalmente, pero se están tomando agresivas medidas de contención.
37.- P: ¿Que
significa pasar de alerta 4 a alerta 5?
R: La fase 4 no hace las cosas diferentes a la fase 5, significa que el virus se
ha propagado de persona a persona en más de 2 países; y fase 6 es que se ha
propagado en más de 3 países.
38..- P: ¿El que se
infectó de este virus y se sana, queda inmune? R: SI.
39.- P: ¿Los niños
con tos y gripa tienen influenza?
R: Es poco probable, los niños son poco afectados.
40.- P: ¿Medidas que
la gente que trabaja debe tomar?
R: Lavarse las manos muchas veces al día.
41.- P: ¿Me puedo
contagiar al aire libre?
R: Si hay gente infectada y que tosa y/o estornude sí puede ocurrir, pero la vía
aérea es un medio de poco contagio.
42.- P: ¿Se puede
comer carne de puerco? R: SI se puede y no hay riesgo alguno de
contagio.
43.- P: ¿Cual es el
factor determinante para saber que ya se controló el virus?
R: Aunque se controle la epidemia ahora, en el invierno boreal (hemisferio
norte) puede regresar y todavía no habrá vacuna.
Mediante internet se podrá realizar el trámite para cobrar la
jubilación.
Esta semana se enviarán cartas a quienes estén a dos años de
jubilarse para explicarles el sistema. Una vez cumplida la edad necesaria para
retirarse, cobrarán los haberes en 60 días
La mayoría de las personas que estén a dos años de jubilarse comenzarán esta
semana a recibir una de las 100.000 cartas que enviará la Anses que
indican que podrán realizar su trámite de jubilación a través de internet y
que empezarán a percibir el beneficio a los 60 días de producirse su retiro.
Gracias a que en el registro están detallados los años de aporte de cada
persona, se puede saber quiénes son los que cumplen con los 30 años
exigidos por la ley para iniciar el trámite jubilatorio. Estos
individuos, luego de cumplir la edad requerida (60 años las mujeres y 65 los
hombres), deberán entrar a la página de la Anses, elegir la opción "Me
Quiero Jubilar", y completar la solicitud.
A su vez, las personas que tienen 30 años de aportes, pero que han
estado más en servicio – los cuales no están registrados – deberán
presentarse con los recibos de sueldo o certificaciones para registrar los
aportes, ya que es una opción para mejorar el cálculo del haber.
En contraposición, quienes no cumplan con los años de aporte exigidos
recibirán una carta que indica: "En poco tiempo, como aportante al Sistema
Integrado Previsional Argentino, usted cumplirá los años necesarios para
tramitar su Jubilación, pero hemos constatado en nuestros registros
que a la fecha no cumple con los 30 años de servicios requeridos para el
otorgamiento del beneficio".
Asimismo, se explica que el trabajador debe presentarse en la Anses
con sus recibos de sueldo o certificados de servicios por los aportes no
registrados. Las páginas, una especie de preaviso, les dan la
posibilidad a los futuros jubilados de completar la documentación necesaria y,
una vez hecho esto, a los 60 días del retiro comenzar a cobrar su
jubilación.
Ante el mecanismo, Amado Boudou, titular de la Anses, explicó que "el
objetivo es acortar los tiempos de la jubilación, brindar un servicio
sin necesidad de perder tiempo en trámites burocráticos y despapelizar los
expedientes, porque todo pasará a la vía informática". "La mitad del tiempo
que demora una jubilación es por las verificaciones de los certificados de
trabajo. Al reducir esa etapa, y empezar el trámite dos años antes, la
jubilación puede salir sin problemas en 60 días", añadió, publicó el
diario Clarín.
Movilidad de las Prestaciones del Régimen Previsional
Público. Ley Nº 24.241 modificación.
Sancionada: Octubre 1 de 2008
Promulgada: Octubre 15 de 2008
El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina
reunidos en Congreso, etc. sancionan con Fuerza de Ley
MOVILIDAD DE LAS PRESTACIONES DEL REGIMEN PREVISIONAL PUBLICO
CAPITULO I
Disposiciones Generales
ARTICULO 1º — A partir de la vigencia de la presente ley,
todas las prestaciones previsionales otorgadas en virtud de la Ley 24.241, de
regímenes nacionales generales anteriores a la misma y sus modificatorias, de
regímenes especiales derogados, o por las ex-cajas o institutos provinciales y
municipales de previsión cuyos regímenes fueron transferidos a la Nación se
ajustarán conforme lo establecido en el artículo 32 de la Ley 24.241 y sus
modificatorias.
Los beneficios otorgados en virtud de la Ley 24.241 y sus
modificatorias, o en las condiciones enunciadas en el párrafo anterior, que se
encontraran amparados por disposiciones especiales de reajuste dispuestos por
sentencia judicial pasada en autoridad de cosa juzgada, se ajustarán a lo
establecido en el artículo 32 de la Ley 24.241 y sus modificatorias, a partir de
la vigencia de la presente ley, sin perjuicio del cumplimiento de la manda
judicial por los períodos anteriores a la vigencia de la presente ley.
ARTICULO 2º — A fin de practicar la actualización de las
remuneraciones a que se refiere el artículo 24, inciso a) de la Ley 24.241 y sus
modificatorias, para aquellas que se devenguen a partir de la vigencia de la
presente ley, se aplicará el índice combinado previsto en el artículo 32 de la
mencionada ley. La Secretaría de Seguridad Social del Ministerio de Trabajo,
Empleo y Seguridad Social establecerá el modo de aplicación del citado índice.
ARTICULO 3º — Las rentas de referencia que se establecen
en el artículo 8º de la Ley 24.241 y sus modificatorias se ajustarán conforme la
evolución del índice previsto en el artículo 32 de la mencionada ley, con la
periodicidad que establezca el Poder Ejecutivo nacional.
ARTICULO 4º — Sustitúyese el artículo 20 de la Ley 24.241
y sus modificatorias, por el siguiente:
Artículo 20: El monto del haber mensual de la Prestación
Básica Universal se establece en la suma de PESOS TRESCIENTOS VEINTISEIS ($
326).
ARTICULO 5º — Derógase el artículo 21 de la Ley 24.241 y
sus modificatorias.
ARTICULO 6º — Sustitúyese el artículo 32 de la Ley 24.241
y sus modificatorias, por el siguiente:
Artículo 32: Movilidad de las prestaciones.
Las prestaciones mencionadas en los incisos a), b), c), d),
e) y f) del artículo 17 de la Ley 24.241 y sus modificatorias, serán móviles.
El índice de movilidad se obtendrá conforme la fórmula que se
aprueba en el Anexo de la presente ley.
En ningún caso la aplicación de dicho índice podrá producir
la disminución del haber que percibe el beneficiario.
ARTICULO 7º — Cuando el haber real del beneficio
previsional resulte inferior al haber mínimo garantizado, la diferencia se
liquidará como complemento, a fin de que, de la sumatoria de todos los
componentes resulte un haber no inferior a aquél.
ARTICULO 8º — El haber mínimo garantizado por el artículo
125 de la Ley 24.241 y sus modificatorias se ajustará en a función de la
movilidad prevista en el artículo 32 de la mencionada ley.
ARTICULO 9º — El haber máximo se ajustará conforme la
evolución del índice previsto en el artículo 32 de la Ley 24.241 y sus
modificatorias.
ARTICULO 10. — Establécese que la base imponible máxima
prevista en el primer párrafo del artículo 9º de la Ley 24.241 y sus
modificatorias, se ajustará conforme la evolución del índice previsto en el
artículo 32 de la mencionada ley.
CAPITULO II
Disposiciones Complementarias
ARTICULO 11. — Sustitúyese el artículo 35 de la Ley
24.241 y sus modificatorias, por el siguiente:
Artículo 35: Las prestaciones previstas en el artículo 17 de
la Ley 24.241 y sus modificatorias serán abonadas en forma coordinada con el
haber de la jubilación ordinaria o con alguna de las prestaciones del artículo
27 otorgadas a través del Régimen de Capitalización. Las normas reglamentarias
instrumentarán los mecanismos a fin de procurar la inmediatez y simultaneidad de
los pagos respectivos.
ARTICULO 12. — Sustitúyese el inciso a) del artículo 24
de la Ley 24.241 y sus modificatorias, por el siguiente:
a) Si todos los servicios con aportes computados lo fueren en
relación de dependencia, el haber será equivalente al UNO Y MEDIO POR CIENTO
(1,5%) por cada año de servicio con aportes o fracción mayor de SEIS (6) meses,
hasta un máximo de TREINTA Y CINCO
(35) años, calculado sobre el promedio de remuneraciones
sujetas a aportes y contribuciones actualizadas y percibidas durante el período
de DIEZ (10) años inmediatamente anterior a la cesación del servicio. No se
computarán los períodos en que el afiliado hubiere estado inactivo, y
consecuentemente no hubiere percibido remuneraciones.
Facúltase a la Secretaría de Seguridad Social del Ministerio
de Trabajo, Empleo y Seguridad Social a dictar las normas reglamentarias que
establecerán los procedimientos de cálculo del correspondiente promedio.
ARTICULO 13. — Sustitúyense todas las referencias al
Módulo Previsional (MOPRE) existentes en las disposiciones legales y
reglamentarias vigentes, las que quedarán reemplazadas por una determinada
proporción del haber mínimo garantizado a que se refiere el artículo 125 de la
Ley 24.241 y sus modificatorias, según el caso que se trate.
La reglamentación dispondrá la autoridad de aplicación
responsable para determinar la equivalencia entre el valor del Módulo
Previsional (MOPRE), y el del haber mínimo garantizado a la fecha de vigencia de
la presente ley.
CAPITULO III
Disposiciones Transitorias
ARTICULO 14. — Las sumas que a la fecha de entrada en
vigencia de la presente ley se liquidaran en concepto de Suplemento por
Movilidad, creado por el decreto 1199/04 y por los incrementos otorgados por el
decreto 764/06, por el artículo 45 de la Ley 26.198 y por los decretos 1346/07 y
279/08, pasarán a integrar la Prestación Básica Universal en la medida necesaria
para alcanzar el valor mencionado en el artículo 4º y el remanente la Prestación
Compensatoria y la Prestación Adicional por Permanencia, proporcionalmente y
según corresponda.
ARTICULO 15. — El primer ajuste en base a lo establecido
en el artículo 32 y concordantes de la Ley 24.241 y sus modificatorias se
aplicará el 1º de marzo de 2009.
ARTICULO 16. — La reglamentación establecerá las fechas a
partir de las cuales comenzarán a regir las distintas normas incluidas en la
presente ley.
ARTICULO 17. — Comuníquese al Poder Ejecutivo.
DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONGRESO ARGENTINO, EN BUENOS
AIRES, A UN DIA DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL OCHO.
— REGISTRADA BAJO EL Nº 26.417 —
JULIO C. C. COBOS. — EDUARDO A. FELLNER. — Marta A. Luchetta.
— Juan H. Estrada.
ANEXO
CALCULO DE LA MOVILIDAD
El ajuste de los haberes se realizará semestralmente,
aplicándose el valor de "m" para los haberes que se devenguen en
los meses de marzo y septiembre. Para establecer la movilidad se utilizará el
valor de "m" calculado conforme el siguiente detalle: enero-junio
para el ajuste de septiembre del mismo año y julio-diciembre para el ajuste a
aplicar en marzo del año siguiente.
Hoy
jueves 10 de abril de 2008 nuevamente nos manifestamos frente al Mausoleo de los
Legisladores (léase Congreso), haciendo una sentada por la memoria de los
adultos mayores muertos sin antes haber podido cobrar su jubilación con la
correspondiente MOVILIDAD, también lo hicimos para reclamar por el 82% MÓVIL y
por la composición de la Comisión de Previsión y Seguridad Social,
lamentablemente nuevamente fuimos abandonados por los
medios y nos es muy difícil el poder reclamar al gobierno totalmente solos.
Para ver imágenes de la sentada frente
al MAUSOLEO de los LEGISLADORES oprima dos veces sobre la imagen que tiene la flecha.
Las jubilaciones se alejan cada vez más de los
salarios
El haber medio jubilatorio representa hoy el 37% del sueldo
promedio de los trabajadores registrados. Una cifra que está muy lejos del
"histórico" 82% móvil y de las promesas de las reformas previsionales de los
90.
Incluida la suba del 7,5% que rige desde marzo, en promedio, hoy la jubilación
ronda los 800 pesos por mes. Y el sueldo medio, sobre el que se realizan los
aportes jubilatorios, se aproxima a los 2.200. De ahí surge que el
haber medio representa el 37% del sueldo promedio de los trabajadores
registrados. Se trata de un porcentaje que está muy lejos del
"histórico" 82% móvil y de las promesas contenidas en las reformas
previsionales de los 90 en adelante.
Este bajo nivel de "sustitución del salario", como lo llaman los especialistas
previsionales -porque relaciona la jubilación con el sueldo que le
correspondería al jubilado de estar trabajando- no es nuevo pero fue
profundizándose en los últimos años y esconde realidades muy heterogéneas.
Con la crisis de 2001/2002, la relación haberes/salarios se agravó por el
semicongelamiento de las jubilaciones y pensiones. Luego hubo una recuperación
por los sucesivos incrementos del haber mínimo y los aumentos de orden
general. Pero en los últimos meses la brecha volvió a ampliarse porque, con la
moratoria, mucha gente se jubiló con el haber mínimo a través del régimen de
autónomos y los sueldos en blanco fueron creciendo más rápido que las
jubilaciones.
Por estas razones, más del 70% de los jubilados y pensionados cobran
el mínimo, algo que deprime el promedio. Aun así todas estas cifras
promedio esconden realidades puntuales distintas.
Por ejemplo, un poco más de un millón de jubilados cobran una tercera parte o
menos del sueldo de la actividad o categoría por la que se jubilaron porque
recibieron incrementos jubilatorios muy por debajo de las variaciones de los
sueldos.
Mientras desde 2001, en promedio, los salarios en blanco aumentaron
150%, las jubilaciones -que estaban entonces en más
o menos 1.000 pesos- tuvieron un incremento del 51,7% o
del 66,9%, incluyendo el 7,5% de marzo. Así, en el período
tuvieron una pérdida en términos de salario de entre el 40% y 50%.
Lorenzetti pidió una ley que dé efecto colectivo a las sentencias
Dijo que, en el caso de los
jubilados, hay que encontrar soluciones que beneficien a la gente. El presidente
de la Corte Suprema considera que el Ejecutivo y el Congreso deben definir los
alcances de la norma. El beneficio.
BUENOS AIRES. El presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación,
Ricardo Lorenzetti, sostuvo que es necesario que el Congreso y el (Poder)
Ejecutivo sancionen una ley que permita dar efectos colectivo a algunas
sentencias, como en el caso de las jubilaciones.
El máximo tribunal emitió en noviembre un fallo que ordenó actualizar 88,6% el
salario de un jubilado.
“Una de las medidas importantes que hay que tomar sería que las sentencias de la
Corte comprendieran a todos los jubilados. Cuando todos los juicios son iguales,
no es razonable que obliguemos a la gente a hacer miles de juicios iguales”,
añadió.
“La Corte podría dictar una sentencia y decir: para todos los casos esto es
igual, pero no tenemos facultades. Pedimos que se sancione una ley con efectos
colectivos. Hay que buscar soluciones prácticas que beneficien a la gente”,
insistió el presidente del alto tribunal judicial.
"A veces se dice que la Justicia tiene que ser más rápida. Pero a veces no
tenemos facultades”, insistió. “Al margen de que pedimos autonomía
presupuestaria y facultades reglamentarias, pedimos políticas de Estado. Que nos
pongamos de acuerdo los tres poderes y digamos: esto se hace. Creo que en eso
estamos avanzando”, afirmó Lorenzetti.
Para todos
En ese marco, no se descarta que el defensor del Pueblo de la Nación, Eduardo
Mondino, inicie una acción colectiva para que todos los jubilados sean
alcanzados por el fallo de la Corte Suprema de Justicia que dictaminó en
noviembre la actualización del salario de un jubilado.
Así lo confirmaron fuentes de la Defensoría, y precisaron que la presentación
judicial buscará que se extienda para todos los pasivos el beneficio obtenido
por el jubilado Adolfo Badaro. “Hay que poner en un plano de igualdad en sus
derechos a todos los que se encuentran en las mismas condiciones”, insistió
Mondino.
A fines del año pasado el defensor le había recomendado al jefe de Gabinete,
Alberto Fernández, que se dispusieran todas las acciones posibles, y en un
tiempo perentorio, para que todos los jubilados y pensionados obtengan idénticos
derechos a los otorgados por la sentencia de la Corte. A criterio, del defensor
del Pueblo, se debe garantizar la percepción de la movilidad jubilatoria a todos
los pasivos que no se encuentren actualmente beneficiados por aumentos fijos.
La Defensoría recibió innumerables pedidos de intervención de jubilados y
pensionados nacionales a efectos de que se reconozca su derecho a obtener el
reajuste en sus haberes. (DyN)
Conclusión de AMO.
Basta de
seguir dando vueltas mientras los jubilados se van muriendo uno a uno, si todos
están de acuerdo con la MOVILIDAD que la trate el Congreso discutiendo el
calculo a aplicar.
Porque
Mondino no se une con Semino, dado que el defensor de la tercera edad ya hizo
una presentación ante la ANSES y si es rechazada será acercada a la Suprema
Corte de justicia para que falle.
Estamos
cansados para no decir podridos de tantas vueltas, el superávit de la ANSES es
de los jubilados y no una caja de Pandora.
============================================================
Reportaje
de Laura Kalerguis a Hugo de la Sota, sobre el "aumento" que dio el Ejecutivo
del 15% en las jubilaciones y la importancia que el Legislativo apruebe un
proyecto sobre MOVILIDAD en las jubilaciones.
De acuerdo
con la reforma que entró en vigencia el primero de enero pasado, para acceder al
beneficio de la exención de ABL, la valuación del inmueble no debe superar los
65.000 pesos y el jubilado o pensionado no debe percibir un ingreso mensual
mayor a 1.260 pesos.
En tanto, para recibir una rebaja del 50 por ciento en el pago de ese impuesto,
la valuación de la propiedad no debe superar los 97.500 pesos y el jubilado o
pensionado propietario debe cobrar mensualmente menos de 1.890 pesos.
Hoy se realizo una nueva movilización por la
MOVILIDAD de las jubilaciones, como siempre asistimos las mismas Asociaciones,
otras que dicen participar parece que son invisibles porque nunca se las ve,
hablan mucho y hacen poco, no se tuvo el apoyo de los medios y el Sr. Castels
que dice representar a los jubilados, venia caminando en una marcha por la
avenida Rivadavia a la altura de Caballito con apenas 100 personas, parece
que la exposición mediática en programas de alto rating no lo ayudan mucho.
La marcha fue organizada por los jubilados de
plaza Lavalle y asistieron la Asociación Mayores Olvidados, Asociación Argentina
de Jubilados Aportantes, jubilados de Liniers y Veteranos de Malvinas.
oyHoy se realizo la MOVILIZACIÓN
por la MOVILIDAD en las jubilaciones, Omar Martínez y miembros de la Comisión
Directiva de AAJA y Hugo de la Sota Presidente de A.M.O. entregaron un petitorio
al Diputado Enrique Thomas, al Diputado Alberto Balestrini y al Vicepresidente
Daniel Scioli . Luego estuvimos reunidos con el Senador Ricardo Gómez Diez, donde
una delegación de Salta y Jujuy presentaron sus reclamos.
Todos los que tenemos mas de 50 años,
hemos vivido décadas de terror, siendo rehenes de energúmenos de un lado y
de otro, toda esta basura es por el maldito poder y todavía hoy seguimos
visitando el pasado sin importarnos el futuro.
El motivo de mi alejamiento de la Asociación 50 a
60 de la cual estoy orgulloso de ser fundador y de haber hecho mover la modorra
de todos los que estaban en mi misma situación, es simplemente que ya cumplió
con su cometido y ahora digamos que solo existe un recuerdo, es muy duro cuando
se lucha y no se encuentra eco en el resto, espero que en esta nueva etapa se
puedan lograr mas soluciones para los adultos mayores.
A todos los jubilados y
futuros jubilados, tengan mucho cuidado con las estafas de los gestores que
prometen mucho y no consiguen nada y también con los prestamos o beneficios
que dicen brindar muchas mutuales, ya la ANSES esta investigando.
No se dejen engañar por
aquellos que quieren cobrarles cuotas y les ofrecen NADA.
j
Asociación
Mayores Olvidados
40.51 Kb.
